El Ministerio de Hacienda denunció, mediante un comunicado de prensa, una evasión fiscal en aduanas cuyo importe “podría superar los ¢53.000 millones”. Sin embargo, se reservó los nombres de 335 importadores involucrados en el caso. Según el despacho, la información está resguardada por la ley.
Si se tratara de una sospecha o una investigación preliminar, el argumento sería comprensible, pero los términos del comunicado son contundentes. Si bien la información disponible en gobierno.cr utiliza la expresión “podrían haber dejado de pagar” cuando describe el monto, la duda parece referida a la suma, no al hecho.
El hecho, la evasión, se da por acreditado: “Mediante una serie de investigaciones realizadas a partir de la información disponible en las bases de datos del Ministerio de Hacienda y del Registro Nacional, la Dirección de Gestión de Riesgo de Aduanas, responsable del proceso, detectó una serie de anomalías en las declaraciones de valoración de las mercancías que firma el importador y luego son anexadas por el agente aduanero a la declaración de importación de esas mercancías”.
Más adelante, el texto cita al director general de aduanas, Benito Coghi: “A través de fiscalizaciones del Órgano Nacional de Valoración Aduanera se han realizado procesos determinativos de impuestos dejados de pagar, cuyos montos en un solo caso ascendieron a ¢450 millones para un año fiscal, aproximadamente”.
A tenor del texto, sobre la evasión no cabe duda aunque falte determinar el monto exacto de lo evadido. No hay razón, entonces, para mantener los nombres en secreto. Cometida una irregularidad, hay un evidente interés público en conocer los detalles. Solo la transparencia permite a la ciudadanía valorar la reacción de las autoridades y la correcta aplicación de la ley.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) planteó un recurso de amparo para obligar al Ministerio de Hacienda a revelar los nombres de los evasores. Ojalá tenga éxito y se siente un precedente útil para casos futuros. En el pasado, el propio Ministerio de Hacienda ha dado a conocer informaciones detalladas sobre casos de evasión fiscal y aduanera. Esa práctica no debe ser selectiva.
El tema es particularmente importante en la actualidad. El debate público se centra en la crisis fiscal y su relación con los ingresos y egresos del Estado. El problema de los ingresos se relaciona, por una parte, con la creación de nuevos impuestos o el aumento de los existentes y, por otra, con su adecuada recolección. Las informaciones exageradas o imprecisas distorsionan el debate, crean falsas expectativas y nos alejan de la consideración ponderada de un problema cuya seriedad no tiene discusión.
Recientemente, el Ministerio de Hacienda estimó en ¢180.000 millones la morosidad del impuesto a las personas jurídicas, pero el Registro Nacional le enmendó la plana y calculó el monto en ¢127.000 millones. La Asamblea Legislativa recibió el dato erróneo en medio de la discusión del proyecto de ley redactado para revivir el tributo. Hacienda se opone a que la nueva ley condone las deudas de los morosos. Esa misma posición asumió La Nación en un editorial reciente, pero la decisión de los diputados debe basarse en información fidedigna. Ahora, el Ministerio alega que su dato se basó en una estimación del “potencial de cobro”.
Hacienda también sufrió descrédito cuando responsabilizó al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica por la pérdida de ingresos fiscales. La versión fue rápidamente desmentida, con cifras, por diversos expertos. El propio ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora, la consideró “una falacia”.
El Ministerio también suscitó polémica cuando dio a conocer un estudio según el cual la evasión y elusión ascienden a más del 8% del producto interno bruto. La primera objeción, esbozada por el exministro de Hacienda Édgar Ayales, es que “los números son con respecto a una recaudación potencial, y siempre que uno compara con recaudación potencial puede correr el riesgo de sobrestimar esos montos”. Es decir, Hacienda comete el mismo error que en el caso del impuesto a las personas jurídicas, estimado según el “potencial de cobro”. Hay otros motivos para desconfiar del estudio como indicador del rumbo para resolver el problema fiscal, pero sectores interesados, incluida la ANEP, repiten el dato como prueba de que no es necesario controlar el gasto y los privilegios. Basta con combatir la evasión.
Hoy, más que nunca, es de capital importancia alimentar el debate público con información veraz y precisa sobre los problemas tributarios. El país debe cobrar conciencia de la verdadera gravedad e impacto del fraude y, al mismo tiempo, darse cuenta de que no basta con combatirlo para salir adelante. Es necesario mejorar los ingresos y racionalizar los gastos.
