Una Convención Colectiva en el Sistema Penitenciario

En este día miércoles 18 de julio de 2012, a las 10:30 de la mañana, una delegación sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se reunió con el Lic. Fernando Ferraro Castro, Ministro de Justicia y Paz, en su despacho (Registro Nacional, Zapote); para presentarle el proyecto de lo que será la PRIMERA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO para el Sistema Penitenciario Nacional y la administración central del mismo.

La delegación de la ANEP estuvo encabezada por el Secretario General Adjunto de la organización, el Lic. Wálter Quesada Fernández; por los señores Héctor Prado Monge y Gerardo Cascante Vargas, Presidente y Vicepresidente, respectivamente hablando, de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional; por el señor Rigoberto Gutiérrez Bravo y la señora Martha Eugenia González Madriz, Presidente y Vicepresidenta, respectivamente hablando, de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional.

Igualmente, estuvo presente el señor Rafael Ángel Mora Solano, Asesor Político de la Secretaría General de la ANEP.

Culmina así un proceso de dos años en su fase final (aunque ha tenido unos cinco años de gestación), durante el cual se realizaron múltiples reuniones, consultas, talleres, seminarios, debates y asambleas, de forma tal que el proyecto que se entrega al citado ministro, refleja un generalizado sentir laboral del personal penitenciario costarricense.

La ANEP, como la entidad sindical y laboral con mayor representatividad del personal penitenciario costarricense, fue la primera organización, a nivel nacional, que puso en alerta al Estado Costarricense, de manera concluyente y cimentada por medio de un profundo y participativo análisis político-ideológico, del estado de crisis profunda en el que se había sometido al Sistema Penitenciario Nacional; resaltando, por ende, la amenaza a la institucionalidad, a la seguridad humana y a la seguridad ciudadana de nuestro Estado Democrático y de Derecho que esta crisis implicaba.

El actuar sindical de la ANEP se ha caracterizado, desde siempre, por un ejercicio responsable de la denuncia como instrumento de control, en un país que pide a gritos que se fiscalice a los que dirigen a nuestras instituciones de los poderes del Estado; ante una erosionada y demostrada incapacidad de ejercicio democrático de la autoridad de estos poderes en la toma de decisiones; así como la expuesta incapacidad para suministrar servicios básicos a toda la población sin distingos; el fracaso social, político y económico en la promoción de una sociedad de verdadera integración, destacando, por ende, los altos niveles de corrupción y de aumento de la criminalidad. Es tal ese nivel de deterioro que no pocas personas hablan de que estamos ya ante un “Estado Fallido”.

En este contexto, el Sistema Penitenciario Nacional no se ha escapado de sobrellevar la existencia de serias situaciones y condiciones que conspiran para un desempeño efectivo del quehacer penitenciario.

El Sistema Penitenciario Nacional, con sus dos conglomerados humanos como componentes esenciales (el personal contratado por el Estado y la población privada de libertad), ha sido objeto de análisis y de denuncias por parte de entidades especializadas y de órganos de control, entidades jurisdiccionales y administrativas; tales como la Defensoría de los Habitantes de la República, la Contraloría General de la República, la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Hacienda y los propios medios de comunicación colectiva.

En los últimos seis años, como institución y como país, la crisis penitenciaria vio su punto de inflexión, mostrando con contundencia los signos claros de un deterioro casi que irreversible:

Muerte de personal
Denuncias de corrupción
Incapacidad gerencial para lograr el control del sistema
Espiral de violencia intracarcelaria que pone en peligro constante al personal institucional
Agotamiento del personal por las cargas de trabajo exacerbadas
Horas interminables de trabajo sin descanso
Exigencia de cumplimiento de mayores cargas con trabajo en el hogar
Jefaturas con prácticas verticalistas y represivas
Condiciones de trabajo inhumanas
Salud ocupacional inexistente
Carencia de equipos tecnológicos modernos y ausencia de materiales
Salarios bajos

Estos y otros elementos muestran que las autoridades carecen de una visión integral y estratégica sobre la crisis del Sistema Penitenciario Nacional; agravándose todavía más la problemática porque lo se refleja es la ausencia de una respuesta-país a la misma.

Nuestro país debe, de manera urgente, reconocer que ha abandonado a un importante sector de su personal de servicio público, que ha estado totalmente invisibilizado a pesar de que cumple con actividades que les ubican en el marco de un sector que conforma el núcleo estratégico del Estado costarricense, al ser centro responsable de la fase culminante de la justicia penal: la ejecución de la pena.

Implica, por tanto, el ejercicio de poder y autoridad para garantizar el cumplimento de las leyes, las políticas y la provisión de servicios públicos puros.

Es por ello que la ANEP, luego de varios años de trabajo continuo y sistemático con el personal del Sistema Penitenciario Nacional, hemos logrado el día de hoy concretar una de las propuestas en vías del relanzamiento digno del Sistema Penitenciario Nacional por el camino del respeto y la dignificación de derechos humanos y laborales: la concreción de una CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO que vendría a regular los principales aspectos de la relación laboral del personal penitenciario costarricense con su patrono: el Estado.

Una CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRA­BAJO para el personal que presta sus servicios en la Dirección General de Adaptación Social y en la administración central del sistema; y, con ello, forta­lecer el progreso de los principios rectores de la institución y promover en el personal la realización efi­ciente y responsable de sus labores, el compromiso y excelencia técnica en materia de derechos humanos de las personas privadas de libertad y de la protección de la sociedad civil.

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