La inminencia de la realización de un “diálogo nacional”, que el actual Gobierno ha denominado como “El seguro de salud costarricense en el contexto de la Salud Pública”; básicamente centrado en cuál será la sostenibilidad financiera futura tanto del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), como del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ambos administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); nos lleva a plantear, desde nuestra perspectiva sindical y con visión de clase trabajadora, los siguientes elementos:
Primero: El crecimiento de la desigualdad y, especialmente, el deterioro del poder de compra de los salarios en contraposición al proceso de concentración de la riqueza, nos obliga a rechazar, ad portas, cualquier intención de que sean las personas asalariadas las que sufran más, obligándoseles a aportar más contribución para ambos sistemas; de la misma forma que debemos rechazar tanto las intenciones de elevar la edad para pensionarse como la reducción del monto de las pensiones (las actuales y las futuras). Recordemos que en el sector privado, casi el 60% de la población asalariada apenas gana el mínimo de ley (si es que se lo pagan, verdaderamente); y que en público, casi el 25% anda en una situación parecida: apenas en el límite del salario mínimo.
Segundo: Pensar en más impuestos para ayudar a la sostenibilidad financiera tanto del SEM como del IVM, es imposible considerarlo sin pensar en la transformación estructural del sistema tributario costarricense, altamente injusto por su perversa regresividad (pagan más, proporcionalmente hablando, quienes menos tienen). Una transformación tributaria por el lado del capital y de las grandes rentas, haría que el Estado honre su deuda con la Caja con dinero contante y sonante y no con papeles casi sin valor (bonos).
Tercero: Hay varias importantes iniciativas de legislación en el actual parlamento que merecen aprobarse antes que cualquier otra cosa. Por ejemplo, la del aumento de las multas a los patronos morosos y la imprescriptibilidad de las deudas patronales.
Cuarto: Hay una serie de planteamientos desde los sectores sociales y civiles, como las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja” que deben considerarse de manera estratégica con verdadera voluntad política; por ejemplo, el desenganche de la ley salarial médica y la prohibición del ejercicio simultáneo de la práctica pública y privada de la medicina.
