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ANEP apoya denuncia en contra de la Presidencia del Directorio Legislativo por poner en riesgo la salud y el bienestar de la población laboral de la Asamblea Legislativa ante casos de Covid-19

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), apoya contundentemente la acción de denuncia realizada por la Unión de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (UTRALEG) en contra de la Presidencia del Directorio Legislativo ante el Ministerio de Salud, por poner en riesgo la salud y el bienestar de la población laboral de la Asamblea Legislativa ante los casos de COVID-19 reportados en dicho recinto.

La denuncia presentada este 22 de abril a las 10:30 de la mañana, dirigida al Ministro de Salud, Daniel Salas Peraza y en poder de la ANEP, deja en evidencia el accionar del Directorio de la Asamblea Legislativa con respecto a los casos positivos de COVID-19 detectados en el plenario en los últimos días y meses, omitiendo por completo las recomendaciones del Director de Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa, Walter Rodríguez Araya y el propio Ministerio de Salud.

Según consta en la denuncia, uno de los casos se habría presentado el 19 de marzo del presente año, cuando la diputada Ivonne Acuña Cabrera, fue reportada positiva por Covid-19 por lo que se le giro orden de aislamiento.

Según consta en oficio DM-DSS-032-2021-03-19 20, suscrito por el Director de Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa, Dr. Walter Rodríguez Araya, del 20 de marzo de 2021, indica que el nexo de contagio de la señora diputada se dio desde el domingo 14 de marzo del 2021 y ella estuvo positiva asintomática durante toda la semana, participando de las sesiones del plenario legislativo.

“De acuerdo con el cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, referentes a casos positivos de COVID-19, todas las personas que tuvieron contacto cercano con la Diputada, durante el periodo del 14 al 19 de marzo del 2021, por ser un caso confirmado de COVID, debieron ser ‘puestas en cuarentena en el domicilio actual por un espacio de al menos 1O días”, indica la denuncia.

En la denuncia presentada por UTRALEG se hace referencia a que, en los días del 14 al 19 de marzo del 2021, la diputada Acuña Cabrera, estuvo en contacto cercano con los Diputados del plenario, y con el personal en general de la Asamblea Legislativa, en espacios comunes como cafetín, parqueo, ascensores, pasillos, siendo los diputados en primera instancia contactos de riesgo de exposición con un caso confirmado.

 “Debió girarse orden de aislamiento a los diputados y las diputadas, sus asesorías y todo aquel personal que tienen la relación directa en el proceso de ley en específico el personal de apoyo dentro del plenario, con la finalidad de contener posibles contagios mayores, y resguardar el derecho a la salud del personal de la Asamblea Legislativa y sus respectivas familias, evitando un brote del virus, en mayores proporciones”, menciona la denuncia.

Por medio de oficio DM-DSS-032-2021-03-10 del 20 de marzo del 2021 el Director del Departamento de Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa, una vez analizado el caso en conjunto con el Ministerio de Salud, recomienda el aislamiento de los diputados de la Asamblea Legislativa, por ser todos en ese momento contactos directos con una persona positiva.

Cuestionamientos a la Presidencia Legislativa

El 21 de marzo del 2021, por medio de oficio UTRALEG-JD-019-03-2021 , el sindicato solicita a Eduardo Cruikshank Smith, Presidente del Directorio Legislativo, se procediera a acatar la recomendación del Departamento de Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa, con la finalidad de resguardar la seguridad y salud de las personas trabajadoras de la Asamblea Legislativa, haciendo ver que muchos laboran en el edificio donde está el plenario, así como en el mismo piso donde está ubicado el despacho de la  diputada.

“Pese a la recomendación girada por el Departamento de Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa, y a la solicitud expresa realizada por la Unión de Trabajadores Legislativos, de resguardar la salud del personal de dicha institución, el señor Cruikshank Smith, emite un comunicado por medio del cual solicita a los señores y señoras diputadas presentarse a sesionar al plenario el día lunes 22 de marzo del 2021, hasta tanto no se dé un pronunciamiento del señor Ministro de Salud, poniendo el riesgo  a toda la población de la Asamblea y sus respectivas familias”.

*Mismo escenario, diferente accionar*

En el mes de julio del 2020, en la Asamblea Legislativa  se presentaron 2 casos positivos de Covid-19, ante lo cual acordaron suspender las sesiones del plenario desde el 6 al 1O de julio, por prevención y resguardo de la salud de las personas.

Un escenario similar ocurrió el mes de diciembre el 2020, los diputados acordaron adelantar el receso de fin de año a partir del miércoles 16 de diciembre 2020, se suspendieron las sesiones del plenario y demás comisiones porque varios funcionarios del Departamento de Relaciones Publicas se mantendrían aislados por contacto de un caso de COVID 19.

“Por lo que el accionar del Plenario ante estos nuevos casos, es arbitrario, injustificado y pone en riesgo la Salud de las personas trabajadoras de  la Asamblea Legislativa y sus familias, así como la salud pública en general, por ser alrededor de 57 posibles contagios directos, que pueden ocasionar un brote del virus en importantes proporciones. Por lo que solicitamos la intervención inmediata del Ministerio de Salud”, se extrae de la denuncia.

Compartimos denuncia.

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Ante la petición de declaración de alerta roja por las gerencias de la Caja: ¿y de dónde cogemos la plata que demandará tal situación?

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  • ANEP propone moratoria parcial del obsceno pago de intereses de la deuda pública
  • Se podría disponer de hasta unos 630 mil millones de colones

Las máximas cúpulas político-gerenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): gerencias General, Médica, Administrativa, Financiera, Logística, Pensiones, Infraestructura y Tecnología; así como la dirección del Centro de Atención de Emergencias y Desastres; enviaron una desesperada carta al Dr. Román Macaya Hayes, en su condición de Presidente Ejecutivo de la institución, planteando lo que para tales autoridades es la Saturación Hospitalaria ante el estado actual de la situación de la pandemia del covid-19.

Solicitan a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) “…la declaratoria que corresponde en razón del nivel de emergencia en que nos encontramos frente a la saturación de los servicios de salud, que ha ocasionado el aumento exponencial de casos COVID 19; estando dicha comisión facultada por Ley para declarar la alerta que se requiere de manera urgente”.; pues, “…ya se ha manifestado de forma reiterada que se ha materializado el riesgo y se ha producido la saturación de los servicios de salud y por lo tanto, se tienen suficientes elementos objetivos,…” para una alerta roja.

Se indica en la carta al presidente ejecutivo de la CCSS que, la “Alerta Roja se reserva para momentos donde se determine la saturación en la capacidad de respuesta, por ejemplo, saturación de los servicios de salud”.

Una eventual declaratoria de alerta roja como lo plantean las cúpulas gerenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), implicará una mayor movilización de recursos humanos: profesionales, técnico-especializados, asistenciales y de servicio; y, a la vez, de recursos financieros que, presuntamente, no estarían disponibles para enfrentar el mayúsculo reto de una alerta roja por saturación hospitalaria.

Y es aquí, en tal situación, que Alvarado y su gobierno deben hacer una escogencia fundamental: la salud y la vida de las personas; ó, la salud del sistema bancario-financiero que se encuentra tan excesivamente robusto que llegó la hora de pedirle un aporte solidario con la urgencia requerida.

ANEP propone, así las cosas, que se decrete una moratoria del pago de intereses de la deuda pública, al menos por un trimestre, 90, días de manera tal que el país y su sistema de salud dispongan de una cantidad de dinero fresco por la cantidad de 630 mil millones de colones, equivalentes a un 1.75 % de Producto Interno Bruto (PIB).

Bien se sabe que la impagable deuda pública ha llegado a tal nivel que está demandando un obsceno pago diario, cada 24 horas, de, prácticamente, 7 mil millones de colones, según lo ha reconocido el propio Ministerio de Hacienda.

Es hora de decisiones estratégicas, realmente heroicas, en función del bien común y de la salud de las personas trabajadoras, principalmente; las cuales, por ejemplo, no tienen dinero para salir del país a vacunarse.

«La élite económica en estas circunstancias debiera concertarse para patrocinar planes de ayuda al sector más vulnerable de nuestra población. La gente pierde su trabajo, pierde su remuneración, carece de medios y, encima, los obligan a encerrarse en sus casas». De manera atinada, lo ha planteado el pensador latinoamericano, filósofo chileno, Gastón Soublette, en su reciente entrevista para BBC-Mundo.

Si el 75 % de la deuda pública costarricense está centrada en deuda pública interna; y si ésta es, en gran parte, entre entes del sector estatal (“se coge plata de un bolsillo para pasarlo a otro del mismo pantalón”), no habrá grandes riesgos de descalabro financiero y, mucho menos, de que se diga que esta operación de reingeniería financiera intra-sector Público, es una especie de default; considerándose que el principal de la deuda se mantendrá intocado.

Téngase en cuenta que la Alerta Roja podría potenciar, todavía más, el autoritarismo gubernamental de seguir impulsando cierres económico-sociales para afectación de las más amplias mayorías de la población costarricense; con los efectos multidimensionales (sociales y culturales y ya no solamente económicos) que hacen que la pandemia, sin dejar de serlo, ahora sea una sindemia; según lo ha denunciado el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en su carta oficio CICDE-023-021, fechado 7 de mayo, dirigido a la Presidencia de la República y su Ministro de Salud, así como a las presidencias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

Repetimos, la propuesta de ANEP para destinar el pago de obscenos intereses de la deuda pública, al menos por 90 días, para enfrentar la Alerta Roja de la Saturación Hospitalaria que está generando la pandemia y ante la transición de ésta (sin dejar de serlo), a la situación de sindemia (como lo plantea el CICDE-UNED); no implicará riesgo de colapso financiero ni mucho menos asomo de un default.

San José, domingo 10 de mayo de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Solicitan respetar lineamientos de distanciamiento en ambulancias que trasladan pacientes con cita programada

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Así lo manifestó la seccional ANEP-Cruz Roja en una nota enviada a la Gerencia de Recursos Humanos de la Cruz Roja Costarricense y al Departamento de Gestión del Instituto Nacional de Seguros (INS), ya que actualmente en el traslado en ambulancia de pacientes con citas programadas, se irrespetan los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud con respecto al distanciamiento por la pandemia Covid-19.

Ricardo Castro Calderón, Presidente de la seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense, detalló que en varias oportunidades han dialogado sobre el traslado de los pacientes de citas programadas del INS y la CCSS durante la pandemia, sin embargo, no han tenido un cambio por parte de las autoridades, esto a pesar de que el país se encuentra atravesando la tercer ola de contagio del Covid-19.

“Con tal de trasladar la mayor cantidad de pacientes posibles y así minimizar el uso al máximo de las unidades es que, por parte del INS, se gira la directriz de que deben de viajar al menos cuatro pacientes en la parte trasera de la ambulancia y de ser necesario uno en la parte delantera, irrespetando con esto la disposición del ministerio de salud sobre los 1.8 metros de distanciamiento social, poniendo en riesgo la salud del personal de la Cruz Roja y pacientes”, explicó Castro.

Actualmente los lineamientos generales (LS-SS-003) establecidos por el Ministerio de Salud para el traslado extra hospitalario (terrestre, aéreo y acuático) de personas en el marco de la alerta sanitaria por coronavirus (COVID-19) indican “que la capacidad máxima del aforo de la ambulancia en el traslado será del 50% de lo indicado en el permiso de circulación”

Además, agrega “en los transportes programados y de no urgencias, el aforo será de un paciente con su acompañante o de dos pacientes. (egresos, citas programadas).

En el documento, la seccional detalla las medidas internas de las ambulancias que se utilizan para el traslado de pacientes con cita programada, donde dejan en claro la capacidad de las unidades con las directrices emitidas por el Ministerio de Salud.  

Ambulancia Land Cruiser

“Nuestras unidades tienen una medida en su módulo trasero es de 2.93 metros de largo, 1.49 metros de ancho y 1.32 metros de alto, como podemos sacar las cuentas ante las medidas en la parte trasera no deberían de viajar un máximo de dos personas, cabe mencionar que también en dicho espacio hay una camilla telescópica de uso propio de la unidad, además en la parte delantera tenemos unas medidas de 1.44 metros de ancho y 1.32 metros de alto, en dicho espacio no se cumple la disposición del distanciamiento social para llevar a un paciente a la par del conductor, estas son las medidas de las unidades Toyota Hiace techo bajo, también se utilizan las unidades Toyota Land Cruiser doble tracción con espacios más pequeños, entre otras”, indica el documento.

Ante esta situación, la seccional ANEP-Cruz Roja Costarricense solicita a las autoridades respectivas, que el servicio de traslado de pacientes con cita programa se proceda a ejecutar con lo que dicta el documento emitido por el Ministerio de Salud,  con el fin de salvaguardar la salud de los trabajadores y usuarios.

Todo listo para la Gran Manifestación Laboral en defensa de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal

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• Fuera manos de Alvarado de las municipalidades

Un fuerte conglomerado del personal municipal costarricense se manifestará este martes 23, exigiendo que el gobierno de Carlos Alvarado Quesada saque sus manos de las municipalidades.

Los y las manifestantes, procedentes de las municipalidades metropolitanas y de zonas rurales, se juntarán, a partir de las 9 a. m., en el parque La Merced, en San José (centro), para desfilar, de manera pacífica, hacia la horrible sede de la Asamblea Legislativa.

Nunca antes un gobierno había intentado tanto, de manera insistente pero torpe y peligrosamente, acabar con la autonomía constitucional del régimen municipal, como lo ha hecho la administración de Carlos Alvarado Quesada.

De manera más que lamentable, en el ataque anti-municipal, han participado los partidos del co-gobierno con el PAC, Liberación, Unidad, Restauración y Nueva República.

El proyecto Ley Marco de Empleo Publica, expediente legislativo 21.336, representa el más grave intento por acabar con la autonomía constitucional de las municipalidades desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de Costa Rica, el 7 de noviembre de 1949.

El clamor cívico-obrero e institucional en la práctica totalidad de los gobiernos locales del país es fuertemente abrumador: las municipalidades debe ser excluidas de la pretendida e inconstitucional Ley Marco de Empleo Público.

Se espera la presencia activa de grandes delegaciones de, al menos, 60 municipalidades del país; mostrándose así lo que podría ser la más grande muestra de la cultura socopolítica del municipalísmo costarricense de toda su historia.

ANEP invita a organizaciones amigas y a ciudadanía patriótica a solidarizarse con la defensa de los valores democráticos de la Constitución de 1949 que representa la manifestación de las municipalidades este martes 23 de marzo.

Albino Vargas Barrantes
Wálter Quesada Fernández
ANEP

Estudiantes solicitan suspender o prorrogar pruebas FARO

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Estudiantes de secundaria de diversos liceos del país, agrupados en MEDSE, se movilizaron por las calles de San José, para protestar en contra de la aplicación de las pruebas FARO en el presente curso lectivo, al considerar que no han recibido la preparación suficiente para su aplicación.

Seccional ANEP-AyA dejó en evidencia el mal manejo institucional por parte de las altas gerencias

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La Seccional ANEP-AyA compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, luego de presentar un sin número de denuncias ante la opinión pública con respecto al mal manejo institucional en AyA.

El COVID-19, las élites y el futuro de la economía política de la reducción de la desigualdad en América Latina

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Compartimos el artículo publicado en la edición Nº132 de la Revista de la CEPAL, acerca de los efectos de la pandemia COVID-19

Por: Benedicte Bull y Francisco Robles Rivera

Existen diversas opiniones en la literatura sobre cómo repercuten las pandemias en la desigualdad de los ingresos. Mientras que en la literatura económica se sostiene que las pandemias aumentan la desigualdad, la literatura histórica y de las ciencias políticas señala que las pandemias podrían ocasionar quiebres institucionales y, en un contexto de cambios a nivel de las élites y de presiones desde los estratos más bajos, mantener las desigualdades. Tras examinar los datos actuales sobre las repercusiones de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), hemos constatado que se están produciendo transferencias de los ingresos hacia las clases más altas y determinados cambios a nivel de las élites en la región. Sin embargo, dado que las élites han controlado las medidas económicas que se han adoptado para mitigar y enfrentar la crisis, hay pocos indicios de que se esté produciendo un quiebre institucional.  

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ANEP intensificará campaña Pasar Factura

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– 9 de cada 10 electores no simpatiza con partido político alguno

– Fracaso contundente de la política económico-fiscal del PLUSC-PAC

A 275 días de las elecciones presidenciales y diputadiles del domingo 6 de febrero de 2022, 9 de cada 10 personas costarricenses con derecho al sufragio, ¡no simpatiza con ningún partido político!

Así lo determina el más reciente estudio de opinión realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Las encuestas del CIEP-UCR, a juicio de la ANEP, son las que más credibilidad nos merecen, pese a las reservas que tenemos con relación a su desenvolvimiento en las elecciones presidenciales del 2018.

Sin duda alguna, el enojo ciudadano que ya venía manifestándose, se ha vuelto más fuerte con lo que ha sido el comportamiento de los partidos políticos en la actual gestión constitucional, a un año de terminar, 2018-2022.

Particularmente, hay que destacar que los partidos Acción Ciudadana, Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana han sido co-gobierno en los primeros tres años de la desafortunada gestión ejecutiva de Carlos Alvarado Quesada.

Los tres, desde el parlamento, con el colaboracionismo de los partidos “religiosos” y otros tránsfugas calienta-curul, se han dedicado a promover leyes de gran impacto negativo en las condiciones socioeconómicas de las familias del pueblo trabajador costarricense:  el asalariado, el desempleado, el informal; el de las micro-pequeñas y medianas empresas. Hasta el partido Frente Amplio hasta hace poco dejó de ser co-gobierno.

Podemos catalogar al actual congreso (con las excepciones de rigor), como el más anti-obrero de las últimas décadas; y, por el contrario, el que más ha propiciado legislación en favor del alto corporativismo empresarial que ha intensificado la concentración de la riqueza, que ha golpeado la ya situación vulnerable de la endeudada clase media; y, con mayor crueldad, los sectores empobrecidos han sido hundidos más en la exclusión social y económica.

La pandemia ha llevado más sufrimiento, más angustia, más dolor a las grandes mayorías del pueblo costarricense; desnudando la total incapacidad de la gestión de Carlos Alvarado Quesada, por demás, el mandatario presidencial peor calificado por la gente desde que se hacen encuestas sobre la percepción ciudadana del gobernante de turno.

Atado (como sus colegas de gestiones presidenciales anteriores), a un fundamentalismo fiscalista que prioriza en el pago de la deuda (incrementándola más) y su perversamente excesivo pago de intereses, Alvarado es como un monumento a la incapacidad ejecutiva en el ámbito de la reactivación económica, la que, sin duda, terminará caracterizando sus cuatro años de administración donde nada al respecto hubo.

A 275 días de las votaciones presidenciales y legislativas del domingo 6 de febrero, la ANEP intensificará su campaña PASAR FACTURA: un esfuerzo obrero-social, básicamente digital, buscando que la persona electora que decida ir a votar tenga muy en cuenta a cada partido político que le ha golpeado económica y financieramente, tanto como laboral, salarial, social y psicosocialmente.

PASAR FACTURA tiene un gran terreno para arar: el 83 % de la población que se siente económicamente estrangulado.

PASAR FACTURA representa un acto individual de fuerte conciencia cívica, de cobro político dirigido, especialmente, a los tres partidos que han sido gobierno en los últimos tiempos: Liberación, Unidad y PAC, los cuales renegaron de sus principios filosófico-doctrinarios, estafaron electoralmente, engañaron con sus promesas; y, finalmente, se sometieron al alto corporativismo-empresarial neoliberal, especialmente al del capital bancario-financiero, adoptando el extremismo fiscalista que privilegia el fraude fiscal en todas sus manifestaciones, que ha fortalecido la naturaleza injusta y corrupta del sistema tributario, que se enriquece con el déficit fiscal, la deuda y su obsceno pago de intereses.

El co-gobierno de los partidos Liberación, Unidad y PAC nos ha generado más desigualdad, más miseria, más exclusión económico-social, más desempleo y precariedad e inseguridad salarial-laboral, más concentración de la riqueza, más evasión-elusión fiscales-tributarias, más criminalidad y más inseguridad… y más narcotráfico.

San José, jueves 6 de mayo de 2021

A 275 días de pasar factura

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)