Trabajadores de JASEC son destinados a labores de limpieza ante falta de continuidad del servicio contratado

Cartago, Costa Rica. — La seccional ANEP- Jasec manifiesta su seria preocupación ante la situación que se presenta en la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), donde trabajadores de la institución están siendo requeridos para realizar labores de limpieza ante la falta de continuidad del servicio contratado para esos fines.

Resulta preocupante que una situación administrativa relacionada con la contratación o renovación del servicio de limpieza termine trasladándose al personal institucional, cuyas plazas, responsabilidades y jornadas laborales están destinadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de apoyo para las cuales fueron contratados.

La administración de una institución pública debe procurar una adecuada planificación de sus contrataciones y garantizar oportunamente la continuidad de aquellos servicios necesarios para su funcionamiento. La falta de un servicio de limpieza no debería resolverse desviando personal de sus funciones ordinarias para asumir tareas que corresponden a un servicio específicamente contratado para ese propósito.

¿QUIÉN ASUME LA RESPONSABILIDAD POR LA FALTA DE PLANIFICACIÓN?

La situación obliga a plantear públicamente varias interrogantes:

¿Por qué no se realizaron oportunamente las gestiones necesarias para garantizar la continuidad del servicio de limpieza?

¿Por qué las consecuencias de una situación administrativa deben recaer sobre los trabajadores?

¿Qué funciones institucionales están dejando de ejecutarse, retrasándose o siendo afectadas mientras el personal es destinado a labores de limpieza?

¿Quién asume la responsabilidad administrativa por no haber garantizado oportunamente la continuidad de este servicio?

El recurso humano de JASEC debe estar concentrado en las labores para las cuales fue contratado y que resultan necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos que brinda la institución.

Destinar trabajadores a realizar funciones ajenas a sus responsabilidades habituales no puede convertirse en la solución frente a deficiencias de planificación administrativa.

LAS LABORES SUSTANTIVAS DE JASEC NO DEBEN VERSE AFECTADAS

Nuestra principal preocupación no se limita únicamente a que trabajadores deban realizar labores de limpieza. También nos preocupa el impacto que esta decisión pueda generar sobre las funciones institucionales que dejan de atenderse mientras esos funcionarios son apartados de sus responsabilidades ordinarias.

JASEC presta servicios públicos esenciales y cuenta con personal técnico, administrativo y operativo cuyas funciones responden a necesidades concretas de la institución y de la ciudadanía.

Por ello, los problemas administrativos no deben trasladarse a los trabajadores ni poner en riesgo la continuidad, oportunidad o calidad de las labores sustantivas de JASEC.

EXIGIMOS UNA SOLUCIÓN INMEDIATA

Desde la representación sindical solicitamos a la Gerencia de JASEC:

  1. Restablecer de manera inmediata y conforme al ordenamiento jurídico el servicio de limpieza requerido por la institución.
  2. Evitar que trabajadores sean apartados de las funciones propias de sus puestos para suplir labores correspondientes a un servicio contratado.
  3. Informar las razones por las cuales no se garantizó oportunamente la continuidad de la contratación del servicio de limpieza.
  4. Determinar el impacto que esta situación está generando sobre las labores ordinarias y sustantivas de JASEC.
  5. Adoptar las medidas administrativas necesarias para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.

Los trabajadores de JASEC no deben cargar con las consecuencias de problemas de planificación administrativa.

Nuestra organización sindical continuará vigilante y defendiendo que cada trabajador pueda desempeñar las funciones propias de su puesto, así como que los recursos humanos de la institución sean utilizados adecuadamente para garantizar los servicios públicos que merece la ciudadanía cartaginesa.

Los problemas de contratación se resuelven con gestión y planificación, no trasladando sus consecuencias a los trabajadores.

ANEP-JASEC

Gerardo Cascante. Asesor Sondical de ANEP

ANEP cuestiona negativa de jefe de RECOPE en otorgar media hora de permiso a madre para cirugía de su hijo

  • Tras la intervención sindical, la Asesoría Jurídica de RECOPE determinó que es legalmente viable conceder el permiso solicitado por la trabajadora.
  • Madres bajo el cargo del jefe señalado, denuncian que no es la primera vez que niega un permiso de esta índole

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) cuestiona la actuación del jefe del Departamento de Administración de Almacenes de RECOPE, ante la negativa de otorgar a una trabajadora un permiso para acompañar a su hijo de 10 años a una cirugía menor, bajo el argumento de que debía aportar una norma específica que autorizara ese tipo de ausencia.

Para ANEP, resulta reprochable que una madre deba enfrentar obstáculos administrativos para atender la salud de su hijo, particularmente cuando la solicitud más reciente consistía en retirarse apenas media hora antes de finalizar su jornada laboral. En especial, porque no es la primera vez que niega un permiso a una madre para temas de esta índole.

Ante esta situación, nuestra organización sindical intervino mediante el oficio ANEP-UDO-0656-2026, denunciando que la negativa colocaba a la trabajadora en la injusta posición de tener que escoger entre cumplir sus obligaciones laborales y acompañar a su hijo a recibir atención médica.

La gestión sindical obtuvo un importante respaldo mediante el oficio AJ-1014-2026, del 28 de septiembre, en el cual la Asesoría Jurídica de RECOPE concluyó que es legalmente viable otorgar el permiso solicitado, sujeto a la presentación de la justificación y certificación médica correspondientes.

El criterio jurídico recuerda que la protección de la salud de las personas menores de edad y su interés superior cuentan con respaldo constitucional e internacional. Asimismo, recoge jurisprudencia de la Sala Constitucional que reconoce la necesidad de garantizar condiciones para conciliar las responsabilidades laborales y familiares.

ANEP considera que este pronunciamiento evidencia la necesidad de que las jefaturas actúen con sensibilidad, razonabilidad y respeto por los derechos fundamentales, en lugar de imponer interpretaciones administrativas restrictivas ante situaciones que involucran la salud de una persona menor de edad.

Una hora de permiso no debería convertirse en una lucha sindical para que una madre pueda acompañar a su hijo a una cita médica.

Afortunadamente tras el criterio emitido por la Unidad Jurídica de RECOPE, se le otorgó el permiso a la funcionaria y el menor pudo asistir a la cita médica.

ANEP señala que déficit de policías y crecimiento de población penitenciaria requieren mayor inversión en Presupuesto 2027

• Proyecto presupuestario del Ministerio de Justicia y Paz disminuye ₡5.654,3 millones respecto de 2026.

• Defensoría de los Habitantes reportó un faltante de 2.722 agentes penitenciarios en abril de 2025.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por medio de su representación en la Policía Penitenciaria, advierte sobre la necesidad de que la discusión del Presupuesto Nacional 2027 contemple el fortalecimiento integral de este cuerpo policial ante el déficit de recurso humano, el crecimiento de la población privada de libertad y las limitaciones de infraestructura, equipamiento y condiciones laborales existentes.

El proyecto presupuestario para 2027 contempla para el Ministerio de Justicia y Paz ₡219.728,7 millones, frente a los ₡225.383 millones correspondientes a 2026, lo que representa una disminución de aproximadamente ₡5.654,3 millones, equivalente a un 2,51 %.

Para ANEP, esta discusión presupuestaria adquiere especial importancia ante las condiciones actuales del sistema penitenciario y las responsabilidades de una Policía que debe garantizar vigilancia, custodia, traslados, control interno, atención de incidentes y emergencias y coordinación con otras instituciones.

Déficit de personal continúa siendo crítico

Uno de los principales problemas identificados es la insuficiencia de recurso humano.

Según el informe citado en los documentos de ANEP, la Defensoría de los Habitantes determinó que el faltante de policías penitenciarios pasó de 1.754 agentes en 2023 a 2.722 en abril de 2025, situación que repercute tanto sobre las condiciones laborales del personal como sobre la operación de los centros penitenciarios.

El diagnóstico señala consecuencias como sobrecarga de funciones, agotamiento, vacaciones acumuladas y dificultades para atender adecuadamente traslados médicos y judiciales, además de riesgos para la seguridad institucional.

A esto se suma el crecimiento de la población penitenciaria. Los datos recopilados muestran que pasó de 14.921 personas en 2021 a 17.055 al cierre de 2024. Para marzo de 2025 se registraban 17.692 personas y, de acuerdo con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura citado en el análisis, al 28 de febrero de 2026 había 19.453 personas recluidas para una capacidad de 13.289 espacios.

164 plazas para 2027 no resuelven el déficit acumulado

ANEP reconoce que el Presupuesto 2027 contempla 164 nuevos puestos de agentes policiales, además de 79 puestos administrativos y ayudantes de cocina para el nuevo Centro de Atención Contra el Crimen Organizado.

Sin embargo, la organización considera necesario establecer un plan progresivo de creación y ocupación de plazas que permita atender también las necesidades de los centros penitenciarios existentes y reducir el déficit acumulado de recurso humano.

Para ello, ANEP plantea identificar técnicamente las necesidades de personal por centro penitenciario y desarrollar estudios actualizados sobre cargas de trabajo, distribución de funcionarios, turnos, cobertura y requerimientos operativos.

Infraestructura, equipo y comunicaciones también requieren inversión

La problemática no se limita al número de policías.

El diagnóstico elaborado por la organización identifica deficiencias en infraestructura, incluyendo edificios, sistemas eléctricos y sanitarios, dormitorios, puestos de vigilancia y espacios destinados al descanso del personal. ANEP solicita una evaluación de la infraestructura penitenciaria nacional y un programa permanente de mantenimiento, reparación, sustitución y construcción.

También se señalan necesidades relacionadas con chalecos antibalas y anti-puntas, radios individuales, baterías, cargadores, uniformes, linternas, equipo táctico y otros implementos de protección indispensables para el servicio.

La flotilla vehicular constituye otra preocupación. El documento reporta vehículos con años de servicio, unidades fuera de operación, problemas de repuestos y mantenimiento, así como la necesidad de vehículos especializados para el traslado de personas privadas de libertad de alta peligrosidad.

ANEP pide revisar brechas salariales

La organización también solicita una revisión técnica y jurídica de las diferencias existentes entre funcionarios bajo salario compuesto y quienes se encuentran bajo salario global, particularmente cuando realizan funciones equivalentes.

ANEP plantea que cualquier revisión debe considerar factores como experiencia, antigüedad, responsabilidad, complejidad y riesgo inherente a la función policial penitenciaria.

Una política permanente para la Policía Penitenciaria

Ante este escenario, ANEP solicita que la discusión del Presupuesto Nacional 2027 incorpore una política presupuestaria específica, progresiva y verificable para la Policía Penitenciaria.

Entre las prioridades planteadas se encuentran la creación progresiva de plazas; revisión de brechas salariales; renovación y mantenimiento de la flotilla; radios individuales y modernización de las comunicaciones; reposición de chalecos y equipos de protección; mejoramiento de infraestructura; capacitación; salud ocupacional y bienestar laboral.

Asimismo, la organización propone establecer una mesa permanente de seguimiento, con participación de las autoridades y representación sindical, que permita verificar mediante metas, cronogramas e indicadores la ejecución de los recursos y avanzar hacia una planificación de corto, mediano y largo plazo.

Para ANEP, el fortalecimiento de la Policía Penitenciaria debe asumirse como una inversión vinculada con la seguridad, la continuidad del servicio público y las condiciones en las que miles de policías desarrollan diariamente sus funciones.

“La dignificación y el fortalecimiento de la Policía Penitenciaria deben convertirse en una política institucional permanente y no en una respuesta ocasional frente a una emergencia.”

Seccionales policiales de ANEP advierten que Presupuesto 2027 no responde a necesidades de seguridad del país

–Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, Policía de Control de Drogas y Servicio de Vigilancia Aérea plantean necesidades urgentes de recurso humano, infraestructura, equipamiento y capacidad operativa.

–• ANEP solicita que la discusión presupuestaria incorpore las necesidades reales de cada cuerpo policial y establezca una política sostenida de fortalecimiento de la seguridad.

Las seccionales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en los diferentes cuerpos policiales advierten sobre las limitaciones que presenta el Presupuesto Nacional 2027 para responder a las necesidades operativas, de recurso humano, infraestructura y equipamiento que enfrentan quienes tienen bajo su responsabilidad diferentes áreas de la seguridad nacional.

Representantes de Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, Policía de Control de Drogas (PCD) y Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) coinciden en la necesidad de que el país avance hacia una política presupuestaria que permita fortalecer de manera sostenida a los cuerpos policiales.

Para ANEP, la seguridad pública no puede sostenerse únicamente sobre el compromiso, sacrificio y disponibilidad de los funcionarios. Se requieren personal suficiente, infraestructura adecuada, vehículos y equipos operativos, tecnología, protección policial, capacitación y condiciones laborales dignas. En el caso de la Policía Penitenciaria, el documento presentado por la Seccional resume precisamente estas necesidades como elementos indispensables para el desempeño de sus funciones.

Migración: necesidades de personal sin respuesta suficiente

Una de las principales preocupaciones se encuentra en la Policía Profesional de Migración, donde la información aportada por la Seccional evidencia necesidades de recurso humano para atender funciones relacionadas con fronteras, aeropuertos, investigaciones, aprehensiones, deportaciones, expulsiones y atención de denuncias.

ANEP-PPM ha advertido que la discusión presupuestaria debe partir de un estudio técnico que determine cuánto personal necesita realmente este cuerpo especializado y, posteriormente, establecer los recursos necesarios para financiar esas plazas.

Para ANEP, fortalecer la Policía Profesional de Migración significa también fortalecer la capacidad del Estado para ejercer adecuadamente el control migratorio y contribuir a la seguridad nacional.

Policía Penitenciaria enfrenta un déficit acumulado

La situación de la Policía Penitenciaria constituye otro punto de especial preocupación.

La documentación analizada por ANEP recoge que la Defensoría de los Habitantes reportó un faltante de 2.722 agentes penitenciarios en abril de 2025, frente a un déficit de 1.754 en 2023.

Paralelamente, la población penitenciaria ha mantenido una tendencia creciente: pasó de 14.921 personas en 2021 a 17.055 en 2024; para marzo de 2025 se reportaban 17.692.

Aunque el Presupuesto 2027 contempla 164 nuevos puestos de agentes policiales, además de 79 puestos administrativos y ayudantes de cocina para el nuevo Centro de Atención Contra el Crimen Organizado, ANEP considera necesario un plan progresivo que permita atender también el déficit acumulado y las necesidades de los centros penitenciarios existentes.

Además, el proyecto presupuestario del Ministerio de Justicia y Paz para 2027 asciende a ₡219.728,7 millones, ₡5.654,3 millones menos que en 2026, equivalente a una disminución del 2,51 %.

PCD y Vigilancia Aérea: reducciones en partidas operativas

Las seccionales de la Policía de Control de Drogas y del Servicio de Vigilancia Aérea también advierten sobre reducciones en partidas directamente relacionadas con sus capacidades operativas.

Según el análisis aportado por ambas representaciones, el presupuesto de Seguridad Pública presenta para 2027 una disminución de ₡6.154,6 millones con respecto a 2026.

En el SVA, se identifican reducciones de ₡12,7 millones en mantenimiento y reparación de equipo de transporte y aproximadamente ₡9,8 millones en repuestos y accesorios. Además, para 2027 no se contemplan recursos en las partidas de textiles y vestuario ni útiles y materiales de resguardo y seguridad.

En la PCD, las reducciones identificadas incluyen ₡26,94 millones en textiles y vestuario, aproximadamente ₡54,6 millones en útiles y materiales de resguardo y seguridad y ₡208,6 millones en bienes duraderos. También se señalan disminuciones en equipo y programas de cómputo, así como en maquinaria, equipo y mobiliario diverso.

Para ANEP resulta necesario revisar estas partidas considerando que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado requiere inversión permanente en inteligencia, investigación, tecnología, transporte, equipos especializados, mantenimiento, capacitación y recurso humano.

Fuerza Pública también requiere fortalecimiento

En el caso de la Fuerza Pública, ANEP ha planteado una agenda integral que contempla necesidades de recurso humano, infraestructura policial adecuada, equipamiento, renovación y mantenimiento de vehículos y motocicletas, equipos de comunicación y protección, sistemas tecnológicos y capacitación permanente.

La organización considera que el fortalecimiento policial no puede medirse únicamente por la cantidad de recursos asignados, sino también por la capacidad real de convertirlos en mejores condiciones operativas para los funcionarios y en un mejor servicio de seguridad para la ciudadanía.

ANEP pide una política integral de fortalecimiento policial

Las diferentes realidades identificadas por las seccionales muestran que no todos los cuerpos policiales enfrentan los mismos problemas, pero sí existen necesidades comunes que requieren planificación presupuestaria de corto, mediano y largo plazo.

Por ello, ANEP solicita que durante la discusión del Presupuesto Nacional 2027 se valoren las necesidades técnicas y operativas de cada cuerpo policial y se establezcan prioridades en materia de:

  • Creación y ocupación de plazas policiales.
  • Infraestructura y condiciones adecuadas en los centros de trabajo.
  • Renovación y mantenimiento de vehículos, aeronaves y flotillas.
  • Equipamiento y protección personal.
  • Tecnología, inteligencia y sistemas de comunicación.
  • Capacitación y especialización.
  • Revisión de las condiciones salariales y laborales.

ANEP considera además necesario establecer mecanismos permanentes de diálogo y seguimiento entre las autoridades y las representaciones de las personas trabajadoras, con metas, plazos e indicadores que permitan verificar la ejecución de los recursos destinados al fortalecimiento policial.

La discusión presupuestaria no puede limitarse a determinar cuánto dinero recibe cada institución. Debe responder una pregunta fundamental: ¿cuáles son los recursos humanos, materiales y tecnológicos que necesitan realmente los cuerpos policiales para cumplir eficazmente sus responsabilidades?

Costa Rica necesita cuerpos policiales con suficiente personal, equipados, capacitados y con condiciones laborales dignas. Fortalecer a quienes tienen la responsabilidad de enfrentar el narcotráfico, crimen organizado y otras amenazas a la seguridad significa fortalecer la capacidad del Estado para proteger a la población.

SECCIONALES CUERPOS  POLICIALES – ANEP

ANEP solicitó a la Contraloría General fiscalizar la priorización de inversiones en el ICE

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó este martes 22 de septiembre a la Contraloría General de la República (CGR), mediante el oficio S.G. 25-29-1040-26, fiscalizar la planificación financiera y la priorización de inversiones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ante los recientes hallazgos de atrasos y sobrecostos en proyectos de transmisión eléctrica y la decisión institucional de construir una nueva sede central.

La preocupación de nuestra organización surge en momentos en que la propia Contraloría ha identificado importantes deficiencias en la planificación y ejecución de proyectos de transmisión eléctrica del ICE, que acumulan incrementos en sus costos por ₡13.437 millones y retrasos de hasta más de seis años.

Y es que el proyecto de Refuerzo de Transmisión Península de Nicoya acumula más de seis años de retraso y un incremento en su costo de ₡5.634 millones. ¿Qué explicación ofrece la administración superior del ICE ante estos resultados y qué medidas está adoptando para corregir esta situación?

Como bien ha recogido recientemente el Semanario Universidad, hace tan sólo unos tres meses el presidente ejecutivo del ICE, el señor Marco Acuña Mora, afirmó que no era necesaria la construcción de un nuevo edificio para la sede central del ICE. Sin embargo, ahora su postura ha cambiado drásticamente y se inició con celeridad el desmantelamiento del edificio Jorge Manuel Dengo Obregón para arrancar con su demolición. Proceso que se encuentra temporalmente paralizado gracias a una medida cautelar solicitada por la ANEP.

Ante este escenario, surge una interrogante que consideramos fundamental: ¿cuáles criterios técnicos y financieros justifican impulsar la construcción de una nueva sede central mientras existen proyectos de transmisión eléctrica que acumulan importantes retrasos y sobrecostos? ¿Se ha evaluado el impacto que esta nueva inversión podría tener sobre la ejecución de esos proyectos estratégicos?

Desde nuestra organización consideramos que esta situación denota que el ICE no estaría priorizando adecuadamente sus inversiones pues descuida proyectos tan importantes para la institución como los de transmisión eléctrica mientras insiste en la construcción de un nuevo edificio que no está para nada claro si es necesario.

Desde la ANEP reafirmamos nuestro compromiso con la familia iceísta y con la transparencia en la gestión institucional. Seguiremos vigilantes de que las inversiones del ICE respondan a criterios técnicos, financieros y de interés público, y de que sus recursos se administren de manera responsable.

ANEP presenta recurso de amparo solicitando evaluación psicológico-forense del ministro Rodrigo Chaves

• Recurso pide determinar mediante una valoración profesional e independiente si existen rasgos o patrones de conducta que puedan incidir en el ejercicio de sus funciones públicas.

• ANEP también recurre a la Presidencia de la República por su responsabilidad constitucional en el nombramiento y eventual remoción de ministros.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó este lunes 21 de septiembre de 2026 un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Presidencia de la República y contra Rodrigo Chaves Robles, en su condición de ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda.

La pretensión principal planteada por ANEP consiste en que se determine, mediante una evaluación psicológico-forense multimétodo, si las conductas de Chaves Robles, documentadas en el recurso podrían estar asociadas con determinados rasgos o patrones de personalidad y, especialmente, si estos podrían comprometer aspectos como el juicio ponderado, la proporcionalidad de las decisiones, la tolerancia al control institucional y el trato igualitario en el ejercicio de dos ministerios de impacto nacional.

Para sustentar su solicitud, la organización incorpora una recopilación de acontecimientos, declaraciones y actuaciones públicas de Chaves Robles, ocurridas entre 2022 y septiembre de 2026, dirigidas o relacionadas con diputados, autoridades de órganos de control, integrantes del Poder Judicial, periodistas, medios de comunicación, universidades, mujeres y distintos sectores de la ciudadanía. El recurso sostiene que estos hechos deben analizarse integralmente para establecer si existe algún patrón relevante para el ejercicio de la función pública.

La ANEP también plantea que la Sala valore medidas dirigidas a garantizar el funcionamiento institucional y el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política, particularmente en lo relacionado con la obligación estatal de procurar el mayor bienestar de las personas habitantes del país.

Recurso también se dirige contra la Presidencia de la República

La acción constitucional también se presenta contra la Presidencia de la República, encabezada por Laura Fernández Delgado, debido a que fue quien nombró a Rodrigo Chaves como ministro.

ANEP fundamenta esta parte de su recurso en el artículo 139 de la Constitución Política, señalando que la Presidencia posee la potestad constitucional de nombrar y remover ministros, y relaciona esa responsabilidad con las obligaciones atribuidas al Poder Ejecutivo para mantener el orden y la tranquilidad de la Nación y resguardar las libertades públicas.

La organización considera que corresponde a la Presidencia adoptar las previsiones que resulten procedentes mientras se analiza la situación planteada ante la jurisdicción constitucional.

Además, ANEP solicita valorar medidas que garanticen el adecuado funcionamiento institucional y plantea restricciones relacionadas con decisiones que puedan afectar a órganos de control y al Poder Judicial mientras se resuelve el asunto principal.

Será ahora la Sala Constitucional la encargada de determinar la admisibilidad y procedencia de las pretensiones formuladas, así como el alcance de cualquier medida que eventualmente corresponda.

Declaraciones de Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP sobre Recurso de Amparo

Ante recurso de amparo de la ANEP: Sala Constitucional ordena al ICE detener demolición del edificio Jorge Manuel Dengo Obregón

• Medida se mantendrá mientras la Sala resuelve el recurso de amparo presentado por ANEP.

• ICE deberá rendir informe y aportar la documentación relacionada con la decisión de demolición.

La Sala Constitucional ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no ejecutar la demolición del edificio Jorge Manuel Dengo Obregón, sede histórica de sus oficinas centrales en La Sabana, mientras se resuelve el recurso de amparo presentado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

La resolución corresponde al expediente N.° 26-033856-0007-CO y fue emitida este 18 de setiembre de 2026. La Sala dispuso expresamente que las autoridades recurridas no podrán ejecutar la orden de demolición “hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa”.

Además, el Tribunal Constitucional solicitó al Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo del ICE rendir un informe sobre los hechos planteados en el recurso. Ese informe deberá ser presentado dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación y acompañado de copia certificada de la documentación y demás soportes relacionados estrictamente con el objeto del recurso.

Para ANEP, esta resolución constituye un paso importante para garantizar que antes de adoptar una decisión irreversible se conozcan y analicen los fundamentos técnicos, estructurales, económicos y patrimoniales que sustentan la eventual demolición.

La organización reiteró que la discusión no puede limitarse únicamente a demoler o sustituir el inmueble, sino que deben conocerse los estudios correspondientes y valorarse las posibilidades de reforzamiento, rehabilitación y conservación de un edificio ligado a la historia institucional del ICE y al desarrollo de la infraestructura pública costarricense.

ANEP dará seguimiento al proceso ante la Sala Constitucional y a la documentación que deberá aportar el ICE.

ANEP logra avanzar en el pago de deudas a trabajadores de la Municipalidad de Desamparados

Tras la audiencia ante el Ministerio de Trabajo, se acordó impulsar tres acciones: reconocer integralmente los derechos de la última Convención Colectiva, calcular individualmente las deudas con cada persona trabajadora y establecer una mesa tripartita entre Alcaldía, Concejo Municipal y ANEP para definir la ruta de pago.

Pago de anualidades en Goicoechea es un derecho adquirido por la clase trabajadora

Ante la desinformación sobre las repercusiones del pago de anualidades en las obras del cantón, la seccional dentro de la Municipalidad de Goicoechea aclara que honrar la deuda corresponde a derechos adquiridos por el personal, no un aumento o similares.

ANEP tiene nueva oficina para la atención del personal bananero en Sarapiquí

El espacio tiene como objetivo que las personas afiliadas se reúnan para abordar diferentes temas, pero también para quienes no forman parte de la ANEP puedan afiliarse y ser ayudados en los diferentes procesos.