El Informe, publicado el día de hoy, expone además la creciente presión que pesa sobre los derechos fundamentales de los trabajadores de todo el mundo debido al impacto, cada vez más profundo, de la crisis económica global en el empleo.
De las 101 víctimas, 48 fueron asesinadas en Colombia, 16 en Guatemala, 12 en Honduras, seis en México, seis en Bangladesh, cuatro en Brasil, tres en la República Dominicana, tres en Filipinas, una en la India, una en Iraq y una en Nigeria. Veintidós de los sindicalistas colombianos asesinados eran dirigentes sindicales, y cinco de ellos mujeres, lo que mantiene la acometida registrada en años anteriores. La escalada de la violencia en Guatemala y Honduras también sigue una tendencia que se ha venido desarrollando en los últimos años.
“Colombia ha vuelto a ser el país donde defender los derechos fundamentales de los trabajadores significa, con mayor probabilidad que en ningún otro país, sentencia de muerte, a pesar de la campaña de relaciones públicas del Gobierno colombiano en el sentido contrario. El empeoramiento de la situación en Guatemala, Honduras y varios otros países es también motivo de extrema preocupación”, dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI.
Otras violaciones siguen sin ser registradas debido a que mujeres y hombres trabajadores se ven privados de los medios necesarios para hacer oír sus voces, o bien prefieren no hablar por miedo a las consecuencias que ello pudiera implicar para sus empleos o incluso para su seguridad física. Junto con la abrumadora lista de asesinatos, el Informe proporciona documentación detallada de acosos, intimidaciones y otras formas de persecución antisindical.
Se ha tenido además noticia de otros 10 intentos de asesinatos y 35 amenazas de muerte, una vez más en Colombia y Guatemala principalmente. Por otro lado, numerosos sindicalistas permanecen en prisión, y en 2009 se sumaron a ellos un centenar más. Muchos otros fueron arrestados en Irán, Honduras, Pakistán, Corea del Sur, Turquía y Zimbabwe concretamente. La situación general con respecto a los derechos sindicales continuó deteriorándose en numerosos países, entre ellos Egipto, la Federación Rusa, Corea del Sur y Turquía.
Las fuerzas antidemocráticas han seguido tomando como blanco de sus ataques la actividad sindical, conscientes de que los sindicatos suelen situarse en primera línea a la hora de defender la democracia. Esto quedó patente en Honduras, durante los episodios de violencia que siguieron al Golpe de Estado; y en Guinea, durante una manifestación de protesta contra la Junta en el poder que desembocaría en una terrible matanza el 28 de septiembre.
Reina la impunidad entre los peores violadores de los derechos sindicales
La situación de los sindicalistas no mejora en el continente americano, sin lugar a dudas a causa de la impunidad de que disfrutan los responsables de las violaciones cometidas contra los derechos sindicales. No es de extrañar que este continente siga siendo el más mortífero para los sindicalistas, destacando en particular Colombia, donde 48 activistas sindicales perdieron la vida.
El continente americano es desde hace varios años teatro de numerosos asesinatos, principalmente en Colombia, Guatemala (16) y Honduras (12), así como secuestros, amenazas de muerte y agresiones o incluso allanamiento de domicilios de sindicalistas. Por otro lado, la crisis económica y financiera mundial ha tenido profundas repercusiones sobre la economía real de América Latina, a pesar de que mostrase una mayor resistencia que otras regiones del mundo a la inestabilidad financiera. El informe anual de la CSI explica que algunos Gobiernos, como el de Costa Rica, utilizaron la crisis como pretexto para debilitar aún más los derechos sindicales y de los trabajadores/as imponiendo medidas de flexibilidad laboral.
Colombia no sólo ha sido el país más peligroso de mundo para los sindicalistas (60% de los asesinatos perpetrados a causa de las actividades sindicales en todo el mundo tuvieron lugar en Colombia), sino que además el clima antisindical endémico desde hace años parece haberse asentado aún más firmemente. A los asesinatos mencionados hay que sumar otros muchos casos no registrados, así como los atentados, las desapariciones y las amenazas de muerte. La violencia contra las mujeres está también en aumento: de los 48 sindicalistas asesinados, cinco eran mujeres. El Informe de la CSI establece una clara constatación: la impunidad de que disfrutan los autores intelectuales de estas violaciones impide la erradicación del clima antisindical que prevalece en Colombia.
La agricultura ha resultado particularmente afectada en Brasil, donde el Informe de la CSI ha registrado un aumento significativo de la violencia contra los trabajadores de este sector.
América Central ha sido igualmente testigo de una recrudescencia de las violaciones de los derechos sindicales, particularmente en Guatemala, país que se ha sumado desde hace algunos años a Colombia en términos de peligrosidad para los sindicalistas.
La actos de represión contra miembros del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) se han intensificado considerablemente. Podemos realmente hablar una guerra sucia contra los sindicalistas, donde los asesinatos, las amenazas de muerte, la detención y la tortura se han convertido en la terrible realidad cotidiana para los trabajadores y trabajadores. ´
En México, tal como explica el Informe de la CSI, el Gobierno viene desplegando desde hace varios años una auténtica estrategia antisindical. Cuatro miembros del sindicato nacional de mineros resultaron muertos durante el transcurso de una larga acción de huelga.
El informe de la CSI destaca que la tendencia generalizada en América es oponerse a la sindicalización. (…) Aunque siguen existiendo obstáculos al ejercicio de los derechos sindicales en Estados Unidos y en Canadá, no se recurre sino de manera marginal a la violencia.
Otras herramientas empleadas para contrarrestar la sindicalización en América Latina son las negociaciones directas con trabajadores no sindicalizados, el solidarismo (establecimiento de asociaciones dependientes de la empresa) y los contratos de protección (simulacros de convenios colectivos creados por la patronal), principalmente presentes en México, Costa Rica, Ecuador o Panamá.
En América Central, los trabajadores y trabajadoras siguen sin disfrutar de derechos sindicales en las zonas francas industriales (maquila) y prácticas de empleo como la subcontratación de mano de obra mediante la tercerización siguen constituyendo un importante obstáculo a la sindicalización y la negociación colectiva.
El Informe de la CSI demuestra que, en algunos casos, la legislación vigente en ciertos países se ha convertido en una herramienta antisindical. Varias leyes imponen demasiadas restricciones, y en Estados Unidos, México o Ecuador, millones de trabajadores y trabajadoras, como los funcionarios públicos o los trabajadores/as agrícolas, se ven privados de sus derechos fundamentales.
En la mayoría de los casos, cuando las disposiciones legales no resultan lo bastante firmes, los empleadores se niegan a negociar convenios colectivos, como ha sido el caso en Trinidad y Tobago. Pero incluso cuando la ley es adecuada, una aplicación ineficaz o inadecuada hace que resulte inoperante
El Informe de la CSI incluye también notas positivas, como es el caso en El Salvador, donde algunas medidas del nuevo Gobierno facilitan el ejercicio del derecho a la sindicalización, particularmente en el sector público, o en Bolivia, donde la Constitución de 2009 mejora la protección de los derechos sindicales, pese a que persisten determinadas restricciones. También en Argentina, donde una sentencia de la Corte Suprema extendió a los representantes de todos los sindicatos registrados la protección que anteriormente se acordaba únicamente a los líderes de los sindicatos con personería gremial.
Según la CSI, la violencia recurrente y las permanentes violaciones de los derechos sindicales en numerosos países, son consecuencia evidente de la flagrante impunidad que prevalece. “La persistencia de la impunidad descrita en el Informe Anual de la CSI pone en entredicho la auténtica voluntad de determinados Gobiernos para proteger los derechos sindicales y prevenir eficazmente las violaciones”, declaró Guy Ryder, Secretario General de la CSI.
“Ha de hacerse todo lo posible para que el movimiento sindical pueda ejercer su legítimo papel en tanto que contrapeso y representante de la clase obrera”, añadió. En muchos casos de violaciones de los derechos sindicales están incluso implicadas las fuerzas de seguridad y la policía, y apenas una mínima fracción de los responsables de esos actos ha sido llevada ante la justicia.
