Honorable señora
Licda. Cristina Ramírez Chavarría
Ministra
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
Estimada señora ministra:
Reciba en primera instancia, un cordial y sumamente respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
El pasado 8 de mayo de 2014, luego de juramentarse como Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera hizo firmar a cada una de las personas integrantes de su gabinete, el documento “Compromiso Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas”; importantísima iniciativa que desde que tuvimos conocimiento de ellas, en ANEP la aplaudimos. No dudamos de que usted, señor Ministra, también firmó este compromiso.
El mismo nos indica en su apartado “4 – Asesores”, lo siguiente: “Me comprometo a permitir únicamente la contratación de asesorías externas que sean estrictamente necesarias, y que no puedan ser realizadas por personal de planta. En el caso de darse dichas asesorías, las mismas deberán ser brindadas por personas moralmente solventes, profesionalmente capacitadas, y transparentando los términos económicos de la contratación”. (La negrita es nuestra).
Este relevante enunciado nos da base para solicitar a su digna autoridad ministerial y siempre en el marco del debido respeto, que nos brinde información oficial y por escrito acerca de decisiones de su despacho para, presuntamente, contratar personal, en condición de asesor del mismo y bajo condición asalariada pero a remunerarse con fondos del préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), le ha otorgado al país para infraestructura penitenciaria, básicamente.
Hasta la ANEP ha llegado información que deseamos comprobar en cuanto a su veracidad de que usted, señora Ministra, tendría y a más de una persona en su despacho en tales condiciones, entre ellas un ciudadano de nombre Javier Rodríguez.
La ANEP está por hacerle llegar a su digna autoridad, en próximos días, un documento de mayor profundidad sobre este tema del préstamo del BID, considerando el penoso palmarés tico ante los expertos de esta entidad multilateral de crédito, de ser de los países más lentos a la hora de ejecutar dinero para infraestructura; y de obviar (en muchos casos), los criterios técnicos del personal de las instituciones ejecutoras y/o beneficiarias, o lo más grave aún, ni siquiera tomar el parecer de éstos y no transparentar y dar rendición de cuentas de la gestión que se realice, como es la obligación legal y ética. Tenemos la sospecha de que en el caso que nos ocupa, vamos por esa; situación que vista integralmente, junto a otros casos de similar naturaleza, casi que podría definirse como vergonzosa situación nacional.
Volviendo al punto central de la presente, reiterando que nos basamos en el indicado “Compromiso Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas”, amén de que estamos invocando el artículo 27 constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional; por tanto, la ANEP le solicita lo siguiente:
Primero: Si en su despacho trabaja una persona de nombre Javier Rodríguez.
Segundo: Si es así, efectivamente, entonces, rogamos informarnos de lo siguiente: a) Fecha de ingreso; c) plaza que ocupa; c) cargo que ostenta; d) fuente financiera de su salario; e) monto total bruto del mismo; e) descripción de funciones.
Tercero: Idéntica solicitud de datos según el apartado segundo anterior, para una segunda, para una tercera o para más personas que estuvieran en su despacho, colaborándole a usted, cuyos salarios estuvieran sufragados con el préstamo del BID en referencia.
Cuarto: Si su digna autoridad ha ordenado el traslado de personas trabajadoras de la institución que han estado ubicadas en centros penales de atención directa a población privada de libertad. Si así fuese, respetuosamente queremos información de quiénes son, puestos que ocupaban, labores que van a ocupar bajo línea directa de mando de su parte; y cómo se repondrán esas sustracciones de personal en un escenario crítico de escasez de recurso humano calificado y asistencial ante una creciente población penal que en lo cuantitativo y en lo cualitativo, fortalece la situación de crisis del Sistema Penitenciario Nacional que ANEP viene planteado desde el gobierno anterior.
Nuevamente reciba la señora Ministra de Justicia y Paz nuestra máxima consideración y respeto, quedando en espera, dada la urgencia del caso, de su respuesta lo más pronto posible.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
