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RENASES pide a la presidenta Fernández Delgado ordenar el inicio del nuevo hospital de Cartago

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La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) envió una carta a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, para pedirle que interceda y ordene el inicio de la construcción del nuevo hospital de Cartago. La carta está firmada por José Oviedo Chaves, coordinador de la Red, y fechada el 1 de noviembre en Cartago, en el marco de la celebración del 85.º aniversario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según relata la misiva, ese domingo hubo una celebración en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles para agradecer por los 85 años de la fundación de la CCSS. Luego, entre cimarrona y mascaradas, las personas asistentes recorrieron las calles de Cartago hasta la Plaza Mayor, donde las esperaban grupos folclóricos de personas adultas mayores, comparsas y bandas estudiantiles.

Después de los mensajes de representantes de personas trabajadoras de la CCSS, del sector agrícola, del movimiento sindical y de otras organizaciones civiles, se realizó una marcha pacífica hacia el Hospital Max Peralta. El objetivo era recordar la urgencia de que la población usuaria del sistema de salud pública cuente con un nuevo hospital, «con miras a asegurar el derecho humano a la salud».

RENASES se dirige a la mandataria como una compatriota que reside en la provincia y que «sabe de nuestras penurias cuando salimos a la asistencia hospitalaria». Expresa la esperanza de que ejerza las facultades de su investidura para ordenar el inicio de la obra, «más, cuando el banderazo inicial de la obra depende de la voluntad política». Según la organización, todos los componentes están en orden: el terreno, el financiamiento, los planos constructivos, la empresa constructora contratada y la consulta de legalidad de los actos requeridos.

La carta va acompañada de las firmas de personas que participaron en la celebración del aniversario de «la institución de todos los costarricenses, la Caja».

La Red se pone a disposición para recibir a una delegación o dialogar con la presidenta sobre el tema, por medio del correo-e renases.cr@gmail.com

ANEP–PPM  remite formalmente al MSP sus propuestas para el fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración

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-Documento fue remitido al despacho del Ministro de Seguridad ante la cancelación de la audiencia prevista para este lunes 2 de noviembre.

La Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP–PPM) informa a todas las compañeras y compañeros de la Policía Profesional de Migración, así como a la opinión pública, sobre las gestiones realizadas ante el señor Gerald Campos Valverde, Ministro de Gobernación y Policía y Seguridad Pública, en relación con el eventual traslado de la Dirección General de Migración y Extranjería al Ministerio de Seguridad Pública.

Como parte de estas gestiones, esta Seccional solicitó formalmente una audiencia con el señor Ministro, con el propósito de plantear directamente las principales preocupaciones, necesidades y propuestas de las personas funcionarias de la Policía Profesional de Migración, particularmente ante los cambios institucionales que podrían producirse.

La audiencia fue confirmada para el lunes 02 de noviembre de 2026, a las 2:00 p. m., en el Despacho del señor Ministro.

Sin embargo, el día de hoy, 30 de octubre de 2026, recibimos una comunicación del Despacho Ministerial informando que, debido a un asunto urgente que debía atender el señor Ministro, la reunión quedaba cancelada. En dicha comunicación se indicó que posteriormente se estarían enviando nuevas fechas para su reprogramación.

Respetamos las razones comunicadas por el Despacho Ministerial. No obstante, considerando la importancia de los asuntos que se pretendían abordar y la necesidad de que las personas funcionarias conozcan con claridad el futuro institucional de la Policía Profesional de Migración, ANEP–PPM decidió remitir formalmente todos sus planteamientos mediante el Oficio GM-30-10-2026.

¿QUÉ ESTAMOS SOLICITANDO?

El documento remitido al señor Ministro contiene una serie de planteamientos y propuestas dirigidos a garantizar que cualquier proceso de incorporación de la Dirección General de Migración y Extranjería al Ministerio de Seguridad Pública represente un verdadero fortalecimiento institucional.

Entre los principales temas planteados se encuentran:

  1. ESTRUCTURA POLICIAL Y CADENA DE MANDO

Que la Policía Profesional de Migración se mantenga como una Dirección policial especializada, con identidad propia, competencias legales, conducción operativa y técnica y una cadena de mando definida.

  1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE MIGRACIÓN

Solicitamos que se explique cómo quedará organizada administrativamente la Dirección General de Migración y Extranjería dentro del Ministerio de Seguridad Pública.

Es necesario conocer qué sucederá con Recursos Humanos, Proveeduría, Asesoría Legal, Comunicación, presupuesto, informática y las demás áreas administrativas y técnicas.

También solicitamos claridad sobre cuáles dependencias permanecerán vinculadas a Migración, cuáles serán integradas a las estructuras generales del Ministerio y cómo se evitarán duplicidades de funciones o pérdida de capacidades institucionales.

  1. ESTUDIO NACIONAL DE NECESIDADES DE RECURSO HUMANO

Solicitamos un estudio técnico nacional y actualizado que determine cuántos oficiales y funcionarios administrativos necesita realmente la PPME, considerando sus delegaciones, puestos fronterizos, aeropuertos, centros de aprehensión y unidades especializadas.

  1. FORTALECIMIENTO DEL CONSULTORIO MÉDICO

Solicitamos incorporar las necesidades del Consultorio Médico dentro del estudio de recurso humano y de la planificación presupuestaria, considerando que actualmente cuenta únicamente con una profesional médica, las limitaciones de medicamentos e insumos y la necesidad de fortalecer la coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social.

  1. NUEVAS PLAZAS Y PRESUPUESTO

Solicitamos información clara sobre las plazas requeridas, las que fueron solicitadas e incorporadas en la planificación presupuestaria y las razones técnicas o presupuestarias de cualquier reducción o exclusión.

Asimismo, exigimos que los recursos destinados a las funciones migratorias y policiales permanezcan claramente identificados y protegidos.

  1. CONDICIONES LABORALES E INCENTIVOS

Solicitamos un estudio técnico y jurídico comparativo de las condiciones laborales, incentivos y beneficios de la PPME respecto de los demás cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública.

  1. DERECHOS LABORALES

Solicitamos garantías expresas de respeto a los derechos adquiridos, antigüedad, condiciones salariales y demás garantías laborales durante cualquier proceso de transición.

  1. MANUAL DE CLASES Y CARGOS
    Solicitamos que continúe el proceso de actualización del Manual Descriptivo de Clases y Cargos de la PPME, incluyendo el análisis técnico de la eventual desagregación de la clase PM1.
  2. FORMACIÓN ESPECIALIZADA MIGRATORIA

Presentamos formalmente el proyecto denominado “CURSO TÉCNICO DE ESPECIALIZACIÓN MIGRATORIA”, con el propósito de que sea recibido por el Ministerio y remitido a la Academia Nacional de Policía para su valoración técnica y eventual implementación.

  1. MESA TÉCNICA DE TRANSICIÓN

Proponemos establecer una Mesa Técnica de Transición con participación de las instituciones correspondientes y de la representación de las personas funcionarias mediante ANEP–PPM, para dar seguimiento a los aspectos policiales, administrativos, presupuestarios, laborales y operativos.

NUESTRA POSICIÓN ES CLARA

ANEP–PPM desea dejar claramente establecido que no se opone al eventual traslado de la Dirección General de Migración y Extranjería al Ministerio de Seguridad Pública.

Nuestra preocupación es que dicho proceso se realice con planificación, transparencia y garantías concretas para que la Policía Profesional de Migración no pierda su naturaleza especializada, sus competencias, sus recursos ni sus capacidades institucionales.

No estamos solicitando privilegios. Estamos planteando la necesidad de que se reconozca la importancia del trabajo que realizan diariamente las compañeras y los compañeros de la PPME y que se atiendan las necesidades reales de un cuerpo policial especializado que cumple funciones esenciales para la seguridad de Costa Rica.

SOLICITAMOS RESPUESTAS CONCRETAS

Ante la cancelación de la audiencia, mediante el Oficio GM-30-10-2026 solicitamos al señor Ministro que cada uno de los planteamientos sea atendido mediante una respuesta institucional escrita, concreta y punto por punto, indicando las acciones previstas, las dependencias responsables y los plazos correspondientes.

Asimismo, reiteramos nuestra solicitud de que se nos comunique una nueva fecha para sostener la audiencia directamente con el señor Ministro.

A las compañeras y compañeros de la Policía Profesional de Migración les manifestamos que esta Seccional continuará dando seguimiento a cada una de estas gestiones y mantendrá informada a la población policial sobre las respuestas y decisiones que se produzcan.

La defensa de la Policía Profesional de Migración no se limita a la protección de las condiciones laborales. También implica defender su especialización, sus recursos, su capacidad operativa y el servicio público que presta al país.

FORTALECER LA POLICÍA PROFESIONAL DE MIGRACIÓN NO ES FORTALECER A UN SINDICATO; ES FORTALECER LA SEGURIDAD DE COSTA RICA.

SECCIONAL ANEP–POLICÍA PROFESIONAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (ANEP–PPM)

GERARDO MORA ORDÓÑEZ
Presidente Seccional ANEP–PPM
Directivo Nacional de ANEP

Decisión de la presidenta Fernández sobre el Tratado Transpacífico es una victoria de la democracia de la calle

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  • Para ANEP la jefe de Estado actuó bien.
  • La resistencia multisectorial jugó un papel fundamental en la decisión.

Lo anunciado por la mandataria, Laura Fernández Delgado, constituye, desde nuestra perspectiva, una decisión acertada y una importante victoria popular. Este resultado debe reconocerse como parte de un proceso de organización y oposición multisectorial, en el que parcticipan productores agropecuarios, organizaciones sindicales, el Magisterio Nacional, movimientos estudiantiles, agrupaciones ecologistas y diversos sectores cívicos comprometidos con la defensa de los intereses nacionales.

Esta victoria también refleja la capacidad de articulación que se viene construyendo desde las comunidades, particularmente en las zonas rurales, donde existe una profunda preocupación por las consecuencias que un acuerdo comercial de esta naturaleza podría tener sobre la producción nacional, la soberanía alimentaria y las condiciones de vida de miles de familias. A ello se suman los argumentos técnicos, económicos y sociales planteados por distintos sectores para fundamentar su oposición al tratado. Consideramos que la democracia de la calle es fundamental para evidenciar la resistencia social ante este tipo de ideas.

Reconocemos lo acertado de esta determinación y, al mismo tiempo, reivindicamos el protagonismo de las organizaciones y movimientos que han mantenido viva esta discusión nacional. Esto deja como enseñanza la importancia de la unidad entre las personas trabajadoras, los sectores productivos, las comunidades y las organizaciones sociales para defender los intereses del país. Esta es una victoria que pertenece al pueblo luchador.

ANEP alerta por colapso en Urgencias e Internamiento de hospitales de la CCSS

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La organización señala que la capacidad instalada, tanto en recurso humano como en infraestructura, resulta insuficiente frente a la demanda actual, generando condiciones que pueden comprometer la calidad de la atención, la seguridad y la dignidad de pacientes y funcionarios.

ANEP y SITRAP exigen revisar fórmula de salarios mínimos para garantizar ingresos dignos a trabajadores del sector privado

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–Central Social Juanito Mora Porras cuestiona que los aumentos salariales se definan únicamente mediante porcentajes sin determinar si los ingresos alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las familias.

–Organizaciones sindicales solicitan al Consejo Nacional de Salarios estudios técnicos y una nueva metodología que permita reducir progresivamente la brecha entre el salario mínimo y el costo de una vida digna.

La Central Social Juanito Mora Porras, integrada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), presentó ante el Consejo Nacional de Salarios su propuesta para la fijación de salarios mínimos del sector privado correspondiente al año 2027, en la que exige una revisión de la metodología utilizada para determinar los ajustes salariales.

La organización sindical cuestiona que la discusión sobre los salarios mínimos continúe concentrándose en porcentajes de aumento, sin evaluar previamente si los ingresos actuales permiten a las personas trabajadoras y sus familias satisfacer sus necesidades fundamentales y mantener condiciones de vida dignas.

“El salario mínimo no puede ser tratado únicamente como una variable de ajuste económico, pues constituye un derecho de las personas trabajadoras y una obligación del Estado Social de Derecho”, señala la propuesta presentada ante el órgano tripartito.

Estudio establece salario vital de ₡492.781 mensuales

Como parte de sus argumentos, la Central Social hizo referencia a un estudio elaborado por Alvarado Abarca, Voorend y Anker, mediante la metodología de salario vital Anker®, que estimó para las zonas rurales Huetar Atlántica y Huetar Norte un salario vital bruto mensual de ₡492.781, con valores de mayo de 2025.

El estudio también determinó un salario base bruto de ₡450.734 al prorratear el aguinaldo.

Aunque estos montos no representan una estimación nacional ni pueden aplicarse automáticamente a todas las categorías salariales, la organización considera que evidencian la importancia de contar con estudios técnicos que permitan conocer cuánto necesita realmente una familia trabajadora para vivir dignamente.

Cuestionan metodología vigente

ANEP y SITRAP señalan que la fórmula salarial aprobada en diciembre de 2021, basada en el costo de vida y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real per cápita, no permite establecer si los salarios mínimos vigentes son suficientes para cubrir las necesidades de los hogares.

Advierten que incluso un aumento porcentual considerable puede resultar insuficiente cuando se calcula sobre una base salarial que no garantiza condiciones de vida dignas.

Por esta razón, la Central Social no plantea un porcentaje específico de incremento para 2027, sino que solicita iniciar un proceso de revisión técnica y diálogo tripartito que permita construir una fórmula de convergencia progresiva hacia salarios dignos.

Esta posición, aclaran, no significa aceptar los resultados de la metodología actual ni renunciar a la defensa de mejores remuneraciones.

Cinco solicitudes al Consejo Nacional de Salarios

La propuesta sindical plantea cinco acciones fundamentales:

  1. Revisar la suficiencia de los salarios mínimos actuales, más allá de los aumentos porcentuales que se aprueban anualmente.
  2. Presentar un balance público de los compromisos adquiridos en 2021, particularmente sobre los estudios relacionados con suficiencia salarial, productividad y capacidad de pago empresarial.
  3. Realizar estudios de salario vital que contemplen las distintas realidades económicas, territoriales y familiares del país.
  4. Desarrollar una investigación tripartita por sectores económicos para determinar las condiciones necesarias para avanzar hacia salarios dignos, considerando los posibles efectos sobre el empleo, los precios y los servicios esenciales.
  5. Construir una nueva fórmula de convergencia salarial progresiva, con objetivos verificables, plazos definidos y seguimiento periódico, para reducir la distancia entre los salarios mínimos vigentes y el costo de una vida digna.

Mejores salarios también fortalecen la economía

La Central Social Juanito Mora Porras sostiene que mejorar los ingresos de las personas trabajadoras no debe interpretarse únicamente como un costo para las empresas, sino también como una oportunidad para dinamizar la economía nacional.

Mayores ingresos reales permiten a las familias incrementar su consumo, fortalecer el comercio local y estimular la demanda interna, con potenciales beneficios para la producción y el empleo.

Asimismo, la organización considera que avanzar hacia salarios dignos contribuye a combatir la pobreza, reducir las desigualdades y fortalecer la cohesión social.

Finalmente, la Central Social, presidida por Albino Vargas Barrantes, recordó que el artículo 57 de la Constitución Política reconoce el derecho de las personas trabajadoras a un salario mínimo que procure bienestar y existencia digna.

“El Consejo Nacional de Salarios no administra únicamente una operación aritmética: adopta decisiones que inciden en la pobreza, la desigualdad y la posibilidad real de vivir del trabajo”, concluye la propuesta sindical.

ANEP – SITRAP

Central Social Juanito Mora Porras

Consejo Nacional de Salarios-Propuesta para la fijación de salarios mínimos del sector privado 2027Descarga

Ordenan reinstalar a trabajador afiliado a ANEP tras despido discriminatorio en Chiquita Brands

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La intervención jurídica de ANEP permitió desvirtuar los argumentos de la empresa, quien afirmaba que el despido se debía a una reducción presupuestaria.

Imagen con fines ilustrativos. Diario Extra.

Contraloría confirma deterioro de la Policía de Tránsito y refuerza denuncias realizadas por ANEP

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• Informe de la Contraloría revela que la Policía de Tránsito cuenta con apenas 708 oficiales, cerca del 50% de sus motocicletas están fuera de servicio y los tiempos de despacho de emergencias se triplicaron.

• La seccional ANEP-Policía de Tránsito advierte que estos hallazgos respaldan las denuncias expuestas durante la protesta realizada la semana anterior y evidencian la urgencia de fortalecer este cuerpo policial.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por medio de su seccional ANEP-Policía de Tránsito, considera que el más reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) confirma la gravedad de las deficiencias operativas que enfrenta este cuerpo policial y refuerza las denuncias realizadas públicamente por sus oficiales.

El informe DFOE-CIU-IAD-00003-2026, del 12 de octubre de 2026, denominado “Acciones implementadas para reducir la siniestralidad vial y promover el valor público”, advierte sobre un deterioro progresivo en la capacidad de atención y cobertura de la Dirección General de la Policía de Tránsito.

Los resultados coinciden con los señalamientos realizados por la seccional durante la protesta de la semana anterior, cuando los oficiales denunciaron falta de personal, patrullas insuficientes, deterioro de las delegaciones, carencia de uniformes y afectaciones relacionadas con los roles de trabajo.

Contraloría revela cifras preocupantes

Entre los principales hallazgos del órgano contralor destacan:

  • Menos policías: la cantidad de oficiales de tránsito pasó de casi 1.000 a solamente 708 en todo el país.
  • Flotilla deteriorada: alrededor del 50% de las motocicletas institucionales se encuentra fuera de servicio.
  • Menos unidades operativas: la flotilla útil, entre patrullas, motocicletas y grúas, disminuyó de 518 unidades en 2023 a 386 en marzo de 2026.
  • Mayor tiempo de despacho: el promedio nacional para asignar un oficial ante un siniestro vial pasó de 9 minutos y 46 segundos a 31 minutos y 53 segundos. En algunas regiones, el tiempo ronda una hora.
  • Delegaciones con personal insuficiente: algunas dependencias operan con apenas uno a cuatro oficiales por turno.
  • Deficiencias en la cobertura: el 64,97% de la actividad policial se concentra entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., pese a que los horarios nocturnos presentan una alta siniestralidad.

Es importante aclarar que los tiempos de despacho señalados por la Contraloría corresponden únicamente al lapso que transcurre desde que se recibe el reporte de un siniestro vial a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 hasta que se asigna un oficial de tránsito para atenderlo. Este indicador no contempla el tiempo adicional que requiere el oficial para llegar al lugar del accidente, el cual, según denuncia la seccional ANEP-Policía de Tránsito, puede extenderse entre dos y hasta seis horas.

Esta situación se presenta debido a que, en numerosas ocasiones, los oficiales se encuentran atendiendo otros incidentes, mantienen varios reportes pendientes o carecen del personal y los vehículos necesarios para desplazarse oportunamente. Por lo tanto, el tiempo real que deben esperar los ciudadanos para recibir atención policial podría ser considerablemente mayor al reflejado en las estadísticas del órgano contralor.

El informe también señala deficiencias en los procesos de reclutamiento que provocaron la devolución de 132 plazas al Ministerio de Hacienda entre 2020 y 2022, así como problemas de planificación en la adquisición de repuestos y el mantenimiento de los vehículos policiales.

Declaraciones de Lizeth Quesada Ramírez, Presidenta de la Seccional ANEP-Policia de Tránsito sobre el informe

ANEP: las denuncias no son infundadas

Para la seccional ANEP-Policía de Tránsito, los resultados de esta auditoría demuestran que las carencias denunciadas por los oficiales no constituyen situaciones aisladas, sino que forman parte de un problema estructural que afecta la capacidad de respuesta de la institución y la seguridad de quienes transitan por las carreteras nacionales.

La organización sindical considera especialmente preocupante que la reducción de personal y vehículos operativos esté afectando la cobertura policial y los tiempos de atención de emergencias.

Asimismo, insiste en que deben atenderse las demás denuncias planteadas por los trabajadores, relacionadas con la dotación de uniformes, las condiciones de infraestructura de las delegaciones y la revisión de los roles de trabajo, aspectos que requieren soluciones específicas por parte de la Administración.

La ANEP recalca que fortalecer las condiciones laborales de los oficiales de tránsito también significa fortalecer la seguridad vial y la protección de la vida humana.

Declaraciones de Gustavo Mora Marín, Seccional ANEP-Policía de Tránsito sobre las condiciones de patrullas en la delegación de Cañas

ANEP exige soluciones concretas y no más postergaciones

Ante los hallazgos de la Contraloría, la seccional solicita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a la Dirección General de la Policía de Tránsito y al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI):

  1. Establecer un plan urgente para recuperar y renovar la flotilla policial.
  2. Atender el déficit de oficiales mediante procesos efectivos de reclutamiento y nombramiento.
  3. Garantizar uniformes, equipamiento adecuado y condiciones dignas en las delegaciones.
  4. Revisar la distribución de los roles y jornadas laborales, tomando en consideración las necesidades operativas y los derechos del personal.
  5. Fortalecer la coordinación institucional y ejecutar las medidas correctivas establecidas por la Contraloría.

El órgano contralor dispuso que la Policía de Tránsito y el COSEVI elaboren e implementen coordinadamente un procedimiento para mejorar la gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla policial, con plazos de cumplimiento durante 2027.

La ANEP considera que las autoridades no deben esperar al vencimiento de esos plazos para comenzar a resolver las deficiencias más urgentes.

Finalmente, la organización reitera que las denuncias realizadas por los oficiales no buscan únicamente mejores condiciones laborales, sino garantizar que Costa Rica cuente con una Policía de Tránsito fortalecida, equipada y con capacidad real para proteger la vida de las personas en carretera.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Seccional ANEP-Policía de Tránsito

Informe de la Contraolría General de la República.

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ANEP solicita a CEN CINAI de Desamparados plan de acción ante faltante de agua

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Para nuestra organización es importante saber cual será el plan a ejecutar a fin de no suspender el servicio que es vital para muchas familias. En especial porque existe un tanque de agua, pero por falta de mantenimiento dejó de funcionar.

El financiamiento de los derechos sociales no puede resolverse desprotegiendo a otras poblaciones vulnerables

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su seria preocupación ante la moción número 18 presentada por la fracción oficialista en el trámite del Presupuesto Nacional de 2027, que propone trasladar cerca de ₡250.000 millones asignados a programas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los CEN-CINAI, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para atender insuficiencias presupuestarias de otros programas sociales.

Según la información publicada por CR Hoy el 12 y 13 de octubre, el traslado propuesto comprende ₡159.369 millones de la atención en salud de personas en situación de calle; ₡56.474 millones de CEN-CINAI; ₡33.314 millones de subsidios habitacionales del BANHVI; y ₡911 millones de prestaciones alimentarias del IMAS. Los recursos se dirigirían, entre otros destinos, a pensiones del régimen no contributivo, becas, comedores escolares y atención a personas con discapacidad.

ANEP reconoce que los programas receptores de esos fondos atienden necesidades sociales impostergables. Precisamente por eso, resulta indispensable rechazar una lógica presupuestaria que coloca a unas poblaciones vulnerables frente a otras, como si garantizar las pensiones de las personas adultas mayores exigiera debilitar la nutrición infantil, la vivienda social o la cobertura sanitaria de quienes viven en la calle.

La protección de la niñez, la seguridad social, la alimentación, la vivienda digna y la atención de las personas en pobreza no constituyen concesiones discrecionales. Son compromisos públicos que encuentran fundamento en el Estado social de derecho, en los artículos 50, 51, 73 y 74 de la Constitución Política y en las obligaciones de realización progresiva de los derechos económicos y sociales, conforme a los recursos disponibles y con especial atención a los grupos en mayor vulnerabilidad.

Una reasignación presupuestaria de esta magnitud requiere demostrar, con información técnica pública y verificable, que los programas de origen conservarán recursos suficientes para cumplir sus obligaciones, que no se interrumpirán servicios esenciales y que se evaluaron alternativas menos lesivas. La sola identificación de necesidades en los programas receptores no demuestra que existan excedentes reales en las partidas que se pretende reducir.

Especial preocupación merece el eventual traslado de casi la totalidad de los recursos previstos para asegurar la atención en salud de personas en situación de calle, así como el impacto que podrían sufrir los servicios de nutrición y cuido infantil, los subsidios de vivienda y la asistencia alimentaria. Corresponde a las autoridades explicar los efectos concretos, las coberturas esperadas y los mecanismos para evitar exclusiones.

Por lo anterior, ANEP solicita a la Comisión de Asuntos Hacendarios y al Plenario Legislativo que no aprueben la moción sin un estudio integral y transparente de sus efectos sociales; exige al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda presentar una propuesta de financiamiento suficiente para todos los programas involucrados; y pide que se publiquen las estimaciones de personas beneficiarias, servicios comprometidos y alternativas presupuestarias examinadas.

Asimismo, instamos a las autoridades de la CCSS, CEN-CINAI, IMAS y BANHVI a rendir informes técnicos independientes sobre las consecuencias operativas de los montos planteados y a las instancias de control a vigilar la legalidad y razonabilidad de las decisiones presupuestarias.

La discusión de las finanzas públicas debe realizarse con responsabilidad fiscal y, al mismo tiempo, con responsabilidad social. ANEP reafirma su compromiso con la defensa de los servicios públicos, las personas trabajadoras que los sostienen y las comunidades que dependen de ellos. El país necesita un presupuesto que atienda integralmente sus obligaciones sociales, sin enfrentar el derecho de unas personas contra el de otras.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)

Fuente informativa: CR Hoy, Gustavo Martínez, 12 y 13 de octubre de 2026. La propuesta se encontraba pendiente de discusión y votación según las publicaciones consultadas.

Funcionarios del Hospital de Limón usan su propio dinero para arreglar las máquinas institucionales

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La clase trabajadora del área de mantenimiento denunció diversas problemáticas, tales como que tienen que pagar de su propio dinero artículos para poder poner en funcionamiento algunas maquinas. También como no se han presentado metas o planes que permitan mejorar la operatividad. Además, se juramentó a la junta directiva.