PRONUNCIAMIENTO
Sobre los últimos acontecimientos en relación con la privatización de los muelles de Limón, el Proyecto Crucitas, el Fondo Especial para la Educación Superior y la Criminalización de la Protesta Social.
La Asamblea de Escuela de Trabajo Social
CONSIDERANDO QUE:
1. Nos inspiramos en un proyecto ético-político que se fundamenta en la defensa de los derechos sociales y humanos, la ciudadanía participativa en la toma de decisiones, la ampliación y profundización de la democracia, la lucha contra cualquier forma de exclusión, explotación o denigración, la defensa al medio ambiente, la búsqueda de una sociedad que distribuya la riqueza socialmente producida y permita la realización plena de la libertad, donde la universidad pública se constituye en engranaje vital y autónomo del pensamiento crítico costarricense.
2. Apoyamos la defensa de las instituciones costarricenses como fruto del trabajo de nuestro pueblo y las actividades que realiza JAPDEVA, dada la importancia estratégica que tienen para el país y para la empobrecida provincia de Limón. Compartimos la consigna de desatender cualquier presión neoliberal de privatización del patrimonio costarricense. (Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR:La concesión de los puertos de Limón y el respeto a la autonomía sindical. Acuerdo firme de la sesión N.° 5421, extraordinaria, del jueves 18 de febrero de 2010)
3. Estudiantes y profesores (as) de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica se han manifestado en diversas oportunidades en contra de la privatización de los muelles. Una de ellas se efectuó de manera pacífica en la comunidad de San Sebastián, en la que uno de nuestros profesores fue objeto de detención y privación de libertad.
4. El OIJ realizó un operativo técnico para recabar prueba incriminatoria contra un funcionario universitario, el cual se convirtió, para todos los efectos, en un allanamiento ilegal de la UCR, pues no contó con autorización ni presencia de juez natural ni de defensor público, violentando las obligaciones constitucionales y del debido proceso judicial, así como abusando de su autoridad manteniendo en estado de sitio el campus académico con decenas de agentes armados del OIJ y de la FuerzaPública, que ingresaron en la Universidad aún después de haberse cumplido con la detención y el retiro del sospecho dela Ciudad Universitaria. (Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR: Sobre los acontecimientos del 12 de Abril y la Autonomía Universitaria. Acuerdo firme unánime, sesión extraordinaria N.° 5435, artículo único, jueves 14 de abril de 2010)
5. Estudiantes, funcionarios y profesores (as) de la Escuela de Trabajo Social se manifestaron en contra de la acción del OIJ en el campus universitario. En dicha oportunidad un docente de esta Unidad Académica fue agredido en su integridad física y fue privado de la libertad. Además, otras personas recibieron lesiones que ameritaron atención hospitalaria, aunado a la violencia emocional y simbólica que padecieron estudiantes de varias Escuelas por parte de agentes armados.
6. La Constitución Política de la República de Costa Rica define la obligación de las instituciones del Estado costarricense de tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber de la ciudadanía de exigir el cumplimiento de ese derecho. En este sentido la Universidad de Costa Rica en su Estatuto Orgánico establece, como uno de los principios orientadores de la Institución, el compromiso con el medio ambiente.
7. La zona en que se autorizó el proyecto minero “Las Crucitas”, es de alta vulnerabilidad ambiental dada su cercanía con el Refugio de Vida Silvestre “Maquenque”, con el Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte y con el Corredor Biológico “San Juan-La Selva”. Estos refugios se destinan a la protección de especies en vías de extinción. (Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR: Sobre la declaratoria de interés público y conveniencia nacional de Proyecto Minero Crucitas. Acuerdo firme de la sesión N.° 5303, miércoles 29 de octubre de 2008)
8. Desde el Trabajo Social, la protesta social es considerada una forma creativa y democrática de manifestar la violación de derechos humanos, sociales y constitucionales, así como de generar la articulación de los diferentes movimientos y organizaciones sociales en una agenda que defienda las conquistas nacionales y genere espacios de diálogo y madurez política.
9. Se han venido presentando formas de violencia simbólica, física, verbal y emocional por medio de diferentes órganos policiales, conllevando incluso a arrestos injustificados de funcionarios (as), docentes y estudiantes en lugares como la provincia de Limón o el Parque La Sabana el día 8 de mayo del 2010.
10. Somos la unidad base de la Maestría en Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia y por el compromiso que nos atañe ante las formas de violencia que este gobierno ha manifestado, nos oponemos a la violencia contra las y los adolescentes del Colegio José Joaquín Vargas Calvo, del Liceo de Costa Rica y de las poblaciones estudiantiles de las universidades públicas.
11. La Constitución Política de la República en su artículo 85 determina una obligación presupuestaria y financiera del Estado para con la Universidad de Costa Rica, que ningún gobierno de turno puede transgredir (Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR: Sobre la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior –FESS-. Acuerdo firme de la sesión N.° 5454, martes 15 de junio del 2010).
12. La educación superior pública es una conquista de muchas generaciones de costarricenses, gestada desde la fundación de la Universidad de Santo Tomás y retomada en la fundación de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia, constituyéndose en una vía para aportar al desarrollo de la nación por medio de cuadros profesionales formados con una alta sensibilidad social, humanista y crítica.
Acuerda apoyar al Consejo Universitario en su:
1. Liderazgo por defender los principios fundamentales de la Constitución Política que condenan la violación a los derechos de libertad de expresión, tránsito y reunión, así como a que el pueblo costarricense tenga condiciones de vida dignas, producto de la socialización de la riqueza producida, la protección de las instituciones del Estado y desde luego, la preservación del ambiente del planeta y de nuestro país en particular.
2. Resguardo de las instituciones del Estado, a pesar de las presiones nacionales e internacionales por privatizar los bienes de la sociedad costarricense, con todas las consecuencias sociales que ello podría generar, lo que agravaría más las condiciones de vida tan precarias que padece gran parte de nuestro pueblo.
3. Abogacía por tomar en cuenta en las discusiones sobre temas de privatización o venta de empresas del Estado, no solo criterios de eficiencia y mercado, sino principalmente, su impacto social en términos de empleo, calidad de vida e inversión pública, en zonas como la provincia de Limón que expresa un fuerte deterioro en las condiciones de vida de su población.
4. Rechazo absoluto al abuso de autoridad y el uso desproporcionado e injustificado de la fuerza contra estudiantes y profesores (as) de nuestras universidades públicas que se manifiestan pacíficamente dentro y fuera de los campus universitarios, en donde se ha puesto en riesgo la seguridad de las personas, de los bienes de las instituciones y de particulares.
5. Pronunciamiento contra el proceder alejado de las aspiraciones democráticas y pacíficas de la sociedad costarricense que ha demostrado el OIJ y la Fuerza Pública, erosionando las conquistas sociales y los derechos sociales, humanos y constitucionales en diferentes partes del territorio nacional.
6. Rechazo a las declaraciones de los jerarcas del OIJ, el Ministerio Público y la Fuerza Pública, en las que intentan justificar y legitimar lo actuado por sus dependencias.
7. Llamado a los Poderes de la República y al propio Ministerio Público, a revertir la creciente tendencia a reprimir y criminalizar a quienes ejercen el legítimo derecho a manifestar sus posiciones y convicciones políticas, incluso por medio de la protesta social, en especial en las situaciones de abuso de autoridad mostradas a personas adolescentes.
8. Denuncia y propuesta para preservar la naturaleza, la biodiversidad y todo el patrimonio ambiental que hemos heredado de antiguas generaciones de costarricenses, como ofrenda a las nuevas descendencias que habitaran este país.
9. Repudio a las distorsiones mediáticas de los hechos que apuntan a desprestigiar a la Universidad de Costa Rica, reconociendo el valor que tiene la Institución en la historia y futuro del país, la cual responde a contribuir para alcanzar la justicia social.
10. Llamado a la comunidad universitaria y nacional a mantenerse alerta e informada sobre estos acontecimientos y adoptar una actitud crítica ante la información que recibe de los medios de difusión funcionales a los intereses antidemocráticos que riñen con la tradición costarricense.
11. Lucha articulada con los otros Consejos Universitarios para defender el crecimiento real promedio quinquenal del FEES en el 13% del presupuesto universitario junto a la suma del costo inflacionario, en razón de poder ampliar, profundizar, diversificar y extender las posibilidades de una educación superior pública de calidad, en consonancia con las demandas del pueblo costarricense y no de la lógica mercantilista que acecha desde los años ochenta a nuestras almas maters.
Así mismo, la Asamblea de la Escuela de Trabajo Social reitera su compromiso con el ordenamiento jurídico y su disposición de colaborar con las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana, la protección al ambiente y la defensa de los derechos de las y los trabajadores, en virtud de fortalecer la democracia costarricense.
M.Sc. Nidia Esther Morera Guillén
DIRECTORA
Escuela de Trabajo Social
(Acuerdo firme de la Asamblea de Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, sesión ordinaria 3-2010, miércoles 23 junio de 2010)
