Los afectados son Joselito Centeno Araya y Waldier Pérez Zúñiga miembros de la junta directiva conformada en junio pasado, por lo que el alcalde puntarenense, Wilber Madríz Arguedas, decidió despedirlos.
Ante esta acción la Unidad Jurídica de la organización ya tomó cartas en el asunto para la reinstalación de ambos trabajadores.
Frente a la Sala Constitucional, un grupo de manifestantes piden a los magistrados que se respete la Constitución Política y que se desliguen de conocer la consulta constitucional por el Proyecto de Empleo Público a los magistrados Nancy Hernández López y a Fernando Castillo Víquez.
“(…) hacemos un vehemente llamado al magistrado Fernando Castillo Víquez y a la magistrada Nancy Hernández López, ambos de la Sala Constitucional, a efecto de que se inhiban de conocer la consulta de constitucionalidad interpuesta por 15 diputados y diputadas de la asamblea legislativa en contra del proyecto de Ley Marco de Empleo Público”, indica el documento.
La petición surge debido a que se ve comprometida la objetividad de los magistrados para resolver la consulta por los lazos que los unen con el presidente de la República, Carlos Alvarado, quien es el principal interesado en la aprobación de esta ley para conseguir el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1.750 millones.
En el caso del magistrado Fernando Castillo Víquez, se solicita la inhibición ya que su hija, trabaja en el Departamento Legal de Casa Presidencial, decir que es una persona cercana Presidente de la República y eso debería ser motivo suficiente.
Mientras que la magistrada, Nancy Hernández López, será candidata a jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este hecho fue ratificado por la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y por la página de la Presidencia de la República.
“No cabe la menor duda de que quien propone la candidatura de la magistrada Hernández es el Poder Ejecutivo, específicamente el señor Presidente de la República, lo que hace suponer que la promoción de dicha candidatura requiere una amplia y estrecha comunicación entre la señora magistrada y el señor Presidente de la República”, agrega el documento.
Además, solicitan a los magistrados que se respete la Constitución Política y se declaren todas las inconstitucionalidades que contiene el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público “Nos apersonamos ante esta Sala a Exponer la preocupación que nos embarga con la aprobación en primer debate del nefasto Proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336, hoy día en consulta ante esta Sala Constitucional”, indica.
Con la aprobación de este proyecto se violentaría la independencia y autonomía funcional del Poder Judicial, ya que tiene múltiples normas, donde se le da al Poder Ejecutivo o a órganos del Poder Ejecutivo, la posibilidad de entrometerse en aspectos medulares del funcionamiento del Poder Judicial.
Por otra parte, se violenta la Constitución Política al darse esa misma intromisión en las universidades públicas que gozan, según ésta, de autonomía; así como también se violentan en el indicado proyecto de ley, las autonomías de las municipalidades y de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Manifestantes piden a dos magistrados que se inhiban de conocer consulta por Proyecto de Empleo Público by EugenioGuerrero on Scribd
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), envió el día miércoles 24 de junio, una carta a los diversos gerentes generales de los bancos estatales del país, así como al Instituto Nacional de Seguros (INS), solicitado información sobre si estas entidades financieras mantienen alguna línea de crédito con las empresas de construcción H Solís y MECO.
La carta dirigida a los Gerentes Generales del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), Banco Nacional (BNCR), Banco de Costa Rica (BCR) y Presidencia Ejecutiva del INS, pretenden indagar sobre cuántos prestamos mantienen con las constructoras investigadas en el caso “Cochinilla”, así como los montos, tipo de divisa, plazos y garantías negociadas.
Lo anterior, según la ANEP, con base en el derecho de información y pronta respuesta tutelado en los Artículos 27 y 30 de Constitución Política de Costa Rica, y con base en lo dispuesto en la Ley No. 9097 sobre la Regulación del Derecho de Petición.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, detalló que las alarmas para realizar la consulta a estas instituciones, se encendieron, considerando lo que ha pasado con otros consorcios empresariales que se han visto en aprietos y también ha estado involucrada o puesta en riesgo plata del sistema bancario público, el caso más reciente el de Juan Carlos Bolaños y el denominado “Cementazo”.
Otra de las situaciones que habría impulsado él envió de la misiva, se debe a que en apariencia MECO, habría tenido problemas con un importante banco privado en Panamá, y este último le habría cancelado una línea de crédito por 20 millones de dólares.
“Dado el volumen de dinero y magnitud económica de estas dos súper empresas constructoras que mantenían un duopolio, queremos saber si los bancos estatales le prestaron plata, queremos que nos den estos datos. Nos preocupa en gran medida, que el Ministro del MOPT anunció que no darán más contratos a estas empresas, lo que podría provocar una quiebra de estas compañías y entonces que pasará con toda la plata que deben a una multiplicidad de acreedores. A lo mejor hay plata que deben a la banca pública o al INS, y si los bancos tienen perdidas por esos créditos, es el pueblo que deberá pagarlos”, manifestó el Secretario General de la ANEP.
En el caso de la carta enviada a la presidencia ejecutiva del INS, en esta también se incluye una solicitud con respecto a los seguros de caución, y si alguna de estas empresas adquirió alguno con la institución y de ser así, conocer cuáles son los montos asegurados y si se le dio un trato especial.
“Es de nuestro conocimiento y ya público, que el actual ministro de hacienda Elián Villegas y ex presidente ejecutivo del INS, tuvo una relación de 14 años con la empresa H Solís, así lo comprueba la documentación en nuestro poder, de ahí nuestros cuestionamientos con respecto a posibles líneas de financiamiento con el INS y los seguros de caución”, enfatizó Vargas.
ANEP consulta a bancos estatales y al INS si mantienen líneas de crédito a H Solís y a MECO by EugenioGuerrero on Scribd
El trabajo de incidencia nacional, lucha social, denuncia, así como la defensa de los derechos laborales y humanos, tanto en el sector público como en el sector privado, por parte de nuestra organización da sus frutos, ya que es uno de los principales factores para que la afiliación de la ANEP continúe creciendo.
Diversos gremios sindicales del Poder Judicial enviaron una nota a la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, solicitando la renuncia a su cargo. Compartimos la solicitud enviada.
Sindicatos del Poder Judicial solicitan renuncia de la Fiscala General by EugenioGuerrero on Scribd
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
