Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Poco a poco, en estos ya casi 12 meses del período de gestión gubernativa 2018-2022, ejercida desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, controlados ambos por el gran capital neoliberal, tanto ideológica como políticamente; se va delineando el perfil futuro que ocupa el control social de la población iracunda, misma que va creciendo en cuantía ante el avance del proceso de concentración de la riqueza y su contraparte dolorosa, la exclusión social.
“Los y las de arriba” ya, ahora sí, han tomado debida conciencia de que “los y las de abajo” cada vez son más y más críticos; y, por tanto, ni tontos que fueran como para no aprovechar el ventajismo de poder que les dio la estafa política ocurrida en el proceso electoral del año pasado 2018, cuando pusieron al pueblo a elegir entre “lo divino” y “lo diabólico”.
Por eso es que ahora están en loca carrera para la castración del surgimiento potente de expresiones desafiantes de democracia participativa ante el desprestigio y descrédito de la democracia representativa. Y, en tal sentido, el exterminio civil de los sindicatos es su prioridad en estos momentos.
El delineamiento de la nueva acción coercitiva del Estado, ante el desmontaje fuerte, en desarrollo, de su concepción social de Derecho, amerita dos fuertes cambios de rumbo en la ejecución de la política pública a la cual se le está impregnando de un contenido ideológico excluyente, ya no inclusivo y reductor de la desigualdad: lo que está instaurando a golpe de tambor es el todo mercado, nada Estado.
El primer cambio sustancial que ya empezó a operar al respecto, fue la aprobación del para siempre detestado proyecto del combo fiscal, hoy Ley de la República No. 9635, Fortalecimiento de las finanzas públicas.
Esta legislación, impuesta a la gente de manera tramposa, es el surgimiento de dos poderosos ministerios que, al conjuntarse las nuevas potestades político-jurídicas que les dio esa ley a ambos, anuncian el surgimiento de un tipo de presidencialismo vertical y, por ende, de corte imperial.
Desde la Casa Presidencial, mediando ambos ministerios, el Estado central, personificado en la figura del Presidente de la República, adquiere enorme poder coaccionante para definir dos estratégicos ámbitos de toma de decisiones, de corte vertical y bajo un ejercicio imperial de tal condición: la hacienda pública y el empleo estatal; incluso, reformándose, de facto, la Constitución Política de 1949.
Y nos estábamos quedando cortos en cuanto a la percepción social del surgimiento de una presidencia imperial en Costa Rica: un tercer supra-poder ejecutivo está ya en promoción de cobertura legal: el ministerio de Bienestar Social.
Toda la política de asistencialismo social, que es muy diferente a la concepción de Desarrollo Social, pasará a ser ejecutada con directrices de la presidencia imperial.
Está ocurriendo en nuestras narices el dorado sueño del ahora cuestionado exmandatario Óscar Arias Sánchez, quien siempre abogó por la instauración en Costa Rica de una “dictadura en democracia”.
Tan es así que, recientemente, este señor se ufanó que Carlos Alvarado Quesada le tiene como un especial consejero de la gestión presidencial que él lleva a cabo; misma que, por cierto, solamente 1 de cada 4 costarricenses la ve con buenos ojos.
Efectivamente, el dicho de Arias Sánchez de la “dictadura en democracia”, se concretiza (para empezar), en la conformación de una presidencia imperial y sus tres superministerios: Planificación, Hacienda y Bienestar Social.
Auscultando un poco más hacia los reales contenidos político-ideológicos de lo que le está pasando al pueblo costarricense en estos momentos, debemos apuntar que (como ya le adelantamos líneas arriba), están ocurriendo cambios de fondo de naturaleza constitucional vía legislación ordinaria; en este reordenamiento que impone el gran capital neoliberal para un disciplinamiento de una ciudadanía en ebullición ante el desprestigio de los partidos, de todos los partidos; y, en especial, de los que han gobernado en los últimos 30 años: el tripartidismo PLUSC-PAC.
La presidencia imperial abre paso al desarrollo de una concepción integral del ejercicio del Gobierno con propensión autoritaria, vertical, excluyente y con disposición radical a la extinción político-civil de aquellas expresiones ciudadanas de denuncia y de resistencia, como la de los sindicatos.
La instauración de una presidencia de la República de corte imperial ahora, se concatena con el ya control político-ideológico que se tenía por parte de los grupos de alta riqueza de la cuestión económico-financiero-bancaria de la gestión pública (así les fuera otorgado en los gobiernos del bipartidismo tradicional PLUSC); en estricto apego a la transformación ideológica de las relaciones sociales que han venido imponiendo los latifundios mediáticos y su práctica insana de periodismo de odio, con mucha fuerza en los gobiernos PAC, “curiosamente”.
