El texto que acabamos de compartirle, entrecomillado, la indicada frase del párrafo anterior, es la respuesta a la siguiente pregunta (también, respetuosamente, le rogamos ponerle bastante cuidado):
“¿Ha sentido usted que le están pidiendo que diga sí, ¡apruébelo!; haga silencio, aunque golpee el Poder Judicial; ¡páselo!, porque hay una prioridad que es la economía, porque…?
¡Impresionante! Nosotros quedamos atónitos, muy sorprendidos y, a la vez, nos invadió una gran indignación al comprender con profundidad el significado tanto de la pregunta como de la respuesta. Seguidamente le explicamos:
La pregunta la formuló el distinguido ciudadano, politólogo de profesión, muy respetado en su medio, don Claudio Alpízar Otoya, quien tiene un importante espacio de análisis sociopolítico y económico en las redes sociales, fundamentalmente, denominado “Noche sin tregua”, al que suelen asistir personas que están inmersas en ámbitos desde los cuales se incide y/o se toman decisiones con impacto en la sociedad.
Don Claudio le hizo la indicada pregunta a su más reciente invitado estrella: don Fernando Cruz Castro, quien acaba de ser nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El Poder Judicial ha estado atravesando en los últimos tiempos una seria controversia que ha dañado su imagen y su credibilidad ante la ciudadanía, dadas las malas actuaciones de algunas personas que tenían altísimos puestos de jerarquía en ese poder.
Y no por culpa de la abrumadora mayoría de quienes laboran en él, costarricenses de empleo público, quienes realizan su quehacer con esmero, dedicación, probada transparencia y honestidad. Pero, apropiado o no, el refrán de que “pagan justos por pecadores”, podría resumir el deterioro de la imagen del Poder Judicial en los últimos tiempos.
Y he aquí lo grave, lo más grave desde nuestra perspectiva, de la respuesta del señor Presidente de la Corte: él admite, de manera abierta y sin tapujos, que “muchas personas” le están indicando cómo debe resolver el Poder Judicial la consulta que le están planteando al mismo, en sede constitucional (Sala Cuarta), acerca de si el detestado expediente legislativo 20.580, conocido popularmente como el combo fiscal, tiene afectaciones en el funcionamiento y en la organización de ese poder, como sí ya lo señalaron, de manera contundente, los magistrados integrantes de la Corte Plena.
Los abanderados del combo fiscal, integrantes de la desprestigiada clase política PLUSC-PAC, el tripartidismo que está gobernando en estos momentos, tienen que ser esas “muchas personas” que, descaradamente, están hostigando al magistrado Cruz Castro, presidente judicial, para que él mismo y/o los magistrados que tienen que responder a las consultas de constitucionalidad del combo fiscal, digan que este proyecto “no afecta” la organización y el funcionamiento de este poder de la República.
¡Qué grave, en verdad! Como es de reconocido conocimiento público, así refrendado por prestigiosas y respetadas opiniones jurídico-constitucionales de expertos en la materia, el combo fiscal está plagado de violaciones y afrentas al orden constitucional vigente en el país en materia de trámite y promulgación de leyes. El expediente 20.580 tiene problemas de constitucionalidad por el fondo y por el procedimiento.
Eso lo saben muy bien esas “muchas personas” de las cuales habla el magistrado presidente judicial Sr. Cruz Castro; las cuales tienen la certeza de que hicieron todo mal en el trámite del combo fiscal y ahora, prácticamente le están ordenando a la máxima autoridad judicial del país, que ella misma se aparte del juramento constitucional de respeto supremo a la ley, para que se conmine al Poder Judicial a decir que el 20.580 “no afecta” a este poder; cuando la contundencia de ello ha quedado más que demostrada, tanto en el debate público como a lo interior de los más importantes espacios de reflexión y de toma de decisiones de la magistratura judicial de Costa Rica.
Nosotros interpretamos la respuesta del magistrado Cruz a don Claudio como un mensaje de que ahora es de esperar que en el seno del Poder Judicial, ya no valdrán las influencias políticas externas que mancillen su majestad de rol independiente con relaciones a los otros dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo; tal y como venía sucediendo, primero como secreto a voces y luego como acción descarada y sin pudor alguno, según las revelaciones públicas de los últimos tiempos en varios casos sonados de gran impacto en la ciudadanía.
Somos del criterio de que, desde su creación, en 1989, la Sala Constitucional no había enfrentado una cuestión de tanta rigurosidad con relación a la misma naturaleza del principio angular de una democracia que se precie de serlo: la independencia de los tres poderes clásicos de la vida republicana de los pueblos.
Nos referimos a lo que representa el combo fiscal en cuanto a la sumisión que pretenden imponerle al Judicial para supeditarlo al Ejecutivo; algunos de cuyos más notables miembros actuales de este último poder, exhiben ya preocupantes y no menos peligrosas tendencias autoritarias. Urge desde ya una rigurosa labor de monitoreo y de vigilancia ciudadanas acerca de esta crítica cuestión.
