Bajo el lema “Una COLSIBA unida en defensa de las y los trabajadores”, se desarrolló en Ciudad de Panamá, del 8 al 10 de agosto, la conferencia de la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales (COLSIBA).
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Ciudadanos presentan ante el TSE solicitud de referéndum para autorizar la devolución plena del ROPC
San José, 11 de agosto de 2026. Un grupo de ciudadanos presentó formalmente ante el Tribunal Supremo de Elecciones la solicitud para iniciar el trámite de un referéndum de iniciativa ciudadana con el fin de someter a conocimiento del pueblo costarricense el proyecto denominado Ley de Devolución Plena del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias.
La iniciativa propone reconocer el derecho de toda persona afiliada al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, conocido como ROPC o ROP, a retirar la totalidad del saldo acumulado en su cuenta individual al adquirir la condición de pensionada por vejez o invalidez en cualquiera de los regímenes legalmente establecidos, o al cumplir los 65 años, lo que ocurra primero.
El proyecto parte de una premisa jurídica fundamental: el ROPC no constituye una pensión solidaria en sentido técnico, sino un régimen de ahorro individual obligatorio y capitalizable. Los recursos acumulados en cada cuenta pertenecen al trabajador, generan rendimientos propios y, en caso de fallecimiento del titular, pueden transmitirse a sus beneficiarios o herederos.
Según los promoventes, la propuesta no afecta el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, ni los regímenes especiales contributivos vigentes. Tampoco compromete las reservas del IVM ni modifica las obligaciones propias del régimen básico de seguridad social.
“El proyecto busca que los trabajadores costarricenses puedan disponer efectivamente de un ahorro que han construido durante años de trabajo. No se trata de eliminar opciones, sino de reconocer la libertad de cada afiliado para decidir si retira la totalidad de sus recursos o si mantiene alguna de las modalidades actualmente previstas”, señalaron los impulsores de la iniciativa.
La exposición de motivos sostiene que el ROPC tiene naturaleza laboral y patrimonial, pues se encuentra integrado por recursos individualizados, acumulados en cuentas personales y administrados por operadoras de pensiones complementarias. Por ello, los promoventes consideran que la materia sometida a consulta es de carácter laboral-patrimonial y no previsional en sentido estricto.
La solicitud presentada ante el Tribunal Supremo de Elecciones pide autorización para iniciar la recolección de firmas necesarias, conforme a la Constitución Política y a la Ley sobre Regulación del Referéndum. Una vez autorizados los formularios respectivos, los ciudadanos promotores procederán a organizar la campaña nacional de recolección de firmas.
Los promoventes indicaron que acudir al referéndum no pretende sustituir a la Asamblea Legislativa, sino activar un mecanismo constitucional de democracia directa en una materia que afecta el patrimonio de millones de trabajadores. En su criterio, cuando una decisión de esta magnitud incide sobre el ahorro individual de la ciudadanía, resulta legítimo que el pueblo pueda pronunciarse directamente.
La pregunta propuesta para la consulta ciudadana es la siguiente:
¿Aprueba usted el proyecto de Ley de Devolución Plena del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, que reconoce el derecho de toda persona afiliada a retirar la totalidad del saldo acumulado en su cuenta individual al pensionarse por vejez o invalidez, o al cumplir los 65 años, lo que ocurra primero?
SÍ ( ) NO ( )
Finalmente, los ciudadanos impulsores hicieron un llamado respetuoso a todos los sectores sociales, laborales, profesionales y comunales del país para informarse sobre el contenido del proyecto y participar activamente en el debate público sobre el destino del ahorro individual acumulado en el ROPC.
Proyecto convocatoria de referéndum ROPC
Gobierno recula: Democracia de la calle sí impacta
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) recibe con satisfacción la decisión del Ministerio de Hacienda de liberar los ₡3.053 millones del presupuesto 2026 del Poder Judicial que inicialmente pretendía retener. Este cambio de postura ocurre luego de las acciones emprendidas en defensa de estos recursos y en un contexto de creciente movilización social y ciudadana frente a decisiones que amenazan la división de poderes.
Para ANEP, lo ocurrido reafirma la importancia de la democracia de la calle, como la expresada en el plantón del pasado 4 de agosto. Cuando distintos sectores sociales levantan su voz de manera democrática y responsable, el país demuestra que no está dispuesto a permanecer indiferente ante medidas que puedan debilitar la justicia, la institucionalidad y la lucha contra el crimen organizado. La movilización social sí tiene sentido y la defensa democrática debe continuar.
Esta coyuntura también deja una enseñanza fundamental: la unidad en la diversidad es nuestra principal fortaleza. Costa Rica necesita que organizaciones sindicales, sectores sociales, personas trabajadoras y ciudadanía sean capaces de anteponer la defensa del país a intereses gremiales particulares. Podemos tener diferencias, pero cuando están en juego la democracia, el Estado Social de Derecho y nuestras instituciones, debemos encontrar los puntos que nos unen.
ANEP se alegra de que finalmente estos recursos, que ya estaban aprobados dentro del presupuesto del Poder Judicial y que no representan dinero adicional, sean liberados. Al mismo tiempo, instamos al Gobierno de la República a abandonar posiciones extremas y cualquier visión ideológica que convierta el diálogo social, la protesta democrática o la organización sindical en enemigos. Quienes defienden las instituciones democráticas no son adversarios del país: son parte esencial de una democracia viva.
Desde ANEP reiteramos nuestro compromiso de continuar participando, denunciando y movilizándonos cuando sea necesario para defender la institucionalidad costarricense. Costa Rica está primero. Por encima de diferencias sectoriales, gremiales o políticas debe prevalecer la defensa de la justicia, la democracia, los servicios públicos y el bienestar colectivo. Este episodio demuestra que cuando la ciudadanía se organiza, las instituciones actúan y los distintos sectores encuentran puntos de encuentro, Costa Rica puede hacerse escuchar.
Funcionario de AyA recibió pago durante 8 meses sin laborar, ni justificar esa ausencia permanente
– Seccional de ANEP en AyA solicita a Auditoría Interna investigar posibles fallas graves de control, eventuales omisiones funcionales y una eventual afectación de recursos públicos.
La Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentó, el pasado 10 de agosto, una denuncia formal ante la Auditoría Interna para que se investigue cómo pudo mantenerse en planilla y eventualmente recibir remuneraciones un funcionario durante un prolongado período en el que, según los antecedentes institucionales disponibles, no constaba ante su jefatura documentación de incapacidades posterior al 30 de septiembre de 2025.
El aspecto que genera mayor preocupación es que, según el propio informe utilizado como antecedente institucional, la consulta documentada a Capital Humano para comprobar las incapacidades del funcionario aparece realizada hasta el 21 de mayo de 2026, casi ocho meses después de la última incapacidad que figuraba registrada.
La ANEP considera que el caso no puede reducirse únicamente a determinar la responsabilidad del funcionario involucrado.
La pregunta que debe responder la investigación es más profunda:
¿Cómo funcionaron las jefaturas, el control de asistencia, Capital Humano y Planillas durante todos esos meses?
La organización sindical solicitó reconstruir la cadena completa de decisiones y controles para determinar quién conocía la situación, desde cuándo la conocía, quién tenía la obligación de verificarla y qué funcionarios o dependencias permitieron que los pagos continuaran, en caso de comprobarse que efectivamente existieron remuneraciones sin causa jurídica suficiente.
La denuncia pide además establecer cuál fue el último salario pagado, quién autorizó o ejecutó los movimientos de planilla y si existió una afectación al patrimonio público.
Para la ANEP, tratándose de dinero público, resulta indispensable explicar cómo una eventual irregularidad de esta naturaleza pudo prolongarse durante meses sin ser detectada o corregida oportunamente por los mecanismos ordinarios de control institucional.
La organización también solicita determinar si se trató de una situación aislada o si el caso evidencia una falla estructural en los controles de asistencia, incapacidades y pago de remuneraciones del AyA.
ANEP ha solicitado que cualquier responsabilidad sea individualizada con absoluto respeto al debido proceso y sobre la base de documentos, registros oficiales y evidencia objetiva.
“Aquí no basta con preguntarse qué hizo o dejó de hacer un funcionario. También debe investigarse quién debía controlar, quién debía verificar y cómo fue posible que una situación relacionada con recursos públicos pudiera mantenerse durante tantos meses sin una respuesta institucional oportuna”, sentenció la seccional ANEP-AyA.
La denuncia fue presentada este 10 de agosto de 2026 ante la Auditoría Interna del AyA.
La presidenta Fernández debe disculparse con el personal del IAFA
Las recientes manifestaciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, en las que afirmó que el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) “no sirve para nada”, constituyen una descalificación que ofende la dignidad de las personas trabajadoras de una institución que durante décadas ha cumplido una función fundamental para la salud pública y la atención de problemáticas sociales de enorme complejidad.
En el IAFA labora personal altamente calificado, experimentado y comprometido: profesionales de las ciencias médicas, ciencias sociales, ciencias de la administración y otras disciplinas, junto con personal técnico y administrativo indispensable para el funcionamiento institucional. Todos ellos realizan diariamente sus funciones con profesionalismo, responsabilidad y vocación de servicio.
Lo hacen, además, enfrentando limitaciones materiales, rezagos tecnológicos y necesidades de modernización, en medio de una realidad social cada vez más compleja y desigual. Los problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas requieren más prevención, mayor atención especializada, conocimiento técnico, fortalecimiento institucional y un Estado con mayor sensibilidad social.
Si existen problemas estructurales en el IAFA, corresponde preguntarse también por la responsabilidad de los sucesivos gobiernos. Si el Gobierno actual sostiene que encontró una institución con serias deficiencias, debe presentar los datos y criterios técnicos que sustenten ese diagnóstico y explicar qué acciones concretas adoptará para corregirlas.
Los trabajadores y trabajadoras del IAFA no pueden cargar con la responsabilidad por rezagos presupuestarios, tecnológicos o administrativos que trascienden sus competencias. Corresponde a las autoridades políticas asumir las responsabilidades que les competen y proporcionar a la institución los recursos y herramientas que necesita.
Especial preocupación y profunda decepción genera la actuación de la Dra. Delma Vaglio Zonta, Directora General del IAFA, quien, ante una afirmación que descalificó públicamente a la institución que dirige, guardó silencio.
Ese no era un momento para callar. Era el momento de defender al IAFA y, sobre todo, la dignidad de sus trabajadores y trabajadoras.
Quien ocupa la Dirección General tiene la responsabilidad de representar a la institución, explicar técnicamente su trabajo y respaldar a su personal frente a una descalificación de semejante magnitud. Ante la afirmación de que el IAFA “no sirve para nada”, correspondía una respuesta clara y firme.
Esa defensa no se produjo. Y ese silencio resulta particularmente grave viniendo de la máxima autoridad administrativa de la institución.
Ante la próxima salida de la Dra. Delma Vaglio Zonta, esperamos que quien asuma la Dirección General tenga la independencia y firmeza necesarias para defender al IAFA, respaldar a su personal y exigir las condiciones que la institución necesita para cumplir adecuadamente su misión.
Finalmente, señora Presidenta: desde la Presidencia de la República se pueden cuestionar resultados, exigir eficiencia y promover reformas. Lo que no corresponde es menospreciar el trabajo y la dignidad de quienes sostienen diariamente una institución pública.
A los compañeros y compañeras del IAFA les expresamos nuestro respaldo. Es momento de mantenernos unidos, defender nuestra dignidad y reivindicar el valor del trabajo que se realiza con conocimiento, profesionalismo y vocación de servicio.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
RENASES: II Asamblea Nacional, Diálogo Social, Plantón, refrendo de Sectores al Pacto Patriótico Costarricense y movilización.
La Red Nacional de Sectores Sociales convocó a más de 200 activistas de diversos sectores sociales, para celebrar la II Asamblea Nacional de RENASES, con la participación de fracciones de oposición en la Asamblea Legislativa, representantes de Partidos Políticos, algunos excandidatos a la presidencia y líderes de organizaciones sociales.
El pasado 29 de junio se estableció un Pacto Patriótico Costarricense entre las fracciones del PLN, FA y CAC y RENASES. Hoy refrendaron dicho pacto 25 nuevas organizaciones con el compromiso de construir una agenda nacional, que permitirá evidenciar los graves problemas que afrontan y buscar vías de solución. Así, la consigna fue optar por el diálogo social y la movilización, con miras a provocar el contrapeso necesario para fortalecer el régimen democrático, la defensa de la institucionalidad, la libertad de expresión, la atención a los costarricenses empobrecidos y vulnerables, la paz social fruto de la justicia y las urgentes respuestas que requiere el momento político del país.
La participación de organizaciones sindicales, agroalimentarias, ganaderas, ambientales, estudiantiles, comunales, territoriales, feministas, académicas, religiosas y otros movimientos sociales permitió la formulación de estrategias e incidencia política.
La II Asamblea toma acuerdos en medio de la tensión institucional
La Asamblea de RENASES se realizó en un contexto de creciente tensión entre poderes de la República, tras el señalamiento de la Presidencia sobre una resolución de la Sala Constitucional y los posteriores rechazos de fracciones de oposición y del Poder Judicial.
En ese escenario, RENASES reivindicó el papel de la sociedad civil organizada como contrapeso y expresión de una democracia participativa. Así, instó a defender la Constitución, la separación de poderes, la democracia, y la institucionalidad pública. En consecuencia, la II Asamblea acordó apoyar la convocatoria al “Plantón por la democracia” a realizarse el jueves 6 del presente mes.
También, enviar una misiva a la presidenta de la República, Laura Fernández; solicitando audiencia donde RENASES instará a un proceso de diálogo social, con miras a la solución conjunta de los principales temas-problemas expuestos en la II Asamblea.
Acerca de RENASES
La Red Nacional de Sectores Sociales es un espacio de articulación de organizaciones sociales y una plataforma de diálogo social, bajo la coordinación y representación a cargo del Equipo Timón, integrado por representantes de ANDE, ANEP, SEC, UNAG y UNDECA, que fomenta una agenda nacional que vincula a las diversas organizaciones y la problemática que cada una afronta y un Pacto Patriótico Costarricense con fracciones de oposición.
ANEP denuncia presunto patrón de acoso y hostigamiento laboral en el PANI
Entre los años 2023 y 2025 la institución archivó 21 procedimientos relacionados con presunto hostigamiento laboral, además de mantener otros procesos en trámite.
Personas trabajadoras denunciaron presuntos hechos de acoso y hostigamiento laboral y, posteriormente, enfrentaron procedimientos administrativos promovidos por las mismas jefaturas contra las que habían presentado sus denuncias.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció la existencia de una serie de casos que, a criterio de la organización sindical, evidencian un presunto patrón de acoso y hostigamiento laboral dentro del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Entre las situaciones documentadas por la organización se encuentran personas trabajadoras que, tras denunciar presuntos hechos de acoso y hostigamiento laboral, desarrollaron afectaciones psicológicas que requirieron incapacidades médicas y que, aun encontrándose en esa condición, fueron objeto de procedimientos administrativos y actuaciones disciplinarias. Para la ANEP, estas situaciones no corresponden a hechos aislados, sino a una práctica identificada en distintos departamentos, oficinas locales y direcciones regionales de la institución.
La preocupación de la ANEP se fundamenta tanto en la documentación recopilada durante los últimos años como en información oficial suministrada por el propio PANI. De acuerdo con esos datos, entre los años 2023 y 2025 la institución archivó 21 procedimientos relacionados con presunto hostigamiento laboral, además de mantener otros procesos en trámite. Para la organización sindical, estas cifras hacen necesario revisar la efectividad de los mecanismos institucionales para prevenir, investigar y atender este tipo de situaciones.
«No estamos hablando únicamente de expedientes administrativos; detrás de cada uno hay personas trabajadoras cuya salud, estabilidad emocional e incluso su permanencia en la institución se han visto seriamente afectadas. Los casos que hemos documentado demuestran la necesidad de revisar profundamente la forma en que el PANI previene, investiga y atiende las denuncias por presunto acoso y hostigamiento laboral.», afirmó Jeffry Hernández Rojas, Asesor Sindical de la ANEP.
Detrás de cada expediente hay personas
Por razones de protección, confidencialidad y para evitar posibles represalias, la ANEP mantiene en reserva la identidad de las personas trabajadoras involucradas en los casos que actualmente acompaña. Sin embargo, considera indispensable visibilizar algunas de las situaciones que evidencian el impacto humano que pueden tener estas denuncias.
Uno de los casos más representativos corresponde a una persona trabajadora de la Dirección Regional de Alajuela, quien denunció presuntos hechos de acoso y hostigamiento laboral contra su jefatura.
Durante la investigación, la Presidencia Ejecutiva del PANI adoptó medidas cautelares para proteger a la persona denunciante. Sin embargo, al emitir la resolución final determinó que el procedimiento administrativo presentaba graves vicios de legalidad, debido a errores cometidos por la propia Administración durante su tramitación, por lo que declaró su nulidad absoluta.
Para la ANEP, lo más preocupante no fue la nulidad del procedimiento, sino la decisión posterior de la Administración. En lugar de corregir los errores advertidos e iniciar un nuevo procedimiento que permitiera esclarecer los hechos denunciados, el expediente fue archivado. Como consecuencia, las medidas cautelares fueron levantadas y la persona trabajadora tuvo que reincorporarse a sus labores bajo la supervisión de la misma persona contra quien había presentado la denuncia por presunto acoso y hostigamiento laboral. Finalmente, la persona trabajadora renunció a la institución sin que existiera una resolución que determinara el fondo de la denuncia que había presentado, mientras la jefatura denunciada continuó ejerciendo sus funciones.
Testimonios de personas trabajadoras afectadas
Se omiten sus nombres para proteger su identidad y evitar posibles represalias.
«Sentí que denunciar no sirvió para detener el problema. Al contrario, las represalias aumentaron y terminé perdiendo mi estabilidad laboral y mi tranquilidad.»
«Regresé a trabajar con la misma jefatura que había denunciado. Nunca hubo una resolución sobre el fondo de mi denuncia y finalmente fui yo quien tuvo que dejar la institución.»
«El daño no fue solo laboral; también afectó mi salud, mi familia y mi proyecto de vida.»
Una orden de la Presidencia Ejecutiva que, según la ANEP, continúa sin cumplirse
Otro de los casos documentados por la organización sindical ocurrió en la Oficina Local de Poás–Vara Blanca, perteneciente a la Dirección Regional de Alajuela.
Mientras una persona trabajadora permanecía incapacitada por afectaciones relacionadas, según la denuncia presentada, con presunto acoso y hostigamiento laboral, representantes de la ANEP realizaron una visita de verificación y constataron que el espacio físico asignado a esa persona había sido desmantelado. Durante la inspección se verificó que mobiliario, equipo de trabajo, expedientes y pertenencias personales habían sido retirados y distribuidos en distintos espacios de la oficina, sin que existiera un inventario formal que respaldara dichas actuaciones. Estos hechos fueron documentados mediante un acta elaborada por la organización sindical y comunicados a la Presidencia Ejecutiva del PANI.
Como resultado de esa gestión, la Presidenta Ejecutiva del PANI, mediante el oficio PANI-PE-OF-2494-2025, ordenó la restitución del espacio físico de la persona trabajadora y dispuso la adopción de las medidas administrativas correspondientes.
Sin embargo, la ANEP denuncia que, a pesar de esa instrucción expresa emitida por la máxima autoridad institucional, la Dirección Regional de Alajuela y la Coordinación a.i. de la Oficina Local de Poás–Vara Blanca no han dado cumplimiento efectivo a lo ordenado.
Personas incapacitadas enfrentando procedimientos administrativos
La ANEP también manifestó su preocupación por otros expedientes en los que personas trabajadoras que permanecían incapacitadas por afectaciones psicológicas derivadas, según las denuncias presentadas, del ambiente laboral, posteriormente enfrentaron actuaciones administrativas disciplinarias.
La organización afirma contar con evidencia fotográfica que documenta la presencia de funcionarios del órgano disciplinario notificando actuaciones administrativas en los domicilios de personas trabajadoras que permanecían incapacitadas. Para la ANEP, este tipo de actuaciones debe analizarse con especial sensibilidad, considerando la condición de salud de quienes enfrentaban dichos procedimientos.
No se trata de casos aislados
Para la ANEP, los casos expuestos evidencian la necesidad de que el PANI revise y fortalezca sus mecanismos de prevención, investigación y atención del acoso y hostigamiento laboral. La organización considera que ninguna persona trabajadora debería enfrentar afectaciones a su salud, procedimientos administrativos mientras permanece incapacitada o la pérdida de las medidas de protección como consecuencia de deficiencias atribuibles a la propia Administración. Asimismo, reiteró que las órdenes emitidas por la Presidencia Ejecutiva deben cumplirse de manera efectiva por todas las dependencias institucionales, garantizando ambientes laborales seguros, respetuosos y libres de toda forma de violencia.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
ANEP solicita intervención urgente de la CCSS ante graves denuncias en el Área de Salud de San Isidro de Heredia
¿El ICE «está volando» o solamente vuelan los privilegios de una cúpula mientras la clase trabajadora y el país pagan la factura?
En los últimos tiempos se nos ha repetido el mismo discurso, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) atraviesa una etapa de fortalecimiento, que las finanzas mejoran y que la institución «está volando». Sin embargo, la realidad que viven miles de trabajadores y trabajadoras, así como la ciudadanía costarricense, dista mucho de ese relato triunfalista.
Las recientes publicaciones periodísticas que revelan que un reducido grupo conformado por altos mandos y sus asesores concentra cerca de ₡1.000 millones anuales en salarios vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que la Administración Superior se niega a responder, ¿para quién está volando realmente el ICE?
Mientras la inmensa mayoría del personal enfrenta años sin incrementos salariales reales, con una pérdida constante del poder adquisitivo producto de la inflación y del aumento en el costo de vida, la cúpula administrativa parece vivir una realidad completamente distinta. Para los trabajadores y trabajadoras se habla de austeridad, contención del gasto, sacrificios institucionales y restricciones presupuestarias. Para otros pocos, pareciera que esas reglas simplemente no existen.
Resulta moralmente inaceptable que quienes diariamente sostienen la operación de una de las instituciones más importantes del país sean llamados constantemente a hacer más con menos, mientras un pequeño grupo disfruta de remuneraciones extraordinarias, asesorías millonarias, viajes, beneficios y una estructura administrativa cuyo costo continúa creciendo.
Más grave aún es que esta realidad ocurre en una institución que ha venido enfrentando cuestionamientos públicos por decisiones administrativas que han significado pérdidas de participación de mercado, retrasos en proyectos estratégicos, procesos de contratación altamente cuestionados, debilitamiento de los negocios de telecomunicaciones, reorganizaciones institucionales sin estudios suficientes y una serie de denuncias que las organizaciones sindicales hemos venido señalando desde hace años.
La indignación aumenta cuando se recuerda que, según el propio discurso de la Administración Superior, el ICE goza de buena salud financiera. Si realmente la institución se encuentra en la condición que tanto se publicita, entonces surge una pregunta elemental, ¿Por qué los beneficios únicamente alcanzan a la alta jerarquía y nunca llegan a quienes generan diariamente el verdadero valor institucional? ¿Por qué no existen recursos para reconocer el esfuerzo del personal técnico, profesional, administrativo y operativo que mantiene funcionando las redes eléctricas y de telecomunicaciones las 24 horas del día? ¿Por qué no existen recursos para mejorar las condiciones laborales, invertir en capacitación, fortalecer las herramientas de trabajo o reconocer salarialmente a quienes durante años han sostenido la competitividad institucional? ¿Por qué siempre se exige sacrificio a la base trabajadora mientras la cúpula continúa incrementando el costo de la estructura administrativa?
La ciudadanía también tiene derecho a cuestionar este modelo. El ICE no pertenece a una élite administrativa, pertenece al pueblo costarricense.
Cada colón que se destina a sostener estructuras salariales privilegiadas es un colón que deja de invertirse en infraestructura, modernización tecnológica, expansión de servicios, reducción de tarifas, innovación o fortalecimiento de la competitividad institucional.
No puede hablarse de responsabilidad financiera cuando existen enormes diferencias entre el discurso de austeridad dirigido al personal y la realidad de una estructura gerencial cuyos costos continúan siendo extraordinariamente elevados.
No puede pedírsele compromiso a la clase trabajadora de la institución mientras se normaliza una cultura donde los privilegios parecen concentrarse únicamente en los niveles superiores.
No puede exigirse excelencia operacional cuando quienes verdaderamente sostienen la institución observan cómo el reconocimiento económico nunca llega a ellos.
Desde esta organización hemos sido enfáticos en cuestionar decisiones que han debilitado al ICE, que han provocado la pérdida de participación en el negocio de telecomunicaciones, contrataciones cuestionadas, falta de planificación estratégica, disminución de la competitividad, procesos administrativos que generan incertidumbre entre el personal y una preocupante desconexión entre la alta administración y la realidad operativa de la institución. Hoy, la revelación de estos elevados costos salariales únicamente profundiza esa percepción y significa una bofetada para el personal trabajador de la institución.
La confianza institucional no se recupera mediante campañas publicitarias ni discursos optimistas, se recupera con transparencia, con rendición de cuentas, con coherencia entre lo que se exige y lo que se practica, con una administración que comprenda que el liderazgo implica dar ejemplo, especialmente cuando durante años se ha solicitado sacrificio a miles de trabajadores.
Exigimos que si la Administración insiste en afirmar que el ICE atraviesa un momento financiero favorable, ese supuesto éxito se traduzca también en el reconocimiento del esfuerzo de quienes verdaderamente hacen posible que la institución funcione todos los días: sus trabajadores y trabajadoras, porque el éxito institucional no puede medirse únicamente por los privilegios de unos pocos.
Se mide por el bienestar colectivo, por el respeto a la clase trabajadora, por la transparencia en el uso de los recursos públicos y por el compromiso real con el pueblo costarricense.
Un ICE fuerte no se construye enriqueciendo una élite administrativa mientras se congelan las expectativas de miles de funcionarios.
Un ICE fuerte se construye cuando el crecimiento, el reconocimiento y los beneficios alcanzan a toda la institución y, sobre todo, cuando el interés público prevalece sobre cualquier privilegio particular.
La Contraloría confirma las denuncias de la ANEP y advierte el riesgo en el manejo de los recursos públicos en JASEC
La ANEP manifiesta su profunda preocupación por las contundentes conclusiones contenidas en el Informe de Auditoría DFOE-SOS-IAD-00001-2026 de la Contraloría General de la República, el cual confirma una serie de deficiencias estructurales en el proceso de preinversión de proyectos de JASEC que ponen en riesgo la correcta utilización de los recursos públicos.
La Contraloría concluye que el proceso de preinversión de la institución presenta un incumplimiento generalizado de la normativa y de las buenas prácticas, señalando que las decisiones de inversión se están adoptando sin el sustento técnico, financiero, económico y social que exige el ordenamiento jurídico.
Más grave aún, el informe advierte que la Administración ha orientado los estudios de preinversión a justificar soluciones previamente definidas, en lugar de analizar objetivamente los problemas, valorar distintas alternativas y demostrar cuál de ellas representa la mejor decisión para proteger el interés público.
Esta conclusión reviste enorme importancia porque confirma exactamente la preocupación que ANEP ha venido denunciando desde hace meses: cuando la etapa de preinversión se desarrolla de manera incorrecta o incompleta, el riesgo no es únicamente un error técnico; el verdadero riesgo es que se comprometan millones de colones de recursos públicos en proyectos cuya conveniencia nunca fue debidamente demostrada.
La propia Contraloría advierte que las omisiones detectadas impiden asegurar razonablemente que las inversiones aprobadas sean las más convenientes para resolver las necesidades institucionales y de la ciudadanía, incrementando el riesgo para la Hacienda Pública y para la estabilidad financiera de la institución.
Entre las principales deficiencias señaladas por el órgano contralor destacan:
- ausencia de comparación entre alternativas de solución;
- objetivos que no son medibles ni verificables;
- falta de identificación y valoración integral de riesgos;
- ausencia de evaluaciones económico-sociales;
- omisiones en los análisis financieros;
- falta de estudios suficientes para determinar la rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia de las inversiones.
La Contraloría incluso concluye que, bajo esas condiciones, no es posible asegurar que los financiamientos que asuma JASEC no comprometan su capacidad de pago ni su estabilidad financiera, precisamente porque las decisiones se sustentan en estudios incompletos.
UNA JUNTA DIRECTIVA EXCESIVAMENTE COMPLACIENTE
Resulta igualmente preocupante la actuación de la actual Junta Directiva.
Lejos de realizar un análisis crítico sobre las causas que originaron estas observaciones o exigir responsabilidades administrativas por las deficiencias señaladas por la Contraloría, el acuerdo adoptado por la Junta Directiva se limitó a dar por recibidos los informes, aprobar las disposiciones emitidas por la Contraloría e instruir a la Gerencia General para que coordine su cumplimiento, sin que se advierta un cuestionamiento sobre las actuaciones que dieron origen a este severo informe.
Desde ANEP consideramos que una Junta Directiva que ejerce verdaderamente su función de dirección superior no puede limitarse a recibir informes cuando el máximo órgano de fiscalización del país concluye que existen incumplimientos generalizados en la forma en que se sustentan decisiones de inversión pública.
Más aún cuando JASEC dispone de un Departamento de Gestión de Proyectos, bajo la responsabilidad del ingeniero Edwin Aguilar, cuya función precisamente consiste en conducir adecuadamente los procesos de formulación y preinversión que sirven de base para comprometer cientos o miles de millones de colones del patrimonio institucional.
El informe de la Contraloría no cuestiona un simple trámite administrativo; cuestiona la calidad técnica de los estudios que respaldan decisiones estratégicas de inversión.
Por ello, resulta legítimo preguntarse:
- ¿Quiénes son los responsables de que la Contraloría detectara estas deficiencias?
- ¿Qué controles ejercieron la Gerencia General y las dependencias técnicas responsables?
- ¿Por qué la Junta Directiva no ha exigido una rendición de cuentas sobre las causas que originaron estos incumplimientos?
EL INFORME REFUERZA LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR ANEP
Este informe constituye un importante respaldo a las denuncias que ANEP ha venido formulando respecto de diversos proyectos institucionales, particularmente aquellos relacionados con inversiones de gran magnitud como la nueva Sede Corporativa.
Nuestra organización ha insistido en que ninguna inversión millonaria puede sustentarse en estudios incompletos, en análisis parciales o en decisiones previamente definidas.
Hoy la Contraloría confirma que precisamente esas deficiencias existen y que la propia metodología de preinversión aplicada por la institución requiere una profunda corrección antes de continuar comprometiendo recursos públicos.
EXIGIMOS RESPONSABILIDADES
ANEP exige:
- Que se determinen las responsabilidades administrativas derivadas de los incumplimientos señalados por la Contraloría.
- Que la Junta Directiva ejerza un control efectivo sobre la Administración Superior y las dependencias técnicas responsables.
- Que ningún proyecto de inversión continúe avanzando mientras no se cumplan íntegramente las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.
- Que se garantice a la ciudadanía absoluta transparencia respecto de los estudios técnicos, financieros y jurídicos que fundamentan las inversiones institucionales.
La administración de los recursos públicos exige mucho más que aprobar acuerdos.
Exige rigor técnico, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad.
La ciudadanía cartaginesa merece una JASEC que tome decisiones con fundamento técnico y jurídico, no sobre estudios que el propio órgano contralor ha considerado insuficientes para garantizar la protección del interés público.
ANEP continuará vigilante y denunciará cualquier actuación que comprometa el patrimonio público o se aparte de los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y buena administración.
ANEP
Informe de la Contraloría General de la República
