La Secretaria General de ANEP envió una carta al titular de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, a fin de que responda si en efecto se va a cancelar la deuda que se tiene con la clase trabajadora del Gobierno Central desde el 1 de enero del 2020 en cuanto al pago del reajuste por costo de vida.
A continuación, el documento.
En aras de la transparencia jóvenes representantes de diversos partidos políticos, nacionales, provinciales y cantonales, así como presidentes de diversos partidos políticos, firmaron en las instalaciones de la UCR, el pasado sábado el Pacto Ético Inter partidario de cara a las elecciones Municipales 2024.
La ANEP por medio de su seccional ANEP-Personas con Discapacidad participará en el primer Seminario de Planificación del proyecto DGB de la Internacional de Servicios Públicos ISP denominado “la lucha contra la desigualdad y la discriminación”, a realizarle a finales de este mes en San Paulo, Brasil.
El pasado 10 de noviembre, la ARESEP convocó al funcionario del AYA y de la oficina regional de Acueductos Rurales Cartago, Vladimir Mesén Montenegro a una mesa de trabajo para discutir la contaminación del acueducto de Cipreses de Cartago.
En dicha mesa participaron la Gerencia General Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y la Defensoría de los Habitantes.
El funcionario Mesén no quiso dar mayor detalle de las fuentes de agua comprometidas. Además, ante la pregunta de EcoCipreses de por qué no hacer público en la comunidad la información aseguró que “no estaban listos los reportes de laboratorio”. Hace meses se escuchaba el rumor en las comunidades de San Pablo presentaba una contaminación similar que la registrada en Santa Rosa y Cipreses de Oreamuno, que reciben agua en cisternas desde hace un año. Esto es importante porque en teoría debería estar girando las órdenes sanitarias de prohibición del agua para consumo humano, así como la preparación de la logística de suministro de agua en cisternas, sin embargo, aún se desconoce las gestiones formales del caso en San Pablo.
En una Evaluación de la gestión de la ASADA de San Pablo, Santa Rosa, Oreamuno, realizada en 2016 por el Centro de Investigación en Protección Ambiental del ITEC, se aseguró que el acueducto abastece aproximadamente 410 abonados con una población de alrededor 1800 habitantes y estaba conformado por las nacientes Birrís N°1, Birrís N°2, Sanabria Alto, Rosca Van Alto y Ulloa, tres de estas presentaban riesgos altos y dos intermedios donde uno de los parámetros evaluado era la “existencia de fuentes de contaminación alrededor del tanque (letrinas, animales, viviendas, basura, actividad agrícola o industrial) (crítica)”.
Con esta tercer ASADA contaminada serían más de 12 mil personas afectadas, a pesar de que los Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA que justificaron la prohibición de clorotalonil acogidos por la Sala Constitucional aseguran que habían alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos».
La pregunta que surge es ¿Por qué no se han hecho análisis de agua de manera más expedita?, la respuesta es porque no hay capacidades para hacerlos y es gracias a esta lucha de Ecocipreses que podrán aumentar la realización de pruebas por que se le dio el empujón al decreto N° 44200-MINAE, publicado en La Gaceta el pasado 8 de noviembre, donde el Poder Ejecutivo declaró de conveniencia nacional la construcción del Nuevo Laboratorio Nacional de Aguas (LNA).
A finales de octubre Ecocipreses realizó la consulta al director del Laboratorio Nacional de Aguas, Darner Mora, sobre el estado en el que se encuentra el proceso de generar una mayor capacidad técnica del Laboratorio Nacional de Aguas para detectar los degradados de Clorotalonil que fue demandado por el fallo de la Sala Cuarta. A lo que responde que se contactó con diferentes oferentes de los equipos e insumos necesarios y se estudiaron aspectos como características técnicas basadas en los requerimientos del Laboratorio Nacional de Aguas y se obtuvieron cotizaciones de los diferentes requerimientos, así como el presupuesto que se estimó necesario. Posteriormente han realizado gestiones ante la dirección del AyA, “en busca del aval para realizar la licitación para la construcción del nuevo edificio del LNA, aprobado mediante un préstamo del BCIE por un monto de 11,25 millones de dólares, sin embargo, de momento no se cuenta con una respuesta positiva”.
El gobierno al inicio mostró resistencia a responder positivo, pero gracias a las gestiones de presión de este caso que demuestra la importancia para la salud pública, se logró la anuencia del gobierno. Entre las razones de la declaratoria el Ejecutivo reconoce que las instalaciones del actual laboratorio son limitadas en su crecimiento por la infraestructura con la que cuenta. Esta se ubica en Tres Ríos en una casa construida hace cerca de 100 años.
Para más información: frente.ecologista.cipreses@gmail.com o Facebook: FRENTEECOCIPRESES
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica
Desazón y malestar es el sentimiento de los trabajadores de Fincha Chira 4 e integrantes de la Seccional de ANEP en dicha finca bananera, luego de que los representantes de Corporación Agrícola del Monte los dejaran plantados en audiencia conciliatoria en el Ministerio de Trabajo, donde se abordaría temas de sumo interés para la población laboral.
Después de más de un año de recibir agua en cisterna y estar pagando la misma tarifa por agua contaminada con metabolitos de clorotalonil ARESEP convocó el 10 de noviembre a la Gerencia General Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y a la Defensoría de los Habitantes
Según la convocatoria de ARESEP “en atención a la situación que vive el acueducto de la comunidad de Cipreses en Oreamuno de Cartago y debido a varias consultas realizadas a la Intendencia de Agua referentes a temas de calidad del agua y tarifas, aunado también al objetivo de armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos, es de interés realizar una mesa de trabajo para abordar desde un punto integral dicha situación”.
La Intendencia de Agua está solicitando al: “AyA su participación es requerida en calidad de ente rector y delegante del servicio de acueducto, donde es de interés contar con un representante de la Presidencia Ejecutiva, Orac Central Este y Laboratorio Nacional de Aguas, los cuales puedan ampliar la situación que se vive en la comunidad de Cipreses”.
También de la Asada Cipreses “se requiere de su presencia a fin de indique las acciones que han desarrollado para abarcar el manejo de la no conformidad asociada a la presencia de metabolitos de la molécula de Clorotalonil”.
Mientras aseguró que “en vista de las consultas realizadas por representantes de la organización Eco Cipreses, es de interés que participen en la mesa de trabajo a fin de que puedan manifestar las dudas y consultas referentes al manejo del caso en la comunidad de Cipreses”.
Por otra parte, ARESEP solicitó: “debido a su importancia en la búsqueda de soluciones al caso de Cipreses se extiende la invitación al Ministerio de Salud, ya que su presencia es de suma importancia para comprender la atención del tema, lo anterior debido a su rol como ente rector de la salud en el país”.
El pasado 06 de junio del 2023, la Sala Constitucional como respuesta al recurso de amparo presentado por Frente Ecocipreses solicita que se adopten y ejecuten las recomendaciones del «Informe Técnico Clorotalonil” emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, donde se explicita que: “Ante esta solicitud de prohibición de la molécula se recomienda iniciar un proceso de coordinación con la Dirección de Productos de Interés Sanitario (DRPIS) y los jerarcas del Ministerio de Ambiente y Energía, así como del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el fin de redactar un decreto que lleve a una prohibición en el menor tiempo posible (…)”.
Pese a lo anterior el AYA ya solicitó una prórroga a la Sala Cuarta hasta el 2026 evidenciando la intención de heredar al siguiente gobierno el problema, el MAG ha dado mensajes contradictorios y el Ministerio de Salud guarda silencio. La Sala IV le dio tiempo al AYA hasta febrero de 2024 para resolver la situación.
Para más información: frente.ecologista.cipreses@gmail.com o Facebook: FRENTEECOCIPRESES
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), envió una denuncia a la Contraloría General de la República (CGR), solicitando se investigue la propuesta anunciada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), sobre la disposición de 200 mil millones de colones para la atención de listas de espera.
Para nuestra organización sindical existen una serie de elementos que ponen en duda la forma en que este dinero se reserva y se pone a disposición para que entidades privadas resuelvan las listas de espera.
La denuncia también fue enviada a la Procuraduría de la Ética, la Defensoría de los Habitantes y la Fiscalía General de la República por la vía electrónica.
Para la ANEP, Marta Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la CCSS, y Gabriela Artavia Monge, Gerente Financiera y Coordinadora del Comité de Inversiones del Seguro de Salud se atribuyen competencias que no les corresponde, por lo cual se debe valorar e investigar los siguiente elementos:
1. Se creó una reserva financiera de 200 mil millones de colones que no se respalda en un acuerdo de Junta Directiva específico.
2. La citada reserva no se fundamenta en análisis técnicos y financieros robustos que permitan comprometer esa dimensión de recursos, inclusive indican que pedirán la
programación a la Gerencia Médica, como un acto posterior. Se resume que se compromete esa dimensión de recursos con fundamento en una solicitud de una página.
3. Es contradictorio que la Gerencia Financiera firmara en menos de 10 días criterios totalmente opuestos: en uno señala la insipiencia de las propuestas que estarían fundamentando una reserva; y, por otra parte, se aprueba en menos de 3 días una inversión de tal magnitud. Podría existir un incumplimiento de la Política de Inversiones del Seguro de Salud y una extralimitación de las competencias del Comité de Inversiones, en definir reservas sin aval de Junta Directiva y direccionadas a un proyecto que no tiene solidez técnica.
4. Si bien podrían ser recursos a la vista que no se han colocado por diversas situaciones, el amarrarlos a una estrategia operativa que debe ejecutarse “en apariencia” en el periodo 2024, representa que dichos recursos no podrán tener la posibilidad de colocarse a mejores rendimientos, y con ello estarán amarrados a la corriente ordinaria.
5. Hay que valorar si la decisión impulsada por la presidencia ejecutiva y la gerencia financiera de la CCSS vulnera otros proyectos y reservas que estaban previamente definidas para atender compromisos de inversión en infraestructura y tecnologías. Esto, sin duda, sería concordante con la estrategia de detener el portafolio de inversiones y volver a inventar criterios de priorización para hospitales que ya habían culminado esa etapa.
6. Finalmente, pareciera que la búsqueda de esa reserva se orienta en que respalde una compra de servicios por terceros que no están incluidas en el presupuesto 2024, lo cual sería contrario al ordenamiento jurídico y técnico de garantizar el debido contenido previo a dictar actos de inicio de contratación administrativa.
Por estas razones, la ANEP solicita a las entidades pertinentes investigar la forma en qué se toman estas decisiones.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
La drasticidad, la frialdad, la irracionalidad, la irresponsabilidad, el extremismo y el fanatismo que está mostrando la política fiscal del recortismo presupuestario impuesto por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, con el beneplácito y la complacencia política del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; muestra las características perversas de ese recortismo impuesto en la hermana latinoamericana de Argentina, por el presidente Javier Milei.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.