Confesamos que “metimos la pata” en nuestro artículo de la semana pasada sobre este tema. Nos fallaron nuestras matemáticas. El contrato que tiene la empresa del señor Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), don Ronald Jiménez Lara, para custodiar la información tributaria del país, la de las empresas, la de las personas, supera los mil setecientos millones de colones anuales: 1.700.000.000.oo.

Al convertir la cantidad de dólares de tal contrato, según lo denunció el periódico de mayor circulación de Costa Rica, que es el más leído, DIARIO EXTRA, 3 millones 100 mil dólares; equivocadamente dijimos que en colones equivalía a la cantidad de 167 millones 710 mil colones. ¡Qué va! Supera, efectivamente, los mil setecientos millones de colones.

Ahora, con los documentos en mano le compartimos a usted los siguientes datos. Estamos hablando de una contratación directa, entre el Ministerio de Hacienda y la empresa del señor Jiménez Lara, llamada Ideas Gloris S. A. Esa contratación directa se llama “Servicio de un Centro de Procesamiento de Datos y Equipamiento”.

Lo firmaron, por el lado institucional, la señora Dina María Víquez Esquivel, en su calidad de Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda. Por el lado empresarial, don Johnny Xatruch Benavides, a nombre de Ideas Gloris S. A., siendo presidente de la misma don Ronald Jiménez Lara, según leemos en la certificación literal del Registro Nacional a la cual tuvimos acceso.

El contrato mencionado que, repetimos, es para que custodien su información tributaria, la de su empresa, la de todos, se firmó en el presente gobierno, el 20 de mayo del 2015.

La cifra exacta y según el documento de rigor para “efectos fiscales”, es en dólares de 3.188.505.52, o sea, tres millones 188 mil 505 dólares, con 52 centavos. En colones, mil 717 millones, 137 mil 762 colones con 74 céntimos (1.717.137.762.74).

Como habrán notado, nada que ver esta cantidad con la que, equivocadamente, dijimos la semana pasada, ¡era diez veces mayor! En verdad, ¡qué “metida de pata” la nuestra! Disculpas por ello.

¡Así es! La empresa del señor presidente de la UCCAEP se gana con el indicado contrato, 3.312.38 colones por minuto; 198.742.80 colones por hora; 4.769.827.12 colones por día; y, por mes, 143.094.813.56 colones. ¡Nada más y nada menos!

¡Ah! El contrato podría extenderse hasta por tres años. Al final de tal plazo, la empresa del señor presidente de la UCCAEP, podría haber recibido por 5 mil 151 millones de colones (exactamente, 5.151.413.288.22).

Cualquier cantidad de preguntas conviene formular y, con gran respeto, directamente planteadas para el honorable ciudadano Primer Vicepresidente de la República y Ministro de Hacienda, don Helio Fallas Venegas. ¿Por qué un contrato de este calibre?; ¿por qué no se invirtió en infraestructura tecnológico-informática del propio Ministerio de Hacienda?; ¿por qué contratación directa?, ¿cuáles fueron los fundamentos para ello?, ¿participaron otras empresas?, ¿quién, desde el Ministerio de Hacienda, llevó la negociación con la empresa de don Ronald?; etc., etc.; etc.

Hemos insistido en este asunto porque no podemos dejar de relacionarlo con la polémica sobre el establecimiento en el país del registro de accionistas de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas; considerando que el grupo empresarial de los sindicatos patronales que preside don Ronald, la UCCAEP, insiste en que si, finalmente, existirá tal registro, debe estar fuera del Ministerio de Hacienda.

¿Para qué? ¿Para que lo maneje la empresa de don Ronald, con un contrato parecido o superior al que venimos comentando? ¿Para qué lo maneje un consorcio corporativo-empresarial? ¿Para que esté en el Banco Central de Costa Rica pero concesionado, vía contratación directa, a otros grupos empresariales (como el de don Ronald), asociado a la UCCAEP?

Ahora no solamente quedan flotando en el ambiente los dos grandes grupos de interrogantes que acabamos de mencionar y que alimentan nuestras desconfianzas en las verdaderas intenciones del señor Presidente de la UCCAEP con relación al llevado y traído tema del registro de accionistas.

Sino que, viendo cómo la propia UCCAEP se está contradiciendo de lo que su presidente, supuestamente, acordó con el de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, al respecto, prácticamente no quedaría más que “tocar el réquiem” con respecto a posibilidades reales de acuerdos nacionales en materia fiscal-tributaria; dejando espacio abierto para una profundización de la misma con consecuencias insospechadas para la gran mayoría de la población y de las empresas… excepto la de don Ronald que, como le acabamos de informar, tiene en perspectiva ganarse hasta más de 5 mil millones de colones, por guardar, por custodiar, su información tributaria, la de todos, la nuestra propia.

El asunto de si el país tendrá o no tendrá un registro de accionistas de las sociedades anónimas para que se sepa, tributariamente hablando, quiénes son los beneficiarios de las mismas y cuánta plata están ganando por año fiscal, quedó transformado como el “corazón de oro” de toda la discusión de los últimos tiempos sobre déficit fiscal, sistema tributario, reforma del Estado y similares.

La posibilidad de que Costa Rica abandone la etapa tributariamente “prehistórica”, con el establecimiento del indicado registro de accionistas, tiene histéricos a los sectores corporativo-empresariales de mayor poder económico; pues su rotunda oposición al respecto dejó de tener sentido real, con ocasión de la visita al país del señor José Ángel Gurría Treviño, economista neoliberal de origen mexicano y actual Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el denominado “club de los países ricos” al cual quieren que Costa Rica se adhiera (¡!).

Tal histerismo quedó muy bien mostrado a partir de las dos posiciones que nos ha estado exhibiendo el más renombrado sindicato empresarial del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), por intermedio de su máximo dirigente actual, don Ronald Jiménez Lara.

Recuerde usted que nuestra carta magna, la Constitución de la República de Costa Rica, actualmente vigente y que data del 7 de noviembre de 1949, señala en su artículo 60 que: “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”.

Efectivamente, los sindicatos de los patronos se llaman “cámaras” y la unión de éstas o de varias de ellas, crea una especie de central sindical patronal, como lo es la UCCAEP.

Ahora bien, volviendo al tema neurálgico del registro de accionistas parece que el máximo líder de la UCCAEP, colega dirigente sindical pero él del lado patronal y nosotros del lado obrero, pero colegas al fin; fue a Casa Presidencial y delante del señor de la OCDE llegó a un acuerdo con el Presidente Solís para que hubiera registro de accionistas.

Eso fue el pasado 1 de marzo (si no estamos equivocados), y hasta ambos se tomaron una foto, mostrando sonrisas a lo anuncio de pasta dental, apareciendo juntos y horas después, en una conferencia de prensa. Eso sí, la UCCAEP fue muy específica: tal registro de accionistas iría según sus condiciones; no las del bien común y las del interés ciudadano, agregamos nosotros.

Poco después, Diario Extra denunció que el colega dirigente sindical patronal, presidente de la UCCAEP, tiene un contrato millonario por medio del cual el Estado, vía Ministerio de Hacienda, le compra servicios de seguridad informática para custodiar la sensible información tributaria que dicha institución maneja de (suponemos nosotros), toda clase de ciudadanos y personas físicas que pagamos impuestos, así como de cualquier cantidad de empresas de todo tamaño que deben tributar.

El “contratillo” del colega dirigente sindical empresarial con el Estado, por esa custodia de su documentación tributaria, estaría ascendiendo a la suma de ¡3 millones 100 dólares anuales! En colones, mil 674 millones de colones; casi 140 millones de colones al mes. O lo que es lo mismo, 4 millones 650 mil colones por día recibe la empresa de Ronald por custodiar su información tributaria y la nuestra. En tal caso podría usted muy bien preguntarse lo siguiente: ¿quién, que no fuera el Ministerio de Hacienda, podría tener “mejor” acceso a su información tributaria?

Luego de la revelación pública de Diario Extra de que el colega sindicalista de corte empresarial tenía tal “contratillo”, el sindicato patronal que él lidera, la UCCAEP, vuelve a su posición original, es decir, contraria a que haya registro de accionistas.

El periódico La República así lo indicó en su edición del pasado viernes 4 de marzo: UCCAEP aclara que sigue en contra de creación de registro de accionistas. En el mismo sentido, leemos en el Diario Extra del pasado sábado 5 de marzo: UCCAEP vuelve a postura contra impuestos. El antetítulo de esta nota dice: “Informaciones inexactas” serían causa del doble discurso.

Imposible que no nos formulemos la pregunta y/o el cuestionamiento de si en esto del registro de accionistas, el sindicato empresarial más connotado del país, tiene dos posiciones: la que le dijeron al señor de la OCDE y la que tenían antes de la visita del Sr. Gurría y que la retomaron luego de que él se fue.

¿Dos UCCAEP? ¿La de su Presidente, considerando su “contratillo” de custodia de la información tributaria del Estado; ó, la de todo este sindicato empresarial que no quiere registro de accionistas alguno?

Valga la oportunidad para reiterar, de manera contundente, que este columnista no tiene acceso a información tributaria alguna, como de forma malintencionada se ha pretendido argumenta como “punto fundamental” para que no haya el indicado registro de accionistas. Por el contrario, ahora usted, que nos honra leyendo todas las semanas, puede colegir quién si podría tener acceso a este tipo de información…