Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Les vamos a quedar debiendo nuestra cuarta entrega de la serie de artículos que venimos publicando bajo el título “Carlos Alvarado Quesada y Los Papeles de Panamá”. Pedimos disculpas por adelantado. Tenemos pensado hasta una quinta, pues el tema es fundamentalmente estratégico para quienes pensamos en la tesis de que Otra Costa Rica es posible.
Ocurre que es de tal gravedad el deterioro de los espacios democráticos e institucionales para la acción civil (particularmente, la de los sindicatos), lo cual estamos ya enfrentando, vimos como gran necesidad compartirle nuestra lectura de este peligroso proceso de confrontación entre el autoritarismo y la Democracia.
Los signos están más que claros. La hegemonía del capital neoliberal tiene el control, casi que absoluto, de la dirección político-estratégica del país. Lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa está marcando dos líneas fundamentales, primordiales, de transformación estructural del Estado, alejándolo de cómo fue su naturaleza originaria a partir de la promulgación de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.
Por un lado, están ocurriendo modificaciones estructurales a esa carta magna, sin pasar por los procedimientos que la misma estableció para ser modificada ella misma. Es decir, se están haciendo reformas constitucionales de facto.
El establecimiento de una presidencia de la República, imperial y autoritaria, con dos superministerios (Hacienda y Planificación), controlando todo el aparato del Estado en materia macroeconómica-fiscal y de gestión del recurso humano, respectivamente; así como la violentación de la autonomía del régimen municipal; son dos ejemplos más que contundentes de una modificación sustancial de la concepción republicana de la acción pública-estatal, a partir de una diversidad de responsabilidades compartidas en el aparato público, según lo definió la carta magna de 1949. ¡Ahora no! Se va en camino de la entronización de un fuerte Estado central controlador absoluto.
Estas dos modificaciones constitucionales de facto ocurrieron con ocasión de la imposición legislativa de la hoy ley de la República, Fortalecimiento de las finanzas públicas, No. 9635, fuertemente resistida en las calles de este país; legislación que se verá complementada con el proyecto, ya en trámite acelerado, de la Ley Marco de Empleo Público.
La otra línea fundamental en la ruta hacia la instauración de esa institucionalidad autoritaria, es la ofensiva político-ideológica en desarrollo contra el Movimiento Sindical y contra el derecho constitucional de huelga, el ataque más reaccionario y violento desde la implantación de la denominada Segunda Pública.
Los proyectos de ley para declarar que son esenciales la práctica totalidad de los servicios públicos para impedir toda forma de huelga en ellos; para una regulación castrante, per se, del ejercicio de la huelga reconocido internacionalmente como Derecho Humano, desconstitucionalizándolo; para viabilizar en sede judicial la disolución-anulación de la organización sindical; así como para impedir que éstas elijan, autónoma y democráticamente, sus dirigencias, impidiendo la reelección de las mismas; son elementos de indicación contundente de la instauración-imposición de esa nueva institucionalidad republicana de corte autoritario.
Algunos pensamos que, dada esta situación contra la organización popular-sindical, se está manifestando una especie de terrorismo de Estado pues, por ejemplo, medidas tan drásticas, autoritarias y dictatoriales de tal calibre, fueron impuestas en las dictaduras del cono sur latinoamericano, en los años 60’s y 70’s del pasado siglo XX.
Ahora bien, ambas medidas estratégicas que impulsa la fracción parlamentaria (y, por ahora, mayoritaria), multipartidista del capital neoliberal (la imposición del Estado central-autoritario y la aniquilación de la organización sindical-popular), adicionalmente expresan que el deterioro macro-fiscal y económico-social de la situación del país, estaría exigiendo la adopción de fuertes medidas de “ajuste estructural” en el corto-mediano plazo.
En tal sentido, se requiere de una intervención político-ideológica preventiva, para evitar reacciones populares y ciudadanas de envergadura desafiante, como podrían ser aquellas de un calibre tal que podría poner en riesgo de desestabilización a ese orden institucional autoritario, ya en proceso de instalarse.
La contracara de esta realidad, es la intensa manifestación de repudio, de enojo, de indignación y de rabia que se está mostrando en amplios sectores de la ciudadanía; pero, sin embargo, no encuentra un camino sólido, unificado, de articulación para la acción.
Quienes impulsan la implantación de esa institucionalidad republicana autoritaria, la proscripción en la práctica de la organización popular-sindical, así como la criminalización de la protesta social; tienen -por ahora-, la posición ventajosa que les da esa desarticulación de la indignación popular.
De ello se colige que no hay mayor reto para las fuerzas y sectores democráticos, civilmente patrióticos y herederos de una institucionalidad republicana pensada para la inclusión social (pese a todas sus perversiones, desviaciones y corrupciones); que aprestarnos con urgencia a la construcción de esa nueva articulación para esta nueva coyuntura. Si no somos capaces de pasar del enojo a la articulación para la acción, entonces tenemos que aceptar que nuestro clásico derecho al berreo se hizo ahora más sofisticado: lo ejercemos por las redes sociales.
