“Lamentamos mucho que ANEP esté defendiendo a funcionarios públicos que están siendo investigados por presunta simulación de delito y falsedad ideológica”. ¡Sí!, como usted lo leyó: Esto es parte del comunicado oficial de la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, reaccionando a la decisión sindical de la entidad en la cual laboramos, la ANEP, de salir en defensa de los policías de la Fuerza Pública involucrados en un incidente con arma de fuego en las afueras de la residencia privada del señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera.
Intermediando la acción del compañero Máinor Anchía Angulo, policía de la Fuerza Pública, su máximo líder sindical y actual integrante de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP, ésta asumió una acción de defensa a favor de los policías con involucramiento en tal incidente.
Pero, ¡oh sorpresa! El Ministerio de Seguridad Pública se “lamentó” de que se les hiciera una intervención sindical de defensa, dando a entender que mejor hubiese sido que nadie los defendiera, o, en el peor de los casos, se les hubiera juzgado y sentenciado sumariamente, a priori. Es más, tal “lamento” huele a eso, a condena sumaria sin contemplaciones.
Si en un principio cuestionamos el hecho de no respetarse la presunción de inocencia, que tiene rango constitucional y que está señalada en el artículo nueve (9) del Código Procesal Penal; ahora censuramos el que se insinué que personas trabajadoras del Ministerio de Seguridad Pública, no puedan ejercer su derecho a la defensa.
Ambos aspectos resultan sumamente graves para quienes confiamos en nuestro Estado de Derecho; grave para nuestro país conocido por su reiterada proclama de defensor de los Derechos Humanos; y, más relevante aún, que tales manifestaciones provengan de la institución encargada de la seguridad nacional.
Ni nuestro Directivo Nacional, don Máinor Anchía Angulo; ni la ANEP propiamente dicha, estamos asegurando que los oficiales trabajadores de la Fuerza Pública investigados por presunta falta a la verdad, sean inocentes. Sin embargo, tampoco debieron los jerarcas salir a condenar públicamente a los uniformados, apriorísticamente, al señalarlos como “mentirosos”; y, peor aún, “lamentar” que tengan acceso al derecho constitucional de defensa por presunción de inocencia. La verdad de lo sucedido la determinará la investigación que está a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“En el Ministerio de Seguridad toleramos el error, no la mentira”, es una frase lapidaria dicha por el señor ministro de tal cartera, don Celso Gamboa Sánchez; frase que nos lleva necesariamente a preguntarnos: ¿cuáles “errores” se toleran en el Ministerio de Seguridad Pública y a quienes se les toleran los “presuntos errores”?
De manera oficial, la ANEP, a través de su Directivo Nacional Máinor Anchía Angulo, viene señalando una serie de situaciones irregulares dentro del Ministerio de Seguridad Pública; situaciones que tienen que ver con compras, como la de los conos que inclusive llevó a los jerarcas implicados a presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Departamento Disciplinario Legal y que les fue rechazado de plano (resolución N° 2014004323).
Es “curioso” que mientras se les intenta restringir los derechos a seis oficiales de los “rasos”, “los de abajo”, y hasta se cuestione el que se pida se respeten sus derechos procesales; dos jerarcas interponen recurso de amparo contra un departamento de su mismo ministerio.
ANEP denunció la compra “sospechosa” de vehículos “de lujo”, por considerar que éstos no están dentro del marco legal que rige la compra de este tipo de equipo; denuncia que está en trámite en la Contraloría General de la República. Habría que ver si esa inobservancia de la ley fue un “error”; porque entonces, saltarse el semáforo puede ser, igual, por “error” y no debería ser sancionado.
Es importante aclarar que apoyamos que las trabajadoras y los trabajadores de la Fuerza Pública tengan buenos vehículos, pero aquellos que sean los más aptos para la estratégica labor de la Seguridad Ciudadana; y que, además, puedan recibir el adecuado mantenimiento. Recientemente nuestro compañero dirigente sindical Anchía, en una gira de trabajo por la zona de Limón, contabilizó más de treinta patrullas fuera de servicio y muchas de ellas de modelos ¡2012 y 2013!
¿Será un “error” los casos de nombramiento de funcionarios de alto mando sin requisitos, según lo señalado por la Procuraduría General de la Republica, en Dictamen C-282-2010?
¿Será un “error” estar recomendando a funcionarios que forman parte de un “grupo de amigos”, que “se repartieron el pastel”, y de manera extraña, al mismo tiempo que terminaban el Curso Básico Policial, completaban el de Comisionado?; ¿a funcionarios que a tres años de estar en el Ministerio de Seguridad, “lograron” hacer el curso de Comisionado, y luego, “extrañamente”, ¡un año después!, el de oficiales ejecutivos? ¿Cuál debería hacerse primero? Es por ello que esperamos se cumpla con lo señalado por la Sala Constitucional en sentencia 2014010102.
Estas y otras situaciones altamente preocupantes que se han venido dando en el seno de la institución insignia del país en materia de seguridad, precisamente el Ministerio de Seguridad Pública, motivaron a la dirección nacional de la ANEP a respaldar, en todos sus extremos, a su integrante don Maínor Anchía Angulo, quien a nombre de la agrupación realiza estas acciones y otras en la misma línea: aportar para la máxima transparencia en la cuestión de la gestión pública en el campo de la seguridad.
El mismísimo 8 de mayo de 2014, el día en que asumió la Presidencia de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera le hizo firmar a cada una de las personas que escogió para su gabinete, el “Compromiso Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas”, cuya norma 11 indica lo siguiente: “Respeto a la Constitución y la Ley: Me comprometo a ejercer mi cargo de manera que se dignifique la función pública, y me desempeñaré con estricto respeto y apego a lo establecido en la Constitución y en las Leyes y Decretos que norman el funcionamiento de la institución que dirijo. Además, combatiré con determinación el tráfico de influencias, el ‘clientelismo’ y la utilización de recursos públicos para favorecer intereses políticos y económicos”. Algo de esto ha dejado de “funcionar” en el Ministerio de Seguridad Pública en el caso de los “errores” que hemos comentado.
