Por: Jonathan Flores
El más reciente informe de la Contraloría General de la República, que fiscaliza lo atinente al proceso administrativo de compras del Ministerio de Seguridad Pública, ha arrojado conclusiones que no sorprenden a nadie. Pero, el hecho de que dicho informe evidencie en papel lo que la ANEP (ocupada en los temas de seguridad ciudadana) ha sabido y denunciado por años, no significa que haya que menospreciarlo; por el contrario, es otra oportunidad para hacer un llamado de atención a la ciudadanía, para que se unan a nosotros y exijan de una buena vez el gasto responsable del dinero de todos los costarricenses, especialmente cuando se trata del área policial.
El contenido del informe número DFOE-PG-IF-00015-2019, del 20 de diciembre del 2020, analiza los procesos de adquisición (compras) que emplea el Ministerio de Seguridad Pública, en un periodo que comprende los años 2017, 2018 y parcialmente 2019 (hasta el mes de octubre). Por ello, le recomiendo querido lector que compruebe por usted mismo la información, el informe en cuestión puede ser descargado directamente del sitio web de la Contraloría General de la República, esto quiere decir que puede ser obtenido fácilmente desde cualquier computadora o teléfono móvil con acceso a internet. Una vez haya leído el mismo le invito a que razone, y juzgue usted si nuestras constantes críticas han sido injustificadas, o si obedecen a una verdadera preocupación de conciencia social.
Comencemos por la realidad tangible, previo a señalar directamente las aseveraciones de algo tan abstracto como las circunstancias descritas en un informe, veamos primero aquello que nuestros sentidos pueden percibir directamente. Cualquiera que pase frente a las muchas delegaciones policiales del país notará distintas situaciones lamentables, entre ellas podemos enumerar: vehículos y/o motocicletas sin usar, estacionados en el parqueo de la unidad policial, o a la orillad e la calle (esto se dio porque se compraron autos sin tomar en cuenta la cantidad de recurso humano disponible); oficiales de policía “modelando” chalecos antibalas que no corresponden a su talla (tan grandes que les quitan la movilidad, o tan chicos que parecen minisetas); patrullas y/o motocicletas destinadas al abandono por no poder ser arregladas (porque no se ejecutaron las garantías ni se compraron suficientes repuestos), que ahora solo sirven para coleccionar óxido o servir de criadero de mosquitos; hasta edificios enteros que no pueden ser usados (como la comandancia de Cartago, una inversión de casi 100 millones de colones que no puede usarse por la no ejecución de garantía en la mala construcción)…entre muchas otras que son sencillas de observar a simple vista.
Para los que laboran en las sedes policiales saltan otras problemáticas: tener que utilizar armas obsoletas, como un revólver, alimentarse en medio del olor de aguas negras desbordadas, alimentación guardada en ambientes compartidos por alimañas y roedores, (recordemos que la suma de delegaciones policiales con orden sanitaria sobrepasa las 130); además de eso se tienen uniformes viejos, desteñidos, botas destapadas y reemplazos que no son entregados porque se enviaron tallas que no corresponden a las verdaderas de los oficiales. De todo esto doy fe, he visitado todas las regiones del país, tanto cuando ejercí la función policial como ahora desde la trinchera sindical y he verificado todo este lamentable escenario a lo largo y ancho del país.
Ahora pasemos al uso de la memoria. Recordemos la polémica surgida en 2016 por la compra de autos de lujo para ser usados como patrullas, miles de millones gastados en “equipo policial” que no tenía verdaderos fines operativo-policiales (excepto transportar a los directores hacia sus casas de habitación). Recordemos también los miles de millones gastados por un par de años consecutivos para la aeronave “Caribú”, que nunca pudo ser reparada en serio, y ahora es una costosa pieza de decoración en Liberia. Sigamos recordando, que tal los cientos de uniformes sin entregar, fundas de chalecos antibalas vencidas, y botas de tallas erróneas, abandonadas a la suerte del polvo y el olvido en el almacén institucional. Por todo esto el ministro Gustavo Mata estuvo sentado en la comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa-los diputados no hicieron nada vale aclarar. No podemos omitir de nuestras memorias aquellas sobre valoradas tiendas de campaña de 170 millones de colones, adquiridas en 2017, de uso limitado, genérico y antojadizo. Y, pues bien, a todo eso le podemos sumar las directrices internas del Ministerio de Seguridad Pública para racionar la alimentación de los oficiales.
Permítame una última anécdota estimado lector, una vez a este servidor suyo se le asignó la responsabilidad de elaborar el anteproyecto presupuestario del departamento de Planes y Operaciones. Cuando lo presenté me atendió una señora de la Unidad de Ejecución Presupuestaria, quien lapicero en mano, de manera antojadiza, sin consultar ningún documento, y con CERO experiencia policial, tachó las líneas de las artículos que ella decidía si se iban a comprar o no. Así se pueden hacer una idea de la planificación de las compras.
Todo lo anterior tiene un denominador común, y es el uso subjetivo, poco transparente, no apegado a la normativa e irresponsable, de las unidades de ejecución presupuestaria del Ministerio de Seguridad Pública. Y se han señalado situaciones previas al periodo de análisis del informe, con el objetivo de evidenciar que esta problemática se viene arrastrando desde hace años y nadie se ocupa seriamente del asunto. Justo por la experiencia propia, así como la diaria comunicación con los oficiales de diferentes cuerpos policiales del país, es que no me sorprenden las conclusiones del informe de la Contraloría. ANEP ya ha señalado en muchísimas oportunidades todas esas falencias, y hasta más.
Por si aún tiene dudas de algunas de las conclusiones extendidas por la Contraloría, te comento que son muy sencillas de sintetizar, a groso modo, se resumen en que, en el Ministerio de Seguridad Pública: las compras no se ajustan a procesos de planificación (o sea, que el 50% de las compras son improvisadas), no se tiene certeza de que lo adquirido coincida con las necesidades reales institucionales, se hacen varios procesos de compra de un mismo artículo, no existe valoración de riesgos de los procesos y no hay una verificación y seguimiento del cumplimiento de entrega de los productos adquiridos…entre otras señaladas por la Contraloría. Esto traducido a palabras criollas significa que mientras los policías viven en delegaciones con malas condiciones sanitarias, están faltos de uniformes y equipamiento tecnológico, el personal que se encarga de ejecutar el dinero de la institución lleva años gastando sin planificación, despilfarrando en cosas que no tienen ninguna necesidad prioritaria y la cabeza al mando no mueve un dedo por cambiar esta realidad.
Ah, y sobra decir que se han escuchado historias, sobre llamadas a proveedores, previo a sacar un cartel, que curiosamente concuerdan con empresas que gozan de varias y frecuentes adjudicaciones; el poco uso de la figura de la licitación pública en contraposición con el abuso de la compra directa. Pero esas son simples especulaciones, sin pruebas, de algunas personas que nos han contactado en ANEP, así que no podemos decir que sean ciertas, aunque, en honor a la verdad, confieso que me hacen dudar. Sin tan solo existieran investigaciones serias…saldríamos de dudas.
Una de las frases más cliché que figuran en la clase política es aquella de que la policía necesita ser dotada con más equipo policial. Obviamente estas palabras obedecen a una falta de conocimiento de la realidad policial y tienen un trasfondo populista. Si quienes ostentan un cargo con responsabilidad de representación del pueblo de verdad se preocupan por la seguridad ciudadana, previo a dotar de más equipo, exigirán una inversión planificada, apegada a las necesidades reales, con criterios técnicos elaborados por personas con experiencia en el ámbito policial; no permitirán siquiera un cuestionamiento por corrupción (por ejemplo, en su momento quien dirigía la ejecución presupuestaria de Fuerza Pública cumplió una pena por el delito de peculado y aún sigue siendo parte de la institución), y, finalmente, se iniciarán los procesos para sancionar a quienes hayan faltado a su deber de probidad, o carecen de eficiencia en su labor.
Está de más indicar que estaré a la expectativa de la reacción a tomar por parte del Ministro de Seguridad actual: ¿Engavetará el informe en su escritorio, como lo hicieron sus predecesores con las advertencias de la auditoría interna, o se ajustará el cinturón y buscará cambios reales en la forma de ejecutar el dinero de la cartera ministerial bajo su responsabilidad? Solo espero que sea más firme de lo que ha sido con otras situaciones, como todas las inconsistencias que hemos señalado en la Policía de Control de Drogas, por dar un ejemplo. Y usted inteligente ciudadano: ¿Volcará la vista a otro lado, o como es su derecho exigirá que el dinero del pueblo sea invertido de manera adecuada, transparente y eficiente? Su decisión…
