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Según informa este periódico, la cantidad de personas en paro y que no reciben ingresos económicos (ni prestaciones sociales, ni seguro de paro, pensiones, ayuda por hijos o paga por enfermedad) se ha disparado un 50% en los dos últimos años a medida que la recesión aumentaba.
Según este artículo del 3 de enero, en los dos últimos años el número de persona sin ingresos se ha triplicado en Nevada, duplicado en Florida y Nueva York, y aumentado casi un 90% en Minnesota y Utah. En el condado de Wayne, Michigan (que incluye Detroit, donde la mitad de la población está en paro o subempleada) uno de cada 25 residentes afirma tener ingresos sólo en bonos de comida. En Yakima County, Washington, la cifra es uno de cada 17 residentes.
Estas cifras revelan la vasta escala del sufrimiento humano en Estados Unidos mientras empieza la nueva década y señalan la falacia de hablar de “recuperación” económica. Los seis millones de personas en hogares que carecen de ingresos (que incluyen a 1.2 millones de niños) equivalen a toda la población de Indiana o Massachusetts, o a la suma de las poblaciones de Los Angeles, Filadelfia y Boston.
Esta catástrofe social pone de relieve la indiferencia de la administración Obama, que no ha hecho prácticamente nada para proporcionar ayuda a aquellas personas que han perdido sus empleos, hogares y medios de vida, a pesar de que no escatima gastos para apuntalar a la elite financiera y financiar sus actuales guerras.
La cantidad de personas que carecen de ingresos ha estado ascendiendo desde 1996, cuando el presidente demócrata Bill Clinton y el Congreso republicano pusieron fin a la asistencia social como un derecho universal, un estatuto del que el programa de ayuda federal había disfrutado desde su inicio en la década de 1930. Prometiendo el “final del ciclo de dependencia”, demócratas y republicanos impusieron los limites de la duración de una vida a los beneficios, redujeron drásticamente la cuantía de las ayudas e impusieron restrictivas “condiciones laborales” y otros requisitos para conceder más ayudas.
A pesar de la creciente necesidad de ayuda Obama se ha opuesto a toda financiación adicional para lo que queda del programa de asistencia social, llamado Ayuda Temporal para Familias Necesitadas. El Times informó que desde su momento de auge, las personas inscritas en la asistencia social han descendido casi un 75%.
“Muchas de las personas que en las pasadas recesiones recibieron ayuda en efectivo ahora no la reciben”, informó a World Socialist Web Site Judy Putnam, portavoz de la Liga de Michigan para los Servicios Humanos. “Sólo un tercio de los niños del Estado que viven en la pobreza reciben ayuda en efectivo en comparación con los dos tercios de antes de la ‘reforma de la asistencia social’ en 1996. Los habitantes de Michigan son muy dependientes de los bonos de comida”.
Con unas ayudas a los parados que sólo abarcan a la mitad de las personas en paro, los bonos de comida (que proporcionan una media de 1 dólar por comida por persona o unos 100 dólares por persona al mes para individuos o familias que ganan hasta el 130% del umbral oficial de pobreza) se han convertido en una red de salvación de último recurso. Una cifra récord de 36 millones de personas (una de cada ocho adultos y uno de cada cuatro niños) depende ahora del programa de bonos de comida. El Programa conjunto federal-estatal de Asistencia a la Nutrición Suplementaria (SNAP, en sus siglas en inglés) se está ampliando actualmente a 20.000 personas al día, pero se calcula que todavía abarca solamente a dos tercios de las personas que deberían recibirlo.
Un estudio anterior del Times mostraba que había más de 200 condados estadounidenses en los que el uso de bonos de comida se disparó en al menos dos terceras partes, incluyendo en el Condado de Riverside, California, la mayor parte del gran Phoenix y Las Vegas, un anillo de los barrios de las afueras de Atlanta y un tramo de 150 millas al sudoeste de Florida desde Bradenton hasta los Everglades. El estudio descubrió que hay más de 800 condados en los que los bonos de comida alimentan a una tercera parte del total de los niños.
A finales del año pasado varios investigadores de la Universidad Washington de St. Louis publicaron un estudio en el que demostraban que el 50% de todos los niños y el 90% de los niños afroamericanos recibirán bonos de comida en algún momento de su vida antes de cumplir 20 años. “Para muchos niños estadounidenses los años de infancia en vez de ser una época de seguridad son una época de confusión económica, de riesgos y de momentos difíciles”, afirmó Mark Rank, médico y uno de los autores del informe.
El informe del Times del 3 de enero se centraba en Florida, donde el número de personas que no tienen más ingresos que los bonos de comida se ha duplicado en dos años y más que triplicado a lo largo de la costa sudeste, donde el boom inmobiliario se convirtió en un desbarajuste de casas embargadas y abandonadas. Según datos estatales, las personas sin ingresos fueron divididas entre familias con niños e individuos. Entre los afectados también había mezcla racial (aproximadamente un 42% blancos, 32% negros y 22% latinos), en la que los blancos eran el segmento que crecía más rápidamente durante la recesión.
Esta caída en la indigencia ha afectado a amplias capas de la población. El artículo del Times cita a una madre de mediana edad de dos niños, Isabel Bermudez, que se trasladó desde un proyecto de viviendas en Bronx a vender casas en Florida. Llegó a tener unos ingresos con seis cifras, una casa con piscina e inversiones; perdió su empleo, su casa y se quedó sin subsidio de paro. Los únicos ingresos de Isabel Bermudez ahora son 320 dólares al mes en bonos de comida. “Pasé de ganar 180.000 dólares a depender de los bonos de comida”, declaró al periódico y añadió que sin ese programa no podría alimentar a sus hijos.
El aumento de la dependencia de exiguas prestaciones de bonos de comida expone la ausencia de algo que se pueda llamar con propiedad una red de seguridad social en Estados Unidos. La situación no hará sino empeorar ya que tanto demócratas como republicanos se preparan para rebajar drásticamente lo que queda de programas financiados con dinero público para pagar el multitrillonario rescate de Wall Street y la expansión de las acciones militares estadounidenses por todo el mundo.
El tema del Discurso sobre el Estado de la Unión de Obama (que se espera para principios del mes próximo) será la reducción del déficit a largo plazo y una mayor demanda al pueblo estadounidense de que reduzca su consumo. La Casa Blanca está respaldando una comisión bipartita para recomendar recortes fundamentales de los programas sociales básicos junto con tasas regresivas al consumo, y el director de presupuesto de Obama, Peter Orszag, ha afirmado que la administración tomará medidas para reducir el déficit en su próximo presupuesto que se presentará en febrero. Estas acciones arrojaran a la pobreza a millones de personas más.
La crisis social a la que se enfrenta la clase trabajadora (graves niveles de paro, desahucios, aumento del hambre, de la pobreza y de las personas sin hogar) es la expresión más gráfica del fracaso del capitalismo, un sistema económico que beneficia a unos pocos ricos a expensas de la vasta mayoría de la población.
En medio de este empeoramiento de la situación para la clase trabajadora se ha informado la semana pasada de que los tres bancos principales (Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley) recibirán decenas de miles de millones de dinero público con el Programa de Ayuda a Activos con Problemas, que entregará 49.500 millones de dólares en bonos de dinero y asignaciones de bonos. En total se calcula que los bancos estadounidenses contarán con 200.000 millones en compensaciones totales.
La administración Obama continúa y está acelerando la transferencia de riqueza desde la clase trabajadora a aquellas personas responsables de haber precipitado el peor colapso económico desde la Gran Depresión.
Casi un año después de su toma de posesión el presidente Obama ha demostrado que no es más que una herramienta de la oligarquía financiera. El propio futuro de la clase trabajadora depende del desarrollo de un movimiento socialista de masas contra esta administración, los dos partidos de los grandes negocios y el sistema del beneficio que defienden.
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Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
* World Socialist Web Site
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Some six million Americans—one in 50 people in the US—are living on no income other than $100 or $200 a month in food stamps, according to an analysis of state data by the New York Times. The number of people who reported that they are unemployed and receive no cash aid—neither welfare, nor unemployment insurance, pension benefits, child support or disability pay—the newspaper reported, has jumped by 50 percent over the last two years, as the recession has taken hold.
According to the January 3 article, the number of people reporting no income tripled in Nevada over the past two years, doubled in Florida and New York, and increased nearly 90 percent in Minnesota and Utah. In Wayne County, Michigan—which includes Detroit, where half the population is unemployed or underemployed—one out of every 25 residents reports an income of only food stamps. In Yakima County, Washington, the figure is one out of every 17.
The figures reveal the vast scale of human suffering in the US as the new decade begins and puts the lie to talk of an economic “recovery.” The 6 million people in households reporting no income—which includes 1.2 million children—is equivalent to the entire population of Indiana or Massachusetts, or the combined populations of Los Angeles, Philadelphia and Boston.
Such a social catastrophe underscores the indifference of the Obama administration, which has done virtually nothing to provide relief to those who have lost their jobs, homes and livelihoods—even as it spares no expense to shore up the fortunes of the financial elite and fund its ongoing wars.
The number of people without an income has been on the rise since 1996, when Democratic President Bill Clinton and the Republican Congress ended welfare as a universal entitlement, a status the federal relief program had enjoyed since its inception in the 1930s. Pledging to “end the cycle of dependency,” the Democrats and Republicans imposed lifetime limits on benefits, drastically reduced the level of cash assistance, and imposed restrictive “workfare” and other requirements on further aid.
Despite the increased need for relief, Obama has opposed any additional funding for what remains of the welfare program, called Temporary Assistance for Needy Families. Since their peak in the 1990s, welfare rolls are down nearly 75 percent, the Times reported.
“Many of those who would have received cash assistance in past recessions are not getting it now,” Judy Putnam, a spokesperson for the Michigan League for Human Services, told the World Socialist Web Site. “Only a third of the state’s children living in poverty are getting cash assistance compared with two-thirds before ‘welfare reform’ in 1996. People in Michigan are heavily dependent on food stamps.”
With jobless benefits covering only half of the unemployed, food stamps—which provide an average of $1 per meal per person, or around $100 per person each month for individuals or families earning up to 130 percent of the official poverty level—have become the safety net of last resort. A record 36 million people—one in eight people and one in four children—now rely on the food stamp program. The joint federal-state Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) is expanding by 20,000 people per day, but is still estimated to serve only two-thirds of those who qualify.
An earlier Times study showed there are more than 200 US counties where food stamp usage shot up by at least two-thirds, including Riverside County, California, most of greater Phoenix and Las Vegas, a ring of Atlanta suburbs, and a 150-mile stretch of southwest Florida from Bradenton to the Everglades. The study found there are over 800 counties where food stamps feed one third of all children.
Late last year, researchers at Washington University in St. Louis released a study showing that 50 percent of all children and 90 percent of African American children will receive food stamps at some point before their 20th birthday. “Rather than being a time of security and safety,” said Mark Rank, Ph.D., one of the authors of the report, “the childhood years for many American children are a time of economic turmoil, risk, and hardship.”
The January 3 Times report focused on Florida, where the number of people with no income beyond food stamps has doubled in two years and more than tripled along the southwest coast, where a housing boom turned into a bust of foreclosed and abandoned homes. According to state data, those without income were split evenly between families with children and individuals. Those affected were also racially mixed—about 42 percent white, 32 percent black, and 22 percent Latino—with whites making up the fastest growing segment during the recession.
This plunge into destitution has affected wide layers of the population. The Times article cites a middle-aged mother of two, Isabel Bermudez, who moved from a Bronx housing project to sell real estate in Florida. Once enjoying a six-figure income, a house with a pool and investment property, she lost her job and home and ran out of unemployment benefits. Ms. Bermudez’s sole income is now $320 a month in food stamps. “I went from making $180,000 to relying on food stamps,” she told the newspaper, adding that without the program she wouldn’t be able to feed her children.
The increasing reliance on meager food stamp allowances exposes the absence of anything that can properly be called a social safety net in the US. The situation will only get worse, as both the Democrats and Republicans prepare to slash what remains of publicly funded programs in order to pay for the multitrillion-dollar Wall Street bailout and expansion of US military action around the world.
The theme of Obama’s State of the Union address—expected early next month—will be long-term deficit reduction and a further demand that the American people reduce their consumption. The White House is backing a bipartisan commission to recommend major cuts in basic social programs along with regressive taxes on consumption, and Obama’s budget director, Peter Orszag, has said the administration will take measures to reduce the deficit in its next budget due out in February. Such actions will throw millions more into poverty.
The social crisis facing working people—depression levels of unemployment, home foreclosures, the growth of hunger, poverty and homelessness—is the most graphic expression of the failure of capitalism, an economic system that benefits the wealthy few at the expense of the vast majority.
In the midst of this worsening situation for the working population, it was reported last week that the top three banks—Goldman Sachs, JPMorgan Chase and Morgan Stanley—which received tens of billions in public funds under the Troubled Asset Relief Program—will hand out $49.5 billion in end-of-year cash bonuses and stock awards. All told, US banks will dispense an estimated $200 billion in total compensation.
The Obama administration is continuing and accelerating the transfer of wealth from working people to those who are responsible for precipitating the worst economic breakdown since the Great Depression.
Nearly a year after his inauguration, President Obama has demonstrated he is nothing but a tool of the financial oligarchy. The very future of the working class depends on the development of a mass socialist movement against this administration, both big business parties, and the profit system which they defend.
Jerry White
