La impactante denuncia que publica Diario Extra en su edición de este día, lunes 11 de agosto de 2014, dando cuenta de que“empresarios de buses les meten mano a tarifas”, deja a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), sumida en el total descrédito y aumenta su desprestigio en el seno del pueblo trabajador.
Las conclusiones del estudio que fue gestionado por la Asociación Nacional de Protección al Usuario de los Servicios Públicos (Asoprousuario), con el respaldo de la Universidad de Costa Rica (UCR), deberían fundamentar, al menos, una contundente acción parlamentaria que proceda a realizar una investigación de la Aresep.
Adicionalmente, el propio Gobierno de la República debería pronunciarse, con contundencia y urgencia, al respecto.
La clase trabajadora, especialmente la asalariada y la que se desenvuelve por cuenta propia, que utiliza diariamente los buses en su desplazamiento porque no tiene otra alternativa, está completamente indefensa a la hora en que la Aresep accede a las “peticiones” de subidas tarifarias que le formula el empresariado autobusero; en realidad, más bien, imposiciones.
Resulta incomprensible y hasta sospechoso que la Aresep fije incrementos tarifarios de este tipo, partiendo de la “buena fe” del empresariado autobusero al indicarle éste la cantidad de usuarios que transporta al día, sin que el ente regulador verifique la verdad de los datos que le entregan porque no lleva registros. Sinceramente, ¡inaudito!
Además, lo que podríamos denominar como una especie de complicidad de la Aresep con este empresariado autobusero , se agrava pues la denuncia habla de que tal situación se ha venido dando por 12 años sin que nada cambie; excepto, el golpe al bolsillo de la persona trabajadora que cada vez debe sacar más plata para pagar la tarifa de bus.
Adicionalmente, la gran cantidad de empresas autobuseras morosas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como la condonación del pago de 2.800 millones de colones por concepto de cánones, pulverizan el mínimo de confianza que todavía quedaba en la Aresep y su papel en la fijación de la tarifa del transporte público modalidad autobús.
Pareciera sumamente necesario, además, que la ciudadanía, especialmente la que pertenece a la clase trabajadora, tenga noción clara de cómo está la propiedad del parque autobusero nacional; para determinar si los peligrosos procesos de concentración en el ramo que se han venido advirtiendo, han cooptado, totalmente, para su beneficio la política de la Aresep en esto de los incrementos tarifarios del pase de autobús, que pareciera ser de “no ver, no preguntar, no investigar, no verificar… sólo acceder”.
Por otra parte, el Consejo de Transporte Público (CTP), organismo del cual no poca gente desconfía en cuanto a su objetividad y transparencia, sigue sin darle audiencia a la ANEP. Atendiendo petición expresa de esta organización, el Ing. Sebastián Urbina Cañas, Viceministro de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), dirigió oficio fechado el pasado 23 de julio, No. VTSV-000286-2014 (6), al señor Mario Zárate Sánchez, Director Ejecutivo del CTP, para que se acceda a la audiencia pedida por la ANEP. Han pasado ya diez días hábiles y el CTP no responde. ¿Por qué negarse a otorgarnos esa audiencia?
La denuncia periodística de Diario Extra potencia más la necesidad de la audiencia pedida por la ANEP al CTP, pues se vuelve de trascendencia estratégica la conexión entre respeto pleno por parte del empresariado autobusero a las leyes de la Seguridad Social con la fijación tarifaria, aunque la Aresep ya no genere confianza alguna ni credibilidad al respecto.
