Como parte del accionar por la defensa y mejora del sector agrícola, sindicatos presentarán al sector patronal una serie de puntos que permitan generar acciones positivas para la clase trabajadora.
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Diputada oficialista presenta proyecto para devolución total del ROP a Junta Directiva Nacional
Resultados contradicen pronunciamientos de jerarcas del ICE
- La objetividad que exige el caso de la avería en plataforma del ICE
En los últimos meses, algunos jerarcas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han manifestado públicamente que la institución “está volando”, en alusión a un supuesto buen desempeño de sus operaciones, particularmente en el sector de telecomunicaciones. Sin embargo, las evidencias técnicas y los informes emitidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), así como diversas publicaciones en medios de comunicación como AM Prensa, Diario Extra y La Teja, contradicen esa afirmación de forma contundente.
Según el más reciente informe técnico elaborado por SUTEL en conjunto con la firma especializada Opensignal, la empresa Claro obtuvo mejores calificaciones que sus competidores en 8 de las 10 categorías analizadas, incluyendo velocidad de descarga, experiencia en video y juegos, estabilidad de red y confiabilidad del servicio. Kölbi, marca de telecomunicaciones del ICE, apenas logró destacar en dos categorías, disponibilidad 4G y cobertura general. Este informe técnico, de carácter objetivo y basado en millones de mediciones de usuarios reales, representa una radiografía clara del estado actual de la competencia en telecomunicaciones.
Estos resultados no sólo evidencian un rezago evidente de Kölbi frente a Claro, sino que contradicen de forma directa el discurso optimista que ha sostenido parte de la alta jerarquía institucional del ICE. Esta contradicción entre el discurso oficial y la realidad empírica debe preocupar, pues genera un desfase entre la percepción interna y las verdaderas condiciones del mercado, debilitando la toma de decisiones estratégicas y afectando la credibilidad institucional.
Desde una perspectiva jurídica y de gobernanza pública, este desfase no es un simple error de comunicación, sino un reflejo de falta de responsabilidad administrativa. El Estatuto del Personal del ICE y la Ley General de la Administración Pública establecen principios claros de legalidad, eficiencia, transparencia y buena administración que deben regir las actuaciones de la administración superior y del Consejo Directivo. El ocultamiento o maquillaje de datos objetivos, así como la omisión de acciones correctivas frente a deficiencias identificadas por los órganos reguladores, podría eventualmente constituir una omisión grave en el ejercicio del deber funcional.
Además, la negativa a reconocer y actuar sobre estas deficiencias tiene implicaciones directas en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. Medios como La Teja recogen testimonios de usuarios molestos por los constantes problemas de conectividad, la lentitud del servicio y la falta de respuesta efectiva por parte de Kölbi. Cuando una empresa estatal, cuyo mandato es precisamente garantizar el acceso universal, equitativo y de calidad a las telecomunicaciones, deja de escuchar a sus usuarios y se aferra a una narrativa institucional autocomplaciente, se pone en riesgo no sólo su legitimidad, sino también su sostenibilidad en el mercado.
Cabe recordar que el ICE, a través de Kölbi, es el único operador público que compite en un mercado abierto y liberalizado. Su existencia no sólo tiene valor comercial, sino un peso estratégico para mantener el equilibrio entre los intereses privados y el bien público. Sin embargo, si esta empresa no responde con agilidad, calidad y responsabilidad institucional, su deterioro podría ser irreversible.
Ante esta situación, resulta urgente que la Administración Superior y el Consejo Directivo del ICE, establezcan mecanismos internos de rendición de cuentas, así como la elaboración de un plan inmediato y transparente para la mejora del servicio, así como fortalecer el vínculo con sus usuarios mediante una política de atención eficiente y honesta.
En conclusión, el ICE no está “volando”. Está siendo superado por sus competidores en aspectos clave de calidad, velocidad y percepción del usuario. Insistir en un discurso que ignora los datos sólo profundiza la desconexión institucional y pone en entredicho el liderazgo de quienes hoy están llamados a conducir a la institución en un mercado cada vez más exigente. La verdadera fortaleza del ICE no está en frases grandilocuentes, sino en su capacidad para actuar con visión, técnica y transparencia.
ANEP denuncia grave violación de derechos hacia una funcionaria y su hijo lactante por parte del PANI
• La institución rectora en materia de niñez y adolescencia vulnera los derechos laborales y humanos de una trabajadora y su hijo.
• Omisión institucional impide el ejercicio efectivo del derecho a la lactancia materna y contradice el mandato legal del PANI en el DARI de Alajuela.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia públicamente una grave vulneración de derechos humanos y laborales ejecutada por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución rectora en materia de niñez y adolescencia, que afecta directamente a una funcionaria en periodo de lactancia y a su hijo, persona menor de edad, en el Departamento de Atención Inmediata (DARI) de la Dirección Regional de Alajuela.
Mediante el oficio S.G. 21-25-3961-25, la ANEP planteó una gestión urgente y sólidamente fundamentada en favor de la funcionaria y su hijo lactante, ante la respuesta institucional tardía, insuficiente y omisiva que le ha impedido ejercer de manera plena y oportuna su derecho irrenunciable a la lactancia materna directa. A pesar de la solicitud expresa para que se resolviera de forma inmediata —considerando que el niño no puede esperar—, la institución ha mantenido un silencio absoluto, prolongando la vulneración de derechos fundamentales y demostrando una preocupante falta de compromiso con su mandato legal y ético.
Desde el 9 de mayo de 2025, la funcionaria ha solicitado formalmente un ajuste en su jornada laboral que le permita ejercer el derecho irrenunciable a la lactancia materna. Sin embargo, el PANI ha incurrido en una inaceptable omisión institucional, sin ofrecer respuesta o solución efectiva después de más de veinte días, vulnerando gravemente derechos fundamentales que garantizan la salud, bienestar y desarrollo integral tanto de la madre como del menor.
Este caso no es una falla administrativa aislada, sino un reflejo de una práctica sistemática que contradice el compromiso institucional del PANI, institución creada para proteger y promover el interés superior de la persona menor de edad. Resulta inadmisible que una institución con ese mandato permita la vulneración constante de derechos en su propia estructura, exponiendo a una madre trabajadora y a su hijo a condiciones laborales que dificultan el ejercicio pleno de la lactancia materna, lo cual afecta directamente su salud física y emocional.
La funcionaria se desempeña en un contexto de turnos rotativos, atención a emergencias y ambientes de alta tensión, condiciones que agravan el riesgo para su bienestar y el de su hijo. La normativa vigente es clara: las madres lactantes deben ser excluidas de jornadas nocturnas, giras extensas y funciones que comprometan su derecho a la lactancia y su salud, disposiciones que el PANI no ha respetado ni aplicado.
La ANEP hace un llamado urgente a la Presidencia Ejecutiva del PANI y a la Dirección Regional de Alajuela para que asuman su responsabilidad institucional, cumpliendo de manera inmediata con la legislación vigente y garantizando la modificación efectiva y urgente del horario laboral de la funcionaria para permitir el cumplimiento pleno del derecho a la lactancia materna.
ANEP reitera la importancia de que el PANI actúe con responsabilidad y compromiso real para proteger los derechos de sus funcionarias y, por ende, el bienestar de la niñez que debe tutelar. La lactancia materna no es solo un derecho individual, sino un pilar fundamental para el desarrollo saludable de los niños y una obligación institucional que no admite dilaciones ni excusas.
La omisión y la falta de respuestas concretas no solo afectan a una madre y a su hijo, sino que también representan un daño directo al cumplimiento del mandato legal y ético del PANI como garante del interés superior de la persona menor de edad.
Por ello, la ANEP solicita a la Presidenta Ejecutiva del PANI, Kennly Garza Sánchez, que asuma con urgencia y responsabilidad las acciones necesarias para resolver esta situación de manera inmediata.
El respeto pleno a los derechos laborales y humanos no es opcional; es la base para construir una institución digna, coherente y verdaderamente comprometida con su misión de proteger a la niñez y a quienes trabajan en ella.
Compartimos declaraciones de Jeffry Hernández Rojas, Asesor Sindical ANEP en el PANI.
Respuesta de ANEP al pronunciamiento del AyA: la información es verídica y la realidad institucional es indefendible
En relación con el comunicado emitido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) rechaza de forma categórica cualquier insinuación de que este sindicato haya divulgado información falsa sobre la adquisición del vehículo de lujo para la Presidencia Ejecutiva.
La cifra de 14.831 kilómetros reportada para el vehículo BPL438, Toyota Land Cruiser Prado TX año 2017, fue obtenida directamente del Sistema de Gestión de Transporte GETRANS, herramienta institucional, cuya confiabilidad en la sana teoría debería cumplir con lo que establece la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Control Interno, que exigen la integridad y trazabilidad de los sistemas de información.
Es importante señalar que dicha información fue consultada días antes de que la unidad fuera entregada a la empresa proveedora, y ya ha sido formalmente remitida a las entidades de fiscalización como parte de la denuncia presentada por ANEP.
Frente a las afirmaciones del AyA de que el vehículo tenía 178.000 kilómetros, solo caben dos posibilidades:
1. Que el AyA cuenta con sistemas de información institucional poco confiables o incluso manipulables, lo cual compromete gravemente la transparencia en la gestión pública.- O que el vehículo recorrió en pocas semanas una distancia equivalente a un viaje de ida y vuelta al Polo Norte, lo cual resulta francamente absurdo.
Este intento de justificar lo injustificable agrava la ya deteriorada credibilidad de la administración del AyA.
Además, es aún más cuestionable la compra de un nuevo vehículo de lujo, valorado en más de USD $90.000, cuando la institución ya dispone de vehículos en operación y asignados a los más altos niveles jerárquicos, entre ellos:
• Unidad 102-2325, Pick-Up 4x4 año 2021, prestado a la Presidencia Ejecutiva desde septiembre 2023.
• Unidad 102-2225, Kia Seltos Rural 4x2 año 2020, asignado a la Subgerencia General.
• Unidad 102-2224, Kia Seltos Rural 4x2 año 2020, asignado a la Gerencia General.¿Cómo se justifica entonces la adquisición de otra unidad de alta gama si ya existe un parque vehicular disponible y funcional en la institución?
Más aún, ¿cómo es posible que la empresa proveedora aceptara como parte del trato un vehículo en mal estado mecánico? Esto evidentemente, no corresponde con la realidad técnica ni comercial, ya que agencias como Grupo Purdy Motor solo reciben unidades en buenas condiciones y luego las revenden a un precio acorde con el mercado.
Además es importante señalar otros gastos suntuosos que ya ha realizado la institución, como:
• El alquiler de vehículos para el transporte discrecional del Presidente Ejecutivo.
• La remodelación de su oficina con acabados de lujo, en momentos en que muchas regiones operativas carecen de vehículos en condiciones funcionales para cumplir tareas esenciales.Mientras se despilfarran recursos públicos en lujos para jerarcas, las unidades operativas enfrentan carencias críticas. Además, con las decisiones administrativas que se están tomando, la ejecución del presupuesto 2025 podría verse comprometida, e incluso, configurarse un eventual fraccionamiento presupuestario o ineficiencia administrativa.
Desde ANEP, ratificamos nuestra denuncia formal ante las autoridades competentes, y advertimos que daremos seguimiento firme y continuo a este caso hasta que se establezcan las responsabilidades correspondientes.
Asimismo, hacemos un llamado enérgico a la Asamblea Legislativa para que cite a comparecer a la Gerente General Alejandra Mora Segura y a la Directora de la Dirección de Servicios de Apoyo, para que rindan cuentas ante el país sobre estas decisiones que atentan contra el interés general.
La ciudadanía merece instituciones responsables, no administraciones al servicio del confort personal de sus jerarcas.
¡Basta de privilegios con fondos públicos!
ANEP – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP denuncia despilfarro de recursos públicos en la compra de vehículo de lujo en el AyA
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informa a la opinión pública, que ha presentado una denuncia formal ante las autoridades competentes contra la Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Alejandra Mora Segura, y la Directora de la Dirección de Servicios de Apoyo, Jessica Brizuela, por el uso injustificado de recursos públicos en la compra de un vehículo de lujo para uso de la Presidencia Ejecutiva.
Mucho se ha dicho en los medios de comunicación sobre la adquisición de dicho vehículo, sin embargo, los verdaderos responsables de tramitar y facilitar esta compra, para complacer los gustos personales del presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, permanecen sin ser llamados a cuentas. Este sindicato ha decidido actuar con responsabilidad institucional y denunciar los hechos concretos, con base en pruebas y fundamentos jurídicos claros.
Según consta en la documentación oficial, la institución contaba con un vehículo en excelente estado, con apenas 14.831 kilómetros recorridos, y en buen estado de conservación, el cual fue entregado como parte del pago de una nueva unidad valorada en más de $92.000, sin que existiera una justificación técnica válida para su reemplazo. Esta decisión se tomó a pesar de que la institución aún debe ejecutar un presupuesto millonario para la compra de vehículos esenciales, como camiones y unidades pick-up, indispensables para las tareas operativas del AyA.
Este tipo de decisiones administrativas comprometen gravemente la eficiencia del gasto público, violan los principios de legalidad y probidad que deben regir en la función pública, y representan un claro acto de despilfarro institucional.
La ANEP considera de suma importancia, que la Asamblea Legislativa también asuma su responsabilidad en el control político y cite a comparecer tanto a la Gerente General, Alejandra Mora Segura, como a la Directora de la Dirección de Servicios de Apoyo, Jessica Brizuela, a fin de que den cuentas ante el país sobre estos hechos.
Desde la ANEP reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los recursos públicos, el combate a la discrecionalidad administrativa y la vigilancia ciudadana sobre el uso de los fondos que pertenecen a toda la población.
¡El país no tolera más lujos ni privilegios con dinero público mientras tantas necesidades básicas siguen sin ser atendidas!.
Seccional en la Municipalidad de San José inaugura su oficina de atención a la clase trabajadora
AyA compromete más de 218 millones en servicios profesionales que podrían asumirse internamente
-¿Contrataciones innecesarias o despilfarro institucional?
En medio de una crisis hídrica nacional, con comunidades enteras enfrentando cortes constantes de agua y una creciente indignación ciudadana por la gestión ineficiente del recurso hídrico, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), parece mantener prioridades cuestionables, comprometiendo recursos públicos en contrataciones externas que, a todas luces, podrían ser asumidas por su robusta estructura interna.
Recientemente, mediante la licitación 2025LD-000016-0021400001, se adjudicó a la empresa BCR Consultores Sociedad Anónima un contrato por ₡32.004.744 para “Servicios profesionales en administración de empresas con énfasis en contaduría pública” con el fin de integrar, como miembro independiente, el Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva del AyA.
Esta contratación resulta particularmente alarmante cuando se toma en cuenta que la Presidencia Ejecutiva del Instituto cuenta con una amplia estructura técnica y administrativa con profesionales altamente capacitados en las áreas de contabilidad, auditoría y gestión financiera. ¿Cuál es entonces la justificación real para contratar servicios externos cuando existen capacidades instaladas dentro de la misma institución?
Aún más grave es que esta contratación no es un caso aislado.
Actualmente se encuentra en trámite la contratación 0062025003500003, por un monto estimado de ₡186.078.145,76, para servicios profesionales de revaluación de activos de Propiedad, Planta y Equipo (PPE). Según la justificación oficial, la institución afirma no contar con suficiente capacidad para ejecutar dicha labor debido a “la carga de trabajo actual del área de avalúos”. Este argumento evidencia una alarmante falta de planificación institucional: si se sabe que estos procesos son periódicos y necesarios para mantener actualizados los estados financieros, ¿por qué no se han fortalecido internamente las unidades responsables?
En vez de invertir en la mejora y eficiencia de sus propias direcciones técnicas —algunas de las cuales apenas cuentan con personal suficiente o han sido desprovistas de funciones estratégicas— se opta por desviar millones del presupuesto institucional a consultorías externas, muchas veces sin transparencia suficiente sobre los criterios de contratación y sin una evaluación técnica pública sobre la pertinencia de estos servicios.
Más de 218 millones de colones en contrataciones externas, en dos procesos por separado, son una muestra clara del despilfarro de recursos públicos y la desconexión de la alta administración del AyA con las verdaderas prioridades del país.
Resulta inaceptable que, mientras se le exige a la ciudadanía hacer sacrificios frente a la crisis hídrica y se reportan fallas constantes en el servicio, se comprometan recursos públicos en contrataciones cuya necesidad es, como mínimo, debatible. Es momento de exigir rendición de cuentas a la Junta Directiva y a la Presidencia Ejecutiva, y de abrir un debate nacional sobre el uso eficiente, ético y responsable de los fondos públicos dentro de instituciones estratégicas como el AyA.
San José, Costa Rica, 12 de junio de 2025
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
