El Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, los países centroamericanos y República Dominicana (TLCEUACA), contiene múltiples estipulaciones que resultan sumamente preocupantes desde el punto de vista de la conformación de sociedades más democráticas, respetuosas, justas e inclusivas.
En primer lugar, es preciso enfatizar que –en contra de lo que sugiere su nombre- lo comercial no es, en realidad, su aspecto más significativo. En general, y en lo que se refiere a las condiciones de acceso al mercado estadounidense, el tratado no introduce ninguna mejora significativa, respecto de lo actualmente vigente. Tan solo se conceden algunas ventajas adicionales a un número muy reducido de productos de exportación y se amplía de forma indefinida la vigencia del régimen de acceso a los textiles. En todo caso, hay que recordar que, en este último, se enfrenta la competencia ruinosa de China, que produce con grandes economías de escala y una mano de obra extremadamente barata.
En cambio –y más allá de lo comercial- el Tratado introduce modificaciones de amplio alcance en aspectos institucionales y normativos, cuyas repercusiones serán sin duda negativas, desde el punto de vista del desarrollo democrático e inclusivo de la sociedad costarricense.
Se crea un régimen jurídico de privilegio a favor de la inversión extranjera, el cual se materializa en la posibilidad de establecer demandas contra el Estado costarricense en tribunales internacionales, cosa que, por otra parte, constituirá una poderosa arma de presión a favor de los intereses de los inversionistas extranjeros.
Se crean condiciones que rompen el régimen solidario vigente en materia de telecomunicaciones, gracias a lo cual Costa Rica posee un servicio telefónico –tanto fijo y móvil- que está entre los más baratos del mundo. Las condiciones de apertura de los seguros, muy probablemente dañarán los seguros solidarios –como el del trabajo- y facilitará el desfinanciamiento de la Caja del Seguro Social, mediante el recurso a seguros médicos privados.
La imposición de normas como las de trato nacional y nación más favorecida, la prohibición de establecer requisitos de desempeño a la inversión extranjera, el régimen de irrestricta libertad de movimientos de los capitales extranjeros o el reducido margen de maniobra para el manejo de las compras del sector público, constituyen otras tantas restricciones a la formulación de una política nacional de desarrollo, que responda a objetivos de inclusión, justicia social y sostenibilidad ambiental.
Hay dudas muy fundamentadas en relación con las implicaciones de las disposiciones en materia de propiedad intelectual, no solo en relación con la disponibilidad de medicinas genéricas –con sus consecuencias negativas sobre las finanzas de la Caja y la salud humana- sino porque establecen elevadas barreras que limitan el acceso al conocimiento. Debe recordarse que esto último resulta especialmente problemático tratándose de países pequeños y subdesarrollados como el nuestro.
El régimen de propiedad intelectual sobre la semillas atenta contra la producción de alimentos, lo que tan solo viene a agravar los efectos que resultarían de la apertura a las importaciones de productos alimenticios altamente subsidiados. En general, esto implica enterrar lo poco que aún nos queda de soberanía alimentaria.
En materia ambiental y laboral, el TLCEUACA resulta omiso y sumamente débil. El régimen de apertura de los servicios, tan solo admite excepciones que quedan planteadas en términos ambiguos. Con casi total certeza, ello introduce la posibilidad de que la salud, la educación y el agua, en cuanto que servicios prestados desde el ámbito privado –y por lo tanto funcionando como mercancías- queden inmunizados respecto de toda regulación pública. Lo mismo cabe decir en relación con los servicios de bioprospección, cosa que facilitaría la potencial apropiación privada de nuestra riquísima biodiversidad.
Para la población GLBT un tratado con estas características resulta una opción por completo inaceptable. En virtud de nuestra condición como población históricamente marginada y discriminada, aspiramos fundamentalmente a una sociedad que, en lo cultural, sea respetuosa y abierta a lo diverso y heterogéneo, y que en lo político y económico, traduzca ese sentido de respeto y ese espíritu de inclusión, en instituciones democráticas y formas de organización de la economía que tengan en el ser humano concreto su razón de ser fundamental.
Ello implica un sistema político transparente y abierto, donde la participación popular y el activo escrutinio ciudadano posean pleno contenido de realidad. Lo anterior conlleva a una organización del sistema económico, que funcione sobre bases de soberanía, justicia y respeto a la naturaleza, asentado en pequeñas y medianas empresas y formas empresariales asociativas, comunales y sociales.
Ninguna de tales aspiraciones –culturales, sociales, políticas y económicas- se ven favorecidas por este TLCEUACA, cuando más bien este último interpone serios obstáculos a su consecución exitosa.
