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ANEP y Cruz Roja acuerdan modificaciones en contrato laboral del personal asalariado

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  •  El contrato laboral modificado regirá para todo el personal asalariado a nivel nacional.
  • Gerencia General entregará los contratos con las modificaciones acordadas.

 Luego de varias mesas de trabajo entre los representantes de la Seccional ANEP en la Cruz Roja y la administración de la Benemérita, se logró llegar a un acuerdo referente a los contratos laborales de los funcionarios de organización de primera respuesta.  

Siendo así se aclararon y ajustaron las cláusulas relacionadas a vacaciones, exclusividades, jornadas, disposiciones internas actuales, entre otros puntos que dejaron satisfechas a ambas partes, por lo que se procedió a firmar el acuerdo.

Ricardo Castro, presidente de la Seccional ANEP-Cruz Roja, mencionó que todo salió bien conforme a las expectativas y que, además, se espera continuar trabajando en pro de las condiciones del personal de la Benemérita.

“Logramos afinar detalles, quitar cláusulas que no tenían que estar y de inmediato modificar uno que otro punto. Estamos a la espera de que se nos pase la parte contractual ya corregida, la cual va a ser la que va a regir para todo el país.”, aseveró

Así mismo, Castro explicó que los trabajadores que ya firmaron el contrato, la institución se encargará de buscarlos para anular los antiguos y así entregarles uno nuevo.

Dentro de esta reunión se tocaron otros temas de forma rápida, que serán abordados dentro de las próximas mesas de trabajo entre ambas representaciones.

“Los puntos que se van a abordar en las próximas mesas tienen que ver con horarios beneficiosos para la institución y trabajadores. De igual forma, el tema de jornadas extenuantes y, por último, los traslados de citas programadas en el caso de Instituto Nacional de Seguros (INS) y de la Caja del Seguro Social (CCSS)”, agregó.

De parte de la Benemérita se dijo lo siguiente, “La Cruz Roja Costarricense como patrono, es respetuosa y vigilante del cumplimiento de la legislación nacional, incluida la normativa laboral que regula los derechos de las personas trabajadoras. En ese sentido, se ha iniciado el proceso de implementación y firma de los contratos de trabajo requeridos por el Código de Trabajo, precisamente para dar seguridad jurídica y garantizar los derechos y deberes de la relación laboral entre Cruz Roja y cruzrojistas. Actualmente la Cruz Roja Costarricense y la ANEP han llegado a un acuerdo que involucra las modificaciones y correcciones del documento, producto de la revisión pormenorizada de la parte sindical y Cruz Roja como patrono, por lo que una vez realizadas las adecuaciones de las condiciones particulares de la relación laboral de cada colaborar, se continúa con la implementación de la divulgación del nuevo contrato de trabajo” mencionó, Álvaro Montero, Gerente General.

ANEP rechaza un fondo de avales para beneficio de tagarotes

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Las personas que hemos dedicado gran parte de nuestras vidas a la lucha social, de alguna forma estamos conscientes de que es posible encontrar cualquier tipo de persona en el ejercicio de la política, en nuestro país.
 
En tal sentido, es bueno hacer notar que una gran cantidad de sectores productivos, en el ejercicio de la política, han venido luchando con ahínco por lograr una conquista a la que han llamado fondo de avales; logro del cual ellos deben estar contentos y expectantes.
 
Nosotros, en ANEP, que creemos en el apoyo y en el protagonismo de las políticas públicas en favor de los sectores productivos, vemos bien eso de un fondo de avales.  
 
Sin embargo, nos genera una profunda indignación y un enorme enojo, la  frivolidad de la clase política que actualmente gestiona la cosa pública del país; pero, particularmente, en este caso, la desvergüenza de esta Asamblea Legislativa.
 
En términos sencillos, el fondo de avales es un instrumento jurídico y financiero pensado para reforzar, por una parte; y, por otra, y hasta para sustituir las garantías que respaldan las operaciones de crédito productivo; básicamente para aquellos que no pueden hacerle frente a la mismas por diversas razones ajenas a su propia voluntad.
 
El fondo de avales, presuntamente desde su propia concepción, está pensado para pequeños empresarios, pequeños comerciantes y los pequeños productores agropecuarios; las mujeres emprendedoras (mil veces golpeadas en la historia); los jóvenes emprendedores a quienes se les asesina la esperanza en sus narices; en fin, el fondo de avales es un instrumento pensado para las mayorías desventajadas y rezagadas por la política económica de los últimos años y profundizada por la pandemia.
 
Pero indigna muy poderosamente que, ahora sí, una vez hecho el esfuerzo de lucha por este tipo de fondo de avales para estos sectores, y según los sostenidos esfuerzos de sus representaciones gremiales legítimas; aparezcan los inescrupulosos y los oportunistas de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), junto a los de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) -cuya hegemonía interna es la que imponen los banqueros privados-; para aprovechar la exagerada influencia política que tienen y asegurarse el control del fondo de avales que actualmente tramita la Asamblea Legislativa. 
 
¿Es acaso que la Uccaep y/o la banca privada, expresan y representan a don Cristino en San Vicente de Nicoya; a don Ramón, en Guácimo; a doña Valeria en Bijagua; a la familia Pérez en Santa Cruz, de Guanacaste; a los miles y miles de empobrecidos y olvidados en Limón, en las zonas costeras; a aquellos que abandonaron el sistema educativo, para procurar comida en la casa de sus familias. ¡Por supuesto que no!
 
Tales entidades expresan y representan a los pocos Gerardo Corrales, a los pocos Enriques Egloff, a quienes las garantías, si es que ocuparan créditos, les incomodan.
 
Esta Asamblea Legislativa no puede seguir burlándose de los ciudadanos y de las ciudadanas. La paciencia tiene límites, y nuestro pueblo trabajador está acercándose a ellos.
 
Este es el camino del enriquecimiento grosero y anticristiano de los que ya de por sí son ricos. Esta decisión no va en la lógica de la urgente reactivación económica del país. Así es el fondo de avales que están imponiendo el actual parlamento.
 
San José, miércoles 9 de junio de 2021.
 
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto.
 
 
 
 

Empresa de seguridad privada protesta contra la constructora HSolis por deuda de 33 millones de colones

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Cerca de 20 trabajadores de la empresa de seguridad C4, junto con su representante, protestan en las afueras de las oficinas de la constructora Hernán Solís, debido a que la empresa constructora les adeuda cerca de 33 millones de colones en los servicios de seguridad privada, afectando a un aproximado de 60 trabajadores en diversos puntos del país

Luego de movimiento laboral, trabajadores municipales de Nicoya llegan a acuerdos con la Alcaldía

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Trabajadores de la Municipalidad de Nicoya realizaron un movimiento laboral por las calles del cantón guanacasteco, este 3 de junio, para solicitar a la alcaldía la compra de uniformes, así como explicaciones sobre la apertura de nuevas plazas sin contar con presupuesto, entre otros temas.

Narcotráfico se expande y MSP debilita Policía de Control de Droga

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• Policías han perdido a sus familias por extenuantes jornadas
• ANEP se ha acercado al MSP, pero no ha habido interés en solucionar el problema.

Como ha quedado en evidencia tras los diversos operativos, Costa Rica dejó de ser un lugar de bodegaje de droga y pasó a ser un centro logístico muy atractivo para las organizaciones de tráfico internacional.

A pesar de la gran labor que hace el personal operativo, sus esfuerzos son casi en vano, ante el debilitamiento constante de la Policía de Control de Drogas (PCD)

Jonathan Flores Mata, Asesor sindical, manifestó que durante los últimos años le han externado la problemática de la falta de personal a los ministros de seguridad, pero más allá de lamentar la situación, no se han dignado a generar un cambio.

“O hay una falta de liderazgo o tienen más poder dentro de la institucionalidad las propias jefaturas de PCD o están protegiendo los intereses contrarios a los que la ciudadanía quiere. Es difícil no despertar ese morbo, ¿Para quién están trabajando?”, aseveró

Según datos otorgados por el MSP, desde el 2017 al 2020 participaron 2.900 personas por una plaza, pero solo se contrataron a 23.

La poca contratación de oficiales ha llevado a cabo un recargo de funciones importante, lo que le ha generado una afectación considerable a nivel de salud, familiar, entre otros factores para los policías.

“Les tienen roles que son contrarios a la salud. Ellos no tienen derecho prácticamente a una educación superior, no les dan ese permiso desde la Dirección General. Hay compañeros que han perdido a su familia, ya que prácticamente no los ven porque tienen jornadas extenuantes. Asimismo, hay compañeros y compañeras que tienen registro y las bitácoras que comprueban que han tenido jornadas de 32, 36 y hasta de 48 horas consecutivas, lo que es inhumano.”

Por parte de la seccional, se quiera dejar claro que a pesar de los múltiples esfuerzos en los que se ha buscado la solución, no hay mayor interés por parte del MSP. Además, de que la opinión pública pida cuentas del porqué la Administración no subsana este tipo de acciones que debilitan este cuerpo de policía técnico y especializado en combatir este flagelo que cada vez más se acrecienta en el país.

La lógica de la Junta Directiva de la CCSS: fauleados 154,807 pensionados de IVM de pensiones bajas (I parte)

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Por: Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

Para quienes creen que la JD-CCSS se volvió cristalina y transparente como el agua de manantial solo por dar tres meses más de plazo para acordar elevar las edades de retiro, bajar beneficios y aumentar las cotizaciones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), desafortunadamente sigo con malas noticias. Ya abordé el asunto por este mismo medio (https://surcosdigital.com/hablemos-de-ivm-vacilan-a-reymundo-y-a-todo-el-mundo-zancadillean-a-cotizantes-pensionados-y-mesa-de-dialogo-parte-iv/), ahora lo refresco y profundizo.

1) El artículo 29 del Reglamento de IVM dice: “La cuantía mínima de pensión no podrá ser inferior al 50% del ingreso o salario mínimo de contribución que se establezca conforme al artículo 34 de este Reglamento. Asimismo, el Estado, en su condición subsidiaria, cubrirá el financiamiento de las pensiones mínimas que otorgue el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en aquellos casos donde la pensión resultante es menor al monto mínimo vigente. Este financiamiento formará parte de la cuota del Estado como tal”. Destacados míos. A este salario mínimo de contribución también se le llama Base Mínima Contributiva (BMC).

2) En el artículo 26 de la sesión N° 8682 del 28 /11/2013 la JD-CCSS, acordó el plan de relación entre la BMC y el Salario Mínimo Legal (SML) del cuadro siguiente. Esto significaba que a partir del 1/10/2019 la pensión mínima de IVM sería igual a un 50% del SML según el artículo 29 del reglamento de IVM.

3) Sin embargo, en el Artículo 8 de la sesión N° 8992 del 27/9/2018 y el 25 de la sesión N° 9072 del 19/12/2019, la JD-CCSS se “arrepintió” y acordó que la BMC en IVM quedara en 87% del SML y en 92.95% del SML en el Seguro de Salud. Por lo tanto, topó la pensión mínima de IVM a un 43.5% del SML. Fue una zancadilla sin previo aviso, a escondidas y sin mesa de diálogo.

Así que, como desde enero de 2021 el SML es ₡319.574, el monto de la pensión mínima hoy hubiera sido ₡159.787 si la JD-CCSS no se hubiera arrepentido; pero gracias al arrepentimiento la topó en ₡139,015. ¿Será esto un favor al Estado-Gobierno?  ¿O un desvío de fondos? Porque según el artículo 29 del Reglamento de IVM la CCSS le cobra al Estado -los contribuyentes- un 0.66% sobre los salarios de IVM para pagar esos beneficios.

Usando la planilla de IVM de noviembre de 2020 resultan 154,807 pensionados afectados, que representan la mitad del total de pensionados, según el detalle del cuadro siguiente:

Sumando la diferencia entre ₡159.787 y el monto de pensión pagado a esos 154,807 pensionados, considerando que son trece pagos al año, adicionando el costo diferencial de las pensiones nuevas del año 2021, un posible reajuste por inflación y el costo del seguro de salud, el ahorro estimado en 2021 que la JD-CC hizo a costa de las pensiones más bajas es de ₡42 mil millones (el faul o zancadilla).

Por otro lado, en el año 2021 el IVM dejaría de recibir unos ₡14 mil millones de colones de cuotas por tener una BMC de ₡278,030 en lugar del SML, mientras que el Seguro de Salud dejaría de recibir un monto similar por tener una BMC de ₡297,044 en lugar del SML. En adición, como la JD-CCSS usa la BMC para estimar el costo que le cobra al Estado por la atención de la salud de las personas de escasos recursos -Artículo 2 de Ley 5349- dicho fondo dejará de recibir del Estado unos ₡15 mil millones de colones en 2021.

Entonces restándole a la zancadilla que la JD-CCSS propinó a esos 154,807 pensionados, resulta un ahorro neto de ₡42 – ₡14 – ₡14 – ₡15 = -₡1 mil millones, un poco más, un poco menos, no importa, lo importante es que el “ahorro” más bien se traducirá en posibles pérdidas para la CCSS en 2021, como fue en 2020 y 2019; pero es castigo o garrote para la mitad de los pensionados que más necesitan de una pensión. Insisto: ¿Es o no es desvío de fondos? ¿Cómo le podríamos llamar a esto? ¿Será otro maquillaje? ¿Habrá sanciones? ¿O la torta la pagarán solo los pensionados?

Sobre el asunto existe una denuncia en la Auditoría Interna de la CCSS desde el 14 de setiembre de 2020 que tiene el número DE-126-2020 (https://drive.google.com/file/d/183VhpSfKdtCt8EUAHZRJhskzJa8Ck1m-/view?usp=sharing), con el fin de descartar cualquier maquillaje, abultamiento de cifras y violación al principio de legalidad. Estoy a la espera de que me notifiquen el resultado de la investigación.

Mencioné que a partir de enero de 2021 la pensión arrepentida debería ser de ₡139,015. Sin embargo, mejor revisen sus billeteras, pues no se descartan otras zancadillas aún en época de pandemia.

Rodrigo Arias López

Actuario Matemático