¡Terriblemente sordos! El alto nivel de sordera política que ha alcanzado la clase política gobernante, la formal y la real, es de tal calibre que les lleva a impulsar, abrupta y alocadamente, la ley para eliminar las justas aspiraciones populares que, inapropiada e indebidamente atendidas, encuentran en la huelga una legítima forma de expresión; situación ésta demostrada en todas las épocas, en múltiples países y generadas por las más diversas circunstancias; es decir, no existió, no existe, ni existirá ley alguna que detenga la lucha social cuando ésta es justa.
¡Ilusos! La mayoría parlamentaria mecánica actual, misma que tramita en sede legislativa las directrices políticas que emanan de parte de la clase política realmente gobernante, en contra de la organización popular de los sectores laborales y sociales reiteradamente expoliados; está convencida de que una ley anti-huelgas detendrá la lucha social; como si una ley pudiera quitar el hambre de los estómagos de la gente que, a la vez que crece en incertidumbre sobre su futuro, crece en número, en cantidad: el mundo de las personas excluidas y las que están por serlo en el corto-mediano plazo.
¡Están asustados! A un año del gran movimiento de resistencia popular contra el ajuste fiscal de corte neoliberal, el potencial social de insumisión ha crecido en cantidad. Las encuestas del recién terminado año 2019, lo muestran. Esos grupos de poder político-económico, los del poder real especialmente y sus gerencias político-ejecutivas del poder formal, tienen bien claro que, en determinado momento habrá un ajuste de cuentas en la medida en que la polarización por la concentración de la riqueza adquiera carácter estratégico y trascienda el plano de lo coyuntural-circunstancial.
¡Tienen miedo! El miedo a la reacción civil de amplia base, la cual puede ser impulsada desde aquellos sectores sociales de mayor conciencia, les lleva a creer que una determinada legislación puede cortar de raíz los anhelos por brindar una mejor calidad de vida a la creciente población que está notando que ello ya no es posible, en el marco de este modelo económico distribuidor de pobreza y de exclusión. Y este tipo de impulsos, también puede materializarse en reacción social de furia sin que organizadamente se le haya calentado.
¡Se han deslegitimado! Hemos llegado a un punto en que la real legitimidad del gobernante no es la que sale de la urna electoral. Esta, la de la urna, es casualidad. La casualidad producto de un montón de plata, de dudosa procedencia, usada en la campaña electoral. La casualidad que da haber contado con el visto bueno o el beneplácito de un grupo mediático de fortaleza económica, de gran habilidad manipuladora. La casualidad que da cambiarse de partido y de ideología como es cambiarse de ropa interior. La clase política gobernante, especialmente la del poder formal actual, está deslegitimada y por eso recurre a todo tipo de medidas de coerción contra la organización popular y su expresión callejera pacíficamente mostrada.
Ese proceso de deslegitimación de la tradicional clase gobernante (y la que recién llegó a tal nivel de cúpula político-ejecutiva), lastimosamente no se corresponde con el surgimiento de la necesaria legitimidad alternativa, destinada por designio histórico a la imposición de nuevas formas de Democracia realmente inclusiva. Pero, no siempre será así.
Ese proceso de deslegitimación de la tradicional clase gobernante tiene bases objetivas e ineludible impacto en la vida de la mayoría de la población costarricense actual; especialmente con la imposición del detestado combo fiscal-ley 9635, en diciembre de 2018. Cierre de negocios, quiebra de micro-pequeñas y medianas empresas, desempleo abierto llegando al 15% y una cifra igual del que se cataloga como encubierto; precarización y rebaja salariales; inseguridad laboral, despidos masivos, pequeños y medianos productores agropecuarios al borde de la quiebra; juventud sin futuro, fraude fiscal incorregible, sistema tributario perversamente injusto; violaciones de Derechos Humanos, criminalidad que no cede y narco que avanza.
Cada una de estas circunstancias, de un modo u otro, alimentan la sensación de molestia colectiva y el enojo cívico, así como la necesidad de autodefensa individual, familiar y colectiva. Es decir, no ha habido una época como la presente, en la cual el alimento para la lucha social esté tan abundante, tan espeso, tan explosivo. De verdad que son ilusos, creyendo que una ley detendrá la derivación lógica de la reacción organizada cuando la gente se siente amenazada en su propia existencia y en la existencia de las personas más cercanas, las que le son queridas, las que le son amadas.
