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ANEP alerta que proyecto que crea el Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO) “metería el bisturí” al sector social con despidos y recortes

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• Declaraciones de la jerarca del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) encienden alarmas sobre ajustes drásticos en la política social.

• El proyecto permitiría traslados forzosos, mayor discrecionalidad política y debilitamiento del empleo público.

• Miles de familias podrían ver reducidas becas, subsidios y programas sociales.

San José, 5 de febrero de 2026. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su profunda preocupación tras analizar el proyecto de ley Expediente N.° 25.112, que propone la creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO) mediante la absorción de instituciones clave como el IMAS, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).

Además, la iniciativa concentraría en el nuevo ministerio la administración del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), principal fuente de financiamiento de becas, subsidios y transferencias sociales del país.

Para ANEP, esta reestructuración no fortalece la política social. Por el contrario, pone en riesgo la estabilidad laboral de cientos de personas trabajadoras al permitir traslados de personal y plazas, redefinir puestos de confianza y aplicar eventuales indemnizaciones bajo criterios técnicos poco claros, lo que podría derivar en despidos encubiertos. La centralización de funciones y la subordinación del IMAS al ministerio también amenazan con sobrecargar al personal, debilitar la negociación sindical y reducir la capacidad operativa de las instituciones en los territorios.

A esta preocupación se suma que la presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleny León Marchena, manifestó públicamente que “es hora de meter el bisturí” al sector social. Para ANEP, este tipo de expresiones evidencian una orientación hacia recortes y ajustes drásticos, y no hacia el fortalecimiento institucional, lo que incrementa la incertidumbre laboral y el riesgo de debilitamiento de los programas que atienden a la población más vulnerable.

Asimismo, la población usuaria podría enfrentar una reducción en la cobertura de programas sociales, atrasos en la entrega de becas y subsidios, y eventuales exclusiones de familias que actualmente reciben apoyo. También preocupa la apertura a convenios con el sector privado y organizaciones no gubernamentales que podrían sustituir empleo público por esquemas laborales más precarios.

ANEP advierte que esta reforma, lejos de mejorar la eficiencia del Estado, pone en tensión los derechos laborales, la calidad del servicio público y la atención oportuna a quienes más necesitan apoyo.

Impactos para las personas trabajadoras

•Menor autonomía técnica y decisiones centralizadas desde el ministerio.
•Traslados forzosos e incertidumbre laboral, con riesgo de despidos encubiertos.
•Aumento de cargos de confianza y mayor discrecionalidad política.
•Debilitamiento de la negociación sindical y de la estabilidad en el empleo público.
•Más carga de trabajo y duplicación de funciones sin compensación.

Impactos para la población usuaria

•Retrasos en becas, subsidios y transferencias sociales.
•Reducción de cobertura y exclusión de familias necesitadas.
•Posible sustitución de empleo público por servicios privatizados o tercerizados.
•Menor presencia territorial del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en comunidades.
•Más trámites y tiempos de respuesta más lentos.

Ante este escenario, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) exige garantías absolutas de estabilidad laboral, respeto pleno de los derechos adquiridos, despolitización de plazas y recursos suficientes, permanentes y transparentes que aseguren una atención integral y de calidad a la población más vulnerable. La centralización y subordinación de instituciones con trayectoria social no resolverá la pobreza ni fortalecerá la política social, sino que corre el riesgo de debilitarla.

ANEP hace un llamado urgente a las y los legisladores y a la ciudadanía para analizar con rigor esta reforma y evitar decisiones que afecten el empleo público y los programas sociales que sostienen a miles de familias.

El sindicato reafirma su vigilancia permanente y su disposición a actuar en defensa de los derechos laborales y de la institucionalidad social del país, e insta a las personas trabajadoras del sector, particularmente del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), a mantenerse informadas, organizadas y unidas para proteger el empleo público y los servicios que garantizan derechos a la población.

Una reforma social sin garantías laborales ni protección institucional pone en riesgo tanto a quienes trabajan por el bienestar social como a las familias que dependen de estos servicios.

Sala Constitucional condena al PANI por negar información sobre la reasignación de una abogada del DARI ante rezagos judiciales

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–La institución deberá informar si la Dirección Regional de Alajuela abrió procesos administrativos contra la coordinación y los abogados responsables del rezago, y entregar toda la información solicitada por la ANEP en un plazo de diez días.

El fallo ordena transparencia y condena al PANI al pago de costas, daños y perjuicios.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto contra el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), al determinar que la institución violentó el derecho fundamental de acceso a la información pública, al negar información relacionada con una reorganización administrativa solicitada por la Dirección Regional de Alajuela ante un grave rezago en la atención y gestión de procesos judiciales en la oficina local de Alajuela Oeste.

El caso se origina a partir del oficio PANI-DRA-OF-0004-2024, emitido por la Directora Regional de Alajuela, Yorleny Mora Acuña, mediante el cual se puso en conocimiento de la Presidencia Ejecutiva del PANI la existencia de rezagos significativos en la tramitación de procesos judiciales en la oficina local de Alajuela Oeste, situación que incluso había generado prevenciones por parte de autoridades judiciales.

Ante este escenario, la Dirección Regional de Alajuela solicitó una reorganización temporal del recurso humano del área legal, que implicaba trasladar a una abogada del Departamento de Atención y Respuesta Inmediata (DARI) para que asumiera la atención de procesos judiciales en una oficina local distinta, ejecutando funciones para las cuales no fue contratada originalmente.

Frente a estos hechos, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó formalmente información pública con el fin de esclarecer:

            •          La respuesta emitida por la Presidencia Ejecutiva del PANI ante la solicitud de reorganización planteada por la Dirección Regional de Alajuela.

            •          Las decisiones administrativas adoptadas para enfrentar el rezago judicial comunicado oficialmente.

            •          Si, ante la gravedad de los hechos descritos en el oficio regional, la Administración procedió o no a la apertura de procesos administrativos disciplinarios contra la coordinación de la oficina local de Alajuela Oeste y contra los profesionales responsables de los procesos judiciales rezagados, o si, por el contrario, se optó únicamente por redistribuir funciones entre personal no contratado para dichas labores.

La solicitud tenía como propósito determinar si la Administración activó los mecanismos institucionales de responsabilidad administrativa, o si, el rezago fue atendido exclusivamente mediante la reasignación de funciones, sin una valoración formal de eventuales incumplimientos funcionales.

No obstante, la Presidencia Ejecutiva del PANI denegó de forma absoluta el acceso a la información solicitada, limitándose a invocar de manera genérica el denominado “principio de confidencialidad”, sin citar norma legal específica, sin motivación concreta y sin realizar un análisis individualizado de la información requerida.

La Sala Constitucional determinó que dicha actuación no se ajusta al estándar constitucional, y estableció, entre otros aspectos, que:

            •          La información solicitada corresponde a comunicaciones internas y decisiones administrativas relacionadas con la organización del servicio público, las cuales no integran una esfera de reserva absoluta.

            •          La invocación genérica de la confidencialidad no constituye una justificación constitucionalmente válida para restringir el derecho de acceso a la información pública.

            •          Aun cuando exista materia disciplinaria, la Administración no puede negar de forma total la información, y está obligada, como mínimo, a informar sobre la existencia o no de actuaciones administrativas y su estado general.

            •          El PANI omitió aplicar el principio de divisibilidad de la información, al no distinguir entre datos sensibles protegidos y aquella información de carácter público o general.

La Sala reiteró que las instituciones públicas están sujetas a los principios de transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano, especialmente cuando se trata de decisiones que inciden directamente en la organización del servicio público y el cumplimiento de funciones legales.

En su sentencia, la Sala Constitucional ordenó al Patronato Nacional de la Infancia que, en un plazo máximo de diez días, proceda a:

            •          Entregar copia de la respuesta institucional emitida por la Presidencia Ejecutiva al oficio PANI-DRA-OF-0004-2024.

            •          Informar si se han iniciado o no procedimientos administrativos disciplinarios relacionados con los hechos descritos y, en caso afirmativo, indicar la etapa en que se encuentran, sin divulgar información protegida por la normativa de datos personales.

            •          Aplicar de forma estricta el principio de divisibilidad de la información, resguardando únicamente los datos personales, confidenciales o sensibles que legalmente deban mantenerse bajo reserva.

Asimismo, la Sala condenó al PANI al pago de costas, daños y perjuicios, y advirtió que el incumplimiento de la sentencia puede acarrear consecuencias penales, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Con esta resolución, la Sala Constitucional establece que la transparencia y la rendición de cuentas son exigencias ineludibles en la gestión pública, y que las reorganizaciones administrativas no pueden utilizarse como un mecanismo para eludir el análisis de eventuales responsabilidades, ni para negar el acceso a información pública mediante argumentos genéricos de confidencialidad.

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ANEP rechaza declaraciones irresponsables sobre el Banco de Costa Rica y advierte graves riesgos de su eventual venta

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su más enérgico rechazo a las recientes declaraciones de la Presidenta Electa doña Laura Fernadez, emitidas en Canal 8, en las cuales se refirió a la venta del Banco de Costa Rica (BCR), afirmando previamente que esta institución “va a quebrar”, sin evidencia técnica, sin respaldo financiero y sin un conocimiento mínimo de la realidad económica del banco.

Este tipo de afirmaciones son gravemente irresponsables. Emitir juicios de “quiebra” sobre una institución financiera pública sólida, sin sustento alguno, no solo demuestra desconocimiento, sino que pone en riesgo la confianza ciudadana, la estabilidad del sistema financiero nacional y el patrimonio público que pertenece a todas y todos los costarricenses.

El Banco de Costa Rica no está quebrado.  

Sus estados financieros consolidados, disponibles públicamente en su sitio web oficial, muestran un banco con activos superiores a los ¢7,5 billones, una cartera de crédito robusta, niveles adecuados de capitalización y resultados positivos. Cualquier persona —y con mayor razón la presidenta de la República electa— puede y debe acceder a esa información antes de emitir declaraciones de alto impacto nacional.

Desde ANEP advertimos que la eventual venta del Banco de Costa Rica conlleva riesgos y perjuicios profundos, entre ellos:

  • La pérdida de un instrumento estratégico del Estado para el desarrollo económico, social y productivo.
  • La renuncia a ingresos públicos recurrentes, a cambio de un ingreso único y temporal.
  • El encarecimiento y restricción del crédito para PYMES, sectores rurales, agricultores, cooperativas y familias trabajadoras.
  • El debilitamiento de la banca de desarrollo y de los fideicomisos públicos.
  • La pérdida de miles de empleos directos e indirectos y el deterioro de las condiciones laborales.
  • El cierre de sucursales en zonas rurales y comunidades fuera del Gran Área Metropolitana.
  • El aumento de la concentración bancaria, con menos competencia y mayores costos para la población.
  • La reducción de la capacidad del Estado para enfrentar crisis económicas, al perder una banca pública contracíclica.
  • El riesgo de subvalorar y malvender un activo estratégico construido durante generaciones.
  • La pérdida de transparencia y control público sobre una institución clave.
  • Vender el Banco de Costa Rica es darle un fuerte impulso al proceso de concentración de la riqueza que vive el país

Vender el Banco de Costa Rica no es una decisión técnica menor: es una decisión política y estructural que compromete el futuro del país.

Desde ANEP exigimos responsabilidad, seriedad y rigor técnico. Hacemos un llamado público a la señora Laura Fernadez para que rectifique, se informe debidamente y revise los informes financieros oficiales del Banco de Costa Rica disponibles en www.bancobcr.com, antes de continuar emitiendo declaraciones que pueden causar un daño irreparable al interés nacional.

Costa Rica no necesita discursos improvisados ni dogmas privatizadores.  

Costa Rica necesita decisiones basadas en datos, responsabilidad institucional y defensa del patrimonio público.

ANEP se mantendrá vigilante y en defensa del Banco de Costa Rica, de sus trabajadores y del derecho de la población a una banca pública fuerte, transparente y al servicio del desarrollo nacional.

Atentamente,

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados  

ANEP  

ANEP llama a defender la democracia con participación, conciencia y voto inteligente

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Costa Rica atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Las tensiones sociales, el deterioro de servicios esenciales, la precarización del empleo, el debilitamiento institucional y la creciente desigualdad no son hechos aislados, son señales claras de que el país se encuentra en una encrucijada que exige responsabilidad, memoria y acción colectiva.

Desde ANEP, hacemos un llamado firme y consciente a todo el pueblo costarricense para que ejerza su derecho al voto y participe activamente en los procesos democráticos. Votar no es un trámite ni un gesto simbólico, es un acto de defensa del país, de su institucionalidad y de las conquistas sociales que han distinguido históricamente a Costa Rica.

La democracia no se sostiene sola. Se debilita cuando la indiferencia gana terreno, cuando se normaliza el abstencionismo y cuando se permite que decisiones trascendentales queden en manos de unos pocos. Hoy más que nunca, el voto debe ser inteligente, informado y responsable, orientado a proteger el interés público y no agendas particulares, improvisadas o guiadas por el debilitamiento del Estado.

Recordamos al pueblo costarricense que las instituciones públicas existen para servir al país, para garantizar derechos, asegurar igualdad de oportunidades y brindar servicios esenciales como salud, educación, electricidad, telecomunicaciones, agua, seguridad social y protección laboral. Sin estas instituciones, el modelo solidario que nos caracteriza se desmorona, y lo que seguiría sería una realidad donde cada costarricense tendría que pagar por absolutamente todo, excluyendo a miles y profundizando la desigualdad social.

Defender la democracia es defender lo público. Es comprender que el Estado no es un obstáculo, sino una herramienta fundamental para el desarrollo nacional, la cohesión social y la justicia. Quienes promueven su debilitamiento atentan directamente contra el bienestar colectivo y el futuro de las próximas generaciones.

ANEP invita a reflexionar, a informarse, a cuestionar y, sobre todo, a participar. La democracia se fortalece cuando el pueblo decide, cuando levanta la voz en las urnas y cuando asume que el rumbo del país no es ajeno ni distante, sino una responsabilidad compartida.

Costa Rica se defiende votando.

La democracia se protege participando.

El futuro se construye con conciencia.

ANEP oor la defensa del Estado Social de Derecho y de las instituciones al servicio del pueblo.

Construyen dormitorios de forma ilegal en oficinas centrales de la Policía Profesional de Migración en los Lagos de Heredia

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– Clausura fue realizada por la Municipalidad de Heredia

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración (PPM) denuncia que este viernes la Municipalidad de Heredia, procedió a clausurar, una construcción que se realiza en la sede central de la Policía Profesional de Migración en los Lagos de Heredia, por no contar con los respectivos permisos de construcción.

Así lo confirmó la propia oficina de prensa de la municipalidad herediana, tras la consulta realizada por parte de la ANEP, indicando que “Me indican los compañeros de Control Fiscal y Urbano que el cierre se realizó por medio de una denuncia recibida, una vez que se realiza la respectiva inspección se determina que no contaba con los permisos previos constructivos, y se determinó que es una propiedad privada”. Esto último debido, según denuncia de ANEP, a que la Policía Profesional de Migración alquila el inmueble donde se encuentra dicha sede, por una suma cercana a los 50 millones de colones mensuales.

La Seccional ANEP-PPM, también recibió información directa de oficiales destacados en la oficina policial de Los Lagos de Heredia, indicando que aparentemente la construcción sería un dormitorio destinado exclusivamente para directores de la Policía Profesional de Migración (PPM).

Edificio clausurado por la Munucipalidad de Heredia

“Esta situación genera profunda preocupación, ya que es la primera vez en la historia de la PPM que se pretende habilitar un dormitorio para directores, cuando la institución ya cuenta con dormitorios destinados al personal operativo, los cuales pueden ser utilizados en caso necesario por cualquier funcionario, sin distinción jerárquica” indicó Johanna Fernández Sequeira, vicepresidenta de la Seccional de la ANEP.

Fernández también agregó, “siendo este el objeto u otro consideramos que resulta aún más grave que, para justificar esta construcción, se haya expuesto innecesariamente a personal de limpieza, funcionarios administrativos y policiales, así como otros trabajadores, colocándolos en una situación de riesgo y vulnerabilidad, sin que exista una justificación operativa real ni una necesidad institucional comprobada”.

Desde la Seccional ANEP-PPM reiteraron que las prioridades de infraestructura deben orientarse a mejorar las condiciones del personal operativo, quienes sostienen el servicio policial 24/7 en aeropuertos, fronteras y puestos fijos.

Ante esto exigen transparencia, respeto al ordenamiento legal y un uso responsable de los recursos públicos. Asimismo, respaldan las acciones de control municipal y solicitan que se rindan cuentas claras sobre esta construcción, su finalidad y las responsabilidades administrativas correspondientes, ya que, para la seccional, la dignidad laboral, la seguridad del personal y el respeto a la institucionalidad no son negociables.

ANEP denuncia a la Alcaldía de Oreamuno ante el Ministerio Público

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–En la denuncia, se le solicita a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, investigar cuatro casos en donde se podría haber presentado un patrón de actuaciones contrarias a la ética, la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en la Municipalidad de Oreamuno, en su constante labor de velar por el correcto manejo de los recursos públicos, presentaron ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, una denuncia contra el actual alcalde de Oreamuno y candidato a diputado por la provincia de Cartago por el partido Unidos Podemos, Erick  Jiménez Valverde, así como contra la, presidenta del Concejo Municipal de apellidos Solís Carpio y el auditor municipal de apellidos Fonseca Calderón.

En la denuncia, se les solicita al Ministerio Público, investigar cuatro casos en donde se podría haber presentado un patrón de actuaciones contrarias a la ética en los deberes de la función pública, la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos.

Hechos denunciados.

CASO 1: FACTURACIÓN IRREGULAR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE UN TERCERO

Con fecha 13 de mayo de 2024, el alcalde, Erick Jiménez Valverde, mediante correo electrónico, ordenó a la empresa EBI que la factura por la recolección de residuos sólidos de la Municipalidad de Paraíso fuera emitida a nombre de la Municipalidad de Oreamuno. Esta directriz compromete fondos públicos de Oreamuno para cubrir gastos de otro cantón. La orden explícita fue: «Posteriormente enviar la factura de esos residuos a la Municipalidad de Oreamuno para que posteriormente sea facturado a la Municipalidad de Paraíso. Aunque ambas sean facturadas a nombre de la Municipalidad de Oreamuno, favor dividir las facturas de cada municipio».

En ejecución inmediata de dicha orden, la empresa EBI emitió, los días 13 y 14 de mayo de 2024, las boletas de recepción No. 2-2368 y 2-2369 a nombre de la Municipalidad de Oreamuno. Ambos documentos indican inequívocamente en su descripción que se trata de: «Residuos de Municipalidad de Paraíso facturado por instrucciones de Alcalde de Oreamuno», demostrando que no fue un hecho aislado.

Comunicaciones posteriores vía mensajería instantánea entre personal de EBI y de la Municipalidad de Oreamuno corroboran que la facturación irregular se realizó «por instrucciones del alcalde» y que incluso se discutió la posibilidad de añadir una nota en la factura que dijera «según acuerdo de alcaldía» para justificar la acción.

No consta que el Concejo Municipal de Oreamuno —órgano competente para aprobar convenios interinstitucionales según el artículo 17 del Código Municipal— haya sido informado, consultado o haya otorgado autorización expresa para esta disposición administrativa. Adicionalmente, se constató la inexistencia de una autorización inscrita en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) que respalde esta colaboración administrativa entre Oreamuno y Paraíso.

Esta disposición fue adoptada sin el conocimiento ni participación del funcionario responsable del contrato suscrito con EBI en representación de la Municipalidad de Oreamuno, lo cual transgrede los principios de coordinación administrativa, control interno y legalidad en el uso de fondos públicos.

CASO 2: GRAVES IRREGULARIDADES EN CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA

Una auditoría interna ha revelado serias deficiencias en la gestión, supervisión y recepción de múltiples proyectos de obra pública, con un posible perjuicio económico para el erario.

•          A. Construcción del Edificio SINEM (Contrato 2021LA-000009-0010600001): La obra, adjudicada a GOCESA DEL MOLINO S.A. , fue pagada en su totalidad por la Municipalidad sin que se firmaran las actas de recepción provisional o definitiva. Esto se realizó a pesar de una larga lista de defectos constructivos y contractuales, tales como: ausencia de rampa para personas con discapacidad (incumpliendo la Ley 7600), ingreso de agua desde el techo, cambio no autorizado de una bodega por una cocina, falta de accesorios sanitarios y un sistema eléctrico defectuoso, entre otros. Además, no hay evidencia de que se exigiera la garantía de 10 años estipulada en el contrato.

•          B. Remodelación del Área de Cajas del Edificio Municipal: Esta obra, declarada Patrimonio Histórico-Arquitectónico, inició el 18 de abril de 2022. Sin embargo, la gestión del permiso obligatorio ante el Centro de Patrimonio Cultural se realizó más de un mes después , lo que provocó que la obra, que debía durar 56 días, se paralizara y quedara inconclusa por más de un año, con escombros expuestos y afectando la imagen institucional.

•          C. Mejoras en el Gimnasio Municipal: Se detectaron problemas de estabilidad en los tableros de baloncesto , se entregaron solo 15 de las 45 canastas metálicas requeridas y se utilizó varilla de un grosor inferior al especificado en la licitación, provocando que algunas se desprendieran.

•          D. Reconstrucción del Centro de Acopio: Se realizaron cambios de materiales no autorizados (bloques en vez de paneles prefabricados). No se construyeron estructuras clave como la bodega y la nave , el área de ventilación es menor a la especificada y, de forma sumamente grave, los planos del proyecto nunca fueron visados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), un requisito legal indispensable.

CASO 3: PRESUNTOS NOMBRAMIENTOS IRREGULARES POR CLIENTELISMO POLÍTICO

Se han identificado nombramientos que sugieren un posible incumplimiento del artículo 136 del Código Municipal, el cual prohíbe el nepotismo y el conflicto de intereses.

La señora Yahaira Calvo Pérez, quien resultó electa como concejal de distrito por el partido Unidos Podemos, fue nombrada en propiedad en la municipalidad mientras ostentaba dicho cargo, lo que podría contravenir la normativa.

Posteriormente, El señor Yarrol Torres Calvo, hijo de la concejal Yahaira Calvo Pérez, fue contratado como peón ocasional. Este nombramiento parece constituir una violación directa al artículo 136 del Código Municipal, que prohíbe contratar parientes de concejales hasta el tercer grado de consanguinidad.

Otro de los casos denunciados es el de  Adrián Andrey Ramírez Rodríguez, también concejal electo por el partido Unidos Podemos, quien trabaja en la Municipalidad. Su contratación se financió con una partida presupuestaria destinada a emergencias, sin que conste que haya realizado labores de dicha naturaleza, lo que podría implicar un conflicto de intereses y un uso inadecuado de fondos públicos.

CASO 4: DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE INGRESOS

Durante los años 2022 y 2023, la Municipalidad cobró a ciudadanos la tarifa por permisos de Uso de Suelo con varios pagos por una tarifa general establecida en el monto de cinco millones ochocientos cincuenta mil colones (₡5.850,000), pero dichos montos no fueron ingresados a las arcas municipales. A la fecha, no se ha realizado una investigación disciplinaria para determinar responsables. Pese a que la Alcaldía emitió un memorándum con acciones correctivas (MEMORÁNDUM-MUOR-AM-05-2023), no hay evidencia de su implementación.

También se detectó, que el perfil del puesto de Inspector Municipal no incluye como requisito la licencia de conducir, a pesar de que sus funciones exigen desplazamientos constantes por todo el cantón, lo que dificulta la optimización de recursos.

Los hechos denunciados por la ANEP y su seccional, son respaldados por una serie de documentos que han sido presentados junto a la denuncia como pruebas.

Para la ANEP y su seccional en la Municipalidad de Oreamuno, estos no parecen ser incidentes aislados, sino que sugieren un patrón de gestión caracterizado por el presunto abuso de autoridad, el clientelismo político, la falta de transparencia, la omisión del deber de control y supervisión, y un manejo irregular de los fondos públicos. Estas actuaciones estarían contraviniendo frontalmente los principios y deberes establecidos en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (N° 8422) y la Ley General de la Administración Pública, por lo que solicitan se realicen las investigaciones pertinentes.

Declaraciones de Greivin Siles Avalos, Presidente Seccional ANEP-Municipalidad de Oreamuno

Migración confirma crisis operativa por falta de personal: ANEP exige respuestas políticas inmediatas

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San José, Costa Rica.

La Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPM) informa al país quelas respuestas oficiales emitidas por la Dirección General de Migración y Extranjería, en particular elOficio DG-0074-01-2026, confirman de manera expresa y documentada lo que esta organización sindical ha venido denunciando desde hace años: la Policía Profesional de Migración opera con un déficit crítico de personal que compromete seriamente la seguridad y el control migratorio del país.

De acuerdo con la información oficial suministrada por la propia Administración, la PPME cuenta con una dotación claramente insuficiente de oficiales para atender cerca de 20 puntos policiales a nivel nacional, muchos de ellos con servicio permanente 24/7, además de tareas altamente especializadas como custodias, deportaciones, transbordos, control fronterizo, aeropuertos y atención de fenómenos del crimen organizado transnacional.

Las respuestas institucionales reconocen además una carga operativa extraordinaria, reflejada en millones de movimientos migratorios anuales, atendidos por menos de 500 oficiales, situación que genera sobrecarga laboral, desgaste físico y emocional, y riesgo operativo constante.

La Seccional ANEP-PPM recalca que este reconocimiento oficial desmonta cualquier intento de minimizar o negar la crisis, y evidencia que no se trata de una percepción sindical, sino de una situación estructural admitida por la propia Dirección General de Migración y Extranjería.

 Impacto directo en seguridad nacional

La insuficiencia de personal no es un problema administrativo menor. Tiene consecuencias directas sobre la seguridad nacional, la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y elcontrol efectivo de fronteras y aeropuertos. Cada oficial que renuncia o se traslada a otro cuerpo policial por mejores condiciones salariales debilita aún más la capacidad del Estado en estas áreas críticas.

A ello se suma una gestión deficiente del régimen salarial, marcada por atrasos, interpretaciones restrictivas y falta de aplicación coherente del salario global y de la disponibilidad policial, lo que incentiva la fuga de personal experimentado.

Responsabilidad política y llamado al Congreso

Ante la falta de voluntad del Poder Ejecutivo para priorizar estas soluciones, la Seccional ANEP-PPM hace un llamado directo a la Asamblea Legislativa.

Solicitamos respetuosa pero firmemente a las señoras diputadas y a los señores diputados que conozcan, discutan y aprueben el expediente legislativo N.° 24.134 durante las sesiones ordinarias, dado que no fue de interés del Gobierno incluirlo en las sesiones extraordinarias.

Hoy existe evidencia oficial suficiente que demuestra que no actuar profundiza una crisis ya reconocida por la propia Administración. Corresponde ahora al Poder Legislativo asumir su rol constitucional y fortalecer institucionalmente a la Policía Profesional de Migración.

La Seccional ANEP-PPM continuará informando al país y ejerciendo todas las acciones sindicales, políticas y legales necesarias para defender la seguridad nacional y los derechos del personal policial migratorio.

Atentamente,

Gerardo Mora Ordóñez

Presidente

Seccional ANEP – Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPM)  

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Oficio GM-19-12-2025 Lic. Omer Badilla ToledoDescarga
Respuesta a oficio DPPME-436-12-2025 (Oficio GM-19-12-2025 ANEP) finalDescarga
DG-0074-01-2026, Resp. a oficio GM-19-12-2025 salarios DPPMDescarga

Concesionarios del PIMA-CENADA protestarán por malas condiciones del mercado y aparente desvió de fondos a proyectos cuestionados

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La Seccional ANEP-Concesionarios del PIMA Cenada y la Asociación de Jefaturas y Coordinaciones del PIMA (AJUCE), realizaran una asamblea y una protesta a lo interno del Mercado PIMA-CENADA, el próximo jueves 15 de enero, a partir de las 4 de la mañana, debido una serie de problemas de infraestructura, seguridad e inversión que aquejan a concesionarios y usuarios.

Ambas organizaciones hemos venido denunciando una serie de anomalías en la administración del PIMA-CENADA, así como un abandono a la infraestructura del mercado, inseguridad y el uso del superávit para desarrollar un proyecto en la provincia de Puntarenas.

Sobre este último, la seccional ANEP-Concesionarios PIMA-CENADA y AJUCE hemos denunciado la situación ante la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República (CGR), manifestando nuestro rechazo rotundo al financiamiento del denominado “Proyecto de Ampliación de la Red Frigorífica Nacional en la Región Pacífico Central”.

Este proyecto, que se pretende justificar bajo una supuesta necesidad regional, carece de transparencia, legal y financiera, y representa un grave riesgo para los recursos públicos. Sumado a graves inconsistencias técnicas y una ubicación absurda.

El terreno propuesto para la construcción presenta una altísima vulnerabilidad a inundaciones, filtraciones de agua constantes y condiciones geológicas inestables por su composición plana y arenosa.

¿Cómo puede considerarse “técnicamente viable” una infraestructura de refrigeración en una zona que no resiste ni un aguacero?

Mientras que el CENADA cada vez carece de más inversión, mejoras en infraestructura y potenciación sobre la importancia de su servicio, la administración busca llevarse el dinero e invertirlo en un proyecto muy cuestionado. El proyecto depende únicamente de fondos públicos, entre ellos, ₡1.341 millones provenientes del superávit del PIMA. El resto de los fondos no tiene respaldo claro.

Superávit construido sobre espaldas del abandono

Ese superávit que ahora se pretende desviar, proviene del aumento en los cánones cobrados a los concesionarios, quienes hoy enfrentan condiciones deplorables en el CENADA: plagas, colapso en alcantarillado, infraestructura en ruinas, fallas eléctricas, inseguridad. ¿Cómo se justifica financiar nuevos proyectos mientras se abandona la infraestructura existente?

Desde la Seccional ANEP-Concesionarios PIMA-CENADA y AJUCE exigimos responsabilidades. No se puede seguir tolerando improvisaciones y despilfarro en proyectos sin fundamento real, mientras los verdaderos problemas de infraestructura, salud pública y bienestar de quienes laboran y comercian en el CENADA son ignorados.

PIMA invertiría superávit en proyecto inviable mientras en CENADA empeoran las condiciones 

Atención a población trabajadora agrícola continúa fuerte en pro de obtener mejores condiciones

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Gracias al apoyo internacional que recibe la ANEP y SITRAP se puede fortalecer la lucha en favor de generar mejores condiciones salariales, laborales y de vida para la clase trabajadora agrícola.


Posicionamiento de ANEP, respecto a la Seguridad ciudadana, así como en defensa de los derechos de los cuerpos policiales

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Basados en la conciencia social y la honra que siente la institución por mantener una importante cantidad de personas afiliadas en los cuerpos policiales en conjunto con el espíritu de sindicalismo, ciudadano, seguimos siendo en la actualidad la única agrupación social que aborda, incide y genera propuesta en lo relacionado con la seguridad ciudadana.

A continuación, el documento completo:

ANEP Y LA SEGURIDAD CIUDADANA-2026Descarga