Hemos venido siguiendo de cerca los acontecimientos sobre la captura en aguas protegidas de nuestro país del barco atunero TIUNA, de bandera Panameña, pero de capital empresarial Venezolano, gracias a los esfuerzos de vigilancia constante de la Organización No Gubernamental Mar Viva, hechos registrados en nuestra Isla El Coco.
Las autoridades judiciales y gubernamentales son los responsables directos de la custodia de dicha embarcación y del producto capturado, así como de cumplir plenamente con la protección de nuestra soberanía marítima y protección de nuestros bienes patrimoniales.
De acuerdo a la ley, por pesca ilegal de atún, las multas se sancionan por lo decomisado, en este caso, 280 toneladas de atún con un valor de mercado de 2 mil dólares la tonelada, para un total de 560 mil dólares, y por el valor del barco, que puede oscilar entre 60 y 80 millones de dólares.
Esta multa y volar del barco, conforme a la Ley de Pesca y Acuicultura, pasa a ser Patrimonio Nacional, correspondiéndole a las universidades Nacional y de Costa Rica, un 25% para cada una del monto total de la multa, más un 10% para los Colegios Universitarios de Limón y Guanacaste.
De ahí que instamos, respetuosamente, a las Autoridades Universitarias y de Colegios Universitarios, así como a los Gobiernos Estudiantiles, Sindicatos y Población Estudiantil Universitaria, a exigir y velar para que las Autoridades Judiciales y de Gobierno, hagan valer la Ley, se sancione a los responsables y se proceda a entregar lo correspondiente a las Universidades, Colegios Universitarios y demás entes públicos beneficiados.
