Acuerdo Seccional ANEP-G4S by EugenioGuerrero on Scribd
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a otras organizaciones sindicales se reunirán este miércoles a las 2:00 p.m. con Mario Devandas, representante del sector laboral ante la Junta Directiva de la Caja Costarricenses del Seguro Social (CCSS), debido a la confusión existente por la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas con respecto a los incentivos de los trabajadores de La Caja.
Giovanni Ramírez Guerrero, promotor de la ANEP en la CCSS, detalló que la confusión la desato una Gerencia de la CCSS quien habría actuado sin el consentimiento de la Junta Directiva de la institución, provocando el envío de una circular que pone en ejecución la nueva ley, afectando la cesantía anualidades y dedicación exclusiva de los trabajadores. Situaciones que no se han valorado por parte de la Junta Directiva de la CCSS.
Ante este escenario, la ANEP junto a otras organizaciones sindicales se reunirá con el representante sindical ante la Caja Mario Devandas, para que este último lleve estas inquietudes al seno de la Junta Directiva.
Además de esta acción, la ANEP ya solicito una reunión con las altas jefaturas de la Caja Costarricense del Seguro Social para realizar las aclaraciones respectivas.
Conversamos con Giovanni Ramírez sobre la situación.
Los representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), de los diferentes cuerpos policiales levantaron la voz esta mañana, luego de que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) emitiera una respuesta sobre los cambios salariales debido a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“Se nos comunicó de manera oficial que hay algunos incentivos que van a desaparecer, no lo van a recibir más los funcionarios que están en servicio como los nuevos ingresos”, comentó Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
De acuerdo con la carta emitida por el MSP, para el reconocimiento de los aumentos anuales se requerirá de un resultado en la evaluación de desempeño como mínimo “muy bueno”. Para el ascenso del oficial no se realizará la revalorización del valor de los aumentos anuales ganados en la clase anterior, mientras que la anualidad y los incentivos serán reconocidos como un monto nominal fijo sobre cada escala salarial.
Otros de los aspectos salariales que se elimina y con mayor afectación hacia los policías es el pago del quinquenio, el cual corresponde a un reajuste del 5% al salario base por cada cinco años laborados.
Declaraciones de Mainor Anchía
“El quinquenio y la anualidad se ve seriamente amenazados ya que la evaluación es subjetiva. Además, ya no va a ser recalificada o revalorada, sino que va a ser un monto único. Los cuerpos policiales afectados son todos aquellos que están cubiertos por la Ley General de Policía; nosotros consideramos que a la policía no debería quitársele ni un colón, por el contrario, si hay un trabajador del Gobierno Central que merece que se le ajuste el salario es al gremio policial”, indicó Anchía.
Actualmente, el salario base mensual sin incentivos para oficiales de la Fuerza Pública es de ¢305.000 y de ¢320.000 para el Policía Penitenciaria, mientras que el policía Profesional de Migración gana ¢372.000.
Dentro de las acciones anunciadas se encuentra la solicitud de una reunión con el Poder Ejecutivo y Legislativo para solicitar que se presente un proyecto de ley para excluir a los cuerpos policías de la aplicación de la nueva ley. Tal y como sucedió con los educares. De no darse atención a la solicitud no se descarta realizar una convocatoria de los oficiales en tiempo libre para una manifestación.
Conferencia de Prensa
Trabajadores de la Municipalidad de Cañas depusieron ayer por la noche el movimiento de huelga que mantenían desde el pasado lunes, ya que el Concejo Municipal de la localidad, en sesión ordinaria, aprobó realizar el pago de reajuste salarial del 15% a los trabajadores.
“Se logró la conciencia que requeríamos por parte del Concejo Municipal aprobando el escenario de reajuste salarial del 15%, porcentaje que incluso fue respaldado por una auditoria externa contratada por la propia municipalidad. Este acuerdo fue tomado en unanimidad por parte de los regidores por lo que el movimiento de huelga se levanta.”, explicó Reymol Jiménez, Secretario de la Seccional ANEP-Municipalidad de Cañas.
Dicho pago corresponde al estudio realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la UCR, que creó un manual de puestos para la Municipalidad de Cañas, fijando en 25% el reajuste salarial que debían recibir los trabajadores. Sin embargo, por acuerdo con el Concejo Municipal se fijó en 15%.
Este reajuste salarial aplicará para todos los funcionarios de la Municipalidad de Cañas y viene a subsanar un rezago salarial de 9 años.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por medio de su Unidad de Asesoría Jurídica logró la reinstalación de un trabajador interino del Ministerio de Justicia y Paz quien fuese despedido mientras se encontraba incapacitado.
David Estrada Zeledón, abogado laboralista de la ANEP que llevó el caso, explicó que el trabajador de apellido Aguilar fue despedido el 20 de junio de 2018, dos meses antes de que terminara su nombramiento interino; por encontrarse incapacitado. Situación que a la vez le imposibilitó realizar las pruebas físicas que le permitirían optar por un puesto en propiedad.
Ante este escenario, la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP aplicó los mecanismos legales correspondientes e interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra dicho despido, así como un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
La Sala Constitucional, mediante voto 2018-12137, falló en favor de Aguilar, a la vez, que ordenó al Ministerio de Justicia y Paz realizar las respectivas pruebas médicas y físicas al trabajador en cuanto concluyera su incapacidad.
Al aprobar Aguilar las pruebas médicas y físicas, fue acogido el recurso de revocatoria contra su despido, por lo que el Ministerio le reinstaló en su puesto de trabajo de manera interina por lo que restaba del año 2018 y le otorgó el nombramiento en propiedad a partir de enero de 2019.
Desde las 7:00 a.m. de la de este lunes 15 de enero trabajadores operativos y administrativos de la Municipalidad de Cañas, con el apoyo de ANEP, iniciaron un movimiento de huelga, que ya suma su segundo día, debido al incumplimiento de la alcaldía en el reconocimiento del reajuste salarial mediante manual de puestos.
Reymol Jiménez, Secretario de la seccional ANEP-Municipal de Cañas, detallo que dicho reajuste salarial fue un acuerdo tomado entre los trabajadores y la alcaldía el 17 de enero del 2018, con la intermediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin embargo, a la fecha no se ha cumplido.
“Esto dio inicio con un estudio realizado por el CICAP de la UCR para crear un manual de puestos para la Municipalidad de Cañas, con el cual se establecería el porcentaje de reajuste salarial para los trabajadores. Dicho reajuste quedó establecido en un 25% de la media que estableció el CICAP para cada puesto. Sin embargo, el Alcalde fue tirando hacia adelante la entrada en vigencia de dicho manual, aduciendo carencia de fondos para hacerle frente al reajuste salarial”, explicó el Secretario de la seccional.
Ante este escenario, los trabajadores municipales dieron el tiempo prudente al alcalde, Luis Fernando Mendoza, para realizar un estudio financiero que determinara si el municipio podía hacer frente al pago del reajuste salarial.
“Para dicho estudio la alcaldía contrato una empresa externa, la cual determinó dos escenarios óptimos para pagar y con los cuales el municipio podía hacer frente, el primero un reajuste del 10% y el segundo del 15%. En vista de que se había firmado un acuerdo del 25% pensamos que la decisión razonable del Alcalde era pagar el escenario más alto (15%), sin embargo, su posición es pagar el más bajo; lo que provocó el inicio de la huelga”, manifestó Jiménez.
En el movimiento de huelga participan 40 funcionarios municipales, por lo que todos los servicios se encuentra afectados, salvo los trabajadores de recolección de basura, quienes a pesar de apoyar el movimiento se encuentran laborando.
Es importante resaltar que este movimiento de huelga se realiza bajo los lineamientos que establece la Reforma Procesal Laboral.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
Diario Extra
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) interpondrá un recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda por negar nuevamente información sobre los grandes contribuyentes.
Albino Vargas, secretario general de ese sindicato, dijo que solicitan la entrega de la lista de las 96 empresas a las que Hacienda les inició un proceso de cobro por ¢560.000 millones, sin embargo Tributación volvió a escudarse en que son datos confidenciales para no darlos a conocer.
“Con esta respuesta lo que el Ministerio de Hacienda demuestra es que sigue siendo un cómplice de la pavorosa evasión fiscal y tributaria que hay en este país. Pretende que sea otro recurso de amparo el que nos dé a conocer esos 96 nombres de las megaempresas en cobro”, sentenció.
Agregó que el actuar de Hacienda es sospechoso y todo lo que está ocurriendo es una injusticia hacia la clase trabajadora, que está pagando la torta fiscal.
“Exigimos a la ministra de Hacienda (Rocío Aguilar) que rectifique para no desprestigiar más la cara de protección a la evasión”, agregó.
La ANEP basó su solicitud de información amparándose en el artículo 27 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
“Considerando el histórico precedente del fallo constitucional sobre la lista de grandes contribuyentes que declaran cero ganancias o pérdidas, gracias a la oportuna intervención de la agrupación cívica Territorios Seguros, ANEP estima que no es necesario un nuevo recurso amparado para obtener los datos que solicitamos en la presente carta”, comentó.
Sin embargo, Tributación se escuda en que las informaciones que la Administración obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros, por cualquier medio, tienen carácter confidencial y sus funcionarios y empleados, ni pueden divulgar en forma alguna la cuantía u origen de las rentas, ni ningún otro dato que figure en las declaraciones.
Carlos Vargas, director general de Tributación, proporcionó la respuesta mediante una nota remitida a la ANEP con fecha 19 de diciembre de 2018.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/379080/anep-metera-amparo-contra-hacienda?fbclid=IwAR0uiBiVGRA7Y9M8HHXI_SIJpO1Q-XmAkZ5gwVMyBRcz9RQahKlmw_ZuUFA
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Es precisamente el límite que fija la Ley contra la Usura el que hoy le permite al Estado costarricense meter preso al operador del gota a gota. Sin ese límite en la ley, no hay delito. Sin delito, no hay cárcel. Si usted elimina el tope, no está combatiendo el gota a gota. Le está dando amnistía.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.

