Liderados por la Seccional ANEP-JPS, las personas trabajadoras de la institución realizaron la medida de presión debido a que cerca del 80% de la población laboral se encuentra afectada por el no pago de la recalificación de puestos que no cuenta con el visto bueno de la Procuraduría General de la República, PGR, y de la Autoridad Presupuestaria, AP, del Ministerio de Hacienda.
Siete años de espera
“Ha sido una larga espera. En 1998 se realizó el estudio de puestos, desde el año 2000 la Junta Directiva de la Junta de Protección Social lo aprobó, pero no cuenta con las respectivas autorizaciones de los entes externos como son la Procuraduría y la Autoridad Presupuestaria. Es un trámite demasiado largo, no son aspectos “legales”, sino que es un problema político lo que impide que el pago se haga efectivo.”, dijo Ronald Barrantes, presidente del la Seccional ANEP-JPS.
El estudio de recalificación de puestos beneficia a la gran mayoría de los y de las trabajadoras de la institución ya que sus salarios no están acorde con el puesto que ocupan, “Por eso hoy vemos a la gran mayoría de los trabajadores participando de esta medida que no se acaba aquí. Estamos dispuestos a dialogar, ya lo hemos hecho por siete años, pero ya es mucho, le dan largas al asunto y la verdad ya estamos cansados de que no nos tomen en serio.”, dijo Barrantes y agregó que hoy mismo el Ministerio de Trabajo estará enviando el tema a la sesión del Consejo de Gobierno y para el viernes lo plantearán ante la Autoridad Presupuestaria en una reunión con autoridades gubernamentales.
De no lograrse acuerdo concreto de fecha de pago de lo adeudado, se estaría convocando a una nueva medida de presión que podría ser un nuevo paro o una huelga.
Desigualdad salarial
Para Anayanci Gutiérrez, del departamento de imprenta de la JPS, no hay equidad salarial en la misma institución ya que solo a 21 trabajadores se les ha aplicado el pago por la recalificación de puestos, mientras a casi 400 de ellos no se les aplica. “Hay una gran desigualdad, a unos si se les aplica y está bien, pero a los demás no se nos aplica. Hemos hecho la consulta a PGR, la AP y al Ministerio de Trabajo pero por siete años nada. En otras instituciones si se les aplica rápidamente, mientras nosotros tenemos que esperar.”, concluyó Gutiérrez.
Respaldo institucional
Luis Polinaris, Gerente General de la JPS, considera que es mucho tiempo de espera por parte de los trabajadores, y sentenció que “la Junta Directiva y la Gerencia General de la Junta hemos reiterado nuestro respaldo a las gestiones de los trabajadores, es mucho tiempo ocho años de espera, es mucho tiempo un año de consulta pero como institución no podemos hacer más. Hay un compromiso para que desde el mismo Gobierno de la República se hagan las gestiones para aligerar esto y se resuelva favorablemente. Yo personalmente apoyo a los trabajadores para que esto se resuelva y podamos seguir brindando nuestros servicios.”
Una de las preocupaciones de las autoridades institucionales es que entre más tiempo pasa, aumenta el monto del desembolso que deben hacer para cubrir lo adeudado a los trabajadores. “Mientras que en el 2000 la suma estimada que se debía cancelar era de ¢300 millones, para este 2007 la suma alcanza los ¢3.200 millones, o sea diez veces más del monto de aquel año.”, dijo Sergio Ramírez Acuña, presidente del JPS.
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Nota enviada a la Procuradora General de la República
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