emite comunicado
BOLETÍN ASAMBLEA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
Rodrigo Villalta Delgado
Presidente – Comité Ejecutivo de la Comisión de Acreditación
Me permito dirigirme a ustedes (organizaciones sociales), con el propósito de informar sobre el estado del proceso de acreditación que diera inicio con el censo de todos los trabajadores y trabajadoras de este país que cotizan obligatoriamente para el Banco Popular.
De todos ustedes es conocido que este proceso dio inicio con el llamado que se les hiciera a presentar sus listados de afiliados y afiliadas a la Comisión de Acreditación, a efecto de establecer la proporcionalidad por sector. Una vez publicada la proporcionalidad, se procedió a convocar a las Asambleas de todos los sectores, con el propósito de que en definitiva realizaran los nombramientos de las personas que ocuparían la representación de las trabajadoras y los trabajadores en el periodo 2010-2014.
Este proceso se ha llevado a cabo con los Decretos que están rigiendo la materia y que fueran publicados en enero y febrero del 2010 por el Poder Ejecutivo, a los cuales el Directorio Nacional les señalara problemas desde el inicio, pues a su criterio impedirían la conformación de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, lo que motivó desde su publicación la presentación de recursos ante la Sala Constitucional así como de un Proceso Contencioso Administrativo.
Dentro de los principales señalamientos que se le hicieran a estos Decretos Ejecutivos se encuentra que su publicación violentó el debido proceso, que se le atribuían funciones al Ministerio de Trabajo que por Ley no tenía, así que por primera vez se exigía la acreditación de la totalidad de los delegados y las delegadas para convocar a la Asamblea Plenaria para realizar los nombramientos.
Hasta hace unas semanas uno de los efectos de los Decretos sobre el proceso de acreditación se estaba manifestando en que no se había logrado conformar la totalidad de la Asamblea tanto por defectos en las Asambleas sectoriales -pues no cumplían las formalidades señaladas por los Decretos como por apelaciones de algunas de estas Asambleas desde sus mismas organizaciones sociales.
Todo lo anterior aunque retrasaba el resultado final, era manejable en el tiempo, sin embargo, se presentó la situación que evidenció uno de los mayores problemas del Decreto Ejecutivo: cuando una de las apelaciones pendientes de organizaciones solidaristas no pudo ser resuelta por el Ministerio de Trabajo, precisamente porque la Procuraduría General de la República ante consulta que le hiciera la Sala Constitucional se pronunció indicando que el Ministerio de Trabajo no tenía la potestad de resolver sobre actos privados, lo que motivó a dicho Ministerio a suspender el dictado de la resolución hasta tanto se resolviera la acción de inconstitucionalidad pendiente.
Esta situación provocó la total imposibilidad de poder acreditar a la totalidad de los 290 delegados y delegadas como lo dispone el Decreto Ejecutivo, puesto que deja por fuera a todo el Sector Solidarista (63 personas). Por ese motivo, la Comisión de Acreditación en su última sesión se pronunció sobre la imposibilidad real en la que se encuentra de conformar la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.
