Sin pena ni gloria. Apenas un acto “palaciego” que pasó muy desapercibido, llevado a cabo en la sede del, lamentablemente, desprestigiado Parlamento, con la presencia del no menos desacreditado mandatario del Poder Ejecutivo.
El pasado jueves 7 de noviembre se cumplieron 70 años de la entrada en vigencia de la actual Constitución Política de Costa Rica, la también denominada Carta Magna, por ser la piedra angular (se dice), de la convivencia civilizada en el seno de nuestra nación.
Una fecha conmemorativa inherente a la institucionalidad republicana como esta debió haber tenido mucha más proyección, inclusión y divulgación. ¡No fue así! Se juntaron solo entre ellos, la clase política tradicional, cada vez más aislada de la gente, de la ciudadanía; certificando, tal y como lo hemos venido señalando, que en Costa Rica la distancia entre el gobernante y los gobernados se hace cada vez más grande, más larga, más profunda.
La llegada del 70 aniversario de la Constitución Política se da en un momento en que la abrumadora mayoría de la población, en porcentajes jamás surgidos antes, estiman que el rumbo del país está equivocado.
Además, que el actual mandatario presidencial es la persona en ese puesto más impopular y más rechazada desde que se hacen encuestas, que miden el nivel de aceptación de quien ocupa la Presidencia de la República.
El sentimiento generalizado de una ciudadanía que está muy decepcionada de su clase gobernante es que el espíritu de la Constitución, fundamentado este en la promoción del bien común y de la inclusión social, ya no es el determinante a la hora en que se están tomando decisiones, especialmente las de orden legislativo-parlamentario.
Una enfermiza y patológica aversión a lo público impregna la mayoría de las voluntades diputadiles actuales, muchas de las cuales son permeadas por intereses egoístas provenientes de la esfera del alto negocio empresarial, como ya fue denunciado por una legisladora nada proclive a la lucha social y, mucho menos, al papel de los sindicatos en la sociedad. La agenda del mega-corporativismo del lucro privado con la cosa pública es lo que está primando en la actual Asamblea Legislativa. Y eso no está dictado en la Constitución.
Lo que pasó con la tramitación atropellada y con la aprobación-imposición del denominado combo fiscal, hoy Ley de la República No. 9635, con el pomposo nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es una muestra clarísima de que el espíritu constitucional de la promoción del bien común y de la inclusión social fue relegado, desdeñado y hasta violentado.
Esta detestada legislación, por otra parte, impuso varias modificaciones estructurales a esa Constitución, sin pasar por los procedimientos que la misma establece para su propia variación. Ejemplo de ello es la violentación de la autonomía del régimen municipal, el cual, desde un punto de vista político pasó a ser regido con el espíritu ideológico-fiscal que prima en el manejo de las finanzas públicas del país; mismo que establece la prioridad del pago de la deuda pública y de sus obscenos intereses por encima de las obligaciones constitucionales en materia de desarrollo social.
Lo peor de todo es que los guardianes de la Constitución ya no se desempeñan en cuanto tales. Al menos, esa es la sensación que anida en amplios segmentos de la ciudadanía. Ahora son guardianes de la satisfacción plena de los enfoques políticos hegemónicamente dominantes, los del perverso y fracasado neoliberalismo, en el tema macroeconómico fiscal, del déficit y de la deuda.
Algunos ciudadanos, muy honestos, capacitados y estudiosos, vienen propugnando por una nueva Constitución Política. Esto debemos verlo con cuidado. La gran ofensiva que estamos presenciando desde el actual Parlamento en contra de los preceptos fundamentales de la actual Carta Magna: bien común e inclusión social, no augura que una eventual Asamblea Constituyente pudiera llevar mayoría de representaciones leales a esos postulados constitucionales, hoy muy mancillados.
Por otra parte, el dolor del desempleo que sufren unos 300 mil compatriotas como que no importa a los grandes tomadores de decisiones políticas en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Estas personas, tan costarricenses como usted y como yo, sufren una severa violación a su Derecho al Trabajo, así incluido en la Constitución Política.
El artículo 56 de la Carta Magna estipula: “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada…”. ¿Qué pensará cada uno de esos 300 mil costarricenses de que tener un trabajo es un derecho y, a la vez, una responsabilidad para con la sociedad, si esta, mediando el Estado, no le facilita lo concerniente? Con seguridad, se siente desprotegido por la propia Constitución.
Si la Constitución empieza a ser violentada de facto (como ha ocurrido con la ley del combo fiscal); si la Constitución ya no está protegiendo los derechos obreros y sociales porque quien debe procurar ello se está haciendo de la vista gorda; si la Constitución ha quedado sin guardianes porque estos están respondiendo a intereses ajenos a sus postulados… se está abriendo un peligroso camino de inestabilidad con consecuencias insospechadas.
En el entretanto, algunos estamos optando por una nueva protección: la del Derecho Internacional pero no porque la Constitución de 1949 ya no “sirva”. Todo lo contrario: es para garantizar su preservación desde afuera del país. ¡A esto estamos llegando!
