Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
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En efecto, el 3 de setiembre del 2005, cuando era candidato, Arias declaró a La Prensa Libre que “… las reformas importantes como el Plan Fiscal y el TLC no avanzan. Bajo esa premisa, creo que es mejor evitar el caos y la anarquía y promover la tiranía en la democracia, es decir, un mandato claro, con un líder que sabe qué es lo quiere y quiénes le pueden ayudar a conseguirlo”.
Hoy, ya en la silla presidencial, el mandatario sin un “mandato claro”, pretende imponernos un sistema autoritario de gestión pública; contando con la complicidad de una supuesta “mayoría” parlamentaria que lo es tal, en función de una cuestionable política de pactos, públicos unos y otros no tanto.
Como bien él lo dijo, lo que “el líder quiere” es abrir las mayores posibilidades de negocios con aquellos servicios públicos que, hasta ahora, no han podido convertirse en fuente de lucro privado, debido a una prolongada resistencia cívica de varios años que se ha negado a tragarse el cuento de que la apertura no es privatización. Y sí que lo es, por supuesto. Dos de esos negocios son las telecomunicaciones del ICE y los seguros comerciales del INS.
Ahora que él ha identificado a “quiénes le pueden ayudar a conseguirlo”, gestó en el parlamento una alianza de 38 votos que le está permitiendo darle cierta “legitimidad” a su concepto de “tiranía en la democracia”; aunque para ello haya que pisotear, casi de manera irreversible, una institucionalidad republicana bastante maltrecha que puede volverse en contra de sus propios violadores, quizás más temprano que tarde.
La “tiranía en la democracia”, aparte de que presupone un enorme apoyo de prensa-negocio, como ya lo estamos viendo; también presupone una total neutralización política de toda forma de resistencia social, a través de distintos mecanismos.
Estos mecanismos pueden que vayan desde la más vulgar compra de conciencias, pasando por la concepción de confites gremiales, hasta ofreciendo dar certificaciones de legitimidad que no se tienen; para, finalmente, pretender arrinconar, minimizar, excluir, descalificar y calumniar a toda esa resistencia cívica y social que no se doblegará y que seguirá desafiando la imposición de un pensamiento único.
Cuando dentro de esa resistencia social a la “tiranía en la democracia”, destacan movimientos sindicales que se resisten a ser controlados, se les lanzan improperios aprovechando el respaldo de los medios que le dan soporte al régimen basado en esa tiranía. Se califica a esos sindicatos de “extremistas”, de “golpistas”, de “radicales”.
Con fuerza hoy tenemos que decir que el sindicalismo que se practica en la entidad en la cual orgullosamente laboramos, así como lo que se hace desde las organizaciones amigas, fraternas y solidarias con ese tipo de sindicalismo; es una acción cívica, totalmente responsable, seria, construida con mucho estudio y profesionalismo.
El sindicalismo de pensamiento, de incidencia y de movilización no le sirve al régimen de la “tiranía en la democracia”. Ese es el sindicalismo que se vuelve “peligroso” para ese régimen; y, por tanto, es el sindicalismo al que hay que calumniar, desprestigiar, atacar, golpear, anular y hasta aniquilar.
Hoy, ante la opinión pública que nos hace el honor de leernos, y especialmente en esta hora crucial de la historia nacional, renovamos nuestro compromiso de seguir por la senda del sindicalismo cívico y limpio, del sindicalismo que no le sirve a la “tiranía en la democracia”.
