Un fuerte conglomerado del personal municipal costarricense se manifestará este martes 23, exigiendo que el gobierno de Carlos Alvarado Quesada saque sus manos de las municipalidades.
Los y las manifestantes, procedentes de las municipalidades metropolitanas y de zonas rurales, se juntarán, a partir de las 9 a. m., en el parque La Merced, en San José (centro), para desfilar, de manera pacífica, hacia la horrible sede de la Asamblea Legislativa.
Nunca antes un gobierno había intentado tanto, de manera insistente pero torpe y peligrosamente, acabar con la autonomía constitucional del régimen municipal, como lo ha hecho la administración de Carlos Alvarado Quesada.
De manera más que lamentable, en el ataque anti-municipal, han participado los partidos del co-gobierno con el PAC, Liberación, Unidad, Restauración y Nueva República.
El proyecto Ley Marco de Empleo Publica, expediente legislativo 21.336, representa el más grave intento por acabar con la autonomía constitucional de las municipalidades desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de Costa Rica, el 7 de noviembre de 1949.
El clamor cívico-obrero e institucional en la práctica totalidad de los gobiernos locales del país es fuertemente abrumador: las municipalidades debe ser excluidas de la pretendida e inconstitucional Ley Marco de Empleo Público.
Se espera la presencia activa de grandes delegaciones de, al menos, 60 municipalidades del país; mostrándose así lo que podría ser la más grande muestra de la cultura socopolítica del municipalísmo costarricense de toda su historia.
ANEP invita a organizaciones amigas y a ciudadanía patriótica a solidarizarse con la defensa de los valores democráticos de la Constitución de 1949 que representa la manifestación de las municipalidades este martes 23 de marzo.
Estudiantes de secundaria de diversos liceos del país, agrupados en MEDSE, se movilizaron por las calles de San José, para protestar en contra de la aplicación de las pruebas FARO en el presente curso lectivo, al considerar que no han recibido la preparación suficiente para su aplicación.
La Seccional ANEP-AyA compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, luego de presentar un sin número de denuncias ante la opinión pública con respecto al mal manejo institucional en AyA.
Compartimos el artículo publicado en la edición Nº132 de la Revista de la CEPAL, acerca de los efectos de la pandemia COVID-19
Por: Benedicte Bull y Francisco Robles Rivera
Existen diversas opiniones en la literatura sobre cómo repercuten las pandemias en la desigualdad de los ingresos. Mientras que en la literatura económica se sostiene que las pandemias aumentan la desigualdad, la literatura histórica y de las ciencias políticas señala que las pandemias podrían ocasionar quiebres institucionales y, en un contexto de cambios a nivel de las élites y de presiones desde los estratos más bajos, mantener las desigualdades. Tras examinar los datos actuales sobre las repercusiones de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), hemos constatado que se están produciendo transferencias de los ingresos hacia las clases más altas y determinados cambios a nivel de las élites en la región. Sin embargo, dado que las élites han controlado las medidas económicas que se han adoptado para mitigar y enfrentar la crisis, hay pocos indicios de que se esté produciendo un quiebre institucional.
– 9 de cada 10 electores no simpatiza con partido político alguno
– Fracaso contundente de la política económico-fiscal del PLUSC-PAC
A 275 días de las elecciones presidenciales y diputadiles del domingo 6 de febrero de 2022, 9 de cada 10 personas costarricenses con derecho al sufragio, ¡no simpatiza con ningún partido político!
Así lo determina el más reciente estudio de opinión realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Las encuestas del CIEP-UCR, a juicio de la ANEP, son las que más credibilidad nos merecen, pese a las reservas que tenemos con relación a su desenvolvimiento en las elecciones presidenciales del 2018.
Sin duda alguna, el enojo ciudadano que ya venía manifestándose, se ha vuelto más fuerte con lo que ha sido el comportamiento de los partidos políticos en la actual gestión constitucional, a un año de terminar, 2018-2022.
Particularmente, hay que destacar que los partidos Acción Ciudadana, Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana han sido co-gobierno en los primeros tres años de la desafortunada gestión ejecutiva de Carlos Alvarado Quesada.
Los tres, desde el parlamento, con el colaboracionismo de los partidos “religiosos” y otros tránsfugas calienta-curul, se han dedicado a promover leyes de gran impacto negativo en las condiciones socioeconómicas de las familias del pueblo trabajador costarricense: el asalariado, el desempleado, el informal; el de las micro-pequeñas y medianas empresas. Hasta el partido Frente Amplio hasta hace poco dejó de ser co-gobierno.
Podemos catalogar al actual congreso (con las excepciones de rigor), como el más anti-obrero de las últimas décadas; y, por el contrario, el que más ha propiciado legislación en favor del alto corporativismo empresarial que ha intensificado la concentración de la riqueza, que ha golpeado la ya situación vulnerable de la endeudada clase media; y, con mayor crueldad, los sectores empobrecidos han sido hundidos más en la exclusión social y económica.
La pandemia ha llevado más sufrimiento, más angustia, más dolor a las grandes mayorías del pueblo costarricense; desnudando la total incapacidad de la gestión de Carlos Alvarado Quesada, por demás, el mandatario presidencial peor calificado por la gente desde que se hacen encuestas sobre la percepción ciudadana del gobernante de turno.
Atado (como sus colegas de gestiones presidenciales anteriores), a un fundamentalismo fiscalista que prioriza en el pago de la deuda (incrementándola más) y su perversamente excesivo pago de intereses, Alvarado es como un monumento a la incapacidad ejecutiva en el ámbito de la reactivación económica, la que, sin duda, terminará caracterizando sus cuatro años de administración donde nada al respecto hubo.
A 275 días de las votaciones presidenciales y legislativas del domingo 6 de febrero, la ANEP intensificará su campaña PASAR FACTURA: un esfuerzo obrero-social, básicamente digital, buscando que la persona electora que decida ir a votar tenga muy en cuenta a cada partido político que le ha golpeado económica y financieramente, tanto como laboral, salarial, social y psicosocialmente.
PASAR FACTURA tiene un gran terreno para arar: el 83 % de la población que se siente económicamente estrangulado.
PASAR FACTURA representa un acto individual de fuerte conciencia cívica, de cobro político dirigido, especialmente, a los tres partidos que han sido gobierno en los últimos tiempos: Liberación, Unidad y PAC, los cuales renegaron de sus principios filosófico-doctrinarios, estafaron electoralmente, engañaron con sus promesas; y, finalmente, se sometieron al alto corporativismo-empresarial neoliberal, especialmente al del capital bancario-financiero, adoptando el extremismo fiscalista que privilegia el fraude fiscal en todas sus manifestaciones, que ha fortalecido la naturaleza injusta y corrupta del sistema tributario, que se enriquece con el déficit fiscal, la deuda y su obsceno pago de intereses.
El co-gobierno de los partidos Liberación, Unidad y PAC nos ha generado más desigualdad, más miseria, más exclusión económico-social, más desempleo y precariedad e inseguridad salarial-laboral, más concentración de la riqueza, más evasión-elusión fiscales-tributarias, más criminalidad y más inseguridad… y más narcotráfico.
San José, jueves 6 de mayo de 2021
A 275 días de pasar factura
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Luego de una reunión que contó con la participación de la Unidad Jurídica, un grupo de afiliados de la seccional TUASA y la Unidad de Desarrollo Organizacional junto a representantes de esta empresa autobusera reafirmaron el compromiso en cuanto a la libertad sindical.
Diversos sectores visitaron este miércoles 17 de marzo la sede del Partido Liberación Nacional con el fin de cobrar por los «daños» que han afectado a la ciudadanía luego de quedar electos.
Sindicato ANEP-AyA cuestiona medida transitoria de Acueductos y Alcantarillados al considerarla política y no técnica
El sindicato de ANEP en Acueductos y Alcantarillados (AyA), cuestiona la medida transitoria adoptada por la institución para atender casos de recibos con incrementos anormales, al considerarla como una estrategia política, la cual no subsana las verdaderas razones de las altas facturación durante la pandemia.
Para el sindicato, el informe de la Auditoría Interna de AyA (AU-2020-00506) es claro y contundente, debido a que revela los factores por los que se dan las altas facturaciones, algunos de estos están asociadas a los problemas de gestión y mal funcionamiento de los hidrómetros.
“Dicho informe indica que, existen 299,696 hidrómetros instalados en el campo que registran el rango de siete o más años de instalación, cumpliendo con su vida útil. Así mismo, 118,305 hidrómetros presentan registro de consumos mayores a los 3,000 metros cúbicos, contraviniendo esta situación a lo dispuesto por la Junta Directiva en cuanto a criterio operativo para el cambio de medidores, detalló Ivonne Mata Núñez, miembro del sindicato ANEP-AyA.
La medida transitoria aprobada por AyA, regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, y se aplicará cuando se cumplan los siguientes escenarios.
Tarifa residencial: cuando el consumo sea mayor a los 15 metros cúbicos y se presente un aumento del consumo cliente de más de un 25% respecto a su histórico.
Tarifa comercial u ordinaria: cuando el consumo sea mayor a los 25 metros cúbicos y el aumento de consumo sea de más de un 100% con respecto a su histórico.
Ambos escenarios se aplicarán solamente si las causas no sean atribuibles al cliente, como fugas internas o variación de hábitos de consumo, lo cual se corroborará mediante inspecciones de campo.
Este transitorio aprobado por la Junta Directiva del AyA estará vigente por 24 meses. Además, se podrá aplicar a casos de “alta facturación” presentadas en el periodo comprendido del 20 de marzo de 2020 a l14 de abril 2021, según detalla el comunicado de prensa enviado por AyA.
Para Ivonne Mata Núñez, esto quiere decir que dejan el problema para el próximo Gobierno, porque no aseguran que al finalizar la medida no se presentarán errores en las facturaciones y cobros altos.
“Esta medida evidencia que la administración de AyA ha mentido todo este tiempo de pandemia a los usuarios, ya que prácticamente aceptan que hubo errores en la facturación y no explica un fundamento técnico para su aplicación, más bien pensamos que es una medida 100% política en un período de campaña electoral. El AyA en la representación de Tomas Martínez (Presidente Ejecutivo) está aplicando una medida paliativa para los altos consumos en la facturación”, manifestó Mata.
Otro de los cuestionamientos del sindicato ANEP-AyA es que el jerarca de la institución manifestó que la aplicación de este transitorio traerá un ahorro por el tema de reclamos, pero no expone cual es ese ahorro que viene a compensar el hueco económico al dejar de percibir, casi 800 millones de colones mensuales, como así lo expresaron a la prensa.
“Ponen en riesgo financiero a la institución, ya que con esta medida habrá una diferencia entre lo facturado y lo cobrado, el AyA deberá asumir el Impuesto al Valor Agregado y con los números en rojo creemos que no tendrá la capacidad para asumirlo”, aseveró Edwin Marín, presidente del sindicato ANEP-AyA
Otra de las preocupaciones de la seccional, recae en la inversión de una Plataforma Tecnológica como solución a todo el problema de facturación, la cual ha sido impulsada desde la Presidencia Ejecutiva, sin embargo, se desconoce de dónde saldrán los dineros para su implementación.
“Nos preocupa enormemente que tenga la institución que solicitar un aumento tarifario para que el gobierno entrante le haga frente a este compromiso, por un lado, le dan al consumidor y por otro lado le quita. Lo anterior, porque bajo fe de juramento Manuel Salas (ex Gerente General de AyA y ahora Subgerencia Ambiente y Desarrollo) en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, indicó que la plataforma se financiaría con recursos públicos, pero no han querido mostrarnos el presupuesto 2021 donde compromete esos recursos ni los flujos de caja proyectados, frente a un estado de resultados que muestra sus números en rojo”, cuestionó Marín.
Por estas razones la seccional considera como un paliativo totalmente político la medida transitoria impulsada desde la Presidencia Ejecutiva, que podría poner en riesgo a la institución y con esto terminar de afectar a los consumidores.
Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Edwin Marín, Presidente ANEP-AyA al 6017-8216 o Ivonne Mata Núñez, miembro del sindicato ANEP-AyA al 8837-6030
–Manifestación se realizará el martes 23 de marzo del 2021 desde las 9:00 de la mañana.
Las diversas seccionales de la ANEP presentes en 62 municipalidades del país, nuevamente alzarán la voz este 23 de marzo a partir de las 9:00 de la mañana, en las calles de la capital, en defensa del Régimen Municipal y en contra del Proyecto Ley Marco de Empleo Público que se discute en la Asamblea Legislativa.
En la manifestación que saldrá desde el parque La Merced rumbo a la Asamblea Legislativa, se dejará constancia explícita de la más rotunda oposición al expediente legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público; y, en lo específico, exigirán la exclusión del régimen municipal del mismo.
Fuerte respaldo a este planteamiento se manifiesta prácticamente en la totalidad de la institucionalidad del sistema municipal costarricense. Abrumadora mayoría de alcaldes, de alcaldesas, de concejos municipales, han venido expresando su crítica y oposición a lo que se considera un nuevo ataque del Gobierno Central de la República por controlar la acción político-ejecutiva y financiera de las municipalidades.
Aparte del mundo obrero municipal, entidades como la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), manifiestan clara oposición al indicado proyecto de ley, pues atenta, como nunca antes había ocurrido, a la autonomía constitucional del régimen municipal.
Los gobiernos locales no dependen de las finanzas del Gobierno Central-Ministerio de Hacienda para funcionar pues son autosuficientes. Además, como reiteradamente lo ha demostrado la ANEP y ya nadie lo refuta, los salarios de las personas trabajadoras asalariadas estatales no son responsables del déficit fiscal; mucho menos, la clase trabajadora asalariada de las municipalidades.
Conferencia de Prensa
El Proyecto Marco de Empleo Público dará sepultura al artículo 170 de la Constitución Política, que da vida jurídica a la autonomía plenas de las municipalidades, como gobiernos locales. En consecuencia, morirá también el artículo 4 del Código Municipal que indica “La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política.
Este proyecto de ley, también liquidaría la autonomía de instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad, Acueductos y Alcantarillados, Universidades Públicas y el Poder Judicial.
ANEP hace llamado a Alcaldes y Alcaldesas
Como parte del trabajo de concientización realizado por la ANEP, la organización ha enviado una misiva a los 82 municipios del país, solicitando a los Alcaldes y Alcaldesas el apoyo a la lucha contra el Proyecto Ley Marco de Empleo Público, en el entendido, que este afectará las finanzas y toma de decisiones de las municipalidades y por ende el desarrollo de las comunidades.
1. Afectación administrativa: El municipio perdería la potestad que implica no solo la auto-normación, sino también la auto-administración.
En el voto n. º 5445-99, la Sala Constitucional establece que la autonomía municipal abarca la organización y administración de los intereses locales, y la organización y administración interna de la respectiva municipalidad, siendo reiterada por Tribunales de Justicia.
Una de las principales afectaciones que tendrá el gobierno local si se aprueba dicho proyecto, es que ya no podrá decidir respecto de su estructura organizativa, porque el proyecto establece el “Sistema General de Empleo Público” y coloca, como su ente rector a la Dirección General del Servicio Civil, invadiendo groseramente el área de Administración Municipal, al otorgarle competencias invasivas por sobre el Recurso Humano de la municipalidad, dando órdenes específicas a cada municipalidad para organizar su gestión de empleo.
Una de las versiones del Proyecto convierte a MIDEPLAN en una posición de ¨Súper Ministerio¨ al colocarlo como ente rector de cada institución, con potestades por encima de cualquier decisión inclusive del mismo Concejo Municipal.
En síntesis: “lo que hoy deciden el Alcalde y el Concejo Municipal, pasaría a ser una decisión del Gobierno Central por medio de su ministerio, en otras palabras, cualquier restructuración organizativa, recalificaciones, o todo lo referente a plazas, deberán pasar por la intromisión del Ministerio de Planificación, como si los municipios fueran ministerios.
2. Afectación económica: genera la enorme duda del impacto económico en las finanzas de cada municipalidad, estableciendo por “imperio”, nuevas reglas para el reconocimiento de remuneraciones para todo el personal de la Municipalidad, omitiendo el contenido de estas nuevas escalas salariales, a “riesgo de ruleta rusa”, al desconocer el detalle práctico del impacto financiero, por el costo de las nuevas planillas salariales. Así la municipalidad estaría obligada a pagar ajustes económicos, pago de indemnizaciones, o liquidaciones de personal, dando al traste con los objetivos del municipio, afectando el importantísimo equilibrio económico en medio de un momento de crisis financiera.
3. Afectación de paz social: El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público está desatando movilizaciones sociales que polarizan aún más el país, esto por elevar la presión sobre toda la clase trabajadora, agravando factores como desempleo, precarización del salario, mayor pérdida de valor adquisitivo, repercutiendo negativamente en la paz social, y enrareciendo el clima organizacional a lo interno de cada municipalidad.
Algo preocupante es que toda esta discusión se da en medio de tiempos electorales por lo que se atiza la confrontación social, distrayendo la discusión de las causas reales y estructurales del déficit fiscal, más relacionadas al modelo de desarrollo que privilegian al mercado por encima del Estado.
Por estas razones, la ANEP y los trabajadores municipales, defenderemos con la “Democracia de la Calle”, nuestra Constitución Política, nuestro Código Municipal, la seguridad jurídica del país; y nuestros derechos laborales.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
