Indudablemente, el Gobierno de la República se ha anotado un gran punto a su favor con los operativos que viene realizando, intermediando la Policía Fiscal y el mismo Ministerio de Hacienda, contra el robo de impuestos. ¡Enhorabuena!
Un fortalecimiento estratégico de la Policía Fiscal emerge como una ineludible necesidad nacional. Si con pocos recursos están realizando estas notables acciones, con más personal, con más tecnología y con más herramientas jurídico-administrativas, la promoción del bien común y el combate a la desigualdad recibirán un enorme impulso.
Invocando el sagrado precepto constitucional de la presunción de inocencia y el debido proceso, sin condenar a priori y sin “disparar primero para preguntar después”, es innegable que la presunta defraudación tributaria multimillonaria que se le está imputando al Grupo Nación constituye un duro golpe a la cruzada “fundamentalista” que, desde su principal negocio periodístico, emprendieron en los últimos meses en contra del Empleo Público, en contra de la clase trabajadora asalariada del sector Público y en contra de sus organizaciones sindicales. E incluso, fomentando el escarnio abierto contra el dirigente Fabio Chaves Castro. Al parecer, venían “tirando piedras teniendo techo de vidrio”. Prácticamente, este emporio mediático-corporativo se ha quedado sin autoridad en tal sentido… si es que alguna vez la tuvo.
La serie de controversias” tributarias de este grupo de negocios no parece terminar y la de las últimas horas, que podría rondar en unos 4 mil 200 millones de colones de presunta defraudación tributaria, certifican a plenitud no solamente la gravedad del problema de evasión impositiva que afecta al país (8.5 % puntos del Producto Interno Bruto PIB), sino que es por el lado “de los y de las de arriba” el lugar correcto donde se debe atacar el problema. ¡Enhorabuena por la Policía Fiscal y por la acción mancomunada con el Ministerio Público!
Las presuntas evasiones tributarias del Grupo Nación, de la corporación cañera CATSA, de otras que han salido a la luz pública en las últimas semanas y de otras que sabemos que vendrán en próximas fechas, siempre en las altas esferas del alto corporativo empresarial del país; deben conmover las conciencias patrióticas y cívicas de las diputaciones sanas de la actual Asamblea Legislativa, aprobando con urgencia la legislación contra el fraude fiscal y, en específico, el establecimiento del registro de accionistas de las sociedades anónimas para que, con toda contundencia y para efectos tributarios únicamente, se sepa quiénes son los reales beneficiarios de las sociedades anónimas, de los fideicomisos financieros y similares.
Estos impactantes casos de evasión fiscal multimillonarios y sus protagonistas, que no son integrantes de las clases trabajadoras, ya no dejan espacio político para que el país siga tolerando estas magnitudes de robo de impuestos, verdadero crimen social contra toda la colectividad.
Sin duda alguna que estos episodios de presunta evasión impositiva de tanto dinero de por medio y de quienes los están protagonizando, fortalece las posiciones sindicales que, de una manera u otra, venimos planteando que el problema del déficit fiscal no está en los salarios que devengan las personas trabajadoras del sector Público, por un lado; y, por otro, que el grave problema de las finanzas públicas tiene el corazón de un camino seguro de solución vía el combate contra el robo de impuestos, de las más diversas formas, como lo muestran los ejemplos de las últimas horas.
Bien haría el Ministerio Público con realizar operativos similares en las empresas autobuseras que, prácticamente, le están robando a la clase trabajadora que obligadamente debe emplear los autobuses propiedad de las mismas, para trasladarse hacia y desde sus trabajos; ahora que se hizo público el estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR), ¡y contratado por la mismísima actual gestión política, ya “moribunda” de la Aresep en transición!, que demostró alteración del número de pasajeros transportados, alteración del número de carreras efectuadas, a fin de simular mayores costos de operación y, por ende, mayor cobro de tarifas.
Es más, la propia Policía Fiscal del Ministerio de Hacienda debería intervenir, en conjunto con el Ministerio Público como en el caso del Grupo Nación, pues podría haber eventuales defraudaciones de impuestos de esas inescrupulosas empresas autobuseras.
