Posición oficial de la Junta Directiva Nacional de la ANEP
01- Históricamente, nuestro país se ha proyectado hacia el mundo como una nación democrática, amante de la paz, respetuosa de los derechos humanos de todas las personas; y, con un sólido compromiso en materia ambiental.
02- En esta misma dirección, ha presentado conductas casi competitivas, respecto de la inmediatez para firmar y ratificar tratados, convenios y pactos internacionales que versan en favor de los Derechos Humanos.
03- Costa Rica no escatima en matices de elegancia, en la retórica internacional, con la que se promociona como un país verde, sin ejército y con vocación de diálogo, mismo que, incluso ofrece como instrumento apaciguador para conflictos acaecidos fuera de sus fronteras.
04- Ante tal contexto y antecedentes, prácticamente cualquier sociedad civilizada, que busque solucionar sus problemas por medio de la madurez que demanda el entendimiento bilateral a través de mecanismos pacíficos, podría figurarse que, Costa Rica tiene sobrada autoridad moral para hacer recomendaciones y observaciones, en materia de Derechos Humanos.
05-Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dado nuestro orgulloso e incesante papel dentro de la historia de Costa Rica, referente a la lucha social, sostenemos con categórica propiedad una perspectiva distinta.
06- La ciudadanía completa ha atestiguado variados escenarios que, con una mirada vidriosa, nos obligan a comprender que en la actualidad la fama de nuestra nación constituye un simple espejismo. Índices de homicidios que alcanzan valores de pandemias, deshonrosas cifras récord en importaciones de cocaína hacia Europa (¿país de paz?), reincidentes condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una regresión y desigualdad que se incrementan día a día (¿Derechos Humanos?); así como grandes áreas del paisaje natural que se destrozan a vista y paciencia del gobierno de turno (parques nacionales y áreas protegidas, Crucitas -¿medio ambiente?-); son solo algunos ejemplos de circunstancias en las que nos basamos para observar con recelo la proyección discursiva del país.
07- Innecesario es señalar que nuestro criterio no pretende infundir una rotunda oposición a la pretensión de Costa Rica de ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Empero, bajo el contexto actual que se vive-sufre en el país, adjetivamos esta acción como cargada de un tinte hipócrita. Cabe destacar, por aquello de las conjeturas ficticias de mentes morbosas, que imaginan quimeras donde no las hay, que tampoco nuestro mensaje pretende apoyar a ningún otro competidor, para el cargo en tan distinguido Consejo.
08- Y es que, sin duda alguna, Costa Rica necesita volver a legitimar su discurso con acciones, hacia y desde adentro; reconociendo que los Derechos Humanos deben ser promovidos y garantizados para todas las personas. No es posible pretenderse abanderados en este estadio, cuando se camina al lado de un solo grupo exclusivo, mientras se propicia un ataque desmesurado contra otros sectores, cuyas consignas también tienen sus basamentos en Derechos Humanos. Se debe ser consecuente con la oratoria que se ofrece al exterior y aplicarlo internamente.
09- Previo a entablar una sana competencia por un puesto en el Consejo de Derechos Humanos, debe el país explicarle al mundo, y a su propia población, las razones que impulsan el comportamiento estructural y organizado, que provocan escenarios como: una permanente agresión mediática, política y jurídica, que tiene como víctimas a los seres humanos que componen la clase trabajadora del sector público; la discriminación, difamación y ataque constante hacia las organizaciones sindicales y las personas que fungen como sus representantes.
10- Además, debe referirse, con honestidad, a los proyectos de ley que se promueven en la Asamblea Legislativa, que constituyen una regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales vigentes en nuestra legislación laboral. ¿Olvidan acaso que la libertad de expresión, trabajo, salario y libertad sindical también son Derechos Humanos?
11- No es posible obviar tampoco, dentro de esa explicación pendiente, la relevancia del debate nacional que se ha despertado, a partir de que la clase política del país, promovida por intereses que obedecen a los grupos neoliberales más radicales, han despotricado e intentado, por todos los medios, desacreditar las relatorías de especialistas internacionales, que forman parte del mismo mecanismo mundial pro defensa de los Derechos Humanos.
12- En palabras más simples, Costa Rica entra en negación y busca la forma de no acatar las recomendaciones en Derechos Humanos, emanadas por un órgano que pertenece al mismo Consejo al que aspira ser integrante; una curiosa y paradójica circunstancia cuya explicación es menester escuchar.
13- Finalmente, sobre la línea democrática y de protección a derechos de los ciudadanos, el pueblo necesita escuchar las razones por las que, el poder político elige a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, sin contar con parámetros claros que garanticen la independencia y la objetividad del Poder Judicial. Lo que, por las heridas de la experiencia, nos aventuramos a decir que ha dado como resultado la resolución de fallos en los que se ignoran los derechos fundamentales y se exaltan los criterios (o favores) políticos.
14- Es en virtud de las razones antes expuestas que, ANEP, abiertamente comprende la importancia de integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; sin embargo, este sería un triunfo que aplaudiremos, hasta el día en que veamos que los preceptos que abundan en las líneas discursivas que proyectan a nuestro país como una nación democrática, pacífica, verde y respetuosa de los Derechos Humanos, se apliquen realmente en la vida interna de Costa Rica.
15- En tal estado de situación, en los tensos momentos actuales que vive la sociedad costarricense, Costa Rica no merece integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Acuerdo Unánime y firme de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), adoptado en su Sesión No. 2152, de carácter ordinario, celebrada el día viernes 11 de octubre de 2019.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
