Cuando muchos pensábamos que el escándalo de la “piñata regalona” de la trocha norte iba en camino de quedar en la impunidad, la Fiscalía General de la República procede a ordenar la detención y la indagación de las primeras seis personas sospechosas; generando así un pequeño asomo de esperanza de que en el más grande escándalo de corrupción de los últimos gobiernos, ha de imperar la justicia y los responsables, tanto políticos como empresariales, deberán rendir cuentas y de ser encontrados culpables, asumir sus responsabilidades plenas ante la sociedad, ante la ciudadanía.
Al momento de escribir este comentario, de esas seis personas inicialmente indagadas, dos permanecen en estado de prisión preventiva, sin conocerse con claridad qué estado de situación penal tendrán las otras cuatro durante todo el proceso que ha de culminar en los respectivos juicios.
Adicionalmente, todavía está por determinarse la naturaleza de las responsabilidades que en lo penal podría competerle a algunos de los más altos jerarcas políticos de la presente administración gubernativa; pues según las informaciones que han venido saliendo a flote, el proceso gestor de la construcción de la mal llamada carretera “Juan Rafael Mora Porras”, o trocha 1856, se habría gestado desde la propia Casa Presidencial, ante, según se decía, la inminencia de una “invasión” nica al territorio nacional.
La indignación nacional por este escándalo de corrupción que nosotros hemos dado en llamar la “piñata regalona” de la trocha norte, es de las más profundas de los últimos gobiernos. La revelación de que varios de los involucrados en este escándalo vivían opíparamente y en pecaminosas fiestas nocturnas de costo millonario en burdeles caros, ha herido muchísimo a cientos y cientos de personas que, honestamente, se ganan la vida de manera honrada, con salarios deprimidos y en medio de grandes estrecheces económicas.
Indudablemente que la acción de la Fiscalía General de la República merece el más grande aplauso cívico aunque, como era de esperarse, las primeras detenciones dejan correr la especie popular de que es “al perro flaco al que se le pegan las pulgas”, dándose a entender que los “peces gordos” están por ser capturados, en el mejor de los casos; o, en el peor, nunca serán ni indagados ni, mucho menos, castigados.
Ahora bien, hay otra situación de una magnitud de impacto mucho mayor que ha herido, también y en todavía más grande profundidad, la sensibilidad ciudadana: la crisis financiera de la institución más emblemática de la nacionalidad costarricense: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), nuestra querida Caja.
La sola noción de que la estamos perdiendo tiene en alarma general a la mayoría del pueblo trabajador costarricense que no está, ni estará, en condiciones de acudir a la medicina privada; misma que, por cierto, está en expansión y gran parte de la cual ha avanzado en el “mercado” de la Salud, precisamente por haberle “chupado la sangre” a la Seguridad Social con la complicidad, táctica y explícita, de connotados políticos de los últimos gobiernos.
Un distinguido ciudadano, don Daniel Muñoz Corea, quien fungía como Jefe del Área de Estudios Económicos de la Dirección Actuarial y Económica de la Caja, se apersonó ante la Fiscalía General de la República para denunciar presuntos malos manejos con recursos públicos a lo interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); detallando presuntos falseamientos de datos para sustentar una política salarial expansiva de gran impacto en los altos niveles salariales institucionales; detallando presuntos maquillajes de proyecciones financieras del Seguro Social; además de un potencial menoscabo de la rentabilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (I.V.M.), ante un presunto conflicto de interés en cuanto a la aprobación de la compra de títulos valores de gran cuantía.
Se le está pidiendo a la Fiscalía General de la República determinar los posibles disfraces sobre la situación financiera de la Caja, que habría ocurrido una alteración de sus datos actuariales; y, especialmente se le pide determinar si es posible concluir que altos funcionarios de la institución habrían hecho uso indebido de fondos de la Seguridad Social costarricense mediante engaños, acomodo de datos financieros y/o subterfugios jurídicos.
El pasado 28 de setiembre, un importante número de dirigentes laborales-sindicales costarricenses, se apersonaron en grupo en la sede de la Fiscalía General, entregando una carta pública en la cual se le solicita a esta entidad, agilizar los procesos de investigación preliminar para determinar la comisión de presuntos delitos en contra de la estabilidad financiera, presente y futura, de la Caja.
Se le indicó a tal entidad que la crisis financiera y estructural de la CCSS, tiene como base tres tipos de conflictos: a) el conflicto entre el interés público y el interés político-partidario; b) el conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugosos negocios con la salud; y c) el conflicto entre el interés público y el interés gremial.
Además, el más reciente informe político del grupo parlamentario que analizó lo que ha venido sucediendo con la Caja, ya hizo señalamientos directos, individualizados, de personas responsables que, sorprendentemente, siguen en posiciones de poder a lo interno de la institución; e, incluso, han sido promovidos a puestos de mayores responsabilidades. Esto es inaudito y revela la naturaleza del gran poder intramuros en las altas esferas de la Caja cuya esencia no conoce la gente en su totalidad.
“Todos estos conflictos entre el interés público (de la totalidad de la población asegurada) y de unos pocos (políticos, vendedores de servicios, algunos funcionarios inescrupulosos), afectan la labor de la institución y deben ser evidenciados con prontitud. De estas acciones depende la misma sobrevivencia de nuestro modelo de salud universal y solidario, venido a menos y en serio riesgo de colapsar”. Así cerraba la indicada carta a la Fiscalía General de la República de parte de tan calificado grupo suscribiente de la misma.
Lo de la crisis financiera de la Caja viene ser como una especie de “trocha de la Seguridad Social”, nada más que de potenciales repercusiones negativas inimaginables. De ahí que, con todo el respeto del mundo, le estamos diciendo al máximo representante de la Fiscalía General de la República, el honorable Lic. Jorge Chavarría Guzmán que lo que están haciendo en lo de la “piñata regalona” de la trocha 1856, ¡está muy bien!; pero, ¿y lo de la Caja, qué?…
