Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
La distancia entre el gobernante y los gobernados se hace más grande y profunda; que la institucionalidad democrática se desprestigia; que la decepción de la gente con la política y con los partidos está más que justificada.
La diputada oficialista doña Paola Vega Rodríguez se quejó, hace varias semanas y en el propio plenario de la Asamblea Legislativa, sobre lo que sería, según ella, la fuerte influencia de los intereses del alto corporativismo de negocios de este país en las decisiones que se vienen tomando en el parlamento costarricense; específicamente la gran presión que ejerce el mayor sindicato empresarial del país, la UCCAEP. Valga indicar que en las filas del mismo hay un notable sector “empresauriado”.
Por otra parte, el legislador liberacionista don Daniel Ulate Valenciano, aunque ahora excomulgado de su propia fracción parlamentaria, denunció lo que él cree es una poderosa influencia del mega-negocio cervecero por la fuerte presión que estarían ejerciendo sus cabilderos, presuntamente bloqueando el avance de una legislación para combatir el contrabando de licores.
Por otra parte, proyectos de ley que tendrían un gran impacto en aliviar la carga financiero-económica de miles de hogares costarricenses altamente endeudados, como la regulación de las obscenas tasas de usura, enfrentan fuerte resistencia del sector bancario-financiero; e, incluso, la propia institucionalidad pública que regula el mismo, se ha parcializado completamente, bloqueando el avance de urgente y sana legislación en tal sentido.
La regulación del precio de los medicamentos, o la urgentísima legislación para ayudar a miles de agricultores y productores agropecuarios al borde de la extinción por deudas asfixiantes, representan iniciativas de ley que no están contando con la viabilidad política necesaria, dado que se perjudicarían intereses corporativos muy poderosos, aunque minoritarios y egoístas.
Además, tomemos en consideración que las dos leyes más nefastas tramitadas por la presente Asamblea Legislativa, la No 9635 (combo fiscal), así como la 9808 (ley mordaza anti-huelgas), representan el más grave ataque parlamentario a la mayoría de la población costarricense; por cuanto, en el primer caso, se incrementó la carga tributaria y se disminuyó el ingreso de quienes menos responsabilidad tienen por el problema fiscal del país. En el segundo, la proscripción del Derecho Humano Fundamental a la huelga golpea la capacidad movilizatoria y de expresión abierta de amplios sectores ciudadanos, especialmente los de clase media, que se resisten a ser lanzados a la pobreza, o a caer en alto riesgo de vulnerabilidad en tal sentido.
Por el contrario, notables firmas privadas del alto corporativismo de negocios del país han sido cuestionadas, en listas oficiales forzosamente hechas del conocimiento público, por conductas tributarias impropias que llegan hasta el fraude fiscal descarado; consorcios que nosotros hemos catalogado como “empresauriado”.
Recordemos que, en nuestro criterio, el “empresaurio” es una persona de negocios multimillonarios (por lo general, un hombre), con conexiones políticas co-gobernantes; de dudosa reputación tributaria; declarante de “cero” ganancias y “pérdidas”. Evasor-elusor fiscal. Rabiosamente antisindical y de tendencia totalitaria. Usuario de paraísos fiscales.
El actual parlamento no ha emitido una sola ley que le ponga freno a las sucias prácticas tributarias “empresauriales”. Por el contrario, la ley del combo fiscal, No. 9635, posibilitó perdón y olvido de esas deudas fiscales para con la sociedad; algo inaudito y ofensivo para la generalidad de la población, si consideramos que ya es oficial que el fraude fiscal, en todas sus manifestaciones, oscila entre el 6 y 8 del Producto Interno Bruto (PIB).
Todo lo anterior nos lleva a formular la conclusión de que son los intereses del alto corporativismo empresarial, incluidos los de corte “empresaurial”, los que están siendo privilegiados en la tramitación de legislación en el actual parlamento costarricense; y, por el contrario, los que tienen que ver con la promoción del bien común, la reducción de la desigualdad, el fomento de la integración y de la movilidad social, los que son postergados, relegados, negados y hasta pisoteados.
Esto nos refuerza nuestro pensamiento que venimos exponiendo en diversos espacios y foros en cuanto a que hoy día, la distancia entre el gobernante y los gobernados se hace más grande y profunda; que la institucionalidad democrática se desprestigia; que la decepción de la gente con la política y con los partidos está más que justificada; y que, por tanto, la clase política tradicional solamente tiene a su disposición para mantener el control, acudir al expediente del autoritarismo y emitir legislaciones de corte represivo. Comprendamos, en consecuencia, qué es lo que está jugando en la actualidad republicana costarricense.
