Violando toda la legalidad y la ética, una mayoría de diputados y de diputadas aprobó, por presión del Gobierno Neoliberal del Presidente Pacheco, en el último presupuesto extraordinario tramitado por la Asamblea Legislativa, en diciembre pasado, una escandalosa cifra de 3.500 millones de colones, aproximadamente, para financiar la compra de conciencias laborales en el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP); con la finalidad de que sus trabajadores fuesen “indemnizados”, para que no lucharan contra la privatización, vía concesión, de los muelles puntarenenses.
En su momento, se le dijo a la opinión pública que esa enorme cantidad de dinero le sería devuelta al Estado, una vez que las empresas privadas beneficiadas con esa privatización-concesión, pasaran a administrar dicho patrimonio público. ¡Mentira!, nada más alejado de la realidad, pues así lo reconoce la propia Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
La ANEP tiene en su poder copia del Oficio Ref. PR.127-03, fechado 1 de agosto de 2003, dirigido por el Ing. Rafael Carrillo L, Presidente de dicha cámara, al diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides; documento en el cual se afirma lo siguiente:
“No en vano se ha buscado la concesión del puerto ya que la situación es verdaderamente insostenible. Puerto Caldera está verdaderamente colapsado. Por esa razón y porque si no se elimina primero el sindicato portuario no hay solución posible a esta situación, es que hemos estado de acuerdo con el pago que el concesionario tendrá que hacer de $23 millones para resolver el problema laboral. Ese monto, desde luego, tendrá que ser retribuido a los concesionarios vía tarifa en el corto plazo, como parte de la inversión”.
Más clara y contundente no podía haber hablado, el líder empresarial de la Cámara de Industrias de Costa Rica: Seremos los consumidores finales de los productos importados, especialmente granos, que entran al país por Puerto Caldera, quienes paguemos la factura de la privatización del INCOP. ¡23 millones de dólares!, es la suma que habrá que devolverles, vía incremento de tarifas, a las empresas concesionarias de dicha entidad.
Otro monstruoso engaño a la opinión pública es lo que ha ocurrido en el tema del INCOP. Se trata de una especie de privatización “al revés”: pagamos nosotros, el pueblo, por privatizar un ente público; cuando se supone que el catecismo neoliberal de la privatización indica que los dineros provenientes de una venta-concesión de activos estatales, son para “beneficio” del patrimonio público.
Pese a la aprobación legislativa del pago de la especie de soborno de conciencias laborales en el INCOP, las acciones jurídicas contra este proceso licitatorio y contra los contratos que se pretenden firmas con las firmas privadas concesionarias, no se han agotado. En ANEP preparamos nuevas acciones al respecto para los próximos días.
San José, 9 de enero del 2003.
