• Medida se mantendrá mientras la Sala resuelve el recurso de amparo presentado por ANEP.
• ICE deberá rendir informe y aportar la documentación relacionada con la decisión de demolición.
La Sala Constitucional ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no ejecutar la demolición del edificio Jorge Manuel Dengo Obregón, sede histórica de sus oficinas centrales en La Sabana, mientras se resuelve el recurso de amparo presentado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
La resolución corresponde al expediente N.° 26-033856-0007-CO y fue emitida este 18 de setiembre de 2026. La Sala dispuso expresamente que las autoridades recurridas no podrán ejecutar la orden de demolición “hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa”.
Además, el Tribunal Constitucional solicitó al Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo del ICE rendir un informe sobre los hechos planteados en el recurso. Ese informe deberá ser presentado dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación y acompañado de copia certificada de la documentación y demás soportes relacionados estrictamente con el objeto del recurso.
Para ANEP, esta resolución constituye un paso importante para garantizar que antes de adoptar una decisión irreversible se conozcan y analicen los fundamentos técnicos, estructurales, económicos y patrimoniales que sustentan la eventual demolición.
La organización reiteró que la discusión no puede limitarse únicamente a demoler o sustituir el inmueble, sino que deben conocerse los estudios correspondientes y valorarse las posibilidades de reforzamiento, rehabilitación y conservación de un edificio ligado a la historia institucional del ICE y al desarrollo de la infraestructura pública costarricense.
ANEP dará seguimiento al proceso ante la Sala Constitucional y a la documentación que deberá aportar el ICE.
Tras la audiencia ante el Ministerio de Trabajo, se acordó impulsar tres acciones: reconocer integralmente los derechos de la última Convención Colectiva, calcular individualmente las deudas con cada persona trabajadora y establecer una mesa tripartita entre Alcaldía, Concejo Municipal y ANEP para definir la ruta de pago.
Ante la desinformación sobre las repercusiones del pago de anualidades en las obras del cantón, la seccional dentro de la Municipalidad de Goicoechea aclara que honrar la deuda corresponde a derechos adquiridos por el personal, no un aumento o similares.
El espacio tiene como objetivo que las personas afiliadas se reúnan para abordar diferentes temas, pero también para quienes no forman parte de la ANEP puedan afiliarse y ser ayudados en los diferentes procesos.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó formalmente a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia General del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) información detallada sobre la presencia de representantes o personal del Comando Sur de Estados Unidos en instalaciones institucionales en San Pedro, ante la necesidad de garantizar transparencia, legalidad y claridad sobre las actividades que se estarían desarrollando.
Mediante el oficio S.G. 25-29-0993-26, ANEP plantea una serie de interrogantes fundamentales: ¿qué objetivo tiene esta presencia?, ¿quién la autorizó?, ¿qué actividades realizan?, ¿durante cuánto tiempo permanecerán?, ¿qué personas funcionarias del ICE participan y qué información, instalaciones, sistemas o recursos institucionales tendrán a su alcance? La organización también solicita conocer si existe algún convenio, acuerdo de cooperación, carta de entendimiento u otro instrumento jurídico que respalde estas actividades.
Particularmente, ANEP considera necesario aclarar si existen protocolos o restricciones para el acceso a áreas, información o sistemas del ICE, cuál es el beneficio concreto que recibirá la institución y si las instancias correspondientes fueron informadas de las razones que justifican la presencia de personal extranjero. Además, se solicita confirmar si existe un acuerdo, convenio o autorización formal entre el ICE y el Gobierno de los Estados Unidos, o alguna de sus dependencias, que respalde estas actividades.
Para ANEP, un asunto de esta naturaleza debe manejarse con absoluta transparencia. El ICE administra infraestructura, sistemas y recursos estratégicos para Costa Rica, por lo que las personas trabajadoras y la ciudadanía tienen derecho a conocer con claridad quién autorizó esta presencia, para qué se autorizó y cuáles son sus alcances y límites.
ICE no ha presentado estudios técnicos que respalden demolición.
ICOMOS Costa Rica destaca valor patrimonial del edificio.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó ante la Sala Constitucional un recurso de amparo, que se tramitará bajo el expediente N.° 26-033856-0007-CO, contra la posible demolición del edificio Jorge Manuel Dengo Obregón, histórica sede del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Una de las principales preocupaciones planteadas por ANEP es que se pretende avanzar hacia una decisión irreversible sin que se hayan divulgado públicamente los estudios técnicos que la justifican. De acuerdo con lo expuesto en el recurso, tampoco se conocen de manera transparente y técnicamente contrastable los análisis integrales sobre vulnerabilidad, posibilidades de reforzamiento, rehabilitación y costo-beneficio patrimonial.
A esto se suma el criterio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica (UCR), que mediante el oficio FI-438-2026 señaló que los estudios utilizados para justificar la decisión no han sido divulgados. La Facultad también indicó que el hecho de que una estructura construida hace cerca de 60 años no cumpla todas las exigencias de un código sísmico moderno no significa necesariamente que haya perdido su funcionalidad. Además, calificó el edificio como un referente de la ingeniería estructural nacional y señaló que públicamente no existe una razón técnica o económica que demuestre que su readecuación o reforzamiento sea imposible
Esta preocupación también ha sido señalada por ICOMOS Costa Rica, que atribuye al inmueble valores patrimoniales, arquitectónicos, históricos y de memoria institucional. La organización especializada advierte, además, sobre el carácter irreversible de una eventual demolición y sostiene que un inmueble no necesita una declaratoria formal para poseer valor patrimonial.
Antes de destruir una infraestructura ligada a la historia del ICE y del desarrollo nacional, deben conocerse los estudios, valorar técnicamente las alternativas y determinar su posible importancia histórica y arquitectónica.
• ANEP logra que se elimine filtro administrativo que obstaculizaba la comunicación directa de la organización sindical con las distintas dependencias de la institución.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto con su Comité de Enlace en la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), obtuvo una importante victoria en defensa de la libertad sindical, luego de que la Sala Constitucional declarara parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado contra disposiciones adoptadas por esa institución.
Mediante la resolución n.º 2026031967, correspondiente al expediente 26-020687-0007-CO, dictada el 20 de agosto de 2026, la Sala Constitucional anuló el punto 3 del Acuerdo 10 del Acta 04-2026 de la CONAI.
Dicha disposición obligaba a que toda interacción, traslado de información o remisión de documentación hacia las organizaciones sindicales fuera canalizada obligatoriamente por medio de la Dirección Ejecutiva de la CONAI.
Para la Sala Constitucional, esta centralización obligatoria constituía un obstáculo para el ejercicio efectivo de derechos fundamentales de la organización sindical, particularmente la libertad sindical, el derecho de petición y pronta respuesta y el acceso a la información pública.
El Tribunal Constitucional determinó que no existe justificación para establecer una centralización de las comunicaciones que termine obstaculizando el ejercicio de los derechos fundamentales de una organización sindical.
ANEP podrá mantener comunicación directa con las dependencias
Con esta resolución se elimina una barrera administrativa que condicionaba la posibilidad del sindicato de comunicarse directamente con las distintas oficinas y dependencias de la CONAI.
Para ANEP, la importancia del fallo radica en que reafirma que la libertad sindical no consiste únicamente en el derecho de las personas trabajadoras a organizarse, sino también en garantizar las condiciones necesarias para ejercer efectivamente la representación sindical.
Esto incluye presentar gestiones, solicitar información, obtener respuestas oportunas y mantener una comunicación directa y fluida con aquellas dependencias institucionales competentes para resolver las solicitudes planteadas.
La Sala también reconoce que obligar a que todas las comunicaciones sindicales pasen previamente por una autoridad superior puede generar atrasos y afectar la efectividad de la actividad sindical.
Un precedente relevante para el sector público
ANEP considera que esta resolución trasciende la situación particular presentada en la CONAI y reafirma un principio fundamental para las organizaciones sindicales que desarrollan su labor dentro del sector público.
Las instituciones no pueden establecer filtros administrativos que controlen, retrasen o dificulten injustificadamente la comunicación de los sindicatos con las dependencias públicas.
El criterio coincide además con el aplicado recientemente por la Sala Constitucional frente a una disposición semejante adoptada en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), fortaleciendo la protección constitucional de la acción sindical.
La resolución también advirtió al presidente de la CONAI sobre las consecuencias legales derivadas de un eventual incumplimiento de lo ordenado y condenó a la institución al pago de las costas, daños y perjuicios correspondientes, que deberán determinarse en la vía contencioso-administrativa.
ANEP aclara que el recurso fue declarado parcialmente con lugar, pues la Sala no acogió otros extremos relacionados con los lineamientos de evaluación del desempeño y la confidencialidad de determinados documentos preparatorios.
Sin embargo, la anulación de la disposición que centralizaba obligatoriamente las comunicaciones sindicales representa una victoria sustantiva en defensa de la libertad sindical y del derecho de las organizaciones de trabajadores a desarrollar su actividad sin obstáculos administrativos injustificados.
La ANEP y su Comité de Enlace en la CONAI continuarán firmes en la defensa de la libertad sindical, el respeto de los derechos fundamentales y las garantías de las personas trabajadoras.
Declaraciones de Javier Camacho, Comité de Enlace ANEP-Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI).
-Rotar funcionarios cada tres meses entre provincias podría afectar la operatividad de los cuerpos policiales y la estabilidad económica y familiar de sus trabajadores.
Las seccionales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía de Tránsito, Policía de Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea y Policía Penitenciaria manifiestan su preocupación ante el anuncio de la Presidencia de la República sobre la intención de establecer una rotación de funcionarios policiales entre diferentes provincias cada tres meses, como mecanismo para evitar el arraigo territorial y prevenir eventuales vínculos con estructuras del narcotráfico o actos de corrupción.
Desde ANEP reconocemos la obligación del Estado de combatir frontalmente la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y cualquier intento de infiltración en los cuerpos policiales. Sin embargo, consideramos que combatir la corrupción no puede significar trasladar indiscriminadamente a cientos de policías y afectar a quienes cumplen honestamente con sus responsabilidades.
La corrupción no se combate simplemente trasladando policías
Una medida de esta magnitud debe estar respaldada por estudios técnicos, jurídicos, presupuestarios y operativos que demuestren su viabilidad y efectividad.
Trasladar a una persona funcionaria de una provincia a otra no garantiza por sí mismo que se eliminen eventuales prácticas de corrupción. Para enfrentar este problema se requiere fortalecer la investigación, inteligencia policial, controles internos, supervisión, mecanismos disciplinarios, evaluación de riesgos y seguimiento institucional.
Tampoco consideramos correcto partir de una premisa que pueda colocar bajo sospecha generalizada a los policías por permanecer durante determinado tiempo en una región.
La gran mayoría son trabajadores honestos que diariamente enfrentan situaciones de riesgo y que, además, han desarrollado conocimiento sobre las comunidades, rutas, dinámicas criminales y características geográficas de las zonas donde trabajan. Ese conocimiento también constituye una herramienta para la seguridad pública.
Cada cuerpo policial tiene una realidad diferente
ANEP advierte que una política general de rotación no puede desconocer las particularidades de cada cuerpo policial.
La Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía de Tránsito, Policía de Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea y Policía Penitenciaria desarrollan funciones distintas y especializadas en comunidades, carreteras, fronteras, aeropuertos, centros penitenciarios, lucha contra el narcotráfico y otros puntos estratégicos del territorio nacional.
Además, varios de estos cuerpos enfrentan limitaciones de personal, presupuesto, infraestructura, transporte y equipamiento.
Declaraciones de Benjamín Sevilla García, Asesor Sindical ANEP en Fuerza Pública y Policía Penitenciaria
Por ello, resulta necesario responder una pregunta fundamental:
¿Cómo se pretende trasladar periódicamente policías entre provincias si previamente no están garantizadas las condiciones de alojamiento, transporte, alimentación, infraestructura, presupuesto y recurso humano necesarias?
No podemos “desvestir un santo para vestir otro”. Trasladar funcionarios de una región a otra sin aumentar las plazas disponibles y los recursos podría terminar debilitando la presencia policial en determinados puntos del país y aumentando las cargas de trabajo del personal que permanece en las unidades de origen.
Detrás de cada uniforme existe una familia
Una política de rotación también debe valorar el impacto sobre las personas trabajadoras.
Una rotación cada tres meses puede significar separación familiar, mayores gastos de transporte y alimentación, problemas de alojamiento y dificultades para atender hijos, adultos mayores o personas dependientes.
Declaraciones de Gerardo Mora Ordóñez, Presidente Seccional ANEP Policía Profesional de Migración
Los policías no son piezas que pueden trasladarse de un lugar a otro sin consecuencias. Son trabajadores y trabajadoras con derechos y responsabilidades familiares.
Las necesidades de seguridad del país deben ser compatibles con condiciones laborales dignas para quienes tienen precisamente la responsabilidad de proteger a la población.
ANEP solicita transparencia y diálogo
Antes de implementar cualquier política general de rotación, las seccionales policiales de ANEP solicitan al Gobierno de la República hacer públicos los estudios técnicos y jurídicos que sustentan la propuesta, su impacto presupuestario, los criterios para determinar los traslados y las condiciones de alojamiento, transporte y permanencia que se garantizarían a los funcionarios.
Declaraciones de Jonathan Flores Mata, Asesor Sindical ANEP en Policía Control de Drogas, Policía de Tránsito y Servicio de Vigilancia Aérea
También resulta indispensable determinar cómo se aplicaría la medida a cuerpos policiales especializados y cuáles mecanismos se utilizarían para evitar que determinadas regiones o unidades queden debilitadas como consecuencia de las rotaciones.
ANEP solicita además que las organizaciones sindicales y las representaciones de los distintos cuerpos policiales sean escuchadas antes de adoptar una decisión que podría tener consecuencias directas sobre las condiciones laborales y familiares de cientos de personas trabajadoras.
Las seccionales policiales de ANEP respaldan el combate firme contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, pero consideran que las políticas de seguridad deben construirse con evidencia, planificación, recursos suficientes y respeto a los derechos laborales.
La seguridad nacional no se fortalece trasladando problemas de una provincia a otra.
Se fortalece con más recurso humano, capacitación, inteligencia e investigación policial, controles efectivos, infraestructura adecuada, equipamiento y condiciones laborales dignas.
Por ello, hacemos un llamado al Gobierno de la República para que antes de implementar una rotación generalizada de policías abra un proceso de diálogo y presente los estudios que demuestren la viabilidad y efectividad de la propuesta.
Costa Rica necesita cuerpos policiales fortalecidos, profesionales y con recursos suficientes para cumplir su labor; no policías sobrecargados, trasladados constantemente y sin las condiciones necesarias para desarrollar adecuadamente su trabajo.
• Organización sindical sostiene que las medidas impulsadas por el Ministerio de Hacienda amenazan la independencia judicial, el acceso a la justicia y la seguridad ciudadana.
• ANEP solicita a la Sala Constitucional suspender los recortes y ordenar la restitución íntegra de los recursos presupuestarios correspondientes al Poder Judicial.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por medio de su secretario general, Albino Vargas Barrantes, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles y la Asamblea Legislativa, por los recortes, congelamientos y condicionamientos aplicados o planteados sobre el presupuesto del Poder Judicial.
La acción constitucional sostiene que las medidas impulsadas desde el Poder Ejecutivo representan una intervención indebida sobre los recursos de un Poder de la República constitucionalmente independiente y podrían comprometer seriamente la capacidad del sistema judicial para brindar una justicia pronta, cumplida y efectiva.
Para el ejercicio económico 2026, la Asamblea Legislativa autorizó al Poder Judicial un presupuesto de ₡541 mil millones. Sin embargo, mediante el oficio MH-DM-OF-0901-2026, del 18 de agosto, el Ministerio de Hacienda impuso un denominado “ajuste técnico complementario” por ₡23.721 millones sobre un presupuesto que ya se encontraba aprobado y en ejecución.
Según se expone en el recurso, Hacienda analizó 544 líneas presupuestarias y ordenó reducciones específicas en 362 de ellas, correspondientes a 85 subpartidas, determinando directamente en cuáles áreas y programas debía reducirse el gasto del Poder Judicial.
OIJ recibe el mayor impacto
ANEP advierte que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentra el mayor impacto de este ajuste, con una rebaja aproximada de ₡9.536 millones, equivalente al 40,2 % del monto establecido por Hacienda.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP, presenta recurso de amparo contra recortes en el Poder Judicial. Foto: Esteba Ortiz Forero.
También se contemplan afectaciones a Dirección y Administración, Servicio Jurisdiccional, Defensa Pública, Ministerio Público, Atención y Protección de Víctimas y Testigos y al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
A esta situación se suma, según el recurso, el bloqueo de ₡8.688 millones que ya habían sido aprobados por la Asamblea Legislativa para reforzar al OIJ y al Ministerio Público en el combate contra el crimen organizado, el narcotráfico y la ola de homicidios que enfrenta Costa Rica.
La acción de amparo señala que, considerando las distintas medidas, la afectación al presupuesto judicial durante 2026 alcanzaría alrededor de ₡35.330 millones, además de un recorte adicional del 42 % en la partida de gasto operativo para lo que resta del año.
Recortes amenazan acceso a la justicia
Para la ANEP, reducir recursos destinados a investigación criminal, Ministerio Público, Defensa Pública y atención de víctimas no constituye únicamente una discusión administrativa o presupuestaria.
La organización sostiene que estas decisiones pueden traducirse directamente en una menor capacidad institucional para investigar delitos, atender a las víctimas, perseguir al crimen organizado y garantizar a la ciudadanía el derecho constitucional a una justicia pronta y cumplida.
El recurso argumenta que el artículo 41 de la Constitución Política garantiza ese derecho y advierte que el peso de los recortes sobre áreas fundamentales del sistema judicial podría comprometer materialmente su cumplimiento.
ANEP advierte riesgo para la independencia judicial
La organización sindical también cuestiona que el Ministerio de Hacienda condicione la liberación de recursos a auditorías, informes y decisiones de carácter político en la Asamblea Legislativa.
Para ANEP, obligar al Poder Judicial a solicitar autorizaciones para disponer de recursos previamente presupuestados lo coloca en una situación de subordinación financiera frente a otros Poderes de la República.
El recurso recuerda que los artículos 9 y 154 de la Constitución Política establecen la separación e independencia entre los Poderes del Estado y que el Poder Judicial únicamente está sometido a la Constitución y a la ley.
Asimismo, la ANEP sostiene que la facultad constitucional del Poder Ejecutivo para reducir partidas presupuestarias opera durante la elaboración del proyecto de presupuesto, y no una vez que este ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa y se encuentra en ejecución.
Por esa razón, la organización considera que el Ministerio de Hacienda estaría excediendo las competencias que le otorga el artículo 177 constitucional al intervenir directamente un presupuesto judicial vigente.
Preocupación también alcanza presupuesto de 2027
La ANEP manifiesta además su preocupación por lo planteado para el presupuesto del próximo año.
De acuerdo con el recurso, el proyecto de presupuesto ordinario para 2027 reduce la asignación al Poder Judicial de ₡541 mil millones a aproximadamente ₡530 mil millones y contempla la posibilidad de congelar ₡30 mil millones adicionales mediante normas de ejecución presupuestaria.
De concretarse esas medidas, los recursos efectivamente disponibles podrían reducirse hasta aproximadamente ₡500 mil millones y quedar condicionados nuevamente al cumplimiento de requisitos establecidos desde otros Poderes del Estado.
Para la ANEP, garantizar constitucionalmente un porcentaje presupuestario al Poder Judicial pierde sentido si parte de esos recursos se mantienen congelados o sujetos a decisiones políticas posteriores.
ANEP pide suspensión inmediata de las medidas
En el recurso de amparo, la ANEP solicita a la Sala Constitucional, entre otras medidas:
Declarar con lugar el recurso de amparo.
Anular el oficio MH-DM-OF-0901-2026 y cualquier otra actuación mediante la cual se hayan impuesto unilateralmente rebajas, congelamientos o condicionamientos al presupuesto del Poder Judicial.
Ordenar la liberación íntegra e incondicionada de los recursos presupuestarios correspondientes al ejercicio económico 2026.
Poner a disposición del Poder Judicial los ₡23.721 millones afectados por el denominado “ajuste técnico complementario”.
Girar los ₡8.688 millones previamente aprobados para fortalecer al OIJ y al Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado.
Impedir nuevos recortes o condicionamientos que no respeten los procedimientos establecidos por la Constitución Política.
Evitar el congelamiento de ₡30 mil millones planteado para el presupuesto judicial de 2027.
Como medida cautelar, suspender inmediatamente los efectos del oficio emitido por el Ministerio de Hacienda mientras la Sala Constitucional resuelve el fondo del recurso.
Albino Vargas Barrantes sobre recurso de amparo ante recortes al Poder Judicial
La ANEP considera que lo que está en juego trasciende la discusión sobre cifras presupuestarias.
Defender los recursos del Poder Judicial significa defender su independencia, la seguridad ciudadana, el combate contra el crimen organizado y el derecho de todas las personas habitantes de Costa Rica a acceder a una justicia pronta y cumplida.
La organización sindical reafirma que continuará utilizando las herramientas constitucionales y legales necesarias para impedir cualquier medida que pueda debilitar las instituciones democráticas, deteriorar los servicios públicos o afectar los derechos fundamentales de la población costarricense.
• ANEP solicita la salida inmediata de Róger Rivera de la Junta Directiva de la Caja, tras declararse ilegal la actuación del Gobierno que desplazó la representación legítimamente escogida por el movimiento sindical.
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reunida en su sesión ordinaria N.° 2333 de este viernes 28 de agosto, acordó de manera unánime mantener su pleno respaldo y apoyo a Rocío Alfaro Molina como legítima representante del movimiento sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Alfaro Molina fue electa el pasado 9 de junio de 2026, mediante una asamblea en la que participaron 19 organizaciones sindicales debidamente inscritas y habilitadas para formar parte del proceso de elección de la representación de las personas trabajadoras ante el máximo órgano de dirección de la Seguridad Social costarricense.
Para la Junta Directiva Nacional de la ANEP, esta elección expresa la voluntad legítima y democrática del movimiento sindical costarricense, por lo que corresponde respetarla y proceder, sin más dilaciones, con la juramentación e incorporación de Rocío Alfaro a la Junta Directiva de la CCSS.
Asimismo, la Junta Directiva Nacional de la ANEP acordó rechazar de manera categórica el nombramiento de Róger Rivera Monge como representante del sector sindical, designación realizada por el Gobierno de la República en sustitución de la persona escogida por las organizaciones sindicales.
La ANEP recuerda que la Sala Constitucional declaró contraria al ordenamiento jurídico la actuación mediante la cual el Poder Ejecutivo rechazó la designación realizada por el movimiento sindical, reafirmando que el Gobierno no puede sustituir, desconocer ni interferir en la decisión adoptada legítimamente por este sector.
En consecuencia, la Junta Directiva Nacional de la ANEP acordó solicitar la salida inmediata de Róger Rivera Monge de la Junta Directiva de la CCSS, al considerar que su permanencia resulta incompatible con el respeto a la representación sindical legítimamente escogida y con los alcances de lo resuelto por la Sala Constitucional.
Para la ANEP, mantener esta situación prolongaría una injerencia indebida del Poder Ejecutivo en un espacio de representación que corresponde exclusivamente al movimiento sindical.
La organización considera que este caso trasciende el nombramiento de una persona. Está en juego el respeto a la autonomía constitucional de la Caja Costarricense de Seguro Social, la representación democrática de las personas trabajadoras y el equilibrio tripartito sobre el cual históricamente se ha sustentado la conducción de una de las instituciones sociales más importantes del país.
La Junta Directiva Nacional de la ANEP hace un llamado a toda la clase trabajadora de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para unir esfuerzos, conjuntar voluntades y crear una gigantesca fuerza social para la preservación de la Institución a fin de garantizar por siempre la salud del pueblo trabajador costarricense.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Es precisamente el límite que fija la Ley contra la Usura el que hoy le permite al Estado costarricense meter preso al operador del gota a gota. Sin ese límite en la ley, no hay delito. Sin delito, no hay cárcel. Si usted elimina el tope, no está combatiendo el gota a gota. Le está dando amnistía.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
