Nuestro comentario de la semana pasada, “¿De cuál empleo público quieren deshacerse?” generó múltiples reacciones positivas entre varios segmentos laborales de la Administración Pública, los cuales se sintieron identificados con los ejemplos que pusimos, para diferenciar los empleos públicos pertenecientes a la alta esfera político-tecnocrática del Estado (con estabilidad laboral y/o producto de los resultados electorales de turno); en contraposición a esos empleos públicos de salarios medios y bajos que están inmersos en la dinámica de los sectores sociales y populares. Éstos son la mayoría.
La polarización social que está en desarrollo desde la perspectiva de la concentración de la riqueza y del crecimiento sistemático de la desigualdad, está mostrando grandes retos-país, estratégicos, si creemos en la inclusión social y en la recuperación del bien común como eje central de toda política pública; retos que para asumirlos con seriedad y con impacto, necesariamente, ocuparán de más empleo público.
Si somos actualmente una sociedad en la cual 40 jóvenes de cada 100 no encuentra empleo; si tenemos a una de cada 2 personas en edad de trabajar, ubicada en el sector informal de la economía (“cuentapropismo”, por ejemplo); si la tasa oficial de desempleo abierto está llegando al 10% (aunque otros estudios serios la ubican hasta un 17%); si solamente 4 de cada 10 personas trabajadoras con la “suerte” de tener empleo formal y salario fijo, obtiene pleno respeto de sus derechos laborales fundamentales; si el robo de impuestos en todas sus formas es cercano o superior al 8% del Producto Interno Bruto PIB); si las cifras policiales oficiales de asaltos, robos, asesinatos, van en ascenso; si el país está penetrado por el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero; si miles de chiquitos y chiquitas la única comida diaria que tienen es la del comedor escolar cuando van a clases; etc., entonces, ¿cómo quieren que no nos vayamos por el despeñadero como sociedad y como país, sino es fortaleciendo la política pública interventora del Estado en esos ámbitos y en otros?; y, ¿cómo tal fortalecimiento de esas políticas públicas es imposible obtenerlo sin no se fortalece el propio empleo público con más empleo público?…
¡Sí! Debe quedar clarísimo. La “matazón” en las carreteras requiere más policías de Tránsito; la ola de inmigración irregular indetenible requiere de más policías migratorios; se mete más gente a la cárcel, todos los días, pero no sube ni el número de policías penitenciarios ni tampoco el del personal técnico-profesional que, supuestamente, debe atenderles para su reinserción social; se ocupa fortalecer toda la gestión tributaria para combatir el robo de impuestos; atender correctamente a la niñez en abandono y/o riesgo social implica eliminar el trabajo esclavo en los albergues del PANI, por ejemplo; la violencia y la alta sofisticación del crimen organizado y de la delincuencia común, requiere de más personal, especializado mucho de él, para detener el avance del delito en todas sus manifestaciones; la pobreza extrema ocupa de más asistencia preventiva en atención primera de salud y, por tanto, se requiere más personal técnico; la espantosa violación a los derechos laborales mínimos requiere más inspección laboral institucional; la devastación en parques nacionales por ausencia de vigilancia requiere más personal en su cuido; etc., etc. Ejemplos sobran…
Por eso tenemos que combatir, por ejemplo, la irracional, irresponsable e imprudente directriz de este Gobierno para que no se sustituyan las plazas vacantes que queden al pensionarse la persona titular.
Esta funesta decisión (y otras de parecido calibre), muestra con claridad hasta qué punto pueden llegar los fundamentalismos neoliberales de dogmatismo extremista que han hecho de la satanización del empleo público una política de Estado; más allá de la urgencia de transformaciones estructurales en la evaluación del desempeño del servidor público; de nuevas matrices metodológicas para incentivar la excelencia por sobre la mediocridad; de asunción personal de decisiones institucionales con detrimento del patrimonio público; de participación ciudadana activa en evaluación del rendimiento de quien le sirve a la misma en el sector Público; etc., etc.
Las restricciones en el empleo público, ahora ya como “dogma sacrosanto” con rango de política de Estado, deben ser combatidas fuertemente.
