Hace muy bien la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), el partido de Gobierno, al indicar que no avalará las concesiones que el señor Ministro de Hacienda (a la vez, Primer Vicepresidente de la República), Helio Fallas Venegas, está dispuesto a darle al corporativismo empresarial neoliberal (por demás, base política fundamental del binomio “PLUSC” que “asaltó” el directorio legislativo el pasado 1 de mayo), en torno a la idea original de sancionar severamente el fraude fiscal y el robo de impuestos en sede administrativa, incrementando las potestades de la Dirección General de Tributación al efecto.
Las eventuales nuevas disposiciones legales para que esta entidad cobre y ejecute embargos, sin orden judicial, a los contribuyentes morosos, viene a representar el corazón de valientes decisiones políticas con carácter estratégico jamás tomadas antes; a fin de que el país abandone la perversa senda de la regresividad tributaria, que es uno de los puntos fundamentales para que se mantenga y profundice la sistemática curva ascendente de la desigualdad en Costa Rica.
Ya habíamos advertido de que tales concesiones del señor Ministro de Hacienda, cediendo al bloqueo parlamentario de tan necesaria legislación, deben ser rechazadas y por eso debemos indicar, con satisfacción y aplauso, que la decisión de la bancada diputadil del PAC merece ser apoyada con toda contundencia, política, social y laboralmente hablando.
En vez de ceder al bloqueo parlamentario al trámite de iniciativas de ley de este carácter, bloqueo del capital neoliberal protagonizado en la persona del poderoso empresario liberacionista, Antonio Álvarez Desanti; lo que corresponde es fomentar el llamado a la movilización social más amplia en contra del fraude fiscal, en contra del robo de impuestos, para que se sancione drásticamente este crimen social; tal y como se sanciona, con drasticidad implacable, en los Estados Unidos.
Bloquear que este tipo de proyectos de ley contra el fraude fiscal se conviertan en ley de la República, es propiciar el ataque más brutal a los presupuestos de una importante cantidad de servicios públicos, necesarísimos para los sectores sociales más vulnerables de la población costarricense e, incluso, para sectores medios.
Ya lo ha advertido la señora Defensora de los Habitantes, doña Monserrat Solano Carboni, de que los eventuales recortes presupuestarios que se están gestando para el 2016, nos llevan a violentar compromisos internacionales que Costa Rica ha asumido en materia de Derechos Humanos, con la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU). La perpetuación del fraude fiscal como se ha venido dando, generará dolorosas consecuencias y enfrentamientos sociales de diverso orden.
El presente Gobierno ha tenido el mérito de reconocer lo que nunca antes administraciones anteriores admitieron: que el robo de impuestos en todas sus manifestaciones supera el 8% del Producto Interno Bruto (PIB): una cifra de tanta magnitud que su comprensión es realmente difícil.
Si se estima que, en términos generales, un 1% de PIB equivale a unos 300.000.000.00 (trescientos mil millones) de colones; entonces estamos hablando que los defraudadores fiscales-tributarios se dejan, en lo que constituye un verdadero crimen social, nada más y nada menos que ¡2 billones 400 mil millones de colones! (2.400.000.000.000).
Tan solo esta poderosa razón es suficiente para no ceder al chantaje del capital neoliberal contra los proyectos del fraude fiscal. No resultan admisibles las concesiones que el señor Ministro de Hacienda está haciendo al respecto y, por ello, reiteramos lo atinado que resulta la oposición parlamentaria del propio partido de Gobierno, el PAC, a evitar que el chantaje a favor de la continuación del robo de impuestos se imponga.
Esta impresionante magnitud del monto del robo de impuestos, es una de las verdaderas razones del déficit fiscal. No es el salario ni los pluses salariales de quienes laboran para el sector Público, los responsables del déficit fiscal, como malsanamente se ha estado manipulando a la opinión pública en los últimos tiempos al respecto.
Hemos dicho y debemos reiterarlo cientos de veces de que las personas integrantes de la clase trabajadora, especialmente las asalariadas de los sectores público y privado, no roban impuestos.
Por un lado, el de ventas (el más injusto de todos, tributariamente hablando), se paga al momento mismo de la compra, en la caja registradora. El otro, el de renta al salario cuando éste supera el monto límite exento, se hace el rebajo de planilla, inmediatamente. ¡Con los ladrones de impuestos no se debe tener misericordia alguna!
