Recientemente se formuló una propuesta para que la persona que ocupe el honroso y delicado cargo de Defensor de los Habitantes de la República se elija por voto popular. Sinceramente, es algo completamente descabellado, aunque creemos que ha sido formulada de buena fe.
No nos imaginamos al país metido en dos procesos electorales de alcance nacional, más bien tres, en períodos de tiempo corto; es más, casi que chocando unos con otros. Por un lado, la elección presidencial y diputadil; por otro, la elección “universal” de la Defensoría…; y, en el medio, la de las alcaldías y concejos municipales.
No creemos que la ciudadanía electoral aguante tal ritmo de “intoxicación” politiquera porque, dejémonos de cuentos, la elección de la Defensoría por un sistema de voto popular, sería contaminada por los partidos políticos de todos los signos y colores; y, además, detrás de cada fulano o de cada sutana que se postule para dirigir tal entidad, cabría la posibilidad de la intervención oscura de esos grandes intereses del poder económico que acostumbran controlar el poder político formal de la institucionalidad.
En tal sentido, reiteramos aquí una idea que venimos formulando hace algún tiempo para modificar el sistema de elección de las personas al frente de la Defensoría; de forma tal que, por un lado, se preserve la “majestad” de su elección continuando la misma como potestad exclusiva del parlamento en su condición de “primer poder” de la República. Pero, por otro, posibilitando algún nivel de involucramiento ciudadano, de participación popular organizada, que medie en tal elección.
Más en concreto: Ante la cercanía de la elección para la Defensoría, la Asamblea Legislativa invita al amplio universo de las organizaciones de la sociedad civil a inscribirse con miras a tal elección: eso sí, entidades con plena vigencia jurídica y al día con todas sus responsabilidades para con la Seguridad Social, de orden tributario y otros; para participar en una pre-selección, en el auscultamiento de los currículos de los y de las postulantes para, luego, según alguna regla de acuerdo entre estas organizaciones, recomendar al parlamento tres nombres, una terna, y que éste haga la elección final y formal pero, eso sí, sin sacarse nombres a última hora.
Es decir, que los diputados y las diputadas solamente podrán elegir con base en la nómina de tres personas que tal conjunto de agrupaciones civiles le ha presentado para el cargo de Defensor de los Habitantes de la República.
Por ejemplo, las diversas agrupaciones productivo-empresariales (cupulares y no cupulares), entidades ecologistas reales, cooperativas en regla, los sindicatos de verdad, entidades solidaristas de reconocida solvencia moral, federaciones estudiantiles en orden y otras entidades cívico-patrióticas de reconocida legitimidad, podrían conjuntarse en un proceso transparente de “procesamiento” de las trayectorias de esas ciudadanas y de esos ciudadanas que aspiren a “defendernos”.
Terminado este proceso se envía el resultado del mismo al Poder Legislativo para que éste elija pero, repetimos, considerando solamente los nombres de las tres personas recomendadas por ese conjunto organizacional civil.
97 nombres inscritos aspirantes a tan alto cargo que están siendo considerados en estos momentos por la actual Asamblea Legislativa, es indicativo de que la Defensoría de los Habitantes de la República tiene un importante aprecio ciudadano y ha logrado un posicionamiento importante en el desarrollo de la democracia.
Luego del golpe que sufriera esta prestigiosa entidad, por la salida abrupta y en condiciones de deshonor de quien la estaba dirigiendo, puede considerarse que la Defensoría quedó lesionada, golpeada y que, por lo tanto, la nueva designación que está en proceso es sumamente delicada.
Los señores diputados y las señoras diputadas deben considerar un conjunto de condiciones para realizar la mejor elección posible de forma tal que no estemos, en el corto plazo, frente a un nuevo “chasco”. Seguramente ya han pensado en aspectos a considerar como los siguientes. Veamos:
Ojalá que quien “gane” el proceso no tenga vínculos corporativo-empresariales y ni siquiera esté como accionista en sociedades mercantiles de ningún tipo. Si tiene en su casa a una persona contratada como empleada doméstica, que se le exija demostrar que le paga el salario mínimo de ley y que la tiene inscrita en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), demostrando que se ha registrado como patrono independiente que emplea fuerza laboral asalariada y que honra sus responsabilidades legales al efecto.
Anhelamos que la persona a nombrarse en la Defensoría no tuviera vínculos político-partidistas conocidos y que no hubiese tenido participación alguna en el proceso electoral que recién pasó. En lo especifico, que no tuviera nexos directos con el actual partido en el gobierno. Notamos que dentro de las 97 postulaciones hay personas de reconocida solvencia moral y ética pero, ese “pero” está ahí: se “colorearon” apoyando determinadas candidaturas y/o fueron ellas mismas candidatas a puestos de elección popular.
Deberían esas personas postulantes permitir a la ciudadanía interesada, el acceso a sus declaraciones de impuesto sobre la renta; a conocer de cuáles propiedades son dueños, a conocer que las tienen declaradas en su valor real y de que sobre las mismas están al día en el pago de los correspondientes impuestos municipales.
Por supuesto, no deberían haber afrontado procesos penales de ninguna naturaleza; ni siquiera, por ejemplo, haber sido acusados por delitos contra el honor de otras personas. Deberían mostrar su recorrido por el mundo laboral asalariado y demostrar que salieron de un empleo para pasarse a otro con limpia trayectoria y no en medio de situaciones comprometedoras y/o controversiales que les obligaron a salir de determinado trabajo.
Igualmente, se les debería pedir una propuesta de enlace directo con la ciudadanía activa y organizada de forma tal que eso de que somos una “democracia participativa”, según la norma constitucional adoptada al efecto, en verdad, se empezaría a materializar en lo real vía Defensoría de los Habitantes de la República.
Finalmente, si la Defensoría basa su accionar estratégico “defendiéndonos” en cuanto habitantes de la República y sustentándose en los más fundamentales Derechos Humanos universalmente reconocidos y con estatus de política de Estado en el caso de nuestro país; quien resulte electo o electa debe “comprarse la bronca” de entrarle, también a la defensa de los Derechos Laborales en el ámbito privado.
Considérese que el Estado de la Nación (del cual forma parte la misma Defensoría), indicó que de cada 10 personas trabajadoras asalariadas con empleo formal, solamente a 4 de ellas se les respetan plenamente todos sus derechos laborales elementales. Es decir, debe la Defensoría confrontar al empresariado privado abusador de sus obreros en este marco de los Derechos Humanos fundamentales.
