Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
Entramos al año 2021, el de la conmemoración del aniversario 200 de la independencia política del país con respecto a España, en los momentos más delicados y adversos para toda la clase trabajadora costarricense de los tiempos modernos; ya sea que tenga ésta la suerte de todavía tener un empleo formal, o no. Lo real es que un amplísimo sector de la población del país, que es el mayoritario, no verá el Sol, ni siquiera una luz tenue en el horizonte del progreso con inclusión social y económica.
Es la exclusión el valor central de la política pública imperante. Ya no es la búsqueda y la promoción del bien común. Costa Rica se desequilibró, a partir de la conjunción última de tres factores: la estafa político-electoral del 2018, en especial la de la segunda ronda de las elecciones presidenciales; la conformación de un parlamento cuya mayoría de diputaciones son dóciles a los intereses ideológicos, políticos y económicos del mercado; y la llegada de la pandemia del covid-19. A la llegada de ésta, marzo del 2020, las deudas sociales eran ya de corte estructural y la desigualdad había cobrado preponderancia total. Todo esto ya ha sido analizado bastante y desde diversos planos. ¿Qué hacer, en consecuencia?
Es absolutamente irresponsable y demagógico afirmar que tenemos la respuesta al respecto. ¡Sí podemos decir qué nos compete hacer desde la trinchera de lucha social que representa la organización en la cual militamos! Y, aun así, nos quedaríamos cortos y/o hasta cometeríamos desaciertos.
Pensar en la persona como centro de toda política, en especial la económica, debe reinar el accionar sindical por encima de cualesquiera otro valor o principio. Desvelo máximo debe ser cuando planteamos la defensa y la promoción de derechos de las personas trabajadoras que decimos representar; o, por las cuales luchamos en la generación de una sociedad realmente justa. Se trata de un humanismo concreto, centrado en las personas de las clases trabajadoras, integrantes del pueblo trabajador. ¡Imposible parar… la lucha debe continuar!
Mantener la bandera en alto de la defensa de los Derechos Laborales, como parte que son de los Derechos Humanos y la bandera en alto de éstos en cuanto tales, integralmente asumidos, es un imperativo ético-moral y jurídico-legal que estamos obligados a observar siempre, especialmente porque es un asunto de convicción de vida.
Aquí no hay que inventar nada. Nuestra Constitución Política actual, nuestro Código de Trabajo, nuestra propia jurisprudencia, el marco legal del derecho obrero-humano y civil internacional; los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 8 Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, constituyen (entre otras), herramientas democráticas para que las defendamos y para que las utilicemos en beneficio de las mayorías que son las que están de nuestro lado, de nuestro lado de la acera. ¡Imposible parar… la lucha debe continuar!
Toda esta base ético-moral y jurídico-legal, en lo nacional y en lo internacional, da pie para que la lucha por la Justicia Social adquiera renovados aires y nuevos compromisos, tratando de alcanzar el impulso más fuerte que necesita recibir, con la transformación estructural del sistema tributario. Ésta es ya una verdad inobjetable que está siendo planteada por parte de voces y espacios de altos quilates en el seno de la comunidad mundial de naciones; en las cuales y producto de la pandemia, crece la conciencia de que nunca antes en la historia de toda la Humanidad, habíase vivido un mundo tan inconmensurablemente desigual y catastróficamente criminal con la ecología.
Particularmente, en Costa Rica estamos en presencia de una especie de crimen social en desarrollo, cual es el exterminio de las otrora capas medias, a raíz del desenfreno acumulador que tienen los grandes grupos económicos decididos a liquidar el Estado Social de Derecho surgido antes de y durante la denominada Segunda República. Esto terminará con una polarización total y agresiva desde el punto de vista de la concentración de la riqueza y la disputa por la vida misma.
La lucha por la real Justicia Social pasa, en consecuencia, por re-equilibrarnos como sociedad; asumiendo las tareas históricamente pendientes de esa transformación tributaria estructural, por una parte. Por otra parte, sin un Estado Social adecuado a las realidades crueles de esta no menos cruel globalización neoliberal, es imposible la tarea fructífera de la lucha por la Justicia Social real. ¡Imposible parar… la lucha debe continuar!