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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ante la publicación del 28 de julio de 2025 DE Juan Manuel Quesada Presidente Ejecutivo de AYA sobre la supuesta aprobación de una “reorganización institucional” en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), denuncia pública y firmemente lo siguiente:

1. Este proceso se ha impulsado de forma absolutamente opaca, sin transparencia, ni participación real de los trabajadores ni sus organizaciones sindicales.

2. Hasta la fecha, el contenido completo del documento de reorganización no ha sido divulgado, violentando principios de legalidad, publicidad de la información pública (art. 30 de la Constitución Política) y el deber de participación establecidos en la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Control Interno.

3. No se han presentado estudios técnicos, legales ni financieros que respalden la propuesta ni su implementación, lo que constituye una irresponsabilidad administrativa grave y una posible falta al deber de probidad (Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, artículo 4).

La administración del señor Juan Manuel Quesada Espinoza pretende imponer una transformación estructural sin diálogo, sin evaluación objetiva, sin legitimidad interna ni respaldo técnico validado. Esta situación representa un acto autoritario que vulnera derechos laborales, pone en riesgo la calidad del servicio público y abre la puerta a la tercerización de áreas sensibles del AyA, con el consecuente encarecimiento de los servicios básicos para la población.

Lejos de modernizar, el presidente ejecutivo deja tras de sí una institución paralizada, desmoralizada, carente de planificación estratégica real y sin gestión participativa. Su administración ha estado marcada por el ocultamiento de información, decisiones verticales, descalificación del diálogo social y un desprecio abierto hacia los trabajadores de la institución.

Ante esta grave situación, alertamos a la ciudadanía y a los entes de control: la reorganización anunciada no responde a una visión técnica de modernización, sino a una maniobra improvisada, posiblemente diseñada para justificar futuros procesos de privatización parcial y desmantelamiento institucional.

Audio de Ivone Mata, Vicepresidenta seccional ANEP-AyA

EXIGIMOS:

1. Acceso inmediato al documento completo de reorganización institucional, junto con sus anexos, estudios técnicos, análisis presupuestarios y legales.

2. Suspensión del proceso hasta que se garantice un espacio formal y vinculante de participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

3. Responsabilizamos directamente al presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada a Alejandra Mora Segura Gerente General y a la Junta Directiva de AYA, por los efectos negativos que esta imposición pueda generar sobre la estabilidad laboral, la continuidad del servicio y la institucionalidad del AyA.

4. Solicitamos a la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el MIDEPLAN ejercer sus funciones de fiscalización sobre este proceso, que incumple con principios básicos de legalidad, transparencia y eficacia administrativa.

Declararciones de Edwin Marín Bonilla, Presidente seccional ANEP-AyA

LA IMPROVISACIÓN, EL SECRETISMO Y EL AUTORITARISMO NO PUEDEN SER LA BASE DE UNA REFORMA INSTITUCIONAL.

La ANEP y la seccional de ANEP en AyA, informa con absoluta preocupación y sentido de urgencia a todo el personal institucional que el pasado lunes, 22 de julio, en una sesión de Junta Directiva, habría sido aprobada la reestructuración institucional del AyA, mediante una votación dividida de 4 votos a favor y 3 en contra.

Dicha reestructuración se ha gestado sin ningún proceso de socialización previa, ni con los trabajadores, ni con las organizaciones sindicales que los representan, lo cual constituye una violación flagrante a los principios de participación democrática, transparencia institucional y diálogo social. Nos oponemos tajantemente a toda acción que intente imponerse de forma inconsulta y unilateral, más aun tratándose de decisiones que impactan directamente la estabilidad laboral, la organización interna y el futuro del AyA como institución pública.

Hacemos un llamado de alerta máxima a toda la clase trabajadora del AyA: ¡No podemos permitir que se continúe tomando decisiones a espaldas del pueblo trabajador y en medio del caos institucional que vivimos!

Este oscuro episodio se da a solo días de la salida del señor Juan Manuel Quesada Espinoza de la Presidencia Ejecutiva del AyA, quien deja como herencia una institución debilitada, golpeada financiera y administrativamente, y sumida en una profunda crisis de gobernabilidad y legitimidad. Su gestión pasará a la historia como una de las más erráticas y dañinas que ha vivido esta institución, caracterizada por la improvisación, la falta de planificación, la exclusión de las voces técnicas y laborales, y la toma de decisiones sin transparencia.

Reiteramos que ANEP, no avala ni reconocerá ningún proceso de reestructuración que no haya sido ampliamente consultado y discutido con los trabajadores y sus organizaciones. Nos declaramos en estado de vigilancia y alerta, y valoraremos las acciones de defensa que correspondan en los próximos días.

¡Por el respeto a la institucionalidad, a la clase trabajadora y al AyA como patrimonio público!

– Así lo refleja el informe oficial al 31 de marzo de 2025

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y su seccional en AyA, manifiestan su profunda preocupación ante los hallazgos contenidos en el Informe Detallado de la Situación Financiera del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), correspondiente al primer trimestre del año 2025.

Dicho informe revela una serie de deficiencias estructurales, financieras y de gestión institucional que comprometen la estabilidad económica del AyA, así como su capacidad de garantizar un servicio público esencial, como lo es el abastecimiento de agua potable y saneamiento, en condiciones de calidad, continuidad y sostenibilidad.

Principales alertas del informe:

1. Pérdida neta millonaria:

El AyA presenta una pérdida neta de ¢5.253 millones en solo tres meses, lo que representa un crecimiento del déficit financiero del 1.338% respecto al mismo periodo del año anterior.

2. Deterioro de la sostenibilidad financiera:

El Índice de Sostenibilidad cayó de 67 a 58 puntos, pasando de una calificación “regular” a “deficiente”, reflejando una institución financieramente vulnerable.

3. Gasto desbordado en servicios contratados y publicidad:

El rubro de servicios contratados y publicidad aumentó sin evidencia de mejora operativa ni contención del gasto.

4. Caída en los ingresos financieros:

La prohibición de invertir en títulos valores (Ley 10495) generó una pérdida directa de ¢2.912 millones, afectando la liquidez.

5. Mayores niveles de endeudamiento:

El pasivo institucional aumentó en un 11,1%, elevando el apalancamiento externo a niveles preocupantes.

6. Errores comerciales y facturación:

Ajustes por errores en consumo, lecturas acumuladas y anulaciones superan los ¢3.700 millones, con pérdida directa de ingresos.

7. Tarifa de protección hídrica debilitada:

No se cobró en enero y febrero, y la nueva tarifa de marzo 2025 fue rebajada de ¢15 a ¢8 por m³.

Posibles riesgos que puede ver este sindicato si esta situación persiste:

De mantenerse las condiciones actuales sin acciones correctivas, el AyA enfrenta riesgos de:

•            Colapso operativo y suspensión de servicios en zonas críticas por falta de recursos.

•            Pérdida de credibilidad ante entes internacionales de financiamiento y la ciudadanía.

•            Aumento inevitable de tarifas como mecanismo compensatorio.

•            Despidos o congelamiento de plazas, afectando el empleo público.

•            Eventual intervención estatal o fiscalizadora por incapacidad administrativa.

Además, de continuar este ritmo de pérdida trimestral, el AyA podría cerrar el 2025 con una pérdida acumulada superior a los ¢22.000 millones, un retroceso financiero comparable a una década completa de saneamiento institucional.

Responsables institucionales

La ANEP señala como principales responsables del desastre financiero actual a Juan Manuel Quesada Espinoza, Presidente Ejecutivo del AyA; Alejandra Mora Segura, Gerente General; María José Castillo León, Subgerente General y a Alejandro Calderón Acuña. Subgerente Gran Área Metropolitana.

Estas autoridades han demostrado una incapacidad sistemática para gestionar los recursos públicos, tomar decisiones estratégicas oportunas y rendir cuentas sobre los efectos de sus acciones, permitiendo que el deterioro institucional se profundice sin control y que peligrosamente pueda llevar a la privatización.

Desde la ANEP exigimos:

•            Transparencia inmediata y rendición de cuentas por parte de las máximas autoridades del AyA, pero sobre todo la destitución de estos jerarcas que han demostrado falta de competencias.

•            Auditoría independiente y exhaustiva de los contratos de servicios externos, gastos financieros y sistema de facturación.

•            Revisión legal urgente de la aplicación de la Ley 10495 por su impacto negativo en la sostenibilidad institucional.

•            Congelamiento del gasto discrecional, incluyendo consultorías, publicidad y viajes, etc. Ya que esta administración se ha caracterizado por el despilfarro de recursos.

•            Reestructuración financiera responsable, que no se haga a costa del usuario ni de la clase trabajadora.

La ANEP reitera que no permitirá que la mala gestión de unos pocos arrastres al colapso a toda una institución fundamental para la salud y el bienestar de la población costarricense. Exigimos medidas concretas, responsables y urgentes del gobierno de la república.

¡BASTA YA DE IMPROVISACIÓN Y DE IRRESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN AYA!

San José, Costa Rica, 3 de julio de 2025

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)