La Seccional de ANEP en la Cruz Roja realizó una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades en la selección de personal, sumado a practicas antisindicales por parte del nuevo encargado de talento humano. Por lo anterior se decidió suspender las mesas de trabajo con la administración.
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ANEP y Unión Nacional de Gobiernos Locales acuerdan revisar y actualizar escala salarial del régimen municipal
Representantes de la ANEP, junto a dos integrantes de seccionales de la ANEP en el sector municipal, presentaron a la Unión Nacional de Gobiernos Locales un estudio técnico con respecto a la situación que se presenta con las escalas salariales del sector municipal, donde detectaron una desactualización de al menos 10 años.
En el estudio presentado por la ANEP, se logró identificar una desactualización desde el percentil 10 hasta el percentil 25, a partir del 2008, año en que entró a regir la escala salarial.
Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales manifestaron conocer de la situación y detallaron que diversas situaciones han imposibilitado una actualización de la escala salarial y se mostraron muy satisfechos por la apertura de la ANEP sobre el tema.
Por su parte, la ANEP reconoció la importancia de estos acercamientos, ya que permiten trabajar en conjunto para mejor las condiciones de los trabajadores del sector municipal, a la vez, agradeció el compromiso de la Unión Nacional de Gobiernos Locales por revisar y actualizar la situación
Ambas partes no descartan mantener las reuniones.
Contraloría ordena e impone fuertes restricciones presupuestarias a las municipalidades para el 2022
- ¡Régimen municipal sigue bajo ataque!
- ANEP reitera su llamado de defensa institucional a las comunidades municipales del país.
- Congelamiento salarial y riesgo de despidos se asoman en los municipio.
Expresamos nuestra más rotunda oposición, como organización altísimamente representativa del conglomerado laboral de las municipalidades de Costa Rica, a lo que representa una nueva agresión a la autonomía constitucional del régimen municipal; esta vez, mediando un ataque proveniente de la Contraloría General de la República (CGR), imponiendo ésta un “crecimiento” de tan solo un 1.96 % de los presupuestos institucionales de cada gobierno local para el año 2022, con relación al que ha estado vigente para el presente año 2021.
La titular de la CGR, Marta E. Acosta Zúñiga, está dirigiendo carta-ordenanza a las 82 alcaldías municipales, basándose en el concepto ideológico de regla fiscal, estableciendo que “…para efectos de la formulación de los presupuestos ordinarios 2022, el crecimiento del gasto total (gasto corriente más gasto de capital) no podrá sobrepasar el 1.96 % con respecto al año 2021…”. Se invoca, entre otra cuestionable normativa, la Ley No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, popularmente conocida como combo fiscal).
La indicada jerarca contralora, en su oficio, no tiene empacho alguno en indicar que obedece órdenes políticas del Ministerio de Hacienda para que, repetimos, la ideológica regla fiscal se les aplique a las municipalidades.
ANEP alerta a la comunidad institucional de las municipalidades de Costa Rica de la gravedad que implica la consolidación de esta directriz nefasta del ente contralor en contra del desarrollo socioeconómico de los 82 cantones del país, al restringir la inversión y el gasto de sus correspondientes municipios.
Desde el punto de vista obrero-laboral, 1.96 % de límite draconiano para el incremento presupuestario municipal para el año venidero 2022, implica altísimo riesgo de despidos, por una parte; y, por otra, práctico congelamiento salarial, sin descartar la eventualidad de riesgos de rebajas salariales.
Otro aspecto a resaltar es que la indica Ley 9635 está cuestionada por varias acciones de inconstitucionalidad que todavía tramita la Sala IV, precisamente porque ésta violentó la autonomía e independencia que la Constitución Política de 1949 le otorgó a los gobiernos locales; autonomía que, por cierto, también fue violentada, nuevamente, con el nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, votado ya en primer debate por la actual Asamblea Legislativa y que, precisamente, está revisando el indicado tribunal constitucional de la República, en estos momentos.
Igualmente, la contralora Martha Acosta violenta una legislación específica que fue votada por el actual parlamento con la cual, precisamente por lo nefasto de sus implicaciones, se excluyó a las municipalidades de la aplicación de los aspectos de intervención financiera del Ministerio de Hacienda establecidas en la Ley 9635. Entonces, ¿en qué quedamos?
La señora Contralora Marta E. Acosta Zúñiga debe entender que la entidad que dirige ha venido perdiendo mucha legitimidad y credibilidad ante la opinión pública: ya no solamente por su “inactividad” (para decirlo con mesura), durante el desarrollo de lo que luego conoceríamos como caso Cochinilla, en el cual los multimillones involucrados pasaron por sus ojos y sus narices sin ver ni oler nada; sino que, ha recibido condenatorias judiciales por extralimitarse en sus funciones (casos ICE e INFOCOOP).
Condenamos la insensibilidad de la jerarca contralora Marta E. Acosta Zúñiga pues pone por encima de cualquier consideración social, su militancia ideológica en esto del fanatismo fiscalista del recorte fundamentalista del gasto y de la inversión públicas que, como nunca antes, se necesitan para incrementar un rol mucho más protagónico de los gobiernos locales en cuanto a reactivación económica e inclusión social.
Hacemos, finalmente, un vehemente llamado, a las autoridades políticas municipales (alcaldías y concejos), al personal de las mismas, a sus organizaciones, así como a las fuerzas vivas cívicas y comunales de cada cantón, para cerrar filas ante este nuevo ataque en contra de la autonomía constitucional de las municipalidades y de su mismísima estabilidad financiero-económica e institucional.
A la vez, apelamos a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), así como a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), para que dispongan de las diversas opciones que tienen para enfrentar el despótico mandato ideológico de la Contraloría, que es el del desprestigiado y desacreditado gobierno de Alvarado, pues se explicita que la orden política superior proviene del Ministerio de Hacienda.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Corte IDH ratifica los Derechos Humanos de Libertad Sindical, de Negociación Colectiva y de Huelga
FECTSALUD Y ANEP solicitan a la Junta Directiva de la CCSS una verdadera mesa de diálogo en la discusión de IVM
– Negociaciones no se pueden limitar a una sola reunión virtual
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (Fectsalud), presentaron este martes por la tarde, una carta a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), solicitando una verdadera mesa de diálogo para discutir el futuro del régimen de pensiones de Invalides, Vejez y Muerte (IVM).
El envío de la misiva se da luego de que la Presidencia Ejecutiva de la CCSS solicitara este martes una reunión virtual para mañana miércoles 21 de julio, con estas organizaciones sindicales, sin clarificar cuales sería los objetivos a tratar en dicha reunión.
“No podemos ver la atenta invitación de conexión vía zoom, como única relación de parte de sus reconocidas autoridades (Presidencia, Cuerpo Gerencial, Actuarial, Jurídico, Asesores y de la Secretaría de Junta Directiva), y que luego sea consignada como el espacio y audiencia dada a nuestra representación, para luego tomar las decisiones unilaterales e internamente institucionales, sin un verdadero espacio de discusión y negociación efectiva”, indica el documento enviado por Fectsalud.
Para las organizaciones sindicales agrupadas en Fectsalud, donde ANEP es parte, es necesario convocar a una verdadera mesa de diálogo, para conocer todas las propuestas presentadas por las diferentes organizaciones.
“Al respecto, habiendo presentado formal y oportunamente nuestra propuesta alternativa, el pasado 7 de julio de 2021, reiteramos nuestra petitoria principal en cuanto a la necesidad urgente de que se convoque a una mesa formal de negociación, que retome las diferentes propuestas que se hayan presentado hasta la fecha, para debatir y construir ese necesario y urgente fortalecimiento de la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, vejez y muerte (IVM)”, indica la carta.
Trabajo en equipo ha permitido crecimiento continuo de la seccional ANEP -OPAS
Posición ante el cambio de medidas cautelares en caso Cochinilla
Trabajadores del Laboratorio de Parenterales de la CCSS crean seccional de ANEP
Juzgado de Trabajo da curso a proceso contra Pilar Garrido y Elian Villegas por infracciones a las leyes de trabajo
El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José dio curso a un proceso de investigación contra La Ministra de Planificación, Pilar Garrido González y contra el Ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde, por infracciones a las leyes de trabajo y previsión social.
La decisión del Juzgado de Trabajo de elevar el caso a audiencia oral se da luego de la demanda presentada por el representante sindical Luis Leal Ruiz, quien funge como Presidente de la Seccional ANEP-Imprenta Nacional, por incumplimiento del Estado en el pago de reajuste salarial por costo de vida durante el año 2020.
Los hechos se remontan al 17 de diciembre del año 2019 cuando se publicó el decreto Nº 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, en el cual se dispuso un aumento salarial anual al salario base de todas las categorías del sector público de 7.500 colones, que se haría efectivo de forma retroactiva en la segunda quincena del mes de febrero del año 2020. Sin embargo, luego en el decreto Nº 42286-MTSS-H-MIDEPLAN, se suspendió el aumento establecido.
Ante esta situación, la ANEP y el presidente de la seccional ANEP-Imprenta Nacional acuden al Jugado de Trabajo al no realizarse el reajuste salarial establecido, a pesar de que existe la partida presupuestaria para proceder con su aplicación.
Dentro de los alegatos presentados por la ANEP ante el Juzgado de Trabajo, se indica que la conducta adoptada en el decreto Nº 42286-MTSS-H-MIDEPLAN es disconforme con el ordenamiento jurídico laboral, ya que violenta lo dispuesto en el artículo70, inciso i, del Código Trabajo, así como los artículos 167,177 y 178 ídem.
A estos argumentos, se suma “la transgresión cometida también violenta normas prohibitivas de carácter supra constitucional y de naturaleza legal, destinadas a proteger el salario y el patrimonio como derechos fundamentales de todos los servidores y servidoras públicas y como elemento esencial del contrato de trabajo, pues según lo establece el numeral 167 del Código, a trabajo igual corresponde salario igual, prohibición que surge de una interpretación armónica de este numeral, más los cánones 83 inciso i) y 70 inciso i) ibídem”.
Además, indican que “el actuar de estos servidores públicos, transgrede los mandatos de la Constitución Política y del Código de trabajo y esto constituye una infracción a las leyes laborales; sin dejar de lado las normas que permiten actualizar los salarios por costo de vida. Además de convenios internacionales referentes a la protección del salario”.
La ANEP también detalló, entre ostros aspectos, que ha existido inflación durante los años 2019, 2020 y 2021 generándose una pérdida del valor adquisitivo de los salarios, de acuerdo con lo indicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Ante estos y otros alegatos por parte del sindicato, el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José y de conformidad con los ordinales 672 del Código de Trabajo convoca a las partes a una audiencia oral, establecida el 17 de enero del año 2023. No obstante, la ANEP ya está gestionando lo pertinente para el adelanto de la audiencia.
Operatividad de comités de Cruz Roja en riesgo por falta de pago del Gobierno
El 7 de septiembre del 2020 el presidente, Carlos Alvarado firmó una ley en la cual se estipulaba trasladar un aproximado de 3.000 millones de colones a la Cruz Roja por concepto del impuesto a la telefonía móvil y convencional, lo cual permitiría la contratación de unos 300 socorristas nuevos, pero a la fecha no se ha depositado un solo colón.
