Seguimos con la tesis de que el principal problema nacional de estos tiempos es el crecimiento de la desigualdad, producto de un sostenido proceso de concentración de la riqueza.
Cada vez son más las entidades de diversa naturaleza que constatan que la desigualdad es el “talón de Aquiles” de la América Latina, tal y como lo ha denominado el más reciente informe de Latinobarómetro, un proceso de encuesta regional anual que mide varios aspectos del desenvolvimiento de nuestra región.
Costa Rica no es la excepción. Es más, se ha mencionado que somos el país de la América Latina donde más ha crecido la desigualdad en los últimos años.
A la vez, somos del criterio de que si de verdad se quiere combatir esa desigualdad (atajando su crecimiento, desacelerándolo e, incluso, comenzar a revertirlo), la transformación estructural del sistema tributario costarricense debe ser el pilar fundamental de una estrategia integral en tal dirección.
Es decir, cambiarle su perverso sesgo regresivo (que dejen de pagar más, proporcionalmente hablando, los que menos tienen), para hacerlo progresivo (que paguen más los que tienen más, sin que evadan ni eludan sus responsabilidades).
Nosotros sentimos que tal propósito es imposible de alcanzar con la metodología y el carácter del proceso que en estos momentos impulsa el Ministerio de hacienda, denominado “Diálogo Nacional: En ruta hacia la Consolidación Fiscal”.
Desde este mismo nombre, conceptualmente hablando, notamos que el tema es la “consolidación fiscal”, no la transformación tributaria.
La lógica macroeconómica dominante, de sesgo neoliberal, impone que el objetivo fundamental de este proceso es la reducción de lo que denominan “déficit fiscal” como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB); no es cuánto más del PIB hay que sacarle a los más acumulan (legal o ilegalmente vía robo de impuestos), en función de variar radicalmente los mecanismos de la redistribución de la riqueza nacional que se genera.
Además, metodológicamente hablando, el proceso del Ministerio de Hacienda presenta dos graves inconvenientes. Por un lado, cuatro “mesas de diálogo”, de cuatro horas de duración cada una, con ejes temáticos sumamente complejos y con una asistencia abierta, donde puede llegar “Raymundo y todo el mundo”; pues es “abierta” a todo público y con representaciones unipersonales (en no pocos casos).
Por otro, el proceso es una “lluvia de ideas” que por más valiosas que puedan ser, nadie de la oficialidad dará cuenta del rumbo que, definitivamente, tomarán en la elaboración de la propuesta de ley que se llevará al parlamento.
El tal marco de condiciones una organización laboral que se justiprecie de su abordaje serio en el tema, no puede prestarse para legitimar un proceso tan superficial por más buenas intenciones que tenga.
Conociendo cómo se juega en estos procesos de “diálogo nacional”, la anotación en el registro de asistencia de la sigla laboral del caso, basta para que la “embarren” y para que se utilice la misma diciendo que “participó”, que se le “consultó” y que, por tanto, el documento final va, también, legitimado por ese determinado sector laboral.
Entre otras, estas son motivaciones por las cuales no hay una sola organización sindical en el proceso que impulsa el Ministerio de Hacienda: ni “diálogo”, ni “nacional”.
