La Seccional ANEP-Fuerza Pública solicita al Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, tomar cartas en el asunto en el caso de la Directora Regional, Kattia Chavarría quien aceptó los cargos por peculado en una investigación en su contra con sentencia en el año 2014. Sin embargo, pese a esto se encuentra laborando en un puesto de confianza en el MSP.
Según explicó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, la funcionaria de apellido Chavarría, que administrativamente había resultado exonerada por aplicación del principio “Nos bis in Idem” en razón de haber sido trasladada, (considerado esto por el órgano disciplinario como un castigo) acepto los cargos ante el Juzgado Penal de Hacienda, y para evitar el juicio se acogió a la modalidad de suspensión del proceso a prueba, el cual vence en el 2016.
“No obstante para obtener este beneficio, debió cancelar un millón de colones a favor de un Cen-Cinai de Heredia y hacer 100 horas de trabajo comunal, además de presentarse a la oficina del Ministerio de Justicia para los efectos correspondientes de cumplimiento”, explicó Anchía.
El Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, indicó que si bien es cierto, esta figura jurídica de suspensión del proceso a prueba evita el juicio, en la Seccional ANEP- Fuerza Pública, consideran que la funcionaria debió ser separada del cargo de Directora.
“Estamos ante un incumplimiento de deberes en la función pública, lo cual debería ser suficiente para que no ostente un cargo de confianza, como el de administrar bienes del Estado en una Dirección Regional. Al efecto es importante traer a colación lo señalado por la Ley 8422 Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Artículo 4.- “Violación al deber de probidad. (*) Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal”, aseveró Anchía.
Además agregó que, “En este caso, al darse la aceptación de cargos, es claro que se incumple el deber de probidad, elemento suficiente para retirar del cargo de confianza que conlleva de conformidad con la ley, los nombramientos de directores en la Fuerza Pública, los cuales son de libre nombramiento y remoción”.
Por lo consiguiente la Seccional ANEP-Fuerza Pública ha solicitado al Ministro de Seguridad Publica, tomar cartas en el asunto.
