“Este proyecto ha sido dos veces archivado y pretende patentar las semillas y plantas, para entregárselas a las transnacionales de los Estados Unidos y robárselas al patrimonio del pueblo de Costa Rica”, explicó el representante del Frente Amplio.
El proyecto, conocido como UPOV, es fuertemente rechazado por las universidades públicas del país, las organizaciones campesinas, los grupos ambientalistas y una amplia mayoría de la sociedad costarricense, por entregar al lucro privado la biodiversidad, poner en peligro la agricultura y amenazar la soberanía alimentaria, agregó el legislador.
Este proyecto de ley pretende que una semilla o planta no se pueda guardar, intercambiar o resembrar a no ser que se pague a la transnacional dueña. Tampoco se puede reproducir, vender, importar o exportar o simplemente tener la semilla o la planta. Aunque el agricultor o agricultora compren las semillas la primera vez, si quieren volver a sembrarlas tienen que volver a pagar. Quien incumpla puede incluso ir a la cárcel.
El diputado Merino además condenó “este nuevo asalto a la democracia parlamentaria y el bien común, del bloque aglutinado por el embajador de Estados Unidos y el gobierno de Arias Sánchez” y concluyó diciendo que “Es necesario que la población se movilice para derrotar está agresión contra los recursos fitogenéticos del país”.
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ARTICULO PUBLICADO EL 21 DE JUNIO DE 2005
Costa Rica: Se archiva UPOV y con esto el peligro para los agricultores y las semillas
A menos que se apruebe el TLC y el peligro será realidad
La Asamblea Legislativa acordó sacar de la corriente legislativa el proyecto de ley marco para desarrollar en el país las regulaciones del Convenio para la Protección de Obtenciones Vegetales conocido también como UPOV-91
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Desde la Red de Coordinación en Biodiversidad (instancia que agrupa a FECON, Mesa Nacional Indígena, Mesa Nacional Campesina, la red Coproalde, COECOCeiba-Amigos de la Tierra, AESO y académicos-as) dicha decisión causa una gran satisfacción porque se termina momentáneamente con el peligro que pesa sobre las semillas y los agricultores y agricultoras de haberse aprobado ese acuerdo internacional. Es también una señal clara de rechazo expresado por tercera vez desde la Asamblea Legislativa a UPOV y su eventual ley nacional. Lo malo es que si se aprueba el TLC entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, esta reiterada voluntad legislativa y popular de rechazo a esta legislación, quedaría de lado porque si el TLC eventualmente es aprobado deberá aprobarse UPOV y su ley nacional ya que el equipo negociador no quiso tomar en cuenta esta realidad nacional pese a que la conocían muy bien.
UPOV como ha sido demostrado claramente, conlleva impactos nocivos para la agricultura nacional ya que no solo promueve el monopolio de empresas privadas generalmente extranjeras sobre las semillas y algunas variedades de plantas sino también conlleva los siguientes impactos negativos:
1) UPOV niega los derechos de los agricultores a guardar semilla para la siembra e intercambiarla con otros agricultores. No reconoce los derechos inherentes a las comunidades locales por su relación con la biodiversidad como sí lo hace la Ley de Biodiversidad.
2) las grandes compañías se adueñan de los sistemas nacionales de mejoramiento vegetal en nuestros países: UPOV no habla nada de transferencia de tecnología. Estudios realizados diversos países latinoamericanos muestran como el gran porcentaje de solicitudes para protección de acuerdo a UPOV provienen de extranjeros en nuestros países (Ecuador el 97%, Colombia el 84%, Chile el 79%, México el 67% y Argentina el 57%);
3) Los criterios de protección de variedades de plantas en UPOV exacerban la erosión de la biodiversidad al favorecer la uniformidad de las especies lo que conduce a pérdidas de cosecha, inseguridad alimentaria y erosión genética;
4) la privatización de los recursos genéticos afecta negativamente la investigación: diversos estudios realizados en Estados Unidos demuestran que cuando existe protección a través de mecanismos como UPOV, se desincentiva la investigación y disminuye el flujo de conocimiento.
5) Los avances conseguidos para amparar la biodiversidad en sistemas de acceso negociado como en la Convención en Diversidad Biológica y la FAO son socavados por la UPOV, al garantizar la propiedad privada sobre recursos regidos por la soberanía nacional;
6) La adhesión a UPOV supone incorporarse, como parte, a un sistema que apoya cada vez más los derechos de los obtentores industriales en detrimento de los agricultores no industriales y de las comunidades.
7) el grueso de los beneficios irá a parar a países desarrollados: UPOV ha sido diseñado para facilitar el monopolio a las grandes compañías dedicadas al mejoramiento vegetal y casi todo este “mejoramiento” está destinado a los mercados internacionales. Luego de 35 años de existencia de UPOV, la inseguridad alimentaria no se ha eliminado en nuestros países.
La Red de Coordinación en Biodiversidad habiendo analizado este Convenio, conociendo la nefasta experiencia de los países que han adoptado UPOV y con el afán de construir una propuesta nacional, presentó el 15 de noviembre de 2003, el proyecto de Ley de Protección de los Derechos de los Fitomejoradores (Expediente No. 15.487) que sí guarda un equilibrio entre el reconocimiento al trabajo intelectual de estas personas y los derechos de los agricultores y de la naturaleza. Con este proyecto de ley el país al adoptarlo cumpliría con sus obligaciones a nivel internacional en la Organización Mundial del Comercio.
Para mayor información contactar a:
Silvia Rodríguez: 838-5964
Eva Carazo: 831-0282
Isaac Rojas: 399-7203
Fuente: Bilaterals
