Entre la palestra de los temas más comentados los últimos días encontramos la reincidencia de personas cuyas condenas carcelarias fueron prematuramente aceleradas. Esta pésima decisión política-la liberación masiva- (no cabe en mi razonamiento que los colegas del Instituto Nacional de Criminología lo propusieran), arrastra secuelas que tienen en vilo a todo un país, que de por sí ya pasa por un momento de enorme inseguridad.
Así las cosas, es menester preguntarse: ¿Está Costa Rica abordando de manera correcta, o al menos haciendo un intento, el tópico de las personas que cometen acciones ilícitas?
Es importante dejar en claro una cosa, la encarcelación, pena por excelencia, debería ser-teóricamente-la última opción a considerar, no obstante, en nuestro país es la primera, aquí se configura la primera falla técnica en esta materia. Adicionalmente, debemos recordar que el fin de la pena no es castigar al infractor, por el contrario, es reinsertarlo en la sociedad.
Enviar a un ser humano tras los barrotes significa únicamente la restricción de su libertad de tránsito. De manera que el estado debe velar por brindar todas las condiciones dignas, para mantener a los privados de libertad bajo su responsabilidad, con adecuada alimentación, espacio para dormir, salud física, emocional y hasta sexual…entre otras. Sí, eso lo paga el pueblo, por si se lo estaba preguntando.
Precisamente por el primer error señalado, de “recetar”, cárcel de manera casi indiscriminada, el gobierno, que se mantiene en la orilla de una playa a punto de ser avecinada por la gigantesca ola del déficit fiscal, afronta el problema de ser incapaz de otorgar, a las personas recluidas, las condiciones que demandan los Derechos Humanos. Por ende, debe echar mano de estratagemas desesperadas (es evidente que no existen políticas criminales) y se apresuran procesos de reinserción que no han sido efectivos.
Lastimosamente, en todo el mundo, una cárcel es el paso institucional para que un individuo vinculado al crimen se “gradúe”, o sea, adquiera conocimientos, contactos y hasta medios, para convertirse en un experto sociópata. Costa Rica, no es la excepción, los C.A.I. -Centro de Atención Institucional-también son universidades del delito; en ello radica la gravedad de devolver a las calles sujetos a los que no se puede comprobar hayan aprobado correctamente su proceso de reinserción, por el contrario, se liberan, personas con mayor capacidad para delinquir, con una acrecentada y peligrosa reacción de ímpetu e insolencia, ante las autoridades policiales.
A propósito de la reinserción, no cuestiono que el mayor porcentaje de la población carcelaria que cumple a cabalidad su pena, no figure próximamente en un proceso penal, en circunstancias normales cabe destacar. No obstante, siempre me ha surgido una incógnita, aquellos usuarios de Adaptación Social, que vuelven y vuelven, y vuelven de nuevo a reincidir ¿Qué pasa con ellos? Se comprende sobremanera la buena voluntad de reinsertar a un individuo infractor de las normas legales, sin embargo ¿Qué hacer cuando una persona jamás formó parte activa de la sociedad, y por tanto, no puede ser reinsertada? Gracias a los recientes acontecimientos, firmemente me atrevo a decir que: o falta voluntad política para abordar este asunto (lo que es comprensible, nuestros políticos son ingenuos en temas de seguridad, está claro) o, la vanidad institucional es tan grande que no quiere admitir la derrota en estos casos.
Si de casualidad alguien quedase con dudas sobre la existencia de sociópatas, que nunca estuvieron integrados al engranaje de la sociedad, a groso modo, me permito referenciar los barrios marginales, sin caer en el fatídico error de la generalización ni el etiquetamiento. Teorías como la de la Anomia, las Ventanas Rotas y el Aprendizaje, relacionan acertadamente los elementos culturales, la falta de oportunidades y el comportamiento aprendido de modelos negativos, para explicar las razones del porqué un individuo visualiza el crimen como un acto normal, de poco riesgo, e inclusive, como un estilo de vida.
Concomitante con lo supra detallado se puede concluir que es imperiosa le necesidad de nuestra nación de ahondar con conocimiento y experticia, dejando de lado la política, los temas que competen a la comisión de hechos delictivos.
La prevención es el primer paso, no hay que ser genio para deducirlo. Si se abordan integralmente los espacios de convivencia, la falta de oportunidades, se trabaja por derrocar modelos negativos y reemplazarlos por positivos, es posible reducir considerablemente los futuros infractores de la Ley, e indudablemente, le arrebataremos cientos de potenciales reclutas al crimen organizado. Para eso necesitamos modificaciones institucionales, personal idóneo y con experiencia al frente de los Cuerpos Policiales, PANI, Ministerio de Educación, ICODER y demás actores sociales que pueden y deben aportar a la causa.
Por otro lado, ya es momento de que evolucionemos en nuestra teoría, tengamos nuestros propios estudios en relación al acto criminal, si no sabemos concretamente que lo ocasiona ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo actúa la Policía, solo manda un grupo de oficiales a “reventar bunker”? ¿Es eso suficiente? Las estadísticas y las noticias nos dicen que NO.
Igualmente debemos avanzar en nuestros procesos institucionales. Ante la ejecución de un delito la población, e incluso el mismo gobierno, me atrevo a decir, observa el fenómeno criminal desde una cerrada óptica bilateral: el acto acaecido y la punición que merece. Es momento de devolver al ciudadano la confianza en el sistema de justicia, no vale de nada a una persona que un ladrón vaya a la cárcel, si no recupera “un cinco” de sus pertenecías robadas. ¿Por qué no dejar de centrar todas las fuerzas en la penología y concebimos más esfuerzos a la victimología?
Mientras el gobierno alza la mirada a este importante problema actual y se pone de acuerdo para hacer cambios y escuchar los que conocen de la materia criminal, el pueblo seguirá recibiendo “cuitas de gaviotas”.
