Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Resulta ser una pésima noticia que impulsa, todavía más, la perversión del sistema tributario costarricense, la postergación de la entrada en vigencia del denominado Registro de Accionistas, una de las más necesarias medidas para lograr algo de transparencia en la cuestión fiscal del país.
El Registro de Accionistas, oficialmente denominado “Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales”, fue establecido mediante la Ley para mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, No. 9416.
El Ministerio de Hacienda, pieza estratégica en el engranaje del control político-hegemónico-neoliberal que impera en el seno del gobierno Alvarado-Piza, hizo el deplorable anuncio, mediando un acuerdo con sus iguales ideológicos, el sindicato-corporativo empresarial, la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
También fue involucrado en este acuerdo el Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), con enorme responsabilidad en el control de lo que los expertos denominan “flujos ilegales de capitales”; aunque popularmente podemos acudir a los conceptos de dinero sucio, dinero producto del crimen organizado y/o dinero procedente de la actividad del narcotráfico.
Los señores Nogui Acosta Jaén, Viceministro de Hacienda; y Gonzalo Delegado Ramírez, principal líder de los sindicatos empresariales del país, hicieron el anuncio conjunto de que el indicado registro entrará a operar hasta el próximo 1 de setiembre y no el 1 de marzo como se había previsto.
El jerarca hacendario se dejó decir lo siguiente para justificar esa postergación: “De cara a los compromisos que hemos asumido de lucha contra el narcotráfico, legitimación de capitales, lo conveniente es establecer una prórroga”. Nos preguntamos, ¿prórroga para qué?
Con sinceridad debemos indicar que no nos convence el argumento del señor Viceministro de Hacienda. Sobradas razones hay para desconfiar, habida cuenta de que las estratosféricas deficiencias del Ministerio de Hacienda en materia de combate a la evasión fiscal, no terminan de sorprendernos, día con día; siendo la última de ellas el decir del actual Director General de Aduanas de que se “desaparecieron” 1.300 contenedores-furgones. Pero esto es tema para otro comentario.
Según el estudio “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”, elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), dado a conocer este presente mes de febrero 2019, se cita lo siguiente: “2.6 La estructura tributaria no permite el combate a los FIC”. ¡Contundente!
Los FIC, flujos ilegales de capital, es la denominación elegante y diplomática para hablar de esas inmensas cantidades de dinero que se han insertado en la economía y en el sistema financiero costarricense, producto de actividades ilícitas, como el crimen organizado y el negocio del narcotráfico.
Hay datos espeluznantes que nos hablan de la cuantía de esos FIC en la Costa Rica de hoy en día. Reparemos en estos dos: el diputado Pedro Muñoz Fonseca, destacado integrante de la tríada gobiernista actual PLUSC-PAC, se dejó decir que, en el mercado financiero negro del país, circulan más de 12 mil millones de dólares, dentro del conjunto de capitales que maneja el sistema financiero costarricense de unos 65 mil millones de dólares. O sea, dineros sin control fiscal-tributario.
Según la entidad Global Financial Integrity (GFI), para el caso costarricense, al menos 7.6, puntos del Producto Interno Bruto (PIB), sería la cuantía de la suma anual de lavado de dólares en el país.
Este no menos impactante dato se puede extraer del documento-estudio Flujos financieros ilícitos en América latina y el Caribe, elaborado por los especialistas Andrea Podestá, Michael Hanni y Ricardo Martner, de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el apartado de dicho estudio, “Estimación de los flujos financieros ilícitos en los países de América Latina: principales resultados (nivel, evolución y principales tendencias)”, leemos lo siguiente:
“Las estimaciones más conocidas y usadas actualmente provienen de los estudios publicados por la institución Global Financial Integrity (GFI) que aplican el modelo hot money (en sentido estricto) y un modelo de facturación fraudulenta que utiliza las estadísticas de comercio internacional de la Dirección de Estadísticas Comerciales del FMI. Las estimaciones de facturación fraudulenta de GFI se basan en el enfoque GER (gross excluding reversals), es decir, se consideran en términos brutos. Además, se deducen los gastos de transporte y seguro de los valores de importaciones antes de compararlos con las exportaciones, asumiendo que los mismos son fijos y equivalen al 10% de su valor”.
La postergación de la entrada en vigencia del Registro de Accionistas, repetimos, nos llena de enorme desconfianza en el sentido de que pudiera pretenderse el diseño de maniobras corporativas de nueva estirpe por parte de incidencias inescrupulosas a fin de hacer inviable la pretendida transparencia tributaria que la indicada legislación indicó.
La verdad es que en la opacidad se mueven sensibles hilos de poder para que este país siga hundiéndose en el pozo sin fondo del fraude fiscal, del control total por parte del dinero sucio y en la irreversible desigualdad.
