Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El más reciente anuncio público de parte de la señora Rocío Aguilar Montoya, ministra de Hacienda, es muy revelador del fracaso de su gestión. Nosotros pensamos que debe irse. Creemos que ella está matriculada, ideológicamente, con una visión del desarrollo de la sociedad que ha fracasado; y, por el contrario, se impone otro enfoque del problema fiscal del país.
Nos dice esta señora que el déficit fiscal no baja y que vamos hacia los 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), al finalizar este año 2019, considerando que a la mitad del mismo se llegó al 3%.
Prácticamente está indicándonos que se avecina otro paquetazo de impuestos en el corto plazo; mismo que, una vez más, recaerá sobre las espaldas de las mayorías populares y ciudadanas, habida cuenta de que, por su posición ideológica, dicha jerarca no está dispuesta a impulsar transformaciones tributarias estructurales, sin las cuales, nos seguiremos hundiendo en el precipicio del pago de la deuda y sus más que abusivos intereses.
Según nuestro entender, escuchando y leyendo a personas y entidades especializadas, se requiere, al menos, una sólida intervención política para entrarle fuerte al problema fiscal del país que, como lo hemos dicho muchas veces, es sumamente grave; pero tal gravedad no es imputable ni a la clase trabajadora (en todas sus clasificaciones), ni al micro, pequeño y mediano empresariado.
Dice la Ministra de Hacienda que dos factores siguen jugando para que estemos en la ruta perversa del alto déficit fiscal: la desaceleración económica y el alto pago de intereses de la deuda.
Entonces, por un lado, hay que potenciar la necesidad de efectuar una auditoria ciudadana de la deuda, tal y como fue practicada en otros países. El nuevo espacio de confluencia de fuerzas sociales que se ha coaligado en el Encuentro Social Multisectorial (ESM) ya está avalando nuestro planteamiento al respecto; planteamiento que viene también respaldado por un notable grupo de empresarios que estiman que la deuda pública del país es un barril de pólvora cuyo estallido sería de inenarrables consecuencias.
Por otra parte, expertos indican que Costa Rica tiene desafíos fiscales estructurales que, a nuestro juicio, ni siquiera se mencionaron con ocasión de la tramitación de la traumática ley del combo fiscal, mal llamada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Esos desafíos fiscales estructurales plantean aspectos como que el gasto público es insuficiente y sumamente rígido; hay poca transparencia en la ejecución del gasto; los ingresos públicos son insuficientes para cubrir los gastos; la carga tributaria es rígida; los resultados del combate a la evasión son muy pobres; la estructura tributaria no permite el combate a los FIC (flujos ilegales de capital, léase dinero sucio, dinero del narcotráfico); la estructura tributaria es regresiva; gastos tributarios como estrategia de competitividad; y, la deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad, es decir, que no se puede pagar.
