Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El señor Carlos Alvarado Quesada, actual ocupante de Zapote, cumpliendo obligaciones constitucionales, se presentó ante la Asamblea Legislativa el pasado jueves 2 de mayo, con motivo de la llegada de su primer año de gestión como cabeza del Poder Ejecutivo, exponiendo el documento que él denominó como Estado político de la República y los asuntos de la Administración.
Contrariamente a lo que podría pensarse, y dado el enorme y extendido enojo ciudadano que hay con la presente gestión gubernativa, ese documento debe leerse para -como se dice popularmente-, “jalarle la lengua” al señor Alvarado Quesada en varios apartados; y así posicionar la contracara de los decires suyos en ese documento, especialmente cuando tiene que ver con lo que le está pasando a la propia Democracia costarricense, dado su deterioro acelerado en lo concerniente a las posibilidades de una real inclusión social.
Estabilidad económica es el primer tema de fondo al que se hace alusión en el documento en mención. ¡No es causal! En la lógica político-ideológica de los neoliberales, la estabilidad económica es un objetivo más que estratégico según su visión de mundo; y, por supuesto, centrando alcanzar el mismo en cuestiones de orden macrofiscal, dándole enorme preponderancia a variables como la atención del servicio de la deuda pública por encima de todo lo demás.
Tengamos presente que, para el neoliberalismo, las personas deben estar el servicio de la economía; y no, la economía al servicio de las personas.
Pero, bien, no es éste el punto para el presente comentario. Lo que nos interesa destacar en que en ese documento se indicó lo siguiente: “Debemos también aprobar los proyectos de ley derivados de la investigación de los Panamá Papers, como lo referencia al secreto bancario”.
¿Qué fue esto? ¿Qué le pasó a don Carlos Alvarado Quesada? ¿Será que Rodolfo Piza Rocafort (co-gobernante), así como las señoras Rocío Aguilar Montoya (ministra de Hacienda) y Edna Camacho Mejía (coordinadora del equipo económico), no revisaron bien esta parte del mensaje del Poder Ejecutivo del pasado 2 de mayo?…
¿Qué son los Panama Papers? El sitio web www.infobae.com/politica apunta: “Es la mayor investigación periodística mundial sobre los negocios offshore, ocultos durante décadas. Fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una mega filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca, hoy disuelto”.
“Panama Papers (en español Papeles de Panamá),es la expresión dada por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, a través de una entrega de 2,6 terabytes de información por parte de una fuente no identificada, al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que posteriormente compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte). Esto lo indica la enciclopedia electrónica Wikipedia.
El caso de Los papeles de Panamá tuvo repercusiones en nuestro país, dado que el robo de impuestos en Costa Rica es algo monstruosamente gigante y estos sucios mecanismos de esconder la plata en paraísos fiscales, es una práctica usual entre la gente pudiente, la de mayor poderío económico y la que tiene gran influencia política para, incluso, imponer presidentes y diputados.
Es por eso que, repetimos, llama poderosamente la atención que el documento que conoció el país el pasado jueves 2 de mayo por boca del jerarca mayor del Poder Ejecutivo, haya indicado que se deben “aprobar los proyectos de ley derivados de la investigación de los Panamá Papers, como lo referente al secreto bancario”.
¿De qué tipo de proyectos estamos hablando? La Asamblea Legislativa del período constitucional anterior, 2014-2018, integró una comisión especial que investigó el tema de Los papeles de Panamá en el marco de la realidad tributaria costarricense, mediante el expediente legislativo No. 19.973, denominándose la misma así:
“Comisión especial investigadora, que se dedique a analizar la información hecha pública a partir de la investigación periodística internacional en torno al bufete panameño Mossack Fonseca, con el fin de identificar mecanismos o prácticas utilizadas para eludir o evadir tributos, así como las deficiencias, vacíos y omisiones que pueda tener la legislación costarricense para la adecuada fiscalización y recaudación tributarias”.
Fíjense ustedes que sólo el nombre que se le dio a esa comisión legislativa da cuenta de lo que nos traemos entre manos. Las diputadas y los diputados que la integraron fueron: Rolando González Ulloa (y después, en su lugar se incluyó a Ronny Monge Salas), Marcela Guerrero Campos, Marco Redondo Quirós, Patricia Mora Castellanos, Carmen Quesada Santamaría, Otto Guevara Guth, Karla Prendas Matarrita, Juan Marín Quirós y Rafael Ortiz Fábregas.
El informe de esta comisión es, sencillamente, extraordinario, pues como ellos mismos lo admiten, en el apartado segundo, Contexto histórico tributario: “Respecto a los ingresos, es conocido el alto incumplimiento que existe en el pago de los impuestos en el país, siendo que la evasión y elusión fiscal se estiman en un 7,75% del PIB. Por su parte, se han otorgado a través del tiempo, amplias exoneraciones de impuestos que se estiman en un 6% del PIB”.
Las cifras que nosotros siempre hemos manejado es que, en estos aspectos tributarios graves de evasión y elusión fiscales, es de 8.5 puntos PIB; no de 7.75. Pero, la realidad política es que son datos monstruosamente gigantes. Y, en materia de exenciones-exoneraciones, el dato es irrebatible: 6 puntos PIB.
¡Ahora es cuando! El informe legislativo de la comisión que investigó el reflejo en Costa Rica de Los Papeles de Panamá, se ha de convertir en una poderosa herramienta de lucha de los sectores cívico-patrióticos y sociales-populares de la más diversa índole. Paradójicamente, Alvarado lo está pidiendo. La próxima semana seguiremos con el tema.
