“Un mundo nos vigila” era el título de una sección de un viejo programa cómico mexicano, “Los polivoces”, allá por los años 70 del siglo pasado, dando a entender que seres extraterrestres se pasaban vigilando el mundo de los humanos.
Por estos tiempos, “un mundo nos vigila”, también. Es el mundo del capital financiero-bancario internacional cuya hegemonía es la que sigue privando al marcar los destinos del planeta, la economía de los países, sus sistemas fiscales y, por supuesto, las condiciones de vida de millones de seres humanos, principalmente los enormes conglomerados trabajadores del orbe.
Este otro mundo que nos vigila tiene una especie de “…gendarmería política de ese capital bancario-financiero, las calificadoras de riesgo…”; mismas que “…cual hienas al acecho”…, están “listas para ponernos mala nota como país y decretar, urbi et orbe, que somos un país mala paga, ‘amarraperros’; que nadie nos preste más plata; que si alguien se atreve a prestarnos cobre altísimos intereses y endurezca las condiciones de esos empréstitos; y que si se atreven a invertir en suelo nacional, háganlo por su cuenta y riesgo”.
El anterior entrecomillado es parte de un artículo nuestro sobre este tema, publicado bajo el título de “El dilema fiscal”, el 1 de diciembre de 2015, en La Prensa Libre (digital).
Traemos a colación el tema (y el artículo), pues esta semana una de esas calificadoras de riesgo, Moody’s, le bajó la nota al país en cuanto a riesgo de inversión pues sigue sin arreglarse el problema fiscal nacional que, como lo hemos denunciado, sigue basado en la existencia de un sistema tributario altamente injusto y profundamente regresivo.
Días atrás, la trilliza de Moody’s, Fitch Ratings, había tomado una decisión similar. No es nada raro que en días próximos, la otra trilliza de ambas, Standard & Poors, haga lo mismo; es decir, “¡ojo con prestarle plata a Costa Rica: su deuda es altísima y no tiene ingresos frescos para enfrentarla; por tanto, si van a invertir y/o a prestarle, cóbrenle intereses más altos, pónganle menos plazo para pagar!”
Además, los bonos del Estado que se colocan en el mercado financiero a fin de captar plata fresca para enfrentar el pago de los intereses de la deuda costarricense; e, incluso, para pagar salarios en el Gobierno Central, serán más caros y, por tanto, habrá que subir la tasa de interés para captarlos. Dicen los expertos que, además, esto golpea a las empresas que ocupan, a su vez, préstamos, pues también deben competir por captar plata que será mucho más cara.
Como un advenedizo en el tema, con grandes dificultades de comprensión para este tipo de asuntos, entendemos que hay un “tortón” en desarrollo: el pago de los intereses de la deuda pública nacional, los cuales crecen todos los días. Según datos oficiales, ya se ha llegado al punto de que este rubro de intereses se está comiendo más de la tercera parte del presupuesto anual de la República que se tramita en la Asamblea Legislativa. Este gigantesco pago de intereses es el principal disparador del gasto público (no los salarios del empleo público). Resulta patético ver a ciertos políticos y precandidatos hablando de que hay que reducir el gasto. ¿Pero de dónde? ¿Bajando el monto del pago de intereses?… Esto por un lado.
Por otro, además, el porcentaje de esa deuda pública nacional con relación al Producto Interno Bruto (PIB) del país, está cerca del 50% y, en pocos años, ascendería a 70% o más, si no se hace algo antes… ¿El camino de Grecia en perspectiva?… ¡Vaya usted a saber!
Entonces, es aquí “donde la burra botó a Jenaro” (para emplear una expresión popular). La solución “mágica” que se nos propone es más impuestos; básicamente aumentar los dos más importantes de ellos: ventas y renta.
Y es aquí donde todo el mundo pega el grito al cielo. A nadie le gusta pagar impuestos. En consecuencia, desde una perspectiva obrero-social y laboral, pegamos de nuestra parte el grito al cielo desde el lado de la acera en que estamos.
Si la clase trabajadora conceptuada integralmente (la que tiene empleo y salario fijos; la que está subempleada y/o desempleada; la que se la juega en el mercado informal casi el 50% de la Población Económicamente Activa (PEA); es más, hasta la que se desarrolla en las micro, en las pequeñas y en las medianas empresas); repetimos, si la clase trabajadora conceptuada integralmente es puntual pagadora de ambos impuestos…, entonces, ¿a quién le tocaría pagar los nuevos impuestos para poner los ingresos frescos necesarios para atajar el crecimiento del pago de los intereses de la deuda pública, para bajar el importe de la misma, para reducir el llevado y traído déficit fiscal?…
La respuesta parece obvia: no se puede cargar con más impuestos a quienes son puntuales pagadores de los mismos. Por un lado, la clase trabajadora paga el impuesto de las ventas al momento mismo de la compra, en el supermercado, por ejemplo. La que tiene salarios relativamente decentes susceptibles de aplicarle renta, ésta se le rebaja de planilla al mismo momento de recibir el salario semanal, quincenal o mensual.
Entonces pareciera que al hablar de impuestos urge una diferenciación: ¿qué tipo de impuestos? Surge una pregunta: ¿quién los debe pagar? Surge un desafío: la transformación tributaria estructural del sistema impositivo del país para que éste deje de ser cruelmente regresivo (pagan más, proporcionalmente hablando, quienes menos tienen); y pase a ser progresivo (paguen más los que más tienen pero que paguen bien y que no se los roben, no los evadan, no los eludan, no los escondan en paraísos fiscales del exterior (como el caso de “Los papeles de Panamá”)…
La gendarmería política de las trillizas calificadoras de riesgo (Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poors), nada de esto entiende. Solamente apuntan al país con su dedo financiero acusador e implacable. No discriminan cuál es la parte del país que “no tiene vela en este entierro”. ¿Qué nos queda, entonces, a quienes no hemos sido responsables de tal “tortón”?… ¡Defendernos!
