Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el año 2021 terminó con una inflación del 3.30%, que es la más alta desde el año 2014, cuando llegó al 5.13%.
Curiosamente, del 2014 a la fecha solamente un partido político ha estado a la cabeza del Poder Ejecutivo: Acción Ciudadana, con los señores Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada; aunque, como es público y notorio, es el mismo grupo ideológico-hegemónico y político-económico el que ha tenido las riendas del país: la plutocracia.
La publicación de este dato nos genera diversas preocupaciones que, según nuestra perspectiva obrero-social, siguen sin ser planteadas de la manera más dinámica y más contundente, en el marco de una sociedad como la costarricense de la actualidad que, casi sin reversión posible, ya está en el cruel escenario de una desigualdad sistémica.
Si hablamos del salario mínimo de aplicación para el sector privado de la economía, las personas trabajadoras del mismo con empleo formal, tuvieron pérdida de poder adquisitivo en ese salario del 3%.
Durante todo el año 2021, su reajuste por costo de vida fue del 0.30%, así establecido en octubre del 2020, según lo resolvió el Consejo Nacional de Salarios (CNS), órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
En octubre pasado, tal entidad resolvió que el reajuste por costo de vida en el salario mínimo para todo el año 2022, sea de 2.09%. Uno puede concluir que quien en la empresa privada está en salario mínimo, inició este nuevo año con un balance negativo de su poder adquisitivo del 4.21%: 3 que es lo que se le habría quedado debiendo del 2021 por una inflación de 3.30 y un reajuste definido del 0.30. A ello agréguese, empieza el año 2022, con un reajuste del 2.09, debiendo haber arrancado este período con 3.30%; es decir, se le quedó debiendo un 1.21%.
Lamentablemente, debemos reconocer lo siguiente, sin ambages, pero planteado como un reto: es que en el mundo obrero del momento no existe la fuerza laboral suficientemente organizada como para forzar el desarrollo de una discusión, abierta y de peso, con el frente patronal-empresarial, en este ámbito de la política salarial.
Es sumamente débil la representación sindical en el Consejo Nacional de Salarios (CNS), supuesto órgano técnico, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), mismo que también tiene representación gubernamental y patronal.
Tal debilidad no solamente es por la realidad del carácter de la representatividad de las siglas sindicales que ocupan un escaño en el CNS; sino porque se adolece de fuerte basamento político-técnico y estructural-metodológico, como para que se tengan indicadores independientes de medición de las variaciones en el costo de la vida, diferentes a las del INEC.
Para los datos de inflación anual correspondiente al 2021, se le critica al INEC que no habría considerado la cadena de aumentos en el precio de los combustibles, la cual anda alrededor de un 50%. Y esto, colateralmente, golpeó el precio de los fertilizantes y de los agroquímicos, de imprescindible consideración en la producción de alimentos para la canasta básica.
Así que, el 3.30% de inflación para el 2021 que nos da el INEC, sin descalificar la extraordinaria calidad profesional de su personal experto, debemos ponerlo en duda, considerando que tiene un superior jerárquico máximo que está por encima de sus fronteras institucionales, como lo es la Casa Presidencial, junto con el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Otros más desconfiados (en la sociedad actual donde el actual gobierno tiene cero credibilidad), plantean que bien podría haberse dado orientación política superior para la consideración metodológica de la medición; estando de por medio un convenio en trámite con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual no le simpatizaría mucho embarcarse con un país que no puede manejar su inflación.
Adicionalmente, el país no tiene una política integral, objetivamente concertada y construida por un diálogo social verdaderamente real que vincule, estratégicamente hablando, la reducción de las desigualdades con una política salarial amplia que esté asociada a la reactivación económica para el mercado interno y que contemple la productividad y la competitividad, especialmente.
En lo inmediato, parece emerger la necesidad de impulsar procesos sindicales de reivindicación salarial, en esto del salario mínimo, para segmentos obreros específicos, como el agrícola (bananero-piñero), el de la conducción de autobuses del transporte colectivo de personas, el de la prestación de servicios de seguridad privada.
