Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
A poco más de un mes, el señor Carlos Alvarado Quesada cumplirá un año de estadía en Zapote, circunstancia que nos permite compartir con usted, estimada y respetada persona lectora de esta columna, algunas consideraciones que surgen de la práctica cotidiana de la concepción de Sindicalismo Sociopolítico en la cual creemos.
En tal sentido, lo primero que nos viene a la mente es que el actual gobierno que encabeza Alvarado Quesada, como su rostro formal, expresa un evidente contenido de clase, excluyente y sectario; dándole prioridad a la tutela y defensa de los intereses mega-corporativos del gran empresariado del país, gran parte del cual enfrenta cuestionamientos éticos-morales y legales en lo que respecta al cumplimiento real de sus responsabilidades tributarias para con la sociedad.
En tal sentido, el gobierno encabezado formalmente por Alvarado Quesada, muestra una congruencia ideológica clara con la ya, en muchas partes cuestionada, globalización neoliberal, la del imperio inmisericorde de las empresas transnacionales (ETN), uno de cuyos críticos más reconocidos es el propio papa Francisco.
El segundo elemento esencial, es que este gobierno muestra su proclividad para un ejercicio autoritario de su acción gubernativa, de fuerte prepotencia y arrogancia, con una subjetividad soberbia para la exclusión de la diferencia.
Ello le lleva a considerar la naturaleza del diálogo social como una mera formalidad y no como algo consustancial a una democracia que se definió como participativa, según la reforma introducida en la Constitución Política, en su artículo 9. ´
Esto quedó en absoluta evidencia con ocasión de la ahora histórica Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal, cuando la intolerancia gubernamental llegó a increíbles niveles de perfidia, como para dejar que el conflicto se prolongase por el mayor número de días y semanas posibles; al punto de que la ciudadanía mayoritaria que le dio su apoyo al inicio, se lo quitara en gran medida; para darle tiempo a la acción no menos pérfida del periodismo de odio contra los y las huelguistas, sus organizaciones y el movimiento en sí.
El tercer elemento que denota el carácter de clase del gobierno de Alvarado Quesada es que en torno a él, como vehiculizador político, se juntaron personajes políticos de otros partidos neoliberales, como Unidad y Liberación; de forma tal que el gran capital (especialmente el financiero-bancario), consolida el «asalto» ansiado de la conducción estratégica de la cosa pública, para la apropiación privada de aquellos activos y servicios públicos que, todavía y gracias a la férrea resistencia popular, siguen siendo patrimonio estatal.
El carácter de clase viene potenciado, además, con la gran carga subjetiva de odio de clase; muy bien expresado a través del periodismo de odio afín a Alvarado Quesada (como lo mencionamos arriba), en contra de las personas trabajadoras asalariadas del empleo público.
Éstas han sido criminalizadas, estigmatizadas, vilipendiadas, injuriadas, calumniadas en el marco de este gobierno de falsa «unidad nacional», que no es más que el gobierno de la unidad del capital neoliberal y su parte hegemónica, la financiero- bancaria.
Un cuarto elemento es que el gobierno de Alvarado Quesada es antisindical ya no solamente por su esencia de clase, sino por su comportamiento práctico. Algunos elementos sanos en su interior, no hacen más que resaltar tal carácter de clase, tal y como lo acabamos de señalar.
La ofensiva antisindical que se desarrolla en estos momentos en el parlamento, con dócil mayoría pro-capital-neoliberal, es indicador contundente de un rabioso antisindicalismo visceral, expresado «magistralmente» por el legislador Carlos Ricardo Benavides Jiménez, del neoliberal PLN; reforzado por su compañera de bancada, Yorleny León Marchena (antes ella era del PAC); por el diputado de la Unidad, Pedro Miguel Muñoz Fonseca; por la diputada del PAC, Paola Viviana Vega Rodríguez, entre otros.
¿Un año de qué? Un año de autoritarismo, de falso diálogo, de prepotencia, de soberbia; un año de fomento de la exclusión social y económica; un año de mayor fraude fiscal en todas sus manifestaciones; un año de reversión de derechos salariales y sociolaborales; un año de más desempleo y precarización salarial; un año de más impuestos para quienes menos tienen; un año de más fracaso macroeconómico, de más endeudamiento público y de mayor pago de intereses obscenos de una deuda impagable; un año de ausencia de decoro y de hidalguía en el concierto de las naciones; un año de desprecio del Derecho Internacional; un año de feroz antisindicalismo… y un año de lucha… ¡La lucha continúa!
