La Red Nacional de Sectores Sociales convocó a más de 200 activistas de diversos sectores sociales, para celebrar la II Asamblea Nacional de RENASES, con la participación de fracciones de oposición en la Asamblea Legislativa, representantes de Partidos Políticos, algunos excandidatos a la presidencia y líderes de organizaciones sociales.
El pasado 29 de junio se estableció un Pacto Patriótico Costarricense entre las fracciones del PLN, FA y CAC y RENASES. Hoy refrendaron dicho pacto 25 nuevas organizaciones con el compromiso de construir una agenda nacional, que permitirá evidenciar los graves problemas que afrontan y buscar vías de solución. Así, la consigna fue optar por el diálogo social y la movilización, con miras a provocar el contrapeso necesario para fortalecer el régimen democrático, la defensa de la institucionalidad, la libertad de expresión, la atención a los costarricenses empobrecidos y vulnerables, la paz social fruto de la justicia y las urgentes respuestas que requiere el momento político del país.
La participación de organizaciones sindicales, agroalimentarias, ganaderas, ambientales, estudiantiles, comunales, territoriales, feministas, académicas, religiosas y otros movimientos sociales permitió la formulación de estrategias e incidencia política.
La II Asamblea toma acuerdos en medio de la tensión institucional
La Asamblea de RENASES se realizó en un contexto de creciente tensión entre poderes de la República, tras el señalamiento de la Presidencia sobre una resolución de la Sala Constitucional y los posteriores rechazos de fracciones de oposición y del Poder Judicial.
En ese escenario, RENASES reivindicó el papel de la sociedad civil organizada como contrapeso y expresión de una democracia participativa. Así, instó a defender la Constitución, la separación de poderes, la democracia, y la institucionalidad pública. En consecuencia, la II Asamblea acordó apoyar la convocatoria al “Plantón por la democracia” a realizarse el jueves 6 del presente mes.
También, enviar una misiva a la presidenta de la República, Laura Fernández; solicitando audiencia donde RENASES instará a un proceso de diálogo social, con miras a la solución conjunta de los principales temas-problemas expuestos en la II Asamblea.
Acerca de RENASES
La Red Nacional de Sectores Sociales es un espacio de articulación de organizaciones sociales y una plataforma de diálogo social, bajo la coordinación y representación a cargo del Equipo Timón, integrado por representantes de ANDE, ANEP, SEC, UNAG y UNDECA, que fomenta una agenda nacional que vincula a las diversas organizaciones y la problemática que cada una afronta y un Pacto Patriótico Costarricense con fracciones de oposición.
Entre los años 2023 y 2025 la institución archivó 21 procedimientos relacionados con presunto hostigamiento laboral, además de mantener otros procesos en trámite.
Personas trabajadoras denunciaron presuntos hechos de acoso y hostigamiento laboral y, posteriormente, enfrentaron procedimientos administrativos promovidos por las mismas jefaturas contra las que habían presentado sus denuncias.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció la existencia de una serie de casos que, a criterio de la organización sindical, evidencian un presunto patrón de acoso y hostigamiento laboral dentro del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Entre las situaciones documentadas por la organización se encuentran personas trabajadoras que, tras denunciar presuntos hechos de acoso y hostigamiento laboral, desarrollaron afectaciones psicológicas que requirieron incapacidades médicas y que, aun encontrándose en esa condición, fueron objeto de procedimientos administrativos y actuaciones disciplinarias. Para la ANEP, estas situaciones no corresponden a hechos aislados, sino a una práctica identificada en distintos departamentos, oficinas locales y direcciones regionales de la institución.
La preocupación de la ANEP se fundamenta tanto en la documentación recopilada durante los últimos años como en información oficial suministrada por el propio PANI. De acuerdo con esos datos, entre los años 2023 y 2025 la institución archivó 21 procedimientos relacionados con presunto hostigamiento laboral, además de mantener otros procesos en trámite. Para la organización sindical, estas cifras hacen necesario revisar la efectividad de los mecanismos institucionales para prevenir, investigar y atender este tipo de situaciones.
«No estamos hablando únicamente de expedientes administrativos; detrás de cada uno hay personas trabajadoras cuya salud, estabilidad emocional e incluso su permanencia en la institución se han visto seriamente afectadas. Los casos que hemos documentado demuestran la necesidad de revisar profundamente la forma en que el PANI previene, investiga y atiende las denuncias por presunto acoso y hostigamiento laboral.»,afirmó Jeffry Hernández Rojas, Asesor Sindical de la ANEP.
Detrás de cada expediente hay personas
Por razones de protección, confidencialidad y para evitar posibles represalias, la ANEP mantiene en reserva la identidad de las personas trabajadoras involucradas en los casos que actualmente acompaña. Sin embargo, considera indispensable visibilizar algunas de las situaciones que evidencian el impacto humano que pueden tener estas denuncias.
Notificación en residencia de una de las personas denunciantes
Uno de los casos más representativos corresponde a una persona trabajadora de la Dirección Regional de Alajuela, quien denunció presuntos hechos de acoso y hostigamiento laboral contra su jefatura.
Durante la investigación, la Presidencia Ejecutiva del PANI adoptó medidas cautelares para proteger a la persona denunciante. Sin embargo, al emitir la resolución final determinó que el procedimiento administrativo presentaba graves vicios de legalidad, debido a errores cometidos por la propia Administración durante su tramitación, por lo que declaró su nulidad absoluta.
Para la ANEP, lo más preocupante no fue la nulidad del procedimiento, sino la decisión posterior de la Administración. En lugar de corregir los errores advertidos e iniciar un nuevo procedimiento que permitiera esclarecer los hechos denunciados, el expediente fue archivado. Como consecuencia, las medidas cautelares fueron levantadas y la persona trabajadora tuvo que reincorporarse a sus labores bajo la supervisión de la misma persona contra quien había presentado la denuncia por presunto acoso y hostigamiento laboral. Finalmente, la persona trabajadora renunció a la institución sin que existiera una resolución que determinara el fondo de la denuncia que había presentado, mientras la jefatura denunciada continuó ejerciendo sus funciones.
Testimonios de personas trabajadoras afectadas
Se omiten sus nombres para proteger su identidad y evitar posibles represalias.
«Sentí que denunciar no sirvió para detener el problema. Al contrario, las represalias aumentaron y terminé perdiendo mi estabilidad laboral y mi tranquilidad.»
«Regresé a trabajar con la misma jefatura que había denunciado. Nunca hubo una resolución sobre el fondo de mi denuncia y finalmente fui yo quien tuvo que dejar la institución.»
Una orden de la Presidencia Ejecutiva que, según la ANEP, continúa sin cumplirse
Otro de los casos documentados por la organización sindical ocurrió en la Oficina Local de Poás–Vara Blanca, perteneciente a la Dirección Regional de Alajuela.
Mientras una persona trabajadora permanecía incapacitada por afectaciones relacionadas, según la denuncia presentada, con presunto acoso y hostigamiento laboral, representantes de la ANEP realizaron una visita de verificación y constataron que el espacio físico asignado a esa persona había sido desmantelado. Durante la inspección se verificó que mobiliario, equipo de trabajo, expedientes y pertenencias personales habían sido retirados y distribuidos en distintos espacios de la oficina, sin que existiera un inventario formal que respaldara dichas actuaciones. Estos hechos fueron documentados mediante un acta elaborada por la organización sindical y comunicados a la Presidencia Ejecutiva del PANI.
Como resultado de esa gestión, la Presidenta Ejecutiva del PANI, mediante el oficio PANI-PE-OF-2494-2025, ordenó la restitución del espacio físico de la persona trabajadora y dispuso la adopción de las medidas administrativas correspondientes.
Sin embargo, la ANEP denuncia que, a pesar de esa instrucción expresa emitida por la máxima autoridad institucional, la Dirección Regional de Alajuela y la Coordinación a.i. de la Oficina Local de Poás–Vara Blanca no han dado cumplimiento efectivo a lo ordenado.
Personas incapacitadas enfrentando procedimientos administrativos
La ANEP también manifestó su preocupación por otros expedientes en los que personas trabajadoras que permanecían incapacitadas por afectaciones psicológicas derivadas, según las denuncias presentadas, del ambiente laboral, posteriormente enfrentaron actuaciones administrativas disciplinarias.
La organización afirma contar con evidencia fotográfica que documenta la presencia de funcionarios del órgano disciplinario notificando actuaciones administrativas en los domicilios de personas trabajadoras que permanecían incapacitadas. Para la ANEP, este tipo de actuaciones debe analizarse con especial sensibilidad, considerando la condición de salud de quienes enfrentaban dichos procedimientos.
No se trata de casos aislados
Para la ANEP, los casos expuestos evidencian la necesidad de que el PANI revise y fortalezca sus mecanismos de prevención, investigación y atención del acoso y hostigamiento laboral. La organización considera que ninguna persona trabajadora debería enfrentar afectaciones a su salud, procedimientos administrativos mientras permanece incapacitada o la pérdida de las medidas de protección como consecuencia de deficiencias atribuibles a la propia Administración. Asimismo, reiteró que las órdenes emitidas por la Presidencia Ejecutiva deben cumplirse de manera efectiva por todas las dependencias institucionales, garantizando ambientes laborales seguros, respetuosos y libres de toda forma de violencia.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
En los últimos tiempos se nos ha repetido el mismo discurso, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) atraviesa una etapa de fortalecimiento, que las finanzas mejoran y que la institución «está volando». Sin embargo, la realidad que viven miles de trabajadores y trabajadoras, así como la ciudadanía costarricense, dista mucho de ese relato triunfalista.
Las recientes publicaciones periodísticas que revelan que un reducido grupo conformado por altos mandos y sus asesores concentra cerca de ₡1.000 millones anuales en salarios vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que la Administración Superior se niega a responder, ¿para quién está volando realmente el ICE?
Mientras la inmensa mayoría del personal enfrenta años sin incrementos salariales reales, con una pérdida constante del poder adquisitivo producto de la inflación y del aumento en el costo de vida, la cúpula administrativa parece vivir una realidad completamente distinta. Para los trabajadores y trabajadoras se habla de austeridad, contención del gasto, sacrificios institucionales y restricciones presupuestarias. Para otros pocos, pareciera que esas reglas simplemente no existen.
Resulta moralmente inaceptable que quienes diariamente sostienen la operación de una de las instituciones más importantes del país sean llamados constantemente a hacer más con menos, mientras un pequeño grupo disfruta de remuneraciones extraordinarias, asesorías millonarias, viajes, beneficios y una estructura administrativa cuyo costo continúa creciendo.
Más grave aún es que esta realidad ocurre en una institución que ha venido enfrentando cuestionamientos públicos por decisiones administrativas que han significado pérdidas de participación de mercado, retrasos en proyectos estratégicos, procesos de contratación altamente cuestionados, debilitamiento de los negocios de telecomunicaciones, reorganizaciones institucionales sin estudios suficientes y una serie de denuncias que las organizaciones sindicales hemos venido señalando desde hace años.
La indignación aumenta cuando se recuerda que, según el propio discurso de la Administración Superior, el ICE goza de buena salud financiera. Si realmente la institución se encuentra en la condición que tanto se publicita, entonces surge una pregunta elemental, ¿Por qué los beneficios únicamente alcanzan a la alta jerarquía y nunca llegan a quienes generan diariamente el verdadero valor institucional? ¿Por qué no existen recursos para reconocer el esfuerzo del personal técnico, profesional, administrativo y operativo que mantiene funcionando las redes eléctricas y de telecomunicaciones las 24 horas del día? ¿Por qué no existen recursos para mejorar las condiciones laborales, invertir en capacitación, fortalecer las herramientas de trabajo o reconocer salarialmente a quienes durante años han sostenido la competitividad institucional? ¿Por qué siempre se exige sacrificio a la base trabajadora mientras la cúpula continúa incrementando el costo de la estructura administrativa?
La ciudadanía también tiene derecho a cuestionar este modelo. El ICE no pertenece a una élite administrativa, pertenece al pueblo costarricense.
Cada colón que se destina a sostener estructuras salariales privilegiadas es un colón que deja de invertirse en infraestructura, modernización tecnológica, expansión de servicios, reducción de tarifas, innovación o fortalecimiento de la competitividad institucional.
No puede hablarse de responsabilidad financiera cuando existen enormes diferencias entre el discurso de austeridad dirigido al personal y la realidad de una estructura gerencial cuyos costos continúan siendo extraordinariamente elevados.
No puede pedírsele compromiso a la clase trabajadora de la institución mientras se normaliza una cultura donde los privilegios parecen concentrarse únicamente en los niveles superiores.
No puede exigirse excelencia operacional cuando quienes verdaderamente sostienen la institución observan cómo el reconocimiento económico nunca llega a ellos.
Desde esta organización hemos sido enfáticos en cuestionar decisiones que han debilitado al ICE, que han provocado la pérdida de participación en el negocio de telecomunicaciones, contrataciones cuestionadas, falta de planificación estratégica, disminución de la competitividad, procesos administrativos que generan incertidumbre entre el personal y una preocupante desconexión entre la alta administración y la realidad operativa de la institución. Hoy, la revelación de estos elevados costos salariales únicamente profundiza esa percepción y significa una bofetada para el personal trabajador de la institución.
La confianza institucional no se recupera mediante campañas publicitarias ni discursos optimistas, se recupera con transparencia, con rendición de cuentas, con coherencia entre lo que se exige y lo que se practica, con una administración que comprenda que el liderazgo implica dar ejemplo, especialmente cuando durante años se ha solicitado sacrificio a miles de trabajadores.
Exigimos que si la Administración insiste en afirmar que el ICE atraviesa un momento financiero favorable, ese supuesto éxito se traduzca también en el reconocimiento del esfuerzo de quienes verdaderamente hacen posible que la institución funcione todos los días: sus trabajadores y trabajadoras, porque el éxito institucional no puede medirse únicamente por los privilegios de unos pocos.
Se mide por el bienestar colectivo, por el respeto a la clase trabajadora, por la transparencia en el uso de los recursos públicos y por el compromiso real con el pueblo costarricense.
Un ICE fuerte no se construye enriqueciendo una élite administrativa mientras se congelan las expectativas de miles de funcionarios.
Un ICE fuerte se construye cuando el crecimiento, el reconocimiento y los beneficios alcanzan a toda la institución y, sobre todo, cuando el interés público prevalece sobre cualquier privilegio particular.
La ANEP manifiesta su profunda preocupación por las contundentes conclusiones contenidas en el Informe de Auditoría DFOE-SOS-IAD-00001-2026 de la Contraloría General de la República, el cual confirma una serie de deficiencias estructurales en el proceso de preinversión de proyectos de JASEC que ponen en riesgo la correcta utilización de los recursos públicos.
La Contraloría concluye que el proceso de preinversión de la institución presenta un incumplimiento generalizado de la normativa y de las buenas prácticas, señalando que las decisiones de inversión se están adoptando sin el sustento técnico, financiero, económico y social que exige el ordenamiento jurídico.
Más grave aún, el informe advierte que la Administración ha orientado los estudios de preinversión a justificar soluciones previamente definidas, en lugar de analizar objetivamente los problemas, valorar distintas alternativas y demostrar cuál de ellas representa la mejor decisión para proteger el interés público.
Esta conclusión reviste enorme importancia porque confirma exactamente la preocupación que ANEP ha venido denunciando desde hace meses: cuando la etapa de preinversión se desarrolla de manera incorrecta o incompleta, el riesgo no es únicamente un error técnico; el verdadero riesgo es que se comprometan millones de colones de recursos públicos en proyectos cuya conveniencia nunca fue debidamente demostrada.
La propia Contraloría advierte que las omisiones detectadas impiden asegurar razonablemente que las inversiones aprobadas sean las más convenientes para resolver las necesidades institucionales y de la ciudadanía, incrementando el riesgo para la Hacienda Pública y para la estabilidad financiera de la institución.
Entre las principales deficiencias señaladas por el órgano contralor destacan:
ausencia de comparación entre alternativas de solución;
objetivos que no son medibles ni verificables;
falta de identificación y valoración integral de riesgos;
ausencia de evaluaciones económico-sociales;
omisiones en los análisis financieros;
falta de estudios suficientes para determinar la rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia de las inversiones.
La Contraloría incluso concluye que, bajo esas condiciones, no es posible asegurar que los financiamientos que asuma JASEC no comprometan su capacidad de pago ni su estabilidad financiera, precisamente porque las decisiones se sustentan en estudios incompletos.
UNA JUNTA DIRECTIVA EXCESIVAMENTE COMPLACIENTE
Resulta igualmente preocupante la actuación de la actual Junta Directiva.
Lejos de realizar un análisis crítico sobre las causas que originaron estas observaciones o exigir responsabilidades administrativas por las deficiencias señaladas por la Contraloría, el acuerdo adoptado por la Junta Directiva se limitó a dar por recibidos los informes, aprobar las disposiciones emitidas por la Contraloría e instruir a la Gerencia General para que coordine su cumplimiento, sin que se advierta un cuestionamiento sobre las actuaciones que dieron origen a este severo informe.
Desde ANEP consideramos que una Junta Directiva que ejerce verdaderamente su función de dirección superior no puede limitarse a recibir informes cuando el máximo órgano de fiscalización del país concluye que existen incumplimientos generalizados en la forma en que se sustentan decisiones de inversión pública.
Más aún cuando JASEC dispone de un Departamento de Gestión de Proyectos, bajo la responsabilidad del ingeniero Edwin Aguilar, cuya función precisamente consiste en conducir adecuadamente los procesos de formulación y preinversión que sirven de base para comprometer cientos o miles de millones de colones del patrimonio institucional.
El informe de la Contraloría no cuestiona un simple trámite administrativo; cuestiona la calidad técnica de los estudios que respaldan decisiones estratégicas de inversión.
Por ello, resulta legítimo preguntarse:
¿Quiénes son los responsables de que la Contraloría detectara estas deficiencias?
¿Qué controles ejercieron la Gerencia General y las dependencias técnicas responsables?
¿Por qué la Junta Directiva no ha exigido una rendición de cuentas sobre las causas que originaron estos incumplimientos?
EL INFORME REFUERZA LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR ANEP
Este informe constituye un importante respaldo a las denuncias que ANEP ha venido formulando respecto de diversos proyectos institucionales, particularmente aquellos relacionados con inversiones de gran magnitud como la nueva Sede Corporativa.
Nuestra organización ha insistido en que ninguna inversión millonaria puede sustentarse en estudios incompletos, en análisis parciales o en decisiones previamente definidas.
Hoy la Contraloría confirma que precisamente esas deficiencias existen y que la propia metodología de preinversión aplicada por la institución requiere una profunda corrección antes de continuar comprometiendo recursos públicos.
EXIGIMOS RESPONSABILIDADES
ANEP exige:
Que se determinen las responsabilidades administrativas derivadas de los incumplimientos señalados por la Contraloría.
Que la Junta Directiva ejerza un control efectivo sobre la Administración Superior y las dependencias técnicas responsables.
Que ningún proyecto de inversión continúe avanzando mientras no se cumplan íntegramente las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.
Que se garantice a la ciudadanía absoluta transparencia respecto de los estudios técnicos, financieros y jurídicos que fundamentan las inversiones institucionales.
La administración de los recursos públicos exige mucho más que aprobar acuerdos.
Exige rigor técnico, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad.
La ciudadanía cartaginesa merece una JASEC que tome decisiones con fundamento técnico y jurídico, no sobre estudios que el propio órgano contralor ha considerado insuficientes para garantizar la protección del interés público.
ANEP continuará vigilante y denunciará cualquier actuación que comprometa el patrimonio público o se aparte de los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y buena administración.
La Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración expresa su profunda preocupación por el hecho de que, durante la reciente actividad oficial sobre el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la señora Presidenta de la República omitió hacer cualquier referencia a la Policía Profesional de Migración, institución que constituye la primera línea de control migratorio y una pieza estratégica en la protección de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas de Costa Rica.
Esta omisión resulta preocupante, pues la Policía Profesional de Migración desempeña una labor permanente en la detección de personas requeridas por la justicia, el combate a los delitos transnacionales, el control de los flujos migratorios y la cooperación con las demás fuerzas policiales en la defensa de la seguridad nacional.
Foto: MSP
De igual forma, consideramos indispensable que las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública expliquen al país por qué durante la administración anterior se eliminó la presencia de la Policía de Control de Drogas (PCD) en fronteras y aeropuertos, mientras que hoy se anuncia el fortalecimiento de esa misma capacidad mediante la asignación de investigadores especializados e incluso de un analista antidrogas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Ante este cambio de estrategia, surgen interrogantes legítimas: ¿Reconoce el Gobierno que aquella decisión debilitó las capacidades del Estado para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado en los principales puntos de ingreso y salida del país? ¿Qué motivó este cambio de rumbo?
Asimismo, resulta oportuno recordar que tanto el Ministerio de Seguridad Pública como el Organismo de Investigación Judicial cuentan desde hace muchos años con analistas policiales y de conducta criminal como parte de sus estructuras especializadas. En consecuencia, ¿cuándo se fortalecerá también a la Policía Profesional de Migración con más recurso humano, tecnología, inteligencia, analistas criminales y capacidades de investigación que le permitan enfrentar con mayor eficacia las amenazas del crimen organizado transnacional?
La seguridad nacional exige una visión integral. No basta con fortalecer una institución mientras otras continúan enfrentando enormes limitaciones de personal, presupuesto y recursos operativos. La protección efectiva de nuestras fronteras requiere que la Policía Profesional de Migración sea reconocida como un actor estratégico dentro de la política de seguridad del Estado.
La Seccional ANEP–PPM hace un respetuoso pero enérgico llamado al Gobierno de la República para que la Policía Profesional de Migración deje de ser invisibilizada en los anuncios oficiales y sea incorporada plenamente en las decisiones estratégicas relacionadas con la seguridad nacional.
Fortalecer la Policía Profesional de Migración es fortalecer las fronteras, combatir con mayor eficacia el crimen organizado y proteger la seguridad de todas las personas que habitan Costa Rica.
Seccional ANEP – Policía Profesional de Migración (ANEP-PPM)
• Alianza entre RENASES y diputaciones del PLN, Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana establece una hoja de ruta con propuestas en materia de salud, educación, seguridad, ambiente, producción nacional y derechos humanos.
La firma del Pacto Patriótico Costarricense, realizada en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, marca el inicio de una nueva etapa de articulación entre sectores sociales organizados y fuerzas democráticas representadas en la Asamblea Legislativa, con el objetivo de construir soluciones conjuntas a los principales desafíos económicos, sociales, ambientales y políticos que enfrenta Costa Rica.
El acuerdo fue suscrito por las jefaturas de fracción del Partido Liberación Nacional, Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana, junto con la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES), espacio que integra organizaciones sindicales, agropecuarias, indígenas, ambientales, estudiantiles, académicas, territoriales, religiosas y movimientos sociales.
Entre los principales acuerdos contenidos en el Pacto destaca la defensa irrestricta del Estado Social de Derecho, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución Política, la separación e independencia de poderes, la libertad de expresión, la participación ciudadana y la plena vigencia de los derechos fundamentales.
En materia de seguridad ciudadana, las organizaciones y diputaciones acordaron respaldar el combate frontal contra el crimen organizado, fortalecer presupuestariamente al Organismo de Investigación Judicial, la Fuerza Pública, el Ministerio Público y demás cuerpos policiales, así como impulsar una profunda transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), con mayores controles democráticos y rendición de cuentas.
Uno de los ejes centrales del pacto es la defensa y fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante el impulso de un plan de pago de la deuda estatal, la reducción de listas de espera, la atención de la crisis por escasez de especialistas y el respeto pleno a la autonomía institucional. Asimismo, se plantea un abordaje integral de la salud mental tanto en el sistema de salud como en el educativo.
En el pacto, también destaca, la defensa de instituciones fundamentales como el ICE, el INS, el CNP, el Banco de Costa Rica y las universidades públicas
Las partes firmantes también acordaron avanzar gradualmente hacia el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación, fortaleciendo desde la primera infancia hasta las universidades públicas, además de garantizar la estabilidad laboral del personal docente, técnico-docente y administrativo.
El Pacto incorpora además importantes compromisos en materia ambiental, entre ellos el fortalecimiento de los guardaparques, la protección de los recursos naturales, la defensa del agua como derecho humano, el respaldo a las ASADAS, el mantenimiento de la prohibición de la minería metálica a cielo abierto y la promoción de políticas sostenibles para la gestión integral de residuos bajo principios de economía circular.
En el ámbito social y de derechos humanos, las organizaciones acordaron impulsar la implementación del Convenio 190 de la OIT, avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados, fortalecer la protección de las mujeres, la niñez, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y las poblaciones vulnerables, así como garantizar los derechos de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y de la comunidad LGBTIQ+.
Asimismo, el pacto establece una firme defensa de la producción nacional y de la seguridad alimentaria, mediante el fortalecimiento del sector agropecuario, mejores condiciones de financiamiento, controles fitosanitarios efectivos y la oposición a iniciativas comerciales que puedan afectar la soberanía alimentaria del país.
“Este Pacto Patriótico representa la voluntad de diversos sectores de la sociedad costarricense de construir acuerdos, defender la democracia y trabajar conjuntamente por un país más justo, inclusivo y solidario”, señalaron las organizaciones integrantes de RENASES.
Finalmente, las partes acordaron conformar equipos técnicos y políticos permanentes que permitan canalizar propuestas legislativas provenientes de los sectores sociales y fortalecer el control político desde la Asamblea Legislativa, consolidando así un espacio de diálogo social permanente en favor de Costa Rica.
– Las iniciativas buscan fortalecer la atención del rezago institucional, la protección de las personas trabajadoras frente al hostigamiento laboral y los procesos de clima organizacional y gestión del cambio.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) sostuvo este jueves una reunión con la Presidencia Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), durante la cual presentó formalmente tres iniciativas de fortalecimiento institucional dirigidas a contribuir a la atención del rezago existente en denuncias y otros procesos sustantivos de la institución, fortalecer la protección de las personas trabajadoras frente al hostigamiento laboral y modernizar los procesos de clima organizacional y gestión del cambio.
Los documentos entregados fueron elaborados a partir de la experiencia, el conocimiento técnico y el análisis de las realidades operativas que enfrentan diariamente las personas trabajadoras de la institución, procurando aportar soluciones viables y compatibles con la normativa vigente para contribuir al fortalecimiento institucional y a una mejor atención de la niñez y la adolescencia.
La organización sindical destacó que estas iniciativas reflejan una visión de sindicalismo propositivo, comprometido no solamente con la defensa de los derechos laborales, sino también con la construcción de soluciones que contribuyan al fortalecimiento de los servicios públicos y de las instituciones responsables de garantizar derechos fundamentales de la población.
FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y ATENCIÓN DEL REZAGO INSTITUCIONAL
La primera propuesta presentada por ANEP está orientada al fortalecimiento de la capacidad operativa del PANI para atender el rezago institucional que actualmente afecta diversos procesos sustantivos de la institución.
La iniciativa plantea la implementación de medidas de fortalecimiento organizacional y optimización de recursos que permitan mejorar la capacidad de respuesta institucional, reducir tiempos de atención y contribuir a una gestión más eficiente de las cargas de trabajo existentes.
La propuesta parte de la necesidad de dotar a la institución de mecanismos que permitan enfrentar de manera más efectiva los desafíos derivados del incremento de la demanda de servicios y de la acumulación de procesos pendientes, procurando siempre garantizar una atención oportuna y de calidad a las personas menores de edad y sus familias.
ANEP considera que la atención del rezago institucional constituye una prioridad estratégica para fortalecer la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, mejorar la eficiencia institucional y optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles.
FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL HOSTIGAMIENTO LABORAL
La segunda iniciativa tiene como propósito fortalecer la aplicación efectiva de las medidas de protección contempladas en el Reglamento para la Prevención, Denuncia y Sanción del Hostigamiento Laboral vigente en la institución.
La propuesta busca reforzar los mecanismos institucionales de protección preventiva para garantizar que las personas trabajadoras que denuncian presuntas situaciones de hostigamiento laboral cuenten con condiciones adecuadas de resguardo mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.
Asimismo, promueve una cultura organizacional basada en el respeto, la dignidad humana y la prevención de cualquier manifestación de violencia laboral, fortaleciendo la confianza de las personas trabajadoras en los mecanismos institucionales existentes.
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO
La tercera iniciativa plantea el fortalecimiento y la modernización de los procesos de clima organizacional y gestión del cambio, con el objetivo de incrementar su efectividad y compatibilizar su desarrollo con las necesidades operativas de la institución.
La propuesta busca impulsar metodologías más modernas, dinámicas y orientadas a resultados, que permitan fortalecer aspectos relacionados con la integración institucional, la comunicación organizacional, el liderazgo, el trabajo en equipo y la mejora continua.
De igual forma, procura promover mecanismos que favorezcan una mayor eficiencia en la utilización de los recursos institucionales, contribuyendo al fortalecimiento del ambiente laboral sin afectar la continuidad de los servicios que presta la institución.
Estas propuestas reflejan la visión de ANEP de un sindicalismo que trasciende la denuncia y la crítica para convertirse también en un actor de construcción, diálogo y propuesta. Creemos que las instituciones públicas se fortalecen cuando las personas trabajadoras participan activamente en la identificación de problemas, pero también en la formulación de soluciones.
ANEP continuará impulsando iniciativas orientadas al fortalecimiento del PANI y de los servicios públicos, convencida de que la defensa de los derechos laborales y la mejora continua de la gestión institucional son objetivos que deben avanzar de manera conjunta.
La Seccional ANEP-PPM considera positiva la visita realizada por la señora Presidenta de la República, Laura Fernández, junto a diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa a la zona de Crucitas, pues permite observar directamente una realidad compleja que involucra minería ilegal, afectación ambiental, criminalidad organizada, seguridad fronteriza y presencia efectiva del Estado.
No obstante, lamentamos profundamente que los jerarcas de la Policía Profesional de Migración no hayan formado parte de esta gira, a pesar de que constituye uno de los principales cuerpos policiales con competencia directa en la atención de fenómenos migratorios y de seguridad en la Zona Norte.
La problemática de Crucitas no puede analizarse únicamente desde una perspectiva ambiental o minera.
También debe abordarse desde la óptica de la seguridad nacional y el control fronterizo.
La experiencia operativa demuestra que una gran cantidad de personas detectadas en operativos realizados en la zona terminan siendo remitidas a la Policía Profesional de Migración para la aplicación de los procedimientos correspondientes.
Por ello, consideramos que esta visita también debió servir para exponer las necesidades que enfrenta nuestra institución, entre ellas:
Contratación de más personal policial.
Capacitación especializada para operaciones en montaña y zonas de difícil acceso.
Fortalecimiento de la flotilla vehicular.
Modernización tecnológica y de comunicaciones.
Dotación adecuada de equipo policial.
Mejoramiento de las condiciones laborales.
Incremento de recursos presupuestarios para atender las crecientes demandas operativas.
Resulta oportuno recordar que el 16 de octubre de 2024 la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó una moción que incorporó 1.500 millones de colones para fortalecer la Policía Profesional de Migración dentro del Presupuesto de la República 2025.
Sin embargo, dichos recursos no fueron girados, pese a tratarse de fondos aprobados mediante Ley de la República.
Desde la Seccional ANEP-PPM reiteramos que el fortalecimiento de la seguridad fronteriza requiere acciones concretas y sostenidas en el tiempo.
No basta con señalar los problemas; es necesario dotar a las instituciones responsables de los recursos humanos, materiales y financieros que les permitan cumplir eficazmente su misión.
Asimismo, consideramos importante que la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa convoque a las nuevas autoridades de la Policía Profesional de Migración para conocer las condiciones en que reciben la institución y las necesidades prioritarias que requieren atención.
Costa Rica necesita una Policía Profesional de Migración fortalecida para enfrentar los desafíos actuales de la seguridad fronteriza y contribuir a la recuperación del control territorial en zonas sensibles como Crucitas.
Gerardo Mora Ordóñez Presidente Seccional ANEP-PPM
Nuestra organización sindical denunció que entre dos médicos especialistas y dos enfermeros se acaparan todas las horas extras y lo más grave es que, al parecer, retrasan el tiempo de atención para poder ganar más dinero producto del tiempo extraordinario.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
