Costa Rica es el único país de todo el continente, junto con Panamá, que no cuenta, ni en la legislación ni en la práctica, con medios conceptualizados como comunitarios. Estos medios son los que cubren espacios físicos determinados, con el interés de satisfacer la información de una comunidad específica. Pero no sólo eso, sino también que dichos medios son gestionados por las mismas comunidades, de manera totalmente independiente y no tienen el lucro como su razón última de ser.
Los medios comunitarios cumplen una función importantísima en la sociedad, crean un balance de la agenda informativa, regional y nacional, al tratar temas que no buscan incrementar el rating, ni satisfacer influencias de sujetos políticos, económicos o sociales específicos.
Los medios comunitarios no ceden a la presión de seguir el torrente de la masividad de las noticias, no es de su interés si la “farandulera” de Hollywood volvió a mostrar sus atributos en bikini, o si el asesor presidencial va a misa o no.
Los medios comunitarios saben que tienen en sus manos un bien más preciado que el oro y le sacan el mayor provecho posible. Por eso los medios comunitarios son urgentes para la democratización de la información y la comunicación.
Pesos y contrapesos
El pasado 19 de agosto, el periódico La Nación publica entrevista realizada al Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez Marín, donde el señor Ministro evidencia que las críticas al Gobierno se maximizan porque las comunidades, que según él sí apoyan al Ejecutivo, no tienen medios de comunicación para expresar dicho apoyo. Por lo menos esta es la interpretación que hago de sus palabras.
Y tiene razón don Melvin. Si existen comunidades que hacen una valoración positiva al Gobierno, esos grupos de personas no tienen ninguna posibilidad de salir en los medios masivos, sobre todo si tienen una agenda pactada para dañar la imagen del Ejecutivo, del actual o de cualquier otro, futuro o pasado. Sí, para los contrapesos políticos son necesarios los medios comunitarios, libres y autónomos.
Esto lo supo bien el gobierno del señor Rafael Correa Delgado, Presidente de la República del Ecuador, quien desde el inicio de su mandato ha tenido fuertes encuentros con los conglomerados mediáticos de su país. Para potenciar las decisiones de su administración se ha aliado con la gran red de medios comunitarios del Ecuador, gestionados por las propias comunidades y en cuyas bases tiene gran apoyo el señor Correa. Así, las propuestas del Gobierno, que son invisibilizadas o atacadas en los grandes medios, son compartidas y analizadas mediante los medios comunitarios. Ojo que esto no limitó nunca la independencia de los medios comunitarios, los cuales también han sido críticos con el Gobierno en sus luchas específicas, como sucedió con el conflicto petrolero en la zona del Yasuní.
El Gobierno del Presidente Solís Rivera ha dicho que quiere escuchar, de verdad prestar atención, a las voces de quienes nunca hablan, de quienes no han podido, hasta ahora, ser oídos por el poder político. Para esto han proclamado una Casa Presidencial de puertas abiertas, una “Casa de Cristal” donde todos puedan ser vistos y escuchados. Yo digo que eso no basta. Es importante si, pero no suficiente.
El señor Solís, y su Ministro de la Presidencia, están frente a una coyuntura única que podría situarlos en la historia del derecho a la comunicación. La Contraloría General de la República está exigiendo una nueva ley de radio y televisión, ya que la actual es una pantomima de ley y el servicio de radiodifusión está casi que a la libre. Y además, el año 2017 es la meta para el salto del sistema analógico al digital en la televisión abierta.
Estos dos aspectos son de tal trascendencia, que pueden cambiar radicalmente la forma de hacer comunicación en Costa Rica. Una nueva ley de radio y televisión es la puerta para trasformar los conceptos y las formas de estos medios. La redistribución y la regionalización del espectro radioeléctrico es la solución para la creación de más medios de comunicación, sobretodo de radio, y que no respondan solamente a criterios comerciales, sino también públicos, institucionales y comunitarios.
Urge debate
El Gobierno del señor Solís debe liderar la discusión de cómo debe ser esta nueva ley, discusión que debe incluir a la mayor cantidad de actores interesados en el tema y no únicamente a las cámaras empresariales.
El tema de regular el salto digital en la televisión abierta es más que urgente. Dentro de 3 años se dará dicho salto y al momento, por lo menos la academia y la sociedad civil, no tienen claro cómo se hará dicho cambio ni cuáles serán las reglas del juego. No estoy hablando de aspectos técnicos, sino políticos.
La digitalización implica que por cada canal que existe ahora, se podrán tener 3 o 4 más. Un ejemplo hipotético es que canal 3 se transformará en canales 3.1, 3.2, 3.3 y un canal para móviles. Y hasta el momento no hay un reglamento que diga que va a pasar con esos nuevos canales. ¿Si una empresa o persona tiene concesionado un canal eso implica que tendrá por defecto la concesión de esos otros 4 canales? ¿Habrá una reserva de los nuevos canales creados para otros intereses, más públicos y menos privados? ¿Una empresa como Repretel pasará de tener 3 canales a tener 12? Dudas razonables y que deben ser contestadas de inmediato.
Sí, tiene razón el señor Ministro de la Presidencia de que las comunidades no pueden expresar sus opiniones porque no tienen medios de comunicación para hacerlo. Y está en manos de este Gobierno la responsabilidad para que dichos medios puedan existir, construyendo una nueva ley de radio y televisión y guardando parte del dividendo digital para las comunidades.
