La entrada en vigencia de la Ley de la República No. 9635, denominado como Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas (“combo fiscal”), abre nuevamente el debate en torno al salario y las condiciones laborales de las personas trabajadoras de los distintos cuerpos policiales.
En los últimos días varios medios de comunicación mostraron que los policías están en el rango de los salarios más bajos del Gobierno Central, no obstante, el “combo fiscal” no hizo ninguna excepción con los cuerpos policiales. Por el contrario, se estableció una política salarial regresiva, al afectar y eliminar algunos de los incentivos salariales que forman parte del salario de nuestros uniformados.
Paradójicamente, al mismo tiempo que vemos el empoderamiento del narcotráfico, la incursión e infiltración del crimen organizado en nuestro país, y el crecimiento de la actividad delictiva producto de la exclusión social, se afecta el salario de nuestros policías. La Administración se conforma con decir que la Ley afectara únicamente a los nuevos funcionarios, no a los que ya están en servicio. ¡Vaya consuelo!
Nuestro país no ha mejorado cualitativamente en materia de seguridad ciudadana. La administración Solís Rivera fue un desastre en materia de prevención de delitos, llegando nuestro país a cifras históricas por homicidios dolosos, mismos que en el año recién terminado se mantuvieron en niveles de pandemia, según la descripción que al efecto hace la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El policía no recibe vacuna contra la corrupción y, la línea entre el bien y el mal es muy delgada. Por lo tanto, al afectar las condiciones salariales de nuestros policías, únicamente se favorece al crimen organizado. Además, solamente quienes tengan algún interés oculto, podrán ver sin preocupación el que se debilite más el poder adquisitivo de las personas trabajadoras de los cuerpos policiales.
La función policial es excepcional, se considera un trabajo esencial por estar vinculada directamente con la seguridad de las personas y de sus bienes. No obstante, esa excepcionalidad no se ha reconocido socialmente. Por cierto, aquel mito de que los policías eran personas no estudiadas o con baja escolaridad, es cosa del pasado.
La regresividad salarial en las fuerzas policiales aunada a la falta de voluntad política para reconocerles a la mismas su crecimiento profesional, hace que la misma seguridad ciudadana se vea afectada. Esto será más dramático en el futuro cercano, por cuanto al día de hoy se tiene dos clases de policías: los jerarcas que ganan considerablemente bien vs. los de abajo, cuyo salario apenas sin les permita una vida digna económicamente muy estresante.
Los de abajo, la gran mayoría, que a pesar de la importantísima labor que desempeñan, apenas reciben un salario base de trescientos quince mil colones (₡315.000). Al sumarle los incentivos salariales conocidos como Riesgo y Disponibilidad, apenas alcanza los cuatrocientos cincuenta mil colones (₡450.000) con una jornada laborar diaria de doce (12) horas; algunos alejados por cientos de kilómetros de sus hogares, con equipo limitado o deteriorado, en delegaciones en pésimo estado y con una gran incertidumbre jurídica. Es menester preguntar: ¿De qué lado están nuestros gobernantes?
Nuestros policías, que “no pueden recibir una llamada en su celular”, que no pueden entrar a comer a un restaurante, que no pueden sentarse un momento, que no pueden sentir hambre, que no pueden recibir la visita de sus seres queridos en su lugar de trabajo, que pasan las navidades lejos del hogar, que no pueden asistir a la graduación de sus hijos, que no pueden abrazar a los suyos en noche buena, debieron ser excluidos del nefasto “combo fiscal”.
Aunado a lo anterior, el Ministerio de Seguridad Pública (patrono), provoca constantemente incertidumbre en sus funcionarios, les afecta su liquidez y el poder adquisitivos, con procesos que muchísimas veces devienen de una orden mal dada, e inclusive, del cumplimiento del deber.
Quizás en razón de nuestro artículo, no faltará quien diga que, “si no les gusta se pueden buscar otro trabajo” (sucede). Sin embargo, quienes nos preciamos de conocer de seguridad y estudiamos el incremento delincuencial en nuestro país, sabemos que, para contener tal flagelo se requiere dotar de mejores herramientas y de mejores condiciones (incluidas salariales) a nuestros policías, lo contrario, empodera al crimen organizado.
Lic. Mainor Anchía Angulo
Dirigente Nacional de ANEP.
mainoranchia@anep.or.cr
